Clausura Definitiva del Proyecto Pascua Lama

COMUNICADO VALLE DEL HUASCO TRAS CONFIRMACIÓN DE CLAUSURA DEFINITIVA DE PASCUA LAMA

Tras el reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que confirma la Clausura Definitiva del Proyecto Pascua Lama, declaramos lo siguiente:

1.Sentimos enorme alegría por este fallo que ratifica la clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama por las contundentes pruebas de sus incumplimientos. Hoy es un día histórico en este Chile que aspira a refundarse. Como no sucedía hace mucho tiempo, hoy perdió la corrupción y el engaño. Este fallo le da la razón a la verdad y a la dignidad, y por fin hace justicia en este territorio tan maltratado, corroborando que se trata de un proyecto inviable, tal como lo dijo la comunidad desde un principio.

2. Durante más de 20 años, las comunidades hemos defendido incansablemente la vida y golpeado muchas puertas buscando justicia. Pero la contienda era tremendamente desigual: no solo enfrentamos a una poderosa transnacional, sino a todo el aparataje gubernamental creado en democracia, de todos los colores políticos. Los Gobiernos de Frei, Lagos, Bachelet y Piñera trabajaron codo a codo con Barrick para permitir que este proyecto se realizará a toda costa y luego, ante las evidentes señales de daños graves que denunciamos desde un primer momento, hicieron la vista gorda. Tuvieron que pasar 20 años, tres generaciones afectadas y haber daños irreparables para que se diera la razón a las comunidades. Pensamos que también es el momento de poner clausura definitiva a ese tipo de prácticas corruptas y que no buscan el bien común.

3. Este enorme logro se debe sobre todo y fundamentalmente a la decisión y al tesón de una comunidad que se opuso desde un inicio a este proyecto por considerarlo nefasto, que no se amilanó frente al enorme poderío de la empresa, que ejerció un rol fiscalizador cuando las instituciones que debían hacerlo callaron y que presionó y denunció con fuerza los graves atropellos a nuestra legislación ambiental en todas las instancias posibles. Todo eso, más el daño evidente e intencional provocado por Barrick, obligó a los servicios correspondientes a hacer su trabajo. Las instituciones no funcionaron durante largos años en los que Barrick efectivamente provocó daños irreparables. Dicho esto, valoramos el proceso sancionatorio realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente y su defensa hasta el final, y esperamos que repita esa conducta en otras comunidades que están siendo afectadas por proyectos nocivos que vulneran sus compromisos ambientales, de manera que no tengan que pasar 20 años para que se tomen las medidas correspondientes.

4.En este largo proceso, no hemos estado solos. Detrás ha estado la energía de cientos de miles de personas que han colaborado y resistido de distintas maneras, apoyando desde diferentes credos y creencias, y desde todos los rincones del mundo, a la defensa de la vida y de la naturaleza por sobre el lucro y la avaricia. También está la energía de nuestros ancestros, aquellos que nos enseñaron a amar el lugar que nos da sustento y cobijo por sobre todas las cosas. Queremos mediante estas palabras compartir este triunfo y agradecer desde lo más profundo de nuestro sentir a todos quienes aportaron para que este acto de justiciase hiciera realidad, y muy especialmente a quienes marcaron el camino y ya no están con nosotros.

5. Consideramos que la decisión del Tribunal Ambiental no podía ser distinta. Las pruebas entregadas por la Superintendencia del Medio Ambiente eran irrefutables: daño a glaciares, contaminación deliberada del río con metales pesados poniendo en riesgo la salud humana, grave afectación de flora y fauna y desacato deliberado a la autoridad y a sus compromisos ambientales, entre muchas otras. En ese sentido, ratificamos con aún más decisión que todas las comunidades tienen el derecho a oponerse a proyectos que solo traen destrucción y nada aportan a su real desarrollo.

6. Hacemos un llamado a sacar lecciones útiles para el futuro: No más Pascua Lamas ni en Chile ni en el resto del mundo. Es imprescindible escuchar a las comunidades que viven en los territorios a tiempo y no 20 años después, cuando ya hay daños irreparables. No podemos seguir permitiendo más proyectos megamineros en las nacientes de las aguas y sobre ecosistemas glaciares. Es urgente proteger todos los glaciares y sus ambientes (la criósfera) de manera efectiva, puesto que son la fuente de agua actual y del futuro. Urge también garantizar el acceso al agua como derecho humano para que este deje de ser un bien transable en el mercado. Ello implica cambiar la matriz económica   del   país y dejar de   depender de actividades extractivistas y depredadoras, particularmente la minería que contamina y destruye todo a su paso. En especial, urge respetar la decisión de los Pueblos Indígenas respecto de los territorios que habitan.

7.  Nuestra enorme alegría se debe a que, por el momento, hemos logrado salvar nuestro territorio de la muerte segura que significa Pascua Lama. Nunca perdimos la esperanza y ahora estamos prestos a seguir cultivando la vida de cordillera a mar. Porque somos parte de la Naturaleza y no algo ajeno a ella, lograremos con paciencia su recomposición tras todos los daños, muchos de ellos irreparables, que sufrimos en la alta cordillera. Seguiremos defendiendo nuestro Valle de cualquier amenaza para que las próximas generaciones puedan seguir viviendo en este lugar, la última frontera verde que hace resistencia al desierto más árido del mundo.

8. Revisaremos con atención todos los aspectos de este fallo histórico y seguiremos atentos para fiscalizar que se cumplan todos los procesos que correspondan. Reiteramos nuestra alegría y nuestra decisión de seguir adelante sin descanso para liberar definitivamente nuestro territorio de la megaminería.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO

Contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

 

La Sentencia

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PUEBLO NACIÓN DIAGUITA EN ALERTA.

La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita-Salta - ENOTPO, denuncia la intromisión de terceros al territorio comunitario de la comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, en estos momentos ingreso un tractor violentando los derechos como Pueblos preexistentes al Estado Argentino.

A pesar de haber realizado las denuncias correspondientes con fecha 26/08/2020 D. P 291/2020 y otra con fecha 05/08/2020 D.P 262/2020 contra la usurpadora Florencia Wayar, todas en la comisaría N° 61 del departamento de Cachi provincia Salta, a pesar del tiempo transcurrido hasta el momento no recibimos ninguna respuesta desde la delegación de Fiscalía de Cachi a cargo de María Juárez Mattar.

Por lo tanto, los hacemos responsables de todo hecho y situación que ocurra en nuestro territorio, del mismo modo responsabilizamos a los organismos e instituciones del Estado provincial y Nacional quienes deben velar y garantizar plenamente nuestros derechos constitucionales como pueblos originarios preexistentes.

Como Pueblo Nación estamos en Estado de Alerta ante tantos atropellos por parte de USURPADORES y USUREROS, haremos lo que corresponda en el marco del derecho colectivo y consuetudinario a resguardar nuestros bienes naturales, culturales y nuestro territorio ancestral,


JUNTOS POR MEMORIA IDENTIDAD Y TERRITORIO!!!

PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA YA!!!

SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD!!

Contacto:  387 (15) 4892412

El Presidente presentó ante el Consejo Nacional de Agricultura Familiar el plan de inversiones 2020-2021

 

En el Día del Agricultor y la Agricultora, el presidente Alberto Fernández participó esta tarde de una reunión virtual del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, donde se presentó un plan de inversiones de más de 12.781 millones de pesos para el fortalecimiento del sector y el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.

Con la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se informó que el 80 por ciento de esas inversiones se llevará adelante con financiamiento de organismos multilaterales. El plan apunta a fortalecer a un sector que produce el 62 por ciento de los alimentos que se consumen en las mesas de los argentinos y que representa el 54 por ciento del trabajo rural.

“Hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra y pueden ayudar a otros a acceder a lo que producen”, señaló el Presidente.

Y afirmó: “Hay que llevar conocimiento, infraestructura, trabajo a todo el interior del país, porque lo que ha ocurrido en las últimas décadas, muchas décadas, en la Argentina es que ha habido una concentración creciente en las zonas metropolitanas”.

“Cada argentino merece tener la posibilidad de crecer donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de hacer una familia donde nació, de tener trabajo donde nació, de disfrutar, de pasarla lindo en el lugar donde nació. Ese debería ser un objetivo que todos tenemos que meternos en la cabeza”, sostuvo.

Además, manifestó que “el desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país”. “Realmente quisiera que al cabo de mi mandato podamos ser un país más federal del que hoy somos, porque decimos ser un país federal pero no actuamos como un país federal, actuamos como un país muy concentrado en el puerto de Buenos Aires”, indicó el mandatario.

El ministro Basterra consideró que la 27.118 “es una ley de avanzada, de vanguardia, que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”.

Y destacó que durante las medidas de aislamiento implementadas ante la pandemia de coronavirus “la agricultura familiar ha garantizado el comercio de cercanía, la producción de alimentos sanos, saludables y con identidad”.

“Estamos trabajando para que el descenso histórico que ha tenido la población rural se pare”, remarcó.

Del encuentro participaron una veintena de organizaciones de todo el país que integran el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina; la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; el Frente Nacional Campesino; el Frente Agrario Evita; la Federación Nacional Campesina; la Unión de Trabajadores de la Tierra; la Federación Agraria Argentina y la Federación de Cooperativas Federadas, entre otras.

En el marco de la implementación de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue promulgada el 20 de enero de 2015, el presupuesto para el área de agricultura familiar del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pasó de 1305 millones de pesos en 2019 a 1918,9 millones en 2020 y se estima que tenga un incremento de 119 por ciento en 2021, alcanzando los 2863,6 millones. Además, se sumará para 2021 un total de 10.097 millones de pesos provenientes de financiamiento internacional.

Y en el Ministerio de Desarrollo Social, los fondos para el programa Pro Huerta también se incrementaron: de 120 millones de pesos en 2019 pasaron a 270 millones en 2020 y llegarán 400 millones en 2021.

Para fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, el Estado nacional lleva adelante iniciativas como el Procanor (Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino), el Prodecca (Programa de desarrollo de las cadenas caprinas) y el Pisear (Programa de inclusión socio-económica en las áreas rurales), que alcanza en todo el país a unas 9700 familias de pequeños productores.

También desarrolla el Prosap (Programa de servicios agrícolas provinciales) que beneficia con el desarrollo de infraestructura y de servicios rurales a más de 24.150 personas y 1200 PyMEs agropecuarias de Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan; el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, que apoya a PyMEs forestales y foresto industriales de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Río Negro, y el Prodespa (Programa de desarrollo acuícola y pesquero sustentable), orientado al sector pesquero y a productores acuícolas.

En el mismo sentido, se lleva adelante una política de Registro y Formalización de la Agricultura Familiar por medio del fortalecimiento del Programa Nacional de Registración para los Núcleos de Agricultura Familiar y Organizaciones de la Agricultura Familiar, del desarrollo de una incubadora de cooperativas productivas de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, del otorgamiento de créditos productivos a tasa subvencionada tanto para los Núcleos de la Agricultura Familiar como para las organizaciones y de la implementación de un programa integral de protección social, acceso a la salud, jubilación y ART.

También se puso en marcha el Programa Nacional de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), que busca la consolidación, el desarrollo y el crecimiento de los Núcleos de la Agricultura Familiar y la creación de nuevas Unidades Productivas Asociativas de la Agricultura Familiar para la creación de nuevos puestos de trabajo; el Programa de Asistencia Crítica y Directa (PACyD), que propone un mecanismo de asistencia extraordinaria frente a contingencias climáticas, sociales, situaciones de aislamiento geográfico, accidentes y otras siniestros excepcionales, y el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (Prontar), que contribuye a la regularización dominial de tierras tradicionalmente ocupadas por agricultores/ras familiares, campesinos/nas, pueblos indígenas y pescadores/ras artesanales.

 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-presento-ante-el-consejo-nacional-de-agricultura-familiar-el-plan-de

SALTA: USURPACIÓN Y COMPLICIDAD JUDICIAL EN TERRITORIO DEL PUEBLO NACIÓN DIAGUITA

Cuando la usurpación la cometen los terratenientes la justicia mira para otro lado.

Desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta denunciamos que un grupo de terratenientes han iniciado varios intentos de turbación de nuestra posesión comunitaria con intentos de usurpación en diferentes puntos estratégicos del territorio del Pueblo Nación Diaguita, en complicidad y el guiño de fiscales y fuerzas policiales aprovechando el contexto actual de emergencia sanitaria covid-19.

Terratenientes y firmas corporativas han ingresado en territorio de las Comunidades Diaguitas Kallchakí Las Pailas, La Aguada, Buena Vista, El Divisadero, en la mayoría de estos casos la intromisión la realizaron con maquinaria pesada, con el fin de hacer actos posesorios, dañando y destruyendo nuestros sitios sagrados, en abierta violación a los derechos territoriales de carácter constitucional y consuetudinario, con total desprecio por la posesión comunitaria y violando la Ley Nacional N.º 26.160 y sus prórrogas. También han intentado detener la reparación y canalización de la toma de agua y el cultivo de la tierra para nuestra agricultura familiar en territorio de la comunidad Diaguita Kallchakí Piúl, denunciamos el hostigamiento sistemático de la policía de Cachi enviados por la Mediadora Penal Mariana Tolaba, quién intentó impedir nuestras tareas comunales desconociendo nuestros derechos territoriales como Pueblos Originarios preexistentes, del mismo modo en territorio de la comunidad Teki en Seclantás, donde el municipio intenta tener la administración de nuestro sitio sagrado conocido como “las cuevas de Acsibi”.

La policía en todas estas situaciones actuó de manera parcial custodiando a los usurpadores, situación que se agrava ante el impedimento sanitario por covid, hecho por el cual están prohibidas las aglomeraciones y reuniones, sin embargo, el usurpador viola toda cuarentena y desconoce absolutamente las medidas sanitarias gubernamentales.

Esto se reproduce de manera sistemática y con un Poder Judicial que mira para otro lado, tal es el caso de lo sucedido en Cachi con la Delegación Fiscalía Penal Cachi a cargo de la Dra. María de los A. Juárez Mattar y la Fiscalía Penal N.º 6 de Salta a cargo del Dr. Juan Carlos Moliniati. Ante el llamado por parte de lxs comunerxs, cansados de efectuar denuncias que evidentemente se cajonean, la auxiliar fiscal Juarez Mattar de Cachi expresó abiertamente que va a “priorizar el derecho individual” por encima del derecho colectivo, haciendo explicita su tendencia a defender al sector más pudiente y criminalizando la lucha histórica de los Pueblos Originarios. De más está decir que estos atropellos se comenten violando la normativa vigente en materia de derecho de los pueblos originarios, que los funcionarios de turno parecen ignorar y desconocer intencionadamente.

Recordamos que el Estado Nacional mediante Resoluciones Ministeriales reconoció la posesión actual tradicional y publica a través de la aplicación de la ley 26160 y prórrogas. Esta ley es de orden público y en su art. 2º establece suspenderse por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras.

Denunciamos y repudiamos públicamente este accionar ambicioso y usurpador, de turbación de nuestra posesión y desbaratamiento del derecho a la propiedad comunitaria indígena de nuestros territorios.

Exigimos el pleno cumplimiento de nuestros derechos colectivos establecidos en la Constitución de la Nación Argentina artículo 75, inciso 17 y 22 (1994), la cual establece:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas.

Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten.

Derecho a una Educación Intercultural y Bilingüe.

El Convenio 169 de la OIT – Ley 24071 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU), establece:

Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas.

Derecho a la Tierra, Territorio y Recursos Naturales.

Derecho al Libre Consentimiento Previo e Informado.

Derecho a la Propiedad Intelectual.

Derecho Consuetudinario (derecho indígena o propio).

Como Pueblo Nación Diaguita convocamos a hermanxs de Pueblos Originarios, sus organizaciones colectivas, a compañeros y compañeras de organizaciones políticas y sociales a acompañar nuestra lucha territorial, en pos de resguardar y proteger nuestros bienes naturales, culturales y espirituales que son indivisibles e inenajenables, que nos vinculan con una filosofía de vida y que dan luz a nuestras instituciones legítimas.

El Pueblo Nación Diaguita está de pie, más vivo que nunca, reencontrándonos, reorganizándonos, en un momento de auto reconocimiento ascendente y dinámico.

Por el legado y la memoria de nuestros ikines y titaquines, luchamos para vivir en paz y armonía en nuestros propios territorios.


JUNTOS POR MEMORIA IDENTIDAD Y TERRITORIO.

BASTA DE ATROPELLOS A LOS PUEBLOS ORGINARIOS!!!

PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!!!


CONTACTOS TERRITORIALES

387 4892412 CDK LAS PAILAS

387 4520651 CDK EL DIVISADERO

387 4148602 CDK LA AGUADA

3868 409133 CDK BUENA VISTA

387 5188040 CDK PIUL

3874573212 CDK TEKI