25 de octubre de 2011

Comisión Interamericana concede audiencia a la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos

Comisión Interamericana concede audiencia por vulneración de proyecto Pascua Lama
a Territorio ancestral de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos
Tras la calificación favorable del proyecto minero Pascua Lama emplazado en territorio ancestral de la Comunidad Diaguita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible una denuncia contra el estado chileno, y concedió este próximo 28 de octubre en Washington una audiencia especial, en el marco de su 14° periodo de sesiones, para conocer mayores antecedentes sobre los graves impactos al hábitat y recursos hídricos de este pueblo indígena, que constituyen elementos esenciales para su desarrollo y subsistencia.

Hoy, esta denuncia constituye la única instancia que puede detener este proyecto de la trasnacional Barrick Gold, que se encuentra en la actualidad en su etapa de construcción. Existiendo, ya desde su etapa de exploración, probada afectación al medioambiente, en particular, a los glaciares que proveen de agua al Valle del Huasco, así como de extracción ilegal de agua por parte de la compañía.

Al conceder esta audiencia, la Comisión da cuenta de su preocupación por los nocivos efectos de este megaproyecto, que ha sido incluso objeto de sanción administrativa por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), al no cumplir siquiera con lo establecido en la resolución de calificación ambiental que autorizó su construcción. El estado niega la existencia de población indígena en la zona, lo que constituye otra abierta violación a derechos fundamentales, siendo otro de las vulneraciones a la que deberán responder los representantes del estado que estarán presenten en la audiencia.

El presidente de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, en conjunto con los abogados patrocinantes de la denuncia hoy sujeta a la jurisdicción del sistema de protección de derechos de la OEA, ofrecerán a una conferencia de prensa antes de viajar a Washington, donde expondrán los argumentos que serán presentados ante la Comisión para demostrar el condición indígena de la Comunidad y los daños irreparables al medioambiente.

La audiencia prevista para las 15:15 horas, será televisada y transmitida en vivo a través de la página de la CIDH.

Conferencistas:
Sergio Campusano, Presidente Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos
Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano
José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano

Área de Comunicaciones
Observatorio Ciudadano
www.observatorio.cl

12 de octubre de 2011

A DOS AÑOS DEL CASO CHOCOBAR

No mirar para otro lado

Este 12 de octubre se cumplen dos años del asesinato de Javier Chocobar, producto de un ataque armado de un terrateniente y dos parapolicías, quienes dispararon mientras los comuneros defendían su territorio. Era integrante de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas - Tucumán). Se aprobó la elevación al juicio que se efectivizaría en 2012. El "mensaje" del caso y la defensa corporativa entre justicia, terratenientes y poder político en Tucumán. Los imputados esperan libres el juicio. Por ContraPunto - RNMA.

Fuera de querer imitar el amarillismo o la patética nota de color policial de los medios masivos, la crónica sintética para quienes no conocen el caso es bastante simple. Un terrateniente dice ser el dueño de unas tierras, en donde está una cantera de lajas que quiere explotar. En una causa judicial consigue un fallo a su favor y va a reclamarla como suyas, acompañado por 2 ex policías que fueron miembros de un comando parapolicial y delictivo. Se presentan como policías activos y atacan con armas de fuego a la gente que -en defensa de su territorio-, les impiden el paso por una tranquera. Los asesinos filman la escena y pierden la cámara, que queda en manos de la justicia provincial tras el ataque.

Como saldo del ataque, el comunero Javier Chocobar (68 años) muere desangrado por una herida de bala en su pierna. Andrés Mamaní es herido de gravedad (estuvo 4 meses en terapita intensiva) junto a otras 3 personas. Los atacantes son Darío Amín y los ex policías Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso.

Los medios y los imputados

No fue un mero hecho policial, no hubo "enfrentamiento" como insólitamente sostuvieron La Gaceta, Canal 10 y varios medios que los repiten literalmente tomando las fuentes "oficiales" de la policía y la defensa de los imputados. Los asesinos fueron preparados para atacar ese día en Trancas. Llevaron armas de fuego contra gente desarmada. Gómez es perito en balística, conocido por trabajar en "seguridad privada" encargada de aprietes similares al de ese 12 de octubre. Es cuñado del entonces (en 2009) jefe de policia provincial Hugo Sanchez. Valdivieso fue servicio de inteligencia en 1983 según constan en el listado de personas pertenecientes al batallón 601 que vieron la luz en 2010. Ambos integraron las filas del Malevo Ferreyra en su comando parapolicial "Atila". Nada de esto tuvo en cuenta la justicia, porque los imputados esperan el inicio del juicio libres, beneficio que habitualmente no caso otorga la justicia por crímenes incluso menores. ¿Dos ex policías vinculados a la represión no son un peligro para la Comunidad? La actuación con una impunidad manifiesta de Gómez (quién además continúa siendo perito para la justicia de Salta) y Valdivieso es una muestra de que la trama de los servicios y agentes vinculados a la dictadura siguen activos en la provincia.

A Chocobar no lo mató la policía como a López del pueblo Qom, pero el caso es el primero con una víctima fatal de la historia reciente en la provincia y sus ramificaciones no se terminan en un ataque individual o que "se fue de las manos". La ley 26.160 (y su prórroga) que inician el relevamiento territorial y suspende los desalojos, evidentemente levanta temores en los dueños de la tierra y del poder en Tucumán. Además Darío Amín era empleado de Fernando Juri en la legislatura y la familia se jactaba de que el gobernador José Alperovich iba a ser el padrino de la cantera de lajas.

Todos de acuerdo

La defensa corporativa de las familias tradicionales que tienen vínculos directos en la justicia y el gobierno de la provincia son evidentes en éste y otros casos vinculados a la problemática indígena... ¿o habrá que creer en el "error" del fallo del juez Alfonso Zottoli que dio lugar a que se acepte la apelación ante la cámara de casación y los imputados queden libres?

El asesinato de Chocobar fue un mensaje político fuerte hacia las comunidades en incipiente organización en la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule. Fue un episodio más de una escalada de violencia y judicialización contra sus referentes. Se calculan en más de 50 las causas abiertas en la provincia según un informe de Andhes y de los abogados vinculados a la temática en Tucumán.

En este panorama y con la reciente elevación a juicio por parte de la jueza Emma de Nucci en agosto pasado, se espera que tras las apelaciones de la defensa se llegue al juicio oral en el primer semestre de 2012. La expectativa de la defensa es que se avance en un fallo que corte con la impunidad de los imputados libres y tengan la máxima pena dentro del delito que cometieron. Que no se cambie la carátula en la consideración de que los 3 acusados son partícipes necesarios del delito -pedido realizado por fiscal de instrucción Adolfo Suasnábar (quien realizó una prolija investigación)-, sería una muestra de que se avanza en ese sentido.

No conocíamos a Don Javier Chocobar. Lo fuimos descubriendo después, a partir de esos mensajes desesperados que empezaron a llegar ese 12 de octubre de 2009 que relataban el ataque en El Chorro. Lo tenemos presente a partir de allí con ese dolor de quien es parte y símbolo de una resistencia que es histórica como la de los pueblos originarios y otros sectores que luchan contra la explotación capitalista. Como nos duelen Mariano Ferreyra, Roberto López, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Como nos da impotencia no saber donde están que Julio López o Luciano Arruga. Justicia que no es sólo la cárcel para los asesinos, sino el efectivo cumplimiento por parte del estado de los derechos de los Pueblos Originariosque hoy ya tienen, además de avanzar en políticas de largo plazo. Porque el caso de Don Javier no puede repetirse. Mientras tanto, la visibilización y el reclamo de justicia seguirá escuchándose aunque les moleste a los dueños de Tucumán que siguen creyéndose impunes.

ContraPunto - Prensa Alternativa
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7 de octubre de 2011

Pueblo Diaguita Cacano - Juez ordena el desalojo de familia indígena

El Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de la provincia de Santiago del Estero, a cargo de Federico Argibay Berdaguer, ordenó el desalojo de una familia indígena perteneciente al Ayllu Tulún Tulún (departamento Atamisqui) del Pueblo Diaguita Cacano.

Adolfo Orellana y su familia han recibido la orden judicial de desalojar el territorio que centenariamente habita junto a su comunidad en un plazo de cinco días hábiles, hasta el viernes 14 de octubre. La medida surge a raíz de una “acción de reivindicación” iniciada por Nélida Graciela Chazarreta con el patrocinio del abogado Mario Roberto Feijoo.
La orden de desalojo no respeta la vigencia de la Ley 26.160 que en su art. 2 ordena se suspenda por el plazo de la emergencia declarada (hasta el año 2013) “… la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1”. Por otra parte, la comunidad indígena Ayllu Tulún Tulún, a la que la familia Orellana pertenece, se halla dentro del listado de comunidades alcanzadas por el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral a realizarse en la provincia. Con este propósito, el gobierno de la provincia, a través del Ministro de Salud y Desarrollo Social, Dr. Martinez, firmó un Convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para ejecutar el citado Relevamiento de comunidades indígenas.
Esta misma comunidad sufrió en el mes de junio el remate de parte de su territorio ordenado por otro juez, Pedro José Basbús (Civil y Comercial de 5º Nominación) a solicitud del Fisco de la Provincia por incumplimiento impositivo de Julio Abdala, comisionado municipal de Medellín quien figuraba como titular en el Registro de la Propiedad.
El Ayllu Tulún Tulún junto a las demás comunidades del Pueblo Diaguita Cacano se hallan defendiendo El Alto, único cordón de bosque nativo, para evitar su destrucción en manos de inversores vinculados a los agronegocios. Como consecuencia de la lucha de las comunidades la provincia categorizó al Alto como Rojo (categoría I), sin embargo, ni los empresarios inversores, ni la Dirección Provincial de Bosques, ni la justicia provincial parecen estar dispuestas a respetar las leyes.
Consejo de Comunicación de la
Atuchajpa Sujllayas de la
Unión Solidaria de Comunidades (USC) del
Pueblo Diaguita Cacano
Contacto: atariy_sgo@hotmail.com