PUEBLOS ORIGINARIOS IMPULSARON PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA

El 18 de noviembre ingresó al Congreso de la Nación, para su tratamiento parlamentario, el Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena elaborado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). El proyecto fue presentado por el diputado Gastón Harispe, referente del Movimiento Octubres, y contó con las firmas de Diana Conti y Leonardo Grosso, los tres del Frente Para la Victoria.

Autoridades y referentes indígenas de más de 20 provincias del país, reunidos en Asamblea Nacional, sesionamos en la sala 7 del Anexo de la Cámara de Diputados, donde expresamos ante los legisladores presentes la importancia de reglamentar la titularización de los Territorios Comunitarios como base para defender la identidad y la seguridad jurídica de los Pueblos Originarios.

La Constitución Nacional reconoce a los Pueblos Originarios el derecho a “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes”. La Propiedad Comunitaria Indígena implica el reconocimiento de un sistema ancestral de ordenamiento territorial, basado en ideas y acciones colectivas, que fue cercenado y obturado por la violencia y la incomprensión de la elite gobernante agroexportadora de fines del siglo XIX, durante la consolidación del Estado argentino.

El Código Civil de Vélez Sarsfield constituyó, desde aquel momento, una herramienta de negación de la diversidad cultural, y la prevalencia del individualismo y la propiedad privada, por sobre los sistemas ancestrales comunitarios de los Pueblos Originarios. Si bien la incorporación del Derecho Indígena en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el 2014, representa un gran avance respecto al anterior, aún resulta necesario reglamentar la Propiedad Comunitaria Indígena, para garantizar a los Pueblos y sus comunidades su seguridad jurídica y territorial.

Por este motivo, desde el ENOTPO se elaboró un proyecto de ley en el cual se retoman los debates y demandas históricas de los Pueblos Originarios respecto al territorio y a la propiedad comunitaria. En este proyecto se han incorporado los elementos que desde las Organizaciones Indígenas consideran que son esenciales y de carácter irrenunciable. Estos son:

1. Cualquier actividad que se desarrolle en territorio indígena deberá ser sometida a un proceso de consulta y al consentimiento libre previo e informado.

2. La posesión tradicional será definida por cada pueblo en relación con su cosmovisión.

3. Dentro del marco territorial los pueblos originarios tienen derecho a ejercer autónomamente el uso, la posesión y la administración de su territorio y sus bienes naturales para el desarrollo del buen vivir.

4. El proceso de auto-reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios es dinámico, permanente y ascendente, es por ello que toda norma debe contemplar esta realidad y bajo ningún motivo podrá limitar la recuperación de la identidad, y por ende la incorporación de territorios al instituto de la propiedad comunitaria indígena.

5. La constitución establece la obligación del estado de entregar tierras aptas y suficientes para el desarrollo de los pueblos originarios. estas tierras deberán incluirse en el instituto de la propiedad comunitaria indígena.

6. La forma en que debe realizarse la titulación debe ser mediante procedimientos sencillos y se debe garantizar su gratuidad.

7. Los pueblos originarios tenemos derecho a definir desde nuestra propia cosmovisión las formas de uso, aprovechamiento, posesión y administración del territorio y sus recursos.

8. El sujeto de derecho es el pueblo originario a través de sus organizaciones y sus comunidades.

9. La propiedad comunitaria indígena es parte de la integralidad territorial de un pueblo originario determinado. Debe respetar el territorio ancestral y tradicional.

El reconocimiento de los territorios ancestrales es la base para el fortalecimiento de nuestra identidad y la seguridad jurídica es fundamental para afianzar nuestros derechos y dejar a las futuras generaciones una base para una nueva sociedad en la que podamos desarrollarnos desde nuestras propias cosmovisiones, en los Territorios donde estamos desde siempre.

La iniciativa legislativa que presentamos se enmarca en las disposiciones constitucionales y supra legales existentes, estableciendo un alcance y definiciones que ya han sido avalados por numerosa doctrina y jurisprudencia. 

El Proyecto es el número de expediente D5985/2015.

Fuente: ENOTPO

La Corte Suprema frenó una orden de desalojo a comunidad del Pueblo Mapuche

Ocupación tradicional indígena del Lof Palma

El máximo tribunal del país hizo lugar a un recurso extraordinario de “Las Huaytekas” y revocó una medida cautelar de la justicia rionegrina. Los magistrados hicieron suyos los argumentos de la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien consideró “improcedente” la desocupación de las tierras por entender que “ejercen desde antaño la posesión tradicional indígena”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por la comunidad mapuche “Las Huaytekas” y revocó una medida cautelar que ordenaba el desalojo de unas tierras de la comunidad. En la sentencia, que tiene fecha del martes pasado, los jueces hicieron suyo los argumentos de la Procuración General que consideró “improcedente” la medida cautelar porque la comunidad “ejercía desde antaño la posesión tradicional indígena”.

En la causa, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro había declarado inadmisible un recurso presentado por la comunidad contra un desalojo dictado por la justicia provincial mediante una medida cautelar. Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda dejaron sin efecto la sentencia del STJ rionegrino y ordenaron que se dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta los argumentos del dictamen elaborado por la procuradora General Alejandra Gils Carbó. 

“Cipresal de Las Huaytekas”

En el año 2000, José Luis Martínez Pérez compró una parcela N° 485650 que se encuentra ubicada en el lote 82, parajes denominados Los Repollos y el Foyel, a la Empresa Forestal Rionegrina S.A., de la que es presidente actualmente. Ese territorio tiene la ocupación tradicional indígena del Lof Palma, integrante de la comunidad mapuche Las Huaytekas, un nombre que evoca al milenario bosque “Cipresal de Las Huaytekas”.

La comunidad ocupa esos terrenos desde tiempos ancestrales. Pero en 2010, en medio de un trawun (encuentro comunitario), decidieron que, además de realizar las prácticas tradicionales como el Karnaruko–una rogativa que se realiza en el bosque en el rewe (espacio ceremonial)–, el Lof Palma viviría en esas tierras. Allí fue cuando Martínez Pérez accionó de forma judicial e inició un interdicto para recobrar la posesión. Fue entonces que logró una medida cautelar de la justicia rionegrina en la que se ordenaba el desalojo.

La comunidad presentó recursos contra esa decisión pero cuando llegaron al STJ de Río Negro, éste rechazó la presentación. La apelación llegó a la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la medida cautelar porque con ella se “afectaría el derecho a poseer comunitariamente y, por lo tanto, se impediría conservar el vínculo especial que estos pueblos mantienen con la tierra y el territorio, que representa el centro de su cosmovisión”. Además, sostenía que la tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas “comprende distintos usos culturales de la tierra y de los recursos”.

Un lazo material y simbólico con las tierras

En julio de 2013, la Corte ya había frenado el desalojo aunque, por aquel entonces, no había aún una sentencia del STJ. En la sentencia de esta semana, el máximo tribunal del país revocó la decisión del tribunal rionegrino y ordenó que se dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta los argumentos del dictamen elaborado por la procuradora General Alejandra Gils Carbó. 

Ese dictamen hace hincapié en que “las tierras objeto de la medida cautelar de desalojo han sido identificadas como parte del territorio de la comunidad Las Huaytekas, de acuerdo con el relevamiento técnico jurídico catastral llevado a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas” y los integrantes de la “comunidad ejercen la posesión comunitaria tradicional en dichas tierras”.

Por eso, “la ejecución del lanzamiento vulnera la Ley N° 26.160, que prohibió de modo expreso el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y es, en estos casos, donde los “jueces deben extremar su cautela al momento de valorar los requisitos de procedencia de la medida precautoria”.

“La ejecución del desalojo cautelar puede afectar el derecho de la comunidad a la posesión y propiedad comunitaria indígena, del que depende su supervivencia como pueblo organizado con una cultura diferente”, explica el dictamen de Gils Carbó, que hizo suyo la Corte Suprema.

GA/LL

Fuente: Infojus Noticias

ENOTPO: ¡NI UN PASO ATRÁS! ¡NO DA LO MISMO!

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS REUNIDOS EN EL ENOTPO ACOMPAÑAREMOS AL FRENTE PARA LA VICTORIA EN LAS PROXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES PARA DEFENDER LOS DERECHOS CONQUISTADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS Y CONTINUAR EL CAMINO DE TRANSFORMACIÓN HACIA UN ESTADO PLURINACIONAL, POR UNA PATRIA GRANDE, PLURAL, LIBRE Y SOBERANA!

Desde nuestros territorios ancestrales los Pueblos Originarios organizados en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO tenemos claro que en las elecciones presidenciales del próximo 22 de noviembre se están disputando dos modelos de país completamente opuestos. Por un lado, el proyecto llevado adelante por el Frente Para la Victoria, encabezado por la fórmula Scioli-Zannini, que garantiza la continuidad de las políticas de ampliación de derechos, de inclusión social, de integración regional y soberanía, y por otro, el modelo de restauración conservadora neoliberal del PRO encabezado por Mauricio Macri, que propone el ajuste y el sometimiento ante las potencias imperiales.

En el 2003 algunas organizaciones de Pueblos Originarios nos hicimos presentes ante el recién electo presidente Néstor Kirchner, quien había viajado a Bariloche para el Centenario de Parques Nacionales, para exigirle una respuesta urgente a las demandas históricas y conflictos territoriales de nuestros pueblos. Malacostumbrados a los palos y a la represión durante la nefasta década de los ’90 que entregó nuestros territorios y bienes naturales a las multinacionales, Kirchner nos convocó a dialogar y construir en conjunto un nuevo Estado, con políticas de reparación histórica y de ampliación de derechos para nuestros Pueblos.

Las políticas impulsadas a partir de ese momento dejaron huellas profundas en nuestra historia como país, como sociedad y como región. El día que Néstor Kirchner bajó el cuadro del dictador Rafael Videla en el 2004, la histórica Cumbre de Mar del Plata donde decidimos decirle NO al ALCA en el año 2005, la creación de la UNASUR, la disputa con la Sociedad Rural por la resolución 125 en el año 2008, la militancia y movilización colectiva por una ley de Comunicación que de pluralidad a la palabra, son algunos ejemplos del nuevo camino emprendido por el movimiento nacional y popular encabezado por Néstor y Cristina, en el cual muchas organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios nos sentimos representados. 

Entendimos que había llegado un nuevo tiempo, en el que sería posible avanzar en una construcción política plural, que incluyera a todos los Pueblos y Naciones Originarias que somos parte de este país, con igualdad en la diversidad, y redistribución de la tierra y la riqueza. Nos animamos a imaginar un nuevo Estado que representara genuinamente la identidad y la diversidad cultural de nuestra región, dejando de mirar al norte y a los centralismos de una buena vez, para reconstruirnos desde nuestra propia esencia como país.

El 20 de mayo del 2010, en un hecho histórico, la Presidenta de la Nación recibió en la Casa Rosada a más de 200 autoridades y referentes de Pueblos Originarios, y en este acto hicimos entrega de la propuesta “Construyendo el Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado: una política de interculturalidad” a través del cual asumimos el compromiso irrenunciable de ser protagonistas de la construcción de un Estado Plurinacional junto a otras organizaciones sociales y políticas del país con las que nos sentimos hermanados.

Desde ese momento fuimos parte de cada una de las batallas libradas a partir del nuevo rumbo elegido y la defensa de este proyecto frente a los intentos desestabilizadores de los monopolios mediáticos, la Sociedad Rural, los grupos financieros, las corporaciones judiciales, los fondos buitres, entre otros tantos intentos de impedir que este proyecto nacional y regional continuara adelante.

Desde el ENOTPO tenemos bien claro que Mauricio Macri y su propuesta política, social y económica, es el caballito de batalla de estos grupos reaccionarios, concentradores de poder, nacionales e internacionales, que históricamente fueron y siguen siendo los ideólogos y financistas de las dictaduras militares en toda América Latina y son los mismos sectores que impulsaron las campañas genocidas contra los Pueblos Originarios durante el siglo XIX, que tienen sus manos manchadas con la sangre de miles de hermanos y hermanas.

Durante las campañas militares dirigidas por Roca y Victorica los grupos dominantes se apropiaron ilegalmente de nuestros territorios ancestrales, que fueron repartidos entre las oligarquías terratenientes, el ejército, empresarios extranjeros y nacionales, a la vez que violaron a nuestras mujeres, robaron a nuestros niños, asesinaron a nuestras autoridades y esclavizaron a nuestros Pueblos. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, la deuda privada de estos grupos de poder, entre los que se encuentra el grupo Macri, fue estatizada por Cavallo generando un incremento descomunal e ilegítimo de la deuda pública. 

Por otro lado, Macri ha expresado en reiteradas ocasiones su admiración por Julio A. Roca, a la vez que repudia las políticas de derechos humanos, definiéndolas como un “curro”. Asimismo ha defendido abiertamente la figura de Cristóbal Colon, símbolo máximo del genocidio de los Pueblos Originarios en América. Estas son las ideas y las políticas que defiende el PRO. Mauricio Macri es el heredero y continuador de las políticas genocidas de nuestros pueblos, perpetuando la historia de conquista y colonización, opuesta a cualquier posibilidad de emancipación y soberanía. No es casual que el actual candidato a ministro de Economía del Pro, Carlos Melconian, fuera uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada. Hoy esta propuesta representa lo más rancio de los sectores reaccionarios, enquistados en el poder y amigos de los monopolios mediáticos, que buitrean de nuestras miserias.

Es por ello que a los Pueblos Originarios que tenemos memoria, que sufrimos el neoliberalismo, el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, la flexibilización laboral, la imposición de la cultura frívola del consumismo y el éxito, NO NOS DA LO MISMO. 

El FPV ha tomado muchas de las propuestas e iniciativas que los Pueblos Originarios venimos militando hace tantos años, ejemplo de ello son la Ley de Educación Intercultural Bilingüe que creó una modalidad específica en educación intercultural con docentes de Pueblos Originarios para acompañar la formación de nuestros jóvenes desde nuestra propia cosmovisión; la Ley 26160 que suspende los desalojos y ordena el relevamiento de los territorios comunitarios, a partir de la cual se resguardaron más de 700 territorios comunitarios y la integridad física y territorial de miles de familias originarias; la inclusión del derecho a la Comunicación con Identidad en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26522, con la cual ya están en funcionamiento más de 12 proyectos de comunicación con identidad gestionados por los mismos Pueblos; la Ley de Restitución de Restos Indígenas con la que empezaron a liberarse los restos de hermanas, hermanos y líderes que se encontraban presos en los museos; la incorporación del derecho indígena en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que obliga al Poder Judicial a reconocer al sujeto colectivo y a aplicar el derecho de nuestros Pueblos; la ley de Agricultura Familiar que reconoce los atributos simbólicos y de identidad cultural como elementos de diferenciación y valorización de los productos de los Pueblos Originarios; la creación de áreas de gestión a nivel nacional y provincial a cargo de las propias organizaciones de Pueblos Originarios.

Es cierto que estas políticas no son suficientes y es necesario seguir profundizando este camino para revertir y reparar 523 años de colonización. La ley de Propiedad Comunitaria Indígena y la de Consulta y Participación son ejemplos de las deudas pendientes de esta década. Asimismo es necesario acelerar y mejorar la aplicación de la ley 26160 y la 26522, modificar las políticas de patrimonialización de nuestros territorios y promover políticas para la defensa de los Derechos Humanos colectivos de los Pueblos Originarios.

Para ello, entendemos que es preciso superar las políticas meramente asistencialistas e indigenístas y profundizar una verdadera política intercultural que transforme nuestras realidades territoriales, donde seamos los Pueblos Originarios, a través de nuestras organizaciones, los protagonistas principales en las definiciones sobre políticas públicas en relación al presente y futuro de nuestros Pueblos y nuestros Territorios. En este sentido proponemos convocar a una Constituyente de Pueblos y Naciones Originarias con el objetivo de definir espacios concretos de co-gobierno, mecanismos de participación y representación legítima, mecanismos de co-participación económica en los territorios, como acción estructural para la construcción de un Estado Plurinacional. 

Además resulta urgente revisar el modelo productivo actual. Debemos cuestionar la idea evolucionista de “desarrollo”, que lleva inmersa la ilusión del progreso, que pretende imitar el estilo de vida europeo y que desprecia la propia identidad como “atrasada”. Proponemos construir un modelo económico-social para un modo de vida intercultural basado en los principios de la diversidad, complementariedad y reciprocidad, que respete nuestro derecho a definir nuestro ordenamiento y modo de vida en nuestros territorios y que, al mismo tiempo, tome de los saberes y experiencia de los Pueblos Originarios los elementos necesarios para un nuevo modelo productivo alternativo al sistema de extractivismo y monocultivo que destruye nuestros territorios.

Para ello las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios continuamos trabajando y militando, sabiendo que nadie nos va a regalar nada. Este espacio no se sienta a esperar el milagro que nunca llegará, por el contrario nos encontramos más organizados y movilizados que nunca, convencidos de que los derechos se ejercen, se conquistan y se defienden en el Territorio. 

Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios entendemos que este camino solo será posible con un gobierno que garantice la continuidad de las políticas que se vienen implementando durante los últimos años y que tenga el coraje necesario para profundizar las transformaciones que necesitamos como sociedad. Asumimos el compromiso de defender los derechos conquistados acompañando al movimiento nacional y popular, proceso construido en conjunto por organizaciones sociales y políticas, y seguiremos trabajando por la construcción de un Estado Plurinacional, donde las futuras generaciones puedan desarrollarse desde nuestras propias cosmovisiones, en los Territorios donde estamos desde siempre.

¡JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!

¡NI UN PASO ATRÁS!

Dictamen a favor de los dueños “de tiempos inmemoriales” de tierras en venta

En el marco del proceso de quiebra del Banco Oddone iniciado hace 35 años, luego de que fuera intervenido por la dictadura

Lo dispuso la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin, a raíz de un incidente de venta de un campo habitado por numerosas familias de la Comunidad Indígena La Unión de Diaguitas y Calchaquíes. Con referencias a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó que estas comunidades “tienen una especial vinculación con su territorio”, en tanto “es un derecho investido a un sujeto colectivo o a sus miembros en conjunto con relación al asentamiento físico, pues los pueblos indígenas desvinculados de su tierra, pierden su cultura”.

La fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, dictaminó que corresponde suspender la venta de un campo en el que habitan como “dueñas de tiempos inmemoriales y ejerciendo una posesión ancestral, numerosas familias de la Comunidad Indígena La Unión de Diaguitas y Calchaquíes”. Esto lo dispuso en el marco del proceso de quiebra del Banco Oddone, a raíz de un incidente de venta iniciado el 6 de octubre de 2004, luego de que la síndico a cargo de la liquidación solicitara la venta de las fracciones del campo.

A raíz de esto, la justicia dispuso la venta por licitación de algunos de los bienes de Oddone, entre los que no se encontraban las fracciones del “Campo La Poma”, donde habitan las comunidades indígenas, por lo que indicó que los bienes no incluidos para ser licitados “deberán ser enajenados por el B.C.R.A. a través de los mecanismos previstos por la Res. 566/96”. Esto último fue apelado por La Poma S.A., que señaló que se “aniquilaba su derecho de propiedad; violándose su derecho de defensa en juicio y el derecho que le asiste en su calidad de adquirente del ‘Campo La Poma’, conforme surge del boleto de compraventa oportunamente suscripto con el BCRA”.

La representante del MPF señaló que, en el caso, se reconocía “la existencia de los pobladores originarios desde el comienzo mismo de la tramitación del presente incidente de venta”. Sin embargo, agregó que se omitió “todo tratamiento o decisión conducente a la determinación de cuál es la mejor respuesta jurisdiccional que cabe al respecto”.

Incluso, reflejó que no sólo se había soslayado comunicar a “la comunidad involucrada sobre la operación para que a través de sus representantes haga valer sus derechos posesorios -lo que recién se dispuso por iniciativa de esta Fiscalía General […]- sino que […] se ha autorizado el cobro de cánones locativos por la utilización de las tierras por parte de los pobladores”.

En este sentido, la fiscal general entendió aplicable al caso el precedente de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que había hecho suyos los argumentos de Boquin y, de esta manera, frenado la subasta de tierras ubicadas en la provincia de San Juan donde en parte de ellas la comunidad indígena Sawa “Corazón Huarpe” tiene reconocida posesión ancestral. En esa oportunidad, se había indicado, entre otras cosas, que “la comunidad se encuentra respaldada por las previsiones de la ley 26160”, y que si bien esa norma “sólo prevé suspender actos que tiendan a desalojos o desocupación de tierras, no puede ignorar el recurrente que el remate es justamente un acto de ese tipo pues no parece razonable -ni es lo que la praxis judicial demuestra- enajenar un inmueble ocupado para mantenerlo en ese estado”.

Una quiebra de larga data

El Banco Oddone fue una de las entidades afectadas por la corrida bancaria iniciada a raíz de la liquidación del Banco de Intercambio Regional (BIR). Por esto, el 28 de abril de 1980 fue intervenido por la última dictadura cívico-militar.

En aquel momento, el propietario Luis Alberto Oddone fue detenido junto a 25 de sus empleados. De acuerdo a distintas causas originadas en la justicia, el propio Oddone había denunciado que en febrero de 1980 empezó a recibir presiones como parte de una maniobra de las Fuerzas Armadas para quedarse con su banco, tal como había sucedido con el BIR, el Banco de los Andes y el Banco Internacional. El 25 de abril, él mismo pidió la intervención, bajo advertencias del ex vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal. Cuatro días después, se le inició una causa penal basada en una “denuncia anónima” ante la División Bancos de la Policía Federal, en la que le atribuían distintas conductas de administración fraudulenta.

Luego de su detención, Oddone expresó que fue interrogado a los golpes. Como interventor de la entidad designaron a Juan Carlos Aste, por entonces presidente de una financiera propiedad del ex Banco de Boston cuyo presidente, a su vez, era el cuñado de Reynal. El banco no se recuperó. En agosto de 1980, dispuso la liquidación y pidió la quiebra. Oddone estuvo preso hasta 1982, y en el 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la quiebra. Después de 35 años, continúa la liquidación del banco, lo que motivó la apertura de este incidente.

Un vínculo especial con la tierra

La fiscal general justificó su pedido para suspender la venta al indicar que la cuestión se circunscribía en determinar cuál era la respuesta jurisdiccional adecuada y suficiente al planteo, en especial al tener en cuenta que la Corte expresó que “estas comunidades tienen una especial vinculación con su territorio”. En ese fallo, el máximo tribunal del país también destacó que “la cultura de los miembros de las comunidades indígenas -tiene juzgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos- corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituida a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”.

Más adelante, con cita a la Corte Interamericana, Boquin resaltó que “el derecho a la tierra, reivindicado por los indígenas, se inscribe en el derecho a la propiedad, desbordando el concepto tradicional en el que prima la relación individual, toda vez que las culturas indígenas tienen una vinculación muy particular con la tierra secular de sus antepasados en la cual cumplen su ciclo vital y donde buscan alcanzar su plenitud humana espiritual y material”.

“El derecho al territorio que ocupan es un derecho investido a un sujeto colectivo o a sus miembros en conjunto con relación al asentamiento físico, pues los pueblos indígenas desvinculados de su tierra, pierden su cultura”, añadió.

En función de ese derecho particular, el sistema internacional de protección de los derechos humanos estipula que deben adoptarse medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que fueran necesarias “para crear un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales de los pueblos indígenas que posibilitara la concreción de su derecho de propiedad”.

En ese marco, la representante del MPF advirtió que en “Argentina -pese a haber transcurrido más de veinte años del reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria indígena mediante reforma constitucional de 1994- se han establecido mecanismos institucionales pero ellos no van más allá de la demarcación y reconocimiento administrativo de posesión de los territorios y para, provisoriamente, evitar el desalojo de los puebles indígenas del territorio que ocupan”. “Es decir que no se ha determinado cómo procederá el Estado para llegar a una efectiva titulación y para resolver conflictos cuando la tierra en cuestión se encuentre en manos privadas”, puso además de manifiesto sobre esta problemática.

Medidas sugeridas

Los señalamientos anteriores llevaron a que Boquin entendiera que “debería suspenderse el procedimiento de venta, difiriendo su realización y la determinación del procedimiento a aplicar, a las resultas de la determinación y demarcado de las tierras cuya propiedad comunitaria se invoca”.

Esto, agregó, lograría que se diera cumplimiento a lo establecido por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes […], que dispone que los gobiernos “deberán tomar las medidas que sean necesarias” para garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión de las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente.

Pero no sólo se quedó ahí en el pedido, sino que la fiscal general resaltó que la suspensión de la subasta debería extenderse “hasta tanto se arribe a una solución consensuada, con plena participación de todos los interesados”.

Para esto, Boquin sugirió que “cabría dar intervención a la Comunidad, al Estado provincial y a las autoridades nacionales competentes por ley en la materia, para que se manifiesten en orden a no posponer indefinidamente el ejercicio de los derechos involucrados y para arribar a una solución: a) que tenga en cuenta el derecho territorial, afectado a la dinámica de la Comunidad Diaguita San Miguel[…]; b) que analice la compra por parte del Estado de las tierras en cuestión a fin de que sean entregadas a la Comunidad y en caso de que ello no sea posible, se consensué la entrega de tierras alternativas que satisfagan la utilización que de ellas haga la Comunidad, con su plena conformidad; c) fijándose un plazo máximo dentro del cual se resuelva la cuestión, satisfaciendo todos los intereses en juego”.

Finalmente, destacó como antecedente de esa propuesta el fallo de la Corte Suprema “Comunidad Indígena Toba La Primavera – Navogoh c/ Formosa”. En ese proceso, el Máximo Tribunal admitió la participación de un grupo de organismos garantes de la “Mesa de Diálogo”, constituida a partir del acuerdo suscripto entre el Ministro del Interior y Transporte y los integrantes de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, cuyo fin fue acompañar a la Comunidad “en las diferentes instancias en las que se discuten sus reclamos y observar que las medidas para la garantía de sus derechos sean acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y los requerimientos propios de dicha comunidad”.

http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/dictamen-a-favor-de-los-duenos-de-tiempos-inmemoriales-de-tierras-en-venta/

Bolivia: un indígena es presidente de la Corte Suprema

POR CONSULADODEBOLIVIA · 4 NOVIEMBRE, 2015

RADIO NACIONAL, BUENOS AIRES.- El juez Pastor Mamani se convirtió en el primer indígena en presidir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, cargo en el que en sustituye a Jorge von Borries, quien renunció en octubre pasado por problemas de salud.

Mamani fue designado anoche en un plenario del cuerpo, por 5 votos a favor y 4 en contra, en una votación realizada en Sucre, capital constitucional de Bolivia, donde tiene sede del Poder Judicial.

“Después de quinientos años, un indígena por primera vez en la historia ocupa este alto sitial que es la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso tiene que ver con los cambios estructurales que se dieron en el país”, resaltó Mamaní.

El nuevo presidente del TSJ, el tercero desde la creación de esta instancia, es oriundo de la región andina de Potosí, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y graduado en Magisterio por la Escuela Mariscal Sucre.

Mamani se comprometió a continuar la labor y aplicar las enseñanzas del ex presidente de esa instancia Von Borries, para “proseguir con el proceso de cambio” que vive la justicia en el país, y adelantó que se institucionalizarán algunas dependencias de ese tribunal y se liquidarán las causas de Sala Plena.

“Esta persona que por primera vez llega a ocupar este sitial siempre estará en comunicación directa con su pueblo y con los indígenas de este país”, manifestó.

Pastor Mamani preside el TSJ; logró cinco votos

Correo del Sur, Sucre.- Con cinco votos de los nueve magistrados que hacen Sala Plena, el potosino Pastor Mamani fue elegido y posesionado ayer como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la sesión duró casi una hora y media, se presentaron cuatro postulantes y Mamani consiguió la mayoría simple con los votos de Jorge von Borries, Gonzalo Hurtado, Rómulo Calle y Fidel Marcos Tordoya.

Después de las 20:15, el ahora decano, Jorge Isaac von Borries, salió para oficializar la elección de Mamani a quien le prometió su respaldo porque horas antes de la elección manifestó que no “apoyaría a cualquiera”.

Mamani, flanqueado por los magistrados que le respaldaron, salió a decir que se considera el primer presidente indígena del TSJ y dijo que presidirá la institución el periodo que les queda a los actuales magistrados que llevan cuatro de los seis años designados por voto universal en 2011.

“Desde la presidencia haré los esfuerzos posibles con el acompañamiento y asesoramiento de mis compañeros magistrados y particularmente de la sapiencia y conocimientos del doctor Jorge Isaac von Borries”, dijo Mamani, que prometió seguir el camino iniciado por su antecesor que renunció el pasado miércoles por razones de salud.

Mamani se comprometió a impulsar un cambio estructural en el sistema judicial con el concurso del Ejecutivo y el Legislativo; la institucionalización interna de las instancias que son de tuición del TSJ. La liquidación de las causas contencioso administrativas de Sala Plena, asimismo una coordinación permanente entre este alto tribunal y los tribunales departamentales de Justicia.

También anunció una comunicación directa con el sistema de justicia indígena de este país que en criterio de su colega Rómulo Calle se quedó “huérfano” del Estado.

Dijo que hay un compromiso de todos los magistrados de relievar y retomar la credibilidad en la administración de justicia y luchar contra la corrupción.

En las primeras horas de hoy, dijo que recibirá información del presidente saliente y después analizará la situación del personal que le acompañará en Presidencia.

Consultado sobre la cumbre judicial anunciada por el Gobierno, propuso primero cumbres regionales y después recién la nacional.

Gonzalo Hurtado, primer presidente del TSJ en 2012 que respaldó con su voto a Mamani, aseguró que priorizarán la implementación de los códigos Morales.

Por su parte, otro de los postulantes, el magistrado Antonio Campero, informó que en Sala Plena que arrancó a las 18:45, primero se postuló su colega Maritza Suntura que recibió el respaldo de Norka Mercado; después la postulación de Pastor Mamani que logró cinco votos; su persona y la magistrada Rita Nava, ambos votaron por sí mismos.

Campero dijo que primaron las negociaciones previas a la Sala Plena y Mamani consiguió el respaldo de la mayoría simple y lo que queda es apoyarle la gestión.

ANTECEDENTES

Pastor Mamani es de la comunidad de Socopoco, provincia Chayanta del departamento de Potosí, estudió en las escuelas mineras del departamento de La Paz y culminó sus estudios de secundaria en el colegio Nacional Junín de Sucre, se formó para profesor en la Escuela Nacional de Maestros, y después para abogado en la Universidad Tomás Frías de Potosí.

Mamani fue involucrado en los supuestos cobros en el caso Belaunde, pero negó tal situación.

Von Borries: Buscan dañar la labor del TSJ

Horas antes de la Sala Plena donde se eligió al nuevo presidente del TSJ, el magistrado Jorge Isaac Von Borries denunció que algunos magistrados y el Consejo de la Magistratura pretenden perjudicar la labor de este alto tribunal de justicia con una política de desgaste que hará fracasar a todos y por ello, recomendó al nuevo presidente “tomar el toro por las astas y ver qué se hace”, y ofreció su apoyo para ello.

“Despenderá de qué magistrado es electo para que lo colabore, no voy a colaborar a cualquiera”, sentenció.

Aclaró que la mayoría de cinco votos no es una mayoría que represente para trabajar. “Para seguir con cuatro en contra que perjudican la labor, que quieren arruinarlo a uno, fregarlo para que no haga, igual que el Consejo de la Magistratura”, puntualizó.

Cierra su carrera judicial como Presidente

¿Pensó en algún momento llegar a la Presidencia?

Cuando uno es abogado sueña con ser juez, me costó ser juez de provincia pero no llegué a la ciudad. para cerrar la carrera de la judicatura uno sueña con llegar a la máxima instancia de la justicia de Bolivia, pero no pensé que iba a lograr y se hizo realidad.

Cuando salió de la Sala Plena le llovieron las felicitaciones…

Sonó el teléfono y el primero fue de un vocal de Potosí y así siguen llegando las felicitaciones de todo el país sobre todo de las organizaciones populares.

No logró la mayoría absoluta, ¿será posible sostener una gestión así?

Muchos querían también ser presidentes, pero obtuve cinco votos, eso no significa que habrá una hegemonía en la actuación, prometí a mis colegas que nada haré sin consultar a la Sala Plena. Habrá coordinación con el resto de los órganos del Estado.

http://www.consuladodebolivia.com.ar/2015/11/04/por-primera-vez-en-la-historia-de-bolivia-un-indigena-es-presidente-de-la-corte-suprema/

Conociendo la Comunidad Indígena Los Chuschagastas

La Historia de lucha de La Comunidad de Chuschagasta ya tiene su libro

El día Sábado 24 de Octubre, en la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, se hizo entrega a la Comunidad del libro Conociendo la Comunidad Indígena Los Chuschagastas. Tierra, organización comunitaria e identidad. La profesora Josefina Racedo, directora del proyecto de Voluntariado Universitario que inició la tarea, estuvo acompañada por el grupo de estudiantes y profesionales de diversas disciplinas que trabajó desde el año 2013 en el relevamiento mediante entrevistas, participación en actividades comunitarias, estudio, sistematización y edición del material entregado.

La entrega se realizó en la casa de la Comunidad, en el marco de lo que fue un día de fiesta donde se homenajeó a la madre tierra, se entregó un libro a cada familia y a las escuelas de la zona, seguido de música y baile. Asimismo se prevé la presentación en la Universidad para finales del mes de Noviembre de este año.

El libro constituye un registro de las condiciones de vida de la Comunidad hoy, su memoria y el trabajo de sus ancianos, hombres, mujeres y jóvenes. Representa otro espacio donde es posible construir un pueblo protagonista, en contraposición a la tradición escrita por autores ajenos que pocas veces anclan su mirada a las condiciones concretas de las familias de un lugar. Sus opiniones, anécdotas, prioridades, conflictos y luchas están reflejadas en un libro que les pertenece en un sentido amplio.

El proceso de producción del texto fue socializado con la Comunidad y revisado por ellos previo a la impresión definitiva. Su contenido es incompleto porque la riqueza de este pueblo no entra en un solo libro, y merece como tantos, continuarse con la tarea permanente. Tarea que por ahora no es posible extender porque fue realizada de manera gratuita por el equipo de trabajo, de la misma forma que se hizo en los libros de las Comunidades de La Angostura en 2010 y Casas Viejas en 2012.

De esta forma se cierra un ciclo en el que es necesario valorar el esfuerzo comunitario y profesional que a contrapelo de las prácticas tradicionales, han volcado sus esfuerzos a la recuperación de aquellos procesos sociales cotidianos que constituyen nuestra identidad.

Comuneros y universitarios concuerdan en que el proceso de elaboración del libro constituyó un aprendizaje compartido, en el que prevaleció el esfuerzo por fortalecer la Comunidad, poniendo énfasis en los más jóvenes y por eso dice el prólogo de Josefina Racedo y vale como cierre: La Comunidad necesita de sus hijos, de allí que los forme cuidadosamente en todo lo que atañe al trabajo cotidiano y también los prepare para que continúen la lucha por su tierra y sus derechos. Esto es una enseñanza que nos llevamos, si bien conocida desde otros ámbitos, practicada aquí con una tenacidad esperanzadora.

Por APA