Chile: Melinao anuncia querella contra el Estado: "Estuve 10 meses encarcelado injustamente"

El Werkén, que fue absuelto por la muerte del cabo Hugo Albornoz, insistió en que tras su detención hubo un montaje político y judicial para paliar las demandas territoriales de los Mapuche.

SANTIAGO.- El werkén del Pueblo Mapuche Wente Winkul Mapu, Daniel Melinao, aseguró que en los próximos días estudiará querellar contra el Estado de Chile, luego que la justicia lo absolviera en un segundo juicio oral en su contra por el crimen del Sargento de Carabineros Hugo Albornoz (39), quien murió baleado el 2 de abril de 2012.

"El gobierno anterior fue el responsable de mi encarcelamiento y el actual gobierno tampoco hizo nada por aclarar las cosas", señaló a Emol desde Angol, en la Región de La Araucanía, minutos antes de comenzar un almuerzo junto a los miembros de su comunidad.

Melinao reiteró que los cargos que pesaron sobre él, como posible coautor del crimen del uniformado, responden netamente "a un montaje político y policial por parte del Ejecutivo, los servicios de inteligencia y del fiscal anti mapuche Luis Chamorro".

"Por segunda vez quedó demostrado que no tuve participación en los hechos. Estoy evaluando querellar contra el Estado de Chile. Estuve 10 meses encarcelado injustamente. Insisto en que esto es una persecución política en mi contra por ser un dirigente mapuche", expresó.

Lo anterior lo evaluará con su abogado, Nelson Miranda, una vez que conozcan el fallo con respecto al caso, lo cual debería ocurrir el próximo miércoles.

"Se ha hecho justicia (…). La Fiscalía nunca tuvo las pruebas suficientes para culparme. En lo personal, y para mi familia y mi pueblo mapuche, esto fue muy duro", indicó. 

Respecto a las demandas de los Pueblos Originarios en la Región de La Araucanía, Melinao pidió "seguir luchando" a las comunidades por la reivindicación de territorios ancestrales. Incluso, no descarta solicitar una reunión con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

"El fiscal tampoco le ha respondido a la viuda"

La muerte del cabo Albornoz sucedió en Ercilla, al interior de Wente Winkul Mapu, en medio de un operativo del GOPE que tenía como objetivo aclarar otros delitos.

El Ministerio Público presentó antecedentes que aseguraban que Melinao habría repartido armas y municiones para repeler la acción policial. Asimismo, se presentó la prueba de un video en donde se divisaba a una persona en el lugar vistiendo algo de color rojo.

Al ser consultado sobre este último dato, Melinao descartó que existiera una confusión con el trailonco que usa en esas tonalidades. "Tal como lo dijeron testigos, yo ese 2 de abril estaba en Collipulli y no en la comunidad", recordó.

Por el deceso del carabinero Hugo Albornoz, Melinao opinó que "cualquier fallecimiento es lamentable y condenable", por lo que espera que se aclare el caso. 

"Nosotros estamos luchando por la vida (...). El fiscal Chamorro tampoco ha podido darle una respuesta a la viuda del carabinero. Siempre demostró muy poca seriedad en su investigación", sentenció.

Por último, agregó que su teoría es que fueron los propios uniformados quienes en un descuido dispararon en contra de Albornoz. "Nosotros responsabilizamos a los mismos carabineros, nuestra tesis como comunidad es que el cabo fue alcanzado por un proyectil de sus compañeros", finalizó.

Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/28/662455/daniel-melinao-acusa-querella-en-contra-del-estado.html

“La Consulta a los Pueblos Originarios debe ser la base de la propuesta de preparación para REDD+ en Argentina”

Se realizó el Taller Nacional del Programa ONU-REDD con participación de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios.

Del 8 al 9 de mayo de 2014 se realizó en Buenos Aires el Taller Nacional del Programa REDD+. El mismo fue organizado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a través de la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales en articulación con los organizadores convocó las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios para garantizar la presencia de referentes y autoridades indígenas[1] con mandato para participar de dicha actividad. 

Las Organizaciones de Pueblos Originarios presentaron como propuesta la incorporación del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada en el documento base de preparación para la implementación de REDD+ en Argentina. 

Remarcaron la necesidad de reforzar la participación de los Pueblos Originarios, garantizando la participación de sus organizaciones y se dejó establecido que el sujeto de derecho colectivo es el “Pueblo Originario y sus Comunidades”, haciendo una diferenciación con el término “comunidades locales”, el cuál al ser tan amplio resulta ambiguo y diluye reduciendo al sujeto. En este sentido, son los “Pueblos Originarios y sus Comunidades” los sujetos de derecho que deben ser consultados en los territorios, respetando sus organizaciones e instituciones legítimas, como así también sus idiomas y cosmovisiones (tal como lo indica el protocolo de consulta elaborado por el ENOTPO). 

Otro debate importante se centró en la necesidad de seguir discutiendo los criterios en relación a la distribución de los beneficios cuando el programa REDD+ avance en Argentina. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las regiones con componente de Bosque Nativo tienen directa relación con la presencia de Pueblos Originarios, la propuesta de las organizaciones territoriales es que esos beneficios bajen directamente a los Pueblos Originarios, cuando corresponda. Vale aclarar que esta afirmación no parte de la idea generalizada de que los Pueblos Originarios son “ecologistas” o “Ambientalistas”, sino que se explica a partir del ejercicio de su autonomía, con el mantenimiento de prácticas y conocimientos ancestrales que implican una relación de equilibrio y armonía con sus territorios. De este modo, considerando que en la mayoría de los casos las provincias, que sostienen sistemas cuasi feudales, se vuelven una barrera más que un medio, resulta necesario garantizar que esos Pueblos sean fortalecidos asegurando que reciban los beneficio de forma directa.

A su vez, los referentes de los Pueblos instaron a los representantes de los distintos organismos a profundizar el debate sobre la tenencia de la tierra y a revisar la aplicación de la Ley de Bosques, denunciando la falta de consulta en el ordenamiento territorial que dicta dicha norma. 

Al finalizar el taller se elaboró un acta en donde se incluyeron los aportes y sugerencias de los diferentes actores que participaron del mismo incluyendo, entre otros, los siguientes puntos que son de principal interés para los Pueblos Originarios: 

- Se recomienda que durante el proceso de preparación se asegure la participación efectiva de las partes interesadas y delegados de los pueblos originarios, como también analizar el momento en el que se debe incluir a los actores cuyas prácticas causan deforestación. En relación a la participación efectiva de los pueblos originarios se reconoce la importancia del protocolo de consulta previa, libre e informada elaborada por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). 

- Se propone profundizar la vinculación y armonización de estrategias, acciones y competencias con la Ley de Protección de Bosques Nativos 26.331 como una base institucional para el desarrollo de las actividades de preparación para REDD+ en la Argentina. 

- Se propone mejorar el mecanismo en que los pueblos originarios participan en el desarrollo de los instrumentos de normativa y política del país, en este caso en aquellos relacionados a REDD+; promoviendo que los mismos sean consistentes con las particularidades de los pueblos originarios y aprovechando sus conocimientos tradicionales y ancestrales en el desarrollo de las actividades preparatorias para REDD+ en el país. 

- Se recomienda aprovechar el desarrollo de las actividades preparatorias para REDD+, a fin de analizar temas que son de preocupación de los pueblos originarios, como su situación legal en torno a la tenencia de la tierra, así como poner en práctica sus derechos, por ejemplo en torno al Consentimiento Previo Libre en Informado (CPLI), en cuyo sentido se reconoce el avance en el desarrollo de un protocolo de consulta. Se mencionó al respecto la necesidad de no confundir una “encuesta” o audiencia como un proceso de consulta. 

- Se recomienda profundizar en el proceso de preparación para REDD+ a las instancias legales y la capacitación vinculada, permitiendo mayores oportunidades de resolución de conflictos y desafíos legales, como tenencia de la tierra. 

- Además se recomienda fortalecer en la fase de preparación REDD+ lo siguiente: 

- Establecer los criterios de distribución de beneficios REDD+. 

- Contemplar las salvaguardas de participación de los pueblos originarios y sus representantes para su aplicación en el territorio. 

- Definir la hoja de ruta de involucramiento y participación de los diferentes actores. 

- Fortalecimiento del Consejo Asesor REDD+ CAR (sociedad civil).

[1] Unión De Pueblos De La Nación Diaguita - Salta, Movimiento De La Nacion Guarani “Kereimba Iyambae” (Jujuy), Consejo De La Nación Tonocoté “Llutqui” (Santiago Del Estero), Red De Comunidades Del Pueblo Atacama – Salta, Organización Identidad Territorial Malalweche De Mendoza, Ruta 86 (Salta) Asamblea Del Pueblo Iogys (Salta), Coordinadora De La Asamblea Del Parlamento De Pueblo Mapuche Rio Negro, Ocastafe (Santa Fe), Confederación Mapuche De Neuquén, Asamblea Del Pueblo Guaraní Tradicional  (Jujuy), Coordinadora De La Asamblea Del Parlamento De Pueblo Mapuche Rio Negro, Pueblo Tolombón Nacion Diaguita (Valle De Choromoros – Tucumán), Presidente De La Asociación Del Pueblo Guarani (Misiones).

Neuquén - San Martín de los Andes: Comunidades Mapuches denuncian inconstitucional la Ley provincial de Bosques

“Nuestro primer paso fue declarar inconstitucional a esta Ley que no nos beneficia en ningún aspecto, nos perjudica, nos infraccionan, nos persiguen y se tiene que resolver enseguida”

Sáb, 24/05/2014 - 09:40 | lacar

Foto: Federico Soto

Ayer por la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa donde varios representantes de diversas comunidades de todo el país, hicieron público un documento donde denuncian inconstitucional la Ley de Bosques.

Durante el jueves, representantes de Pueblos Originarios zonales y de organizaciones de provincias del Sur como Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Chubut se acercaron a la localidad cordillerana de San Martín de los Andes y se reunieron en Catritre para clarificar la situación actual de la Ley de Bosques que preocupa a dichas comunidades: “ayer nos avocamos a ese tema y a tratar de tomar una postura de cuál va a ser nuestro posicionamiento político como pueblo mapuche ante la Ley provincial de Bosques”, declaró el Lonko de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, Ariel Epulef.

Durante la jornada se decidieron los pasos a seguir para solicitar que la Ley de Bosques esté a favor de las Comunidades Mapuches, mediante un documento público, que presentarán en los próximos días ante las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la Provincia. “Nuestro primer paso fue declarar inconstitucional a esta Ley que no nos beneficia en ningún aspecto, nos perjudica, nos infraccionan, nos persiguen y se tiene que resolver enseguida”, expresó el Lonko Epulef.

“Si por parte del Gobierno provincial hay voluntad política, se tiene que mejorar la situación y nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo, lógicamente basado en los derechos que tenemos como comunidad indígena.

"Que esta reunión se haya dado en nuestro pueblo nos alienta y refuerza nuestro posicionamiento que venimos teniendo desde la Comunidad Curruhuinca, la zonal Huiliches y la zonal Pehuenche, avalan nuestra lucha y se hacen parte porque también sufren las mismas consecuencias que tenemos nosotros y nos da un marco interesante."

"Estamos evaluando la posibilidad de volvernos a reunir en Julio, en San Martín de los Andes nuevamente, porque queremos que se resuelva a la mayor brevedad posible. Hemos planteado la necesidad de sentarnos con el Ministro de Desarrollo Territorial de Neuquén, Leandro Bertoya, a discutir y reordenar la situación, – y agregó – no estamos en contra de la Ley de Bosques porque sí, queremos que sea beneficiaria para nosotros que somos garantía de protección de nuestro bosque."

Hemos vivido 500 años aquí y el bosque ha estado intacto y las grandes empresas las ponen en riesgo. Sin ir más lejos la empresa Nieves del Chapelco S.A. tiró abajo 90 lengas y nadie dice nada. Ese recurso se lo entregan a Corfone S.A. y terminan haciendo política con nuestros recursos naturales, eso a nosotros nos indigna”, concluyó el Lonko.

Respecto a la empresa Nieves del Chapelco S.A. Epulef advirtió: “ellos nos envían a Guardias Ambientales y Ley de Bosques, además decidieron levantar una ruta que nosotros habíamos construido en la tercer reserva fiscal, en el filo del Chapelco, Mallín de la Pala, originariamente Mallín del Culli. Ellos levantaron lo que habíamos construido, tienen todo en Antulauquen y esperan que las vayamos a buscar.Tratamos de solucionar los conflictos y queremos sentarnos a hablar con la empresa para que nos sinceremos y, les guste o no, el territorio en el que ellos tienen el complejo invernal es Curruhuinca y van a tener que respetar las definiciones que tomemos”, concluyó Epulef.

Fuente: http://www.lacardigital.com.ar/content/comunidades-mapuches-denuncian-inconstitucional-la-ley-provincial-de-bosques#.U4C5uiroKGA.facebook

Los grupos a los que favoreció Ambiente para desmontar

La desigualdad manifiesta puede leerse desde los datos que publica en su informe la entidad ambientalista, muy criticada en los ámbitos oficiales se trate de el gobierno de Juan Manuel Urtubey, o de Juan Carlos Romero.

Finca El Yuto, de Macri, estaba en zona amarilla.

Vie, 23/05/2014 SALTA

Entre los ejemplos, se dispuso el de la finca El Carmen, del grupo Navilli, que es socio de Molinos Cañuelas, y factura 4.300 millones de pesos por año. En el caso hay 8 comunidades que verán afectadas por la recategorización para un desmonte de 6.547 hectáreas cerca de Embarcación. En el informe que la empresa presentó, no existen entrevistas a ninguna de las comunidades indicó la Fundación Refugio. En este caso Greenpeace inició una fuerte campaña a fin de detener los desmontes.

Dos muertes por desnutrición

Otra de las fincas con pedido de recategorización de 9.103 hectáreas para el desmonte es Nuevo Horizonte (ex Caraguatá Sur, en el departamento San Martín), de Andrés von Buch y Arnaldo Hasenclever. De esa finca salieron caminando una pareja wichí que estaba en situación de trabajo esclavo, por la grave situación de salud de sus dos nenes. Un bebé de meses y otro de dos años. Los chicos murieron de desnutrición en el camino al Hospital. Ambiente tuvo que detener la aprobación del desmonte recién cuando la situación se dio a conocer por los medios. 

Von Buch es un empresario argentino egresado de las universidades de Yale, Purdue y la Harvard Business School. Integrante del directorio de varias importantes empresas. Arnaldo Hasenclever es integrante de la Cámara de Comercio Argentino Austríaca y conduce Grand Thornton Argentina, firma miembro de Grant Thornton International, una de las organizaciones líderes a nivel mundial de firmas de auditoría, impuestos y consultoría. 

Cuchuy, finca del departamento San Martín, abarca unas 10 mil hectáreas y pertenece a Alejandro Braun Peña y Pablo Clusellas. En esta no se podía desmontar por haber estado en categorías 1 y 2. Pero se cambio la categoría a 5.316 hectáreas para el pase de las topadoras. Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri. Clusellas es además actual secretario legal y técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es propiedad de los Macri Finca El Yuto, en donde se solicitó la recategorización de 8.163 hectáreas para desmontar.

La finca "La Maravilla Lote A4", del departamento San Martín, propiedad de Spinica SA, de la cual Alejandro Carlos Roggio, socio mayoritario del Grupo Roggio, es integrante, solicitó la recategorización de unas 1400 hectáreas. 

El "Establecimiento Agrobari SA", es una finca de Anta que se encuentra en categoría roja. Se permitió la recategorización de 7.259 hectáreas para desmontar. La finca es de João Pereira Coutinho, un empresario portugués dueño de varias empresas de telecomunicaciones, inmobiliarias y automotrices, como Volkswagen Portugal. Además, en ese país es el distribuidor oficial de Audi y Lamborghini.

Fuente: Nuevo Diario

La soja no les deja ver el bosque

GREENPEACE DENUNCIA QUE EMPRESARIOS RURALES Y EL GOBIERNO DE SALTA NO CUMPLEN CON LA LEY DE BOSQUES

Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.

Por Eduardo Videla

La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas. 

“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó. 

El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora. 

La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad. 

A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo). 

En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento. 

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior. 

Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa. 

Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente. 

Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes. 

¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino. 

La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”. 

“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.” 

“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”

Fuente: PAGINA 12

Guachipas: Multitudinaria marcha por la desaparición de Noelia Johana Rodríguez

Anoche se realizó una marcha de silencio de la que participó la mayoría de los habitantes del apacible pueblo vallisto.

Los habitantes del apacible Pueblo de Guachipas rompieron la quietud y salieron anoche a participar de una multitudinaria marcha por el caso de Noelia Johana Rodríguez, la joven que se encuentra desaparecida desde el 4 del corriente en horas de la noche. Todo indica que los únicos que saben que ocurrió con la muchacha son el amante de la chica, Aldo Vargas y su pareja Karina Cardozo.

Se sabe que hasta ahora la única que habló fue Cardozo, quien manifestó que Noelia fue asesinada y que su cuerpo fue enterrado en el basural ubicado a unos tres kilómetros, al noreste del pueblo. Desde hace tres días, la Policía con el apoyo de baquianos la buscan en ese lugar pero hasta el momento no encontraron ningún rastro de la joven.

Ayer extendieron los rastrillajes en la zona de Coropampa, partiendo desde el basural, en un radio de cuatro kilómetros que abarcó las fincas La Mostaza y La Oscuridad y las márgenes del río Guachipas. El operativo se concentró en el primero de los terrenos, donde Vargas trabaja como peón rural. “Estamos trabajando en base a la versión que dio Karina Cardozo y por eso seguimos patrullando esta zona, pero hasta el momento no encontramos nada”, expresó el director de Seguridad de la Policía de la provincia, Rubén Suárez, quien está al frente de los procedimientos. De la afanosa búsqueda de la joven Rodríguez participan personal de Inteligencia Criminal y de Trata de Personas.

A medida que pasan las horas y los días todo hace suponer que, efectivamente, Noelia tuvo un final trágico. Hay razones para pensar que eso pudo haber ocurrido por tratarse de un caso vinculado con un drama pasional. La víctima mantenía una relación amorosa con Vargas. Cuando Cardozo tomó conocimiento de esta situación, hace unos meses, reaccionó de manera violenta y atacó con un cuchillo a su pareja produciéndole heridas cortantes.

Las sospechas y los interrogantes

Cardozo es la única que habló hasta ahora

Las fuentes consultadas señalaron que al ser detenidos, la única que habló fue Karina Cardozo. La mujer habría manifestado que Vargas asesino a la joven y que enterró su cuerpo en el basural. El hombre no dijo nada y hasta el momento se mantiene en total silencio. La actitud de Vargas es lo que mantiene desconcertado a los investigadores. “O él, efectivamente, asesinó a la chica y no lo quiere reconocer o sabe que su pareja lo hizo y no la quiere delatar”, especuló una de los investigadores.

Ayer trascendió que la Policía detuvo a un tercer sospechoso, pero el comisario Suárez lo desmintió. No obstante se sabe que se está profundizando esta línea investigativa ante la posibilidad de que Cardozo haya actuado en complicidad con otra u otras personas. “Si la mujer mató a la chica es poco probable que sola haya hecho desaparecer el cadáver”, opinó un informante.

Lo que la Policía y la Justicia esperan es que en algún momento el hombre diga lo que sabe para terminar con esta incertidumbre que desde hace días mantiene en vilo a los familiares de Noelia, a los vecinos de Guachipas y al ciudadanía toda.

Fuente: EL TRIBUNO

Mas información: 

http://www.eltribuno.info/salta/405902-Se-reiniciaron-los-rastrillajes-para-encontrar-a-Noelia-Rodriguez.note.aspx

http://www.cuartopodersalta.com.ar/guachipas-noelia-no-aparece/

Página 12

http://www.elintransigente.com/notas/2014/5/16/noelia-rodriguez-policias-buscan-joven-valle-lerma-tras-conocerse-las-primeras-declaraciones-los-detenidos-245909.asp

Rosario: El asesinato de Cristian Talero no es un hecho aislado

Cristian Talero tenía 22 años y vivía en el corazón de Empalme Graneros. Criado en la calurosa polvareda de la Comunidad Qom “Los Pumitas”. Cristian era hijo de Ernesto Oscar Talero uno de los referentes del Centro Cultural Qadhuoqte que desarrolla un fuerte trabajo social y cultural en conjunto con toda la comunidad.

Lunes, 19 Mayo 2014 17:29
Escrito por Gustavo Erb

Se asentaba la noche del jueves 15 en Empalme Graneros cuando de nuevo (1 vez cada 38hs), una familia era anoticiada del trágico suceso. De nuevo, un jóven. De nuevo, una barriada.

Con las mismas dificultades que padecen la mayoría de los jóvenes rosarinos en términos de estabilidad laboral, Cristian había decidido mudarse de la casa de sus padres para emprender un nuevo camino. Es así que cruzó calle Génova para acercarce a Juan José Paso, cosa que no difiere demasiado cuando esa pequeña distancia encuentra la transversalidad de la vía.

Es la que acompaña el cordón Oeste, la misma vía que atestiguó el asesinato de Cristian a manos de un grupo de jóvenes del barrio. Con fuertes golpes en todo el cuerpo, lo castigaron hasta el artazgo y se fueron. Así encontraron el cuerpo del jóven el viernes bien temprano, sobre la vieja ruta del Ferrocarril Central Argentino, “juanjo y la vía” como se conoce ese punto del barrio.

Enfrentamiento por cuestiones familiares argumentan los vecinos, acordando en que para nada se justifica semejante atrocidad. El asesinato de Cristian despertó rabia e indignación entre amigos y allegados que en un principio intentaron manifestar su repudio contra la vivienda de uno de los supuestos autores del crimen, pero rápidamente familiares y amigos intervinieron para que no se entienda a Cristian como un hecho aislado.

Durante la jornada velatoria, el barrio se silenció con el mayor de los respetos. En la entrada, la remera de una compañera rezaba “Petü Mogueleiñ” (Aún estamos, aún vivimos, aún existimos).

En Cristian, el reclamo por todos.

En tiempos donde la mediatización del desembarco de Gendarmería en la ciudad parece llevarse todos los aplausos, la violencia como problemática estructural, la situación de emergencia de la juventud, el negocio del narcotráfico, la circulación de armas de fuego, y la exclusión en términos integrales como herramienta para legitimar la situacion de las zonas periféricas de la ciudad, son los argumentos que rodean el entramado que esconde otra muerte jóven.

Hacia ahí apunta la práctica del Centro Cultural del que participa la familia de Cristian hace una década. Entendiendo que sólo habrá posibilidades de desarrollarse humana y culturalmente en el mismo momento que se trabaja para transformar ésta realidad. Es por esto que ademá de la lucha por justicia ypor el esclarecimiento del crimen de Cristian el pedido es colectivo. “Que el de Cristian, no sea un caso aislado, hay problemáticas de fondo para que pasen éstas cosas” cuentan los pibes de Empalme.

Fuente: Cooperativa de Comunicación La Brújula

COMUNIDAD DIAGUITA KALLCHAKÍ "EL DIVISADERO" - ESTADO DE SITUACIÓN

El Divisadero 08/05/2014

Comunidad Diaguita Calchaquí “El Divisadero”Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta Nación Diaguita

Comunidad Diaguita Kallchakí “El Divisadero” Personería Jurídica Resolución 087/11 Re.Na.Ci – INAI, Miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Salta - Asamblea Permanente.

A tres  días de resistir la sentencia de desalojo ordenada por el juzgado de 1ª instancia en lo civil y comercial 10º nominación a cargo de la Dra. Bibiana María Acuña; secretaria a cargo de la Dra. Adriana García Escudero; la comunidad se encuentra en Asamblea permanente en resguardo del territorio ancestral.

El juez de Paz del departamento de Cafayate Sr. Francisco Santiago Bravo, acompañado con uniformados de la comisaría Nº 60 del mismo departamento, pretendían desalojar a la autoridad tradicional (cacique)  de la posesión actual, tradicional y publica, de una parte del Territorio colectivo, declarado  en asambleas comunitarias como lugar de encuentro  del Pueblo Nación Diaguita denominado Isabel Pallamay.

A partir de ser notificados del lanzamiento, consideramos que la sentencia de desalojo vulnera los derechos de incidencia colectiva al ejecutarse  de forma individual, cuando el poseedor del derecho  es el Pueblo a través  de la comunidad, por lo tanto de forma urgente nos convocamos en Asamblea General Comunitaria; repudiamos enérgicamente la violación de nuestros derechos, los aprietes, apremios, amedrentamiento, discriminación y la persecución sistemática de los jueces contra los Pueblos Originarios en la provincia.

Informamos de estos  hechos a cada una de las comunidades hermanas  que somos parte del Pueblo Nación Diaguita en Salta y a todos los Pueblos Naciones Originarias; por otro lado también notificamos a los organismos responsables en la aplicación del derecho indígena y de  derechos humanos.

Debido a nuestra acción en defensa y resguardo del Territorio comunitario, con el acompañamiento de las áreas correspondientes a Pueblos Originarios, Dirección de Afirmación de Derecho Indígena - INAI, Dirección de Tierras INAI, la Dirección de Pueblos Originarios - DPOyRN de la SAyDS, quienes a través de comunicarse con la jueza, el juez de paz y  notificar a la policía a cargo del operativo, se pudo reafirmar el derecho Originario al Territorio de la Comunidad Diaguita Kallchakí “El Divisadero”, contemplados en la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT, entre otros.

La ley Nacional Nº 26.160 es específica en su artículo 1º -Y declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Asimismo, suspende por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencia, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los territorios contemplados.

El juez  de Paz  Francisco Santiago Bravo labra un acta in situ, dejando constancia que se constituyó  en el lugar, pero sin reconocer  al sujeto de derecho como comunidad parte de un Pueblo Originario preexistente y se retiró del lugar informando que devolverá el oficio al juzgado.

El miércoles 07/05/2014 se hizo la presentación jurídica en el juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 10º Nominación a cargo de Bibiana María Acuña; secretaría a cargo de la Dra. Adriana García Escudero solicitando la suspensión de la sentencia por la ejecución de la ley 26.160.

El día  jueves el servicio jurídico territorial de la UPND-Salta se reúne con la jueza donde la misma informa que el juez de paz devolvió el oficio, y que va fijar audiencia para la semana siguiente. Aun no fijo fecha, mientras tanto  suspendió el desalojo.

Como herederos de nuestros ancestros, poseedores de una identidad territorial, de una historia propia y de un territorio colectivo como pueblo preexistente en el cual vivimos  desde tiempos inmemorable con el legado de  luchar para defenderlo de cada usurpador que pretenda entrometerse en nuestros espacios territoriales. Asumimos el legado de nuestros mayores, nos mantenemos en alerta y movilizados por el cumplimiento pleno y efectivo de nuestros derechos como Pueblos Originarios, siendo fieles guardianes de nuestro territorio colectivo, de los bienes naturales, espirituales  y culturales.

HOY nuestra lucha sigue de pié, REPUDIAMOS y CONDENAMOS estos ACTOS de AVASALLAMIENTOS de NUESTROS DERECHOS, los PUEBLOS ORIGINARIOS queremos VIVIR en PAZ en nuestros TERRITORIOS.

No SOMOS “Ocupas” de NUESTROS TERRITORIOS, sino que habitamos en él desde los primeros tiempos.

RESPONSABILIZAMOS a la JUSTICIA, la fuerza POLICIAL, quienes deben brindar garantías de SEGURIDAD JURÍDICA y SOCIAL a los PUEBLOS ORIGINARIOS, si se siguen sucediendo estos hechos.

SALUDAMOS y reconocemos a todos aquellos hermano/as, compañero/as, militantes y aliado/as que mantuvieron viva nuestra Lucha, poniendo el valor de la vida por sobre los intereses particulares y materiales.

Por la memoria de nuestros Iquines y Titaquines, KALLCHAKÍ, CHELEMÍN, JAVIER CHOCOBAR, AMBROSIO CASIMIRO, continuaremos con el legado y honraremos nuestra histórica lucha.

¡Basta de persecución judicial a los Pueblos Originarios!

¡Jury de enjuiciamiento a los jueces corruptos que violan nuestros derechos!

¡Por Memoria, Identidad y  Territorio!

¡Ley de Propiedad Comunitaria Indígena Ya!

NACIÓN DIAGUITA EN ASAMBLEA PERMANENTE EN RESGUARDO DEL TERRITORIO ANCESTRAL 

CAFAYATE, INMINENTE DESALOJO EN TERRITORIO DIAGUITA

Un nuevo fallo en contra del Pueblo Nación Diaguita.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta

Pueblo Nación Diaguita

Comunidad Originaria Diaguita Kallchakí El Divisadero
URGENTE

6 de mayo de 2014

Informamos a la sociedad en general que en territorio del Pueblo Nación Diaguita, en la provincia de Salta, se siguen violando los Derechos consagrados de los Pueblos Originarios. En el día de la fecha, 6 de mayo de 2014, el juzgado en lo civil y comercial 10ma nominación a cargo de la Dra. Bibiana Acuña y Secretaria Adriana García Escudero, ordenan desalojar a hermanos miembros de la Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero (P.J n° 087/11 ReNaCI, expediente Nº328635/10), en los autos caratulados Keticoglio Cristo C/Quipildor Bernardina y cualquier otro ocupante. Denunciamos y repudiamos estos atropellos que son actos violatorios de nuestros derechos de incidencia colectiva como Pueblos preexistentes. 

A pesar de que el Estado Argentino reconoce normativas legales específicas para los Pueblos Originarios como el Art.75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, la ley 26160/06 y sus prórrogas 26554 y 26589 (de orden público), el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, los jueces siguen fallando en contra de los Pueblos Originarios, a favor de un interés particular y en detrimento de un interés colectivo como en este caso. La comunidad cuenta con la ejecución del Relevamiento Territorial, y la ley 26160 prohíbe los desalojos, y todo acto administrativo y procesal que resulte perjudicial para los Pueblos Originarios.

Convocamos a todos los organismos nacionales y provinciales, responsables en materia de Pueblos Originarios y de DDHH: al INAI (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Defensor del Pueblo de la Nación, a la Secretaría de Ambiente de la Nación – Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, a brindar las garantías necesarias para evitar situaciones que agraven y alteren nuestra seguridad jurídica y territorial.

Como Pueblo-Nación Diaguita estamos en pie de lucha, continuando el legado que nos dejaran nuestros mayores, Kallchakí, Chelemin, Ambrosio Casimiro, Javier Chocobar, quienes entregaron su vida por la defensa de nuestros Territorios Comunitarios, de nuestros Derechos Colectivos y de nuestros Derechos Consuetudinarios. 

¡QUIENES PROMUEVEN EL DESALOJO DE NUESTROS HERMANOS DE SUS TERRITORIOS, PROVOCAN NUESTRO DESPERTAR COMO PUEBLO MILENARIO PARA DEFENDERLO!

¡NI UN SOLO DIAGUITA DESALOJADO DE SU TERRITORIO!

¡POR MEMORIA VERDAD JUSTICIA Y TERRITORIO!

¡¡¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!!!

Contactos:
0386815404172
0387154520651

El Oficio 

EL INTENTO DE DESALOJO