El relator de la ONU James Anaya se reunió con Autoridades Territoriales de los Pueblos Originarios del ENOTPO.
En su primer día de visita en Argentina, el relator especialista en pueblos indígenas de la ONU, el Sr. James Anaya, en compañía de Maia Campbell y Leonardo Alvarado se reunió con autoridades y delegados del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, quienes le transmitieron una mirada integral acerca de la realidad territorial de los pueblos originarios en el país.
En una primera instancia se presentó el ENOTPO como un espacio de construcción política llevado adelante por las organizaciones indígenas que, con una larga trayectoria de lucha, desde el año 2009 confluyen en un mismo objetivo político centrado en la necesidad de salir de la resistencia y del mero lugar de reclamo, para avanzar hacia una instancia superadora que instale a los Pueblos Originarios como sujetos de derecho, con sus propias propuestas de desarrollo y con participación activa en todo lo que respecta a la política indígena.
Desde este lugar, las autoridades se refirieron a los conflictos que acontecen en los territorios y que las comunidades de base deben enfrentar cotidianamente, la mayoría de las veces a expensas de su propia vida.
La disputa por el control de los bienes naturales se remarcó como uno de los ejes centrales de conflicto, producto de ello es el ingreso de empresas extractivas en los territorios indígenas, mineras, petroleras, turísticas; el desmonte y la tala indiscriminada; la expansión de los monocultivos, especialmente de la soja, y la consecuente devastación de los territorios y su biodiversidad.
Se subrayó la diferencia entre el mandato del Gobierno Nacional y el accionar de los gobiernos provinciales, que en muchos casos continúan funcionando como feudos, a través de los jueces, funcionarios y policía, con una constante negación y resistencia de reconocer como sujeto de derecho a los Pueblos Originarios y haciendo caso omiso a la legislación Nacional (que reconoce la preexistencia de los Pueblos Originarios en el Estado Argentino) e Internacional.
Se puede mencionar a modo de ejemplo el incumplimiento de la ley 26160 y su prorroga ley 26554, como en los casos de las provincias de Formosa y Neuquén en las cuales aún no se ha firmado el convenio para el Relevamiento; la realización del ordenamiento territorial de bosques nativos sin la consulta y la participación de los pueblos originarios; el no reconocimiento de la existencia de los Pueblos Atacama, Tastil, Lule y Iogys por parte la provincia de Salta; entre otros.
En relación al Gobierno Nacional se planteó que a pesar de los avances aún se observa la necesidad de profundizar en una decisión firme de que los Pueblos sean los protagonistas de las decisiones sobre políticas públicas en materia indígena y el establecimiento de una agenda permanente al respecto.
El relator también escuchó en voz de Nancy Chocobar, familiar directa de Javier Chocobar, hasta qué punto este escenario ha llevado a resultados trágicos, como lo sucedido en la comunidad Chuschagasta (Tucumán) con el asesinato de Javier en el año 2009 a manos de un terrateniente Darío Luis Amín y de dos ex policías Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso, por el solo hecho de defender los bienes naturales del territorio ancestral de su pueblo. En ese mismo suceso también fueron heridos dos hermanos más, Andrés y Emilio Mamaní. A 2 años de lo sucedido la comunidad aún está a la espera de la fecha del juicio oral, mientras que los tres asesinos están libres, con el agravante de sus extensos prontuarios: Gómez es cuñado del ex - jefe de la policía de la provincia. También fue integrante del comando para policial represor "Atila" (del comisario Mario " Malevo" Ferreira). Por su parte, Valdivieso integró el denominado batallón 601, regimiento especializado en tareas de inteligencia durante la última dictadura militar. Darío Amín mantiene fuertes vinculaciones con políticos y sectores de la fuerza policial.
- James Anaya: “¿Y qué soluciones ven?”
Se planteó que la realización inmediata del Relevamiento Territorial (Ley Nº 26.160 y prórroga) es uno de los primeros pasos, aunque tampoco es la solución, siendo necesaria la regularización de la posesión ancestral de las tierras y su redistribución. Legislar sobre la tenencia de la tierra para lo cuál “Es urgente impulsar el Anteproyecto de Ley sobre la Propiedad Comunitaria Indígena y la reglamentación del CLPI (Consentimiento Previo Libre e Informado) a modo de dar respuesta concreta en los Territorios”.
También se dejó en claro que hay distintos espacios que siguen tomando nuestra palabra como ONGs que dicen ayudar a los pueblos, Ej. Endepa, Fundapaz, u otras ONGs ecologistas, desconociendo a las organizaciones de Pueblos Originarios.
