Quedaron imputados 8 integrantes de una comunidad originaria por agredir a policías y por usurpar el territorio que ellos consideran propio. En el enfrentamiento hubo varios lesionados.
Por Antonio Gaspar
Representantes de la comunidad Diaguita Kalchaquí se presentaron en la fiscalía de barrio Solidaridad días pasados
Los trágicos hechos de La Aguada sucedieron el 5 de febrero del presente año, cuando el personal de la Policía de la Provincia reprimió a los integrantes de la comunidad originaria Diaguita Kallchaki y estos respondieron causando lesiones a varias personas.
Los problemas se originaron por un terreno de unos 6.000 metros cuadrados, que en términos prácticos es como la superficie de una cancha de fútbol.
Se trata de un paraje ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Cachi, en el denominado Camino a La Aguada. En esa inmensidad, al pie del Nevado, hay un terreno pequeño que por estos tiempos se pinta de rojo porque lo utilizan para secar el pimentón.
El 14 de enero los trabajadores de la bodega comenzaron trabajos allí y luego fueron desalojados por los miembros de la comunidad. Se hicieron denuncias cruzadas y finalmente la Justicia ordenó desalojar a los aborígenes, por lo que hubo una violenta represión que fue filmada y luego difundida en medios nacionales.
Por ese espacio de disputa existen acusaciones cruzadas, 8 imputados por una Fiscalía y todo un aparato mediático con voces a favor y en contra, según el interés.
Hay denuncias de mujeres policías golpeadas y por otro lado de "torturas" en la comisaría de Cachi.
El problema es el limbo legal que existe sobre quién es verdaderamente el dueño la tierra. De un lado la bodega Puna tiene todos los papeles que el Estado argentino pueda otorgarle como propietario de ese lote en disputa. Del otro lado, la comunidad originaria presenta un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde reconocen la ancestralidad y la importancia religiosa y espiritual del lugar.
Entonces todo está enfrentado. La propiedad privada y la comunitaria. La forma de ver el mundo y la cosmovisión. El lote y el territorio. Lo utilitario y lo sagrado y ancestral.
De algún modo la Justicia entra en ese dilema y hasta ahora no pudo solucionar un conflicto por el cual se están enfrentando vecinos, amigos y familiares. No es que haya extraños contra lugareños peleando por un pedazo de tierra. Los policías y los autorreconocidos como originarios fueron juntos a la escuela, juegan juntos en campeonatos de fútbol y sus familias tienen definitivamente algún parentesco.
Para el ámbito legal, las cédulas parcelarias, con las matrícula 2857, 1027, 2856 y sus complementarias, indican que Javier Montero Alesanco es el propietario. En el año 2011 le compró la propiedad a la familia Michel.
En ese mismo año, el INAI realizó el relevamiento de la zona para delimitar la posesión de las comunidades Diaguitas. El proceso indicaba que luego del reconocimiento realizado por profesionales, con el apoyo de la gente del lugar, vendría la titularización comunitaria del territorio. Eso nunca llegó y sólo la posesión le reconoce un sector del Estado. Pero Montero Alesanco ni eso está dispuesto a conceder. "Yo tengo la titularidad y la posesión. Pago los impuestos y me pagan por el arriendo. Todos esos papeles están en la Fiscalía VI presentados como pruebas y todos pueden acceder a esa información. Ellos ingresaron a mi predio, cortaron los alambres e impidieron el acceso cuando yo estaba de viaje en el exterior. Cuando volví realicé la denuncia, y tras varias etapas de mediación la Justicia ordenó desalojarlos. Cuando la Policía intentó cumplir la orden atacaron a los uniformados, que estaban desarmados, y lesionaron a varios. Es por eso que ahora hay 8 imputados por usurpadores", dijo Monteros Alesanco a El Tribuno.
A la inversa, si el INAI les certificó la posesión a los Diaguitas, es muy difícil entender los argumentos de la Justicia para imputarlos como "usurpadores". También es difícil entender que 8 Diaguitas le pegaron a un comisario y a policías.
Los detalles judiciales
El pasado lunes estuvieron los 8 Diaguitas en la Fiscalía Penal VI, en una audiencia por imputación en donde los acusan de usurpadores y de haber lesionado a los policías. Es una instancia penal que investiga y es preparatoria para un juicio. Para la defensa legal de los miembros Diaguitas están Martín Plaza, Verónica Uber y Josué Díaz Cueto.
Están imputados
La titular de la delegación Cachi, Ana Inés Salinas, imputó a Norberto M. Humana, Néstor I. Casimiro y Nemesio Fabián por el delito de “usurpación por alteración de límites” en perjuicio de Javier Montero Alessanco, propietario de una finca. La medida fue dispuesta por el incidente del 14 de enero, cuando los autorreconocidos aborígenes alambraron la propiedad. También se les imputa el delito de “usurpación por despojo”, al haberse acreditado que el 5 de febrero “ingresaron a la propiedad en banda, portando palos, piedras y boleadoras con claras intenciones de despojar (por invasión) al denunciante”, según el texto de la Fiscalía. Amalio Fabián, José Condorí, Miguel Plaza, Ulises Yáñez y Dora Siarez son imputados por “usurpación por despojo”. A Humana, Casimiro, Nemesio, Walter y Amalio Fabián, Plaza, Siarez y Yáñez se les imputa “daño agravado”.
Las inconsistencias de la denuncia por usurpación
“Hay demasiadas irregularidades”, contaron los Diaguitas aportando detalles.
A Walter Fabián su madre lo había mandado a comprar pan y quedó de repente en medio de la represión policial por lo que inmediatamente quedó detenido y ahora está imputado por delitos que no tiene idea de cómo se cometen. “No nos pueden acusar de usurpación de nuestros propios territorios.
Están criminalizando el reclamo de las comunidades”, dijo el médico Miguel Plaza a quien también lo acusaron golpear policias. Lo curioso es que él filmó los videos que luego se viralizaron por las redes y llegaron a los medios de prensa nacionales sobre cómo trata la Policía de Urtubey a los originarios en Salta.
Lo curioso es que el Ministerio Público Fiscal pone en duda de la identidad de originarios y no tiene en cuenta el autorreconocimiento de las familias de La Aguada como originarios. No tiene el cuenta el relevamiento finalizado, el censo realizado, la verificación de los integrantes, la certificación de lugares y usos del lugar que están avalados por el INAI. Tampoco consideraron la personería jurídica de la comunidad expedida por el Ministerio de Gobierno.
Se debe decir que tras los acontecimientos del 14 de enero los Diaguitas realizaron una primera denuncia por usurpación, el mismo día, y con copia firmada por los abogados. La Fiscalía primero, en plena feria, dicta la cautelar. Días después entra la denuncia de los propietarios y la Fiscalía toma solo en cuenta esa segunda denuncia. El dato es irrefutable porque los acusados hoy son los Diaguitas.
Cuando los originarios son llamados por la fiscal a la primera mediación, la policía ingresa al terreno en disputa. Los efectivos, al estar la cautelar en vigencia, no podía mostrar ninguna orden judicial para esa ocupación y ahí comenzaron los problemas.
No se puede decir enfrentamiento porque la relación de fuerzas es desigual. En los videos de plaza se ve cómo los policías avanzan, golpean, tiran piedras y detienen violentamente a los Diaguitas. El único testigo que presentan para los cargos son aportados por el comisario del operativo, Ramiro Corimayo.
Resultado del mismo operativo, Néstor Casimiro, de 35 años, no más de 1.60 y 50 kilos está acusado de pegarle a varios policías. En su relato, Néstor, casado y con cuatro hijos, dijo que “tiraron al piso violentamente y lo esposaron, que lo tiraron en la caja de una camioneta y que vio a un niño atado en el mismo móvil”. El hombre jura que en la Comisaria de Cachi lo “picanearon”. “Sí, me dieron electricidad, como en la dictadura”, dijo.
