PUEBLO CHUSCHAGASTA NACIÓN DIAGUITA: CÁRCEL COMÚN PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSE VALDIVIESO SASSI

 

Chuschagasta, Valle de Choromoro - actual Dto. Trancas, Tucumán 23 de diciembre de 2020 

A once años, dos meses y once días del asesinato de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar y luego de transitar un largo y duro proceso de lucha las y los Chuschagastas continuamos firmes y convencidxs en nuestro pedido de justicia. 

El 24 de octubre de 2018 la Cámara penal, Sala IV dictaminó la sentencia para los tres imputados, condenando en primer lugar al asesino/usurpador Darío Luis Amín a la pena de a veintidós años de prisión y a sus sicarios, los ex policías: Luis Humberto Gómez a dieciocho años de prisión y a Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi a diez años de prisión.
 

Los mismos fueron juzgados por los aberrantes hechos de violencia cometidos el día 12 de octubre de año 2009 en contra del Pueblo Chuschagasta momento en que los tres asesinos se presentaron en nuestro territorio ancestral Diaguita con claros objetivos de apropiarse y explotar una cantera de piedra laja. Al mismo tiempo acabar con la vida de los líderes comunitarios y de esta forma desmembrarnos como organización territorial. En dicho ataque terminaron con la vida de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar e hirieron a Emilio y Andrés Mamani, estos dos últimos sufren secuelas irreversibles hasta el día de hoy en sus cuerpos.
 

La violencia ejercida fue totalmente planeada por estos asesinos quienes ingresaron al territorio ancestral armados hasta los dientes con armas de fuego de grueso calibre, sin importarle la vida de nuestrxs hermanos y hermanas que se encontraban en el lugar resguardando el territorio de manera pacífica, entre ellxs niños y niñas de cuatro y cinco años, jóvenes, mujeres y mayores contra los que dispararon sin piedad.
 

Las practicas coloniales de opresión y persecución por parte de la familia de terratenientes Amín hacía las y los comunerxs de Chuschagasta data desde hace muchos años atrás, cuando movidos por su avaricia intentan apropiarse del territorio diaguita.
 

Utilizaron en el transcurso de estos años diversas formas de amedrentamiento tales como amenazas de muerte hacía varixs de lxs integrantes de la Comunidad Los Chuschagasta con armas de fuego, quema de casas, ensañamiento y persecución hacia miembros de la familia de Javier Chocobar, intentos de desalojos, denuncias y juicios por el delito de "supuesta usurpación" del territorio donde milenariamente hemos vivido de generación en generación. Territorio que han habitado nuestros mayores desde tiempos inmemoriales y que seguimos habitando hasta el día de hoy.
 

Las familias del Pueblo Chuschagasta nos hemos fortalecido en estos últimos once años reafirmando nuestra identidad como parte del pueblo nación diaguita y también nos hemos reorganizado colectivamente. Afrontamos dos procesos judiciales entre los años 2018 -2019 que dieron como resultados sentencias favorables hacia la Comunidad Los Chuschagasta tal es el caso del juicio oral en el año 2018 por el asesinato de la Autoridad Javier Chocobar que condenó a los tres asesinos Amín, Gómez y Valdieso Sassi a penas de veintidós, dieciocho y diez años de cárcel. En el año 2019 fue llevado a juicio oral nuestro referente comunitario Ismael Chocobar (sobrino de Javier Chocobar) una muestra clara de la persecución que vive la familia Chocobar por parte de "los Amín". En este último caso la familia Amín pretendía quedarse con la casa de Ismael Chocobar donde habitaron desde siempre sus abuelos paternos.
 

Este 23 de diciembre de 2020 finalmente la Corte Suprema de la provincia de Tucumán ratificó las condenas dictada por la Sala IV el 24 de octubre de 2018 a veintidós años, dieciocho años y diez años de prisión para los asesinos: Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso Sassi. Si bien sabemos que aún falta bastante para poder alcanzar la justicia que tanto anhelamos, estamos convencidxs que todo lo logrado hasta aquí es producto de la tenacidad de la Comunidad Los Chuschagasta y de las familias de las victimas quienes no han bajado los brazos durante estos once años de impunidad, a pesar de las injusticias y obstáculos a los que fuimos y somos expuestos.
 

Entendemos también que necesitamos con urgencia una justicia plural y democrática que garantice lo plasmado en la Constitución Nacional en materia de derecho indígena, derechos humanos y derechos como ciudadanos y cuidadanas argentinxs .
 

Repudiamos a la justicia colonial y terrateniente existente en la provincia de Tucumán, es inaceptable la complicidad actual entre los jueces corruptos quienes son parte también de las históricas familias terratenientes.
 

Rechazamos enérgicamente el mal desempeño de los jueces Daniel Leiva y Antonio Estofán quienes votaron a favor de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar, los mismos aducieron "que el asesinato fue un hecho sin intención... que no hubo planificación por parte de los asesinos".
 

Las y los chuschagastas nos preguntamos: ¿Por qué ingresaron a nuestro territorio armados hasta los dientes?¿ Por que Darío Amín busca a dos sicarios expertos en armas de fuego, como es el caso de Humberto Gómez y José Valdivieso Sassi? ¿Si es que éstos tres asesinos no tenían intenciones de masacrarnos, porque vinieron armados?
 

Asimismo, las y los comunerxs de chuschagasta nos preguntamos ¿para estos dos jueces el vídeo que filmó el asesino Darío Amín no representa una prueba contundente de la impunidad y violencia con la que actuaron aquel 12 de octubre de 2009? ¿Para los señores jueces Daniel Leiva y Antonio Estofán nuestra vida no tiene valor?
 

Ellos al igual que los tres asesinos demuestran el desprecio que tienen por la vida humana. Es verdaderamente lamentable que este tipo de jueces estén ejerciendo "cargos" en la justicia tucumana, dejan al descubierto el estrecho vínculo que mantienen con los terratenientes. Ejemplo de ello es el caso del juez Antonio Estofán que se dejó influenciar por uno de sus relatores Fernando López de Zavalia, quién es uno de los más "populares terratenientes" conocido por usurpar territorio de la Comunidad Pueblo de Tolombón entre otras comunidades.
 

Exigimos a la Corte Suprema de la Justicia de Tucumán que de una vez por todas imparta justicia y de por finalizado esta instancia judicial dentro de la provincia. Consideramos que once años de espera ya han sido suficiente tiempo para que la justicia tucumana se expida al respecto de lo sucedido el 12 de octubre de 2009. 

No queremos que se dé lugar al recurso de casación en la Corte Federal ya que eso representaría continuar exponiendo nuestras vidas al continuar los tres asesinos en libertad.
 

Exigimos que los asesinos Darío Amin y los sicarios Humberto Gómez y José Valdivieso Sassi cumplan su condena tal cual lo dictó la Sala IV el 24 de octubre de 2018.
 

Urge que el Estado Nacional efectivice la titularización y haga entrega de los territorios ancestrales a los pueblos originarios quienes habitamos lo que hoy se conoce como Argentina desde siempre. Además, es necesaria la creación e implementación de la ley de propiedad comunitaria indígena.
 

El Estado debe garantizar nuestros derechos colectivos y dejar de avalar los atropellos y muertes que se vienen sucediendo en los territorios ancestrales.
 

Nosotrxs, el pueblo Chuschagasta perteneciente a la Nación Diaguita deseamos poder vivir en paz en nuestro territorio ancestral desarrollando nuestra vida comunitaria en libertad.

¡¡¡CÁRCEL COMÚN PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSE VALDIVIESO SASSI!!!
 

¡¡¡FUERA JUECES CORRUPTOS!!!
 

¡¡¡BASTA DE COMPLICIDAD ENTRE EL ESTADO Y EL PODER JUDICIAL!!!
 

¡¡¡JAVIER CHOCOBAR VIVE EN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!!!
 

Vocerxs de la Comunidad Los Chuschagasta:
Audolio Chocobar (381) 15 599 9189
Ismael Chocobar (11) 15 3377 7684
Nancy Chocobar (381) 15 518 2405
 

FB oficial:
Los Chuschagasta Justicia para Javier Chocobar
Canal de Telegram:
Los Chuschagasta (enlace t.me/chusc)
Instagram:
loschuschagastadiaguitas

JUSTICIA TERRATENIENTE EN SALTA

Terratenientes Wayar nuevamente irrumpen territorio comunitario.

La Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas denunciamos que hoy 15-12-2020, EN ESTOS MOMENTOS, nuevamente, están ingresando a nuestro Territorio Comunitario, maquinaria pesada por orden de la terrateniente Florencia Wayar y terceros. Claramente tienen intenciones de avanzar en el territorio para hacer actos posesorios donde nunca los tuvieron. Estas acciones son una clara muestra de hostigamiento y de violencia que ejercen en contra de nuestros miembros Comunitarios en las Pailas, violan Leyes y el derecho de nuestro Pueblo Diaguita. Asimismo, van en contra de las presentaciones y disposiciones del Ejecutivo nacional y provincial y de los organismos competentes.

Cabe aclarar que la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, miembro de la Unión de Pueblos de Diaguita Salta – ENOTPO, cuenta con personaría jurídica Nº 1131/12 y relevamiento territorial RES050/14. Es decir que el Estado Nacional y provincial no solo reconoce nuestra preexistencia como Pueblo originario, sino que además pudo constatar a través del relevamiento territorial la posesión actual tradicional y publica de la comunidad, a partir del trabajo de equipos interdisciplinarios, técnicos y especialistas que lo confirman.

Contrariamente, la justicia a través de su representante, la Jueza Claudia del V. Puerta no hizo lugar al pedido de aclaratoria formulado por la comunidad, acerca de quiénes serían los ajenos al territorio, ni da lugar a una mesa de diálogo y mediación mandatados tanto por fiscalía como por el ejecutivo. La situación es tensa ya que la Justicia como órgano del Estado una vez más continúa desmereciendo y sin aplicar el derecho indígena

Ante la situación, organismos nacionales, el INAI y los organismos provinciales, Secretaria de Asuntos Indígenas y el Instituto provincial de los Pueblos Indígenas se expidieron y mostraron su preocupación por la violación a las leyes y la vulneración de los Derechos a los Pueblos originarios que se está realizando.

El INAI expresó su preocupación por la irrupción policial en territorios que el mismo organismo relevó con posesión comunitaria. En el mismo cita el marco legal nacional e internacional que se está violando al llevar a cabo estas acciones.

Por su parte la Secretaria de Asuntos Indígenas denuncia el accionar provocadora para incitar a enfrentamientos. En el mismo escrito reafirma que el espacio territorial en cuestión fue relevado en el marco de la Ley 26160 y realiza la “solicitud de una medida cautelar de NO INNOVAR” para no alterar uso ancestral del territorio que fue relevado en el 2010.

En el mismo sentido, el IPPIS a través de su representante solicito a fiscalía el inmediato cumplimiento de la Ley vigente 26160 que prohíbe los desalojos.

Responsabilizamos al Estado y sus poderes por este accionar ante cualquier situación de violencia y atropello que sufra nuestro Pueblo Nación.

Alertamos a las instituciones del Estado Nacional e Internacional y organismos que deben garantizar el respeto por nuestros derechos colectivos.

Como Pueblo Nación Diaguita nos mantenemos en Alerta y Asamblea permanente en resguardo de nuestro Territorio Ancestral.

POR LA MEMORIA DE NUESTROS IKINES Y TITAKINES FIRMES EN LA LUCHA.

SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD!!!!

TITULARIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS YA !!!!

POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!!!

Contactos

3875119202

3874892412

 

A continuación, se comparte lo que expidieron el organismo nacional (INAI) y los organismos provinciales (Secretaria de Asuntos Indígenas de Salta) y el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta.

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

“En otro orden, hemos tomado conocimiento de que, por orden de la Fiscalía actuante, fuerzas policiales irrumpieron en el territorio relevado, en apoyo a los titulares registrales en un claro posicionamiento en contra de los derechos de los miembros de la Comunidad Las Pailas, quienes vienen ejercieron la defensa material de sus derechos comunitarios.

Este procedimiento efectuado sin orden judicial, genera una enorme preocupación y este Instituto Nacional, en conjunto con otros organismos de derechos humanos solicitamos que se garantice el debido proceso, a modo de que se efectivice el respeto a las pautas culturales y la defensa de los derechos específicos que les han sido reconocidos a las comunidades originarias y a sus miembros.

A mayor abundamiento, es menester aclarar que, de conformidad con los principios emanados de los derechos de los pueblos indígenas, la endeble incidencia jurídica de cualquier tipo de documentación de terceros que reclame territorio de una comunidad indígena. La jurisprudencia ha receptado este principio de acción normativa y ha dejado asentado que en el caso de las comunidades indígenas debe ser aplicado lo normado por el art.  17 apartado 3 del Convenio 169 de la OIT que establece que “deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos, puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros, para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

La República Argentina, abogando el respeto a la diversidad cultural, consagró expresamente en el art. 75 inc. 17 de la C.N., el derecho de los pueblos indígenas a su identidad étnica y cultural, y a su propiedad comunitaria indígena en forma diferenciada a la propiedad individual. La Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión, establece la demarcación de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las Comunidades indígenas del país, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación.  La citada norma fue prorrogada mediante Leyes Nº 26.554, 26.894 y la última por Ley 27.400. El Decreto Nº 1122/07, reglamentario de la referida Ley Nº 26.160, determina que “la emergencia declarada por la Ley 26.160 alcanza a las comunidades Indígenas registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI.) u organismo provincial competente, así como aquellas preexistentes.

La ratificación del Convenio 169 de la OIT, el estado argentino asumió obligaciones y deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos indígenas. Respetar significa que el Estado no debe interferir en el disfrute de los derechos humanos ni limitarlos.  La obligación de proteger exige que impida los abusos contra las comunidades y sus miembros.  Realizar significa que debe adoptar medidas positivas para facilita el disfrute de los derechos humanos básicos.”…

Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta:

B.-PETITORIO:

“Que recientemente hemos tomado conocimiento que gran cantidad de fuerzas policiales fueron enviadas al lugar del conflicto, por orden de la Fiscalía actuante, a los fines de lograr que los titulares registrales procedan con su maquinaria a prepararla tierra para sembrar, a pesar de que allí se encuentran apostados integrantes de la Comunidad Originaria, y todo ello sin que aún exista orden de desalojo por parte de Vuestra Señoría.

Por ello, desde nuestra Secretaria entendemos que   esta medida además de   implicar   una “provocación” a   que   los enfrentamiento se agraven, y en la práctica termina resultando en un “desalojo indirecto” de los miembros comunitarios.

En consecuencia, y en el ámbito de nuestras competencias ministeriales vengo a solicitar que se tenga en cuenta las siguientes circunstancias:

A) Que la Comunidad Las Pailas, fue relevada en el marco de la Ley 26.160 y por lo tanto se encuentra amparada en las previsiones de la Ley 26.160, contra actos de turbación o desposesión de su territorio de USO ACTUAL, TRADICIONAL Y PUBLICO.

B) A   los   fines   de   evitar   enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y entre las partes en conflicto cuando no existe orden judicial de desalojo, solicito se tomen todas las medidas judiciales necesarias  para  resguardar  los  derechos  comunitarios,  en  lo  posible  una medida cautelar de NO INNOVAR, y se ordene el cese de los actos de terceros que  signifiquen una vulneración  del uso actual  tradicional  y  público del territorio comunitario, todo ello por las razones arriba esgrimidas. Hasta   tanto   se   concrete   la   delimitación   y titulación  de  las  tierras  indígenas,  los  Estados  deben  abstenerse  de  realizar “actos  que  puedan  llevar  a  que  los  agentes  del  propio  Estado,  o  terceros  que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”6.-

C) Subsidiariamente, solicito se agote la vía de la MEDIACION PENAL para el caso en cuestión, a los fines de acercar a las partes a una solución pacífica y mucho más expedita. En caso de hacer lugar a este petitorio, solicito se nos permita participar de la misma en el ámbito de nuestras competencias ministeriales.”….

Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta

Desde presidencia del IPPIS, creado y regulado por ley 7121, en cumplimiento de mis funciones vengo a informar al fiscal de turno Dr. Abel Ignacio Goitia, que la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas – Pueblo Nación Diaguita se encuentra relevada por la ley nacional de orden público, de emergencia en materia territorial 26160. Dicha normativa y relevamiento implica la imposibilidad y el impedimento de dictar medidas judiciales tendientes a llevar a cabo y/o ejecutar desalojos o medidas similares de cualquier índole en contra de comunidades originarias, razón por la cual SOLICITO al sr Fiscal la plena aplicación de la ley 26160 ante la eventualidad de que se haya ordenado en la comunidad las pailas, base territorial San Gabriel una medida de esa índole en claro desconocimiento del relevamiento antes mencionado.

Lo previamente solicitado guarda fundamento en que por dichos de los integrantes de la comunidad las pailas, personal policial se habría apersonado en el lugar pretendiendo dejar una notificación de desalojo a las personas allí apostadas.

A todo evento y para corroborar lo aquí expuesto deberá solicitarse la intervención del INAI y la secretaria se asuntos indígenas, en forma previa a cualquier medida judicial resultando nula cualquier actuación judicial sustanciada en caso no cumplirse con el recaudo señalado...

NACIÓN DIAGUITA: BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL A NUESTRO PUEBLO

VIOLENCIA ESTATAL - LA POLICÍA DE CACHI ATACO Y REPRIMIÓ A MANSALVA, EN CACERÍA DE ORIGINARIOS, DETUVIERON ILEGALMENTE A REFERENTES DIAGUITAS EN TERRITORIO DE PAILAS -

La Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas personería jurídica 1131/12 ReNaCI-INAI miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta-ENOTPO, comunica que luego de una JORNADA VIOLENTA Y REPRESIVA por parte de las fuerzas policiales, se logra frenar el atropello territorial, lxs hermanos y hermanas detenidos y demorados en el día de ayer a hs 15:30 aproximadamente, fueron liberados a hs 22:30,  la detención arbitraria e ilegal de los hermanxs se produce a consecuencia de resguardar el territorio comunitario y evitar que los supuestos titulares registrales continúen con la intromisión y turbación de la posesión territorial de nuestro Pueblo Nación.

El ataque y atropello lo llevo a cabo el comisario Sergio Villanueva a cargo de la comisaria seccional N°61 ordenado por la auxiliar de la fiscalía penal de cachi Dra María Juárez Mattar, también responsabilizamos al ministro de Seguridad Pulleiro por el accionar represivo de la policía de la provincia de Salta, actuando de forma racista y violenta con el afán de proteger y facilitar la intromisión de los usurpadores en nuestros territorios.

La auxiliar María Juarez Mattar, con sus actos ilegales, y violatorios de los Derechos Colectivos de los Pueblos originarios PREEXISTENTES A LOS ESTADOS, parece destilar odio y racismo hacia los pueblos originarios, su accionar responde a los intereses elitistas de una Justica oligarca y aristocrática, sistema caduco, hoy nuestras sociedades precisan sistemas jurídicos plurales, acordes a un país pluricultural y plurinacional.

LAS FUERZAS POLICIALES REPRIMIERON CON PALOS Y BALAS DE GOMAS, DETENIENDO ILEGALMENTE A UN MENOR Y A LOS REFERENTES HERNAN FABIAN, A LA HERMANA VERÓNICA CRUZ, QUIEN ESTA EMBARAZADA, PONIENDO EN RIESGO SU SALUD Y SU EMBARAZO, HECTOR FABIAN, VOCAL DIAGUITA Y RESPONSABLE DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE PUEBLOS INDIGENAS EN SALTA, A JUAN CONDORI DELEGADO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS.

Todos estos hechos de violencia estatal e institucional hicieron que el Dr Molinati a cargo de la Fiscalía penal N°6 se llegue al lugar de la represión y tomar nota in situ del conflicto, y para tener una mayor observación de lo que estaba sucediendo ya que no se trata de un asentamiento, sino de una estructura precaria donde de forma simbólica se reafirma la posesión ancestral de usos y costumbres, como espacio de producción agrícola que es el autosustento de nuestras familias en ese territorio, ya que gran parte de la justicia toma determinaciones desde una oficina, el Fsical arribo a eso de las hs 19:00.

Luego de un dialogo intercultural, se firmó un Acta Acuerdo que ambas partes se comprometen a respetar, donde la familia Mamani miembros Comunitarios del Territorio de Pailas permanecerán en el lugar y NO ingresarán maquinarias al lugar por parte de Florencia Wayar, a su vez informo de un proceso de Mediación Penal para mediados de enero de 2021.

El espacio territorial en conflicto en los últimos años estuvo limitado su uso por parte de nuestras familias debido a la presión y hostigamiento de los supuestos titulares registrales Florencia Wayar y Carolina Wayar prima hermana del ex vicegobernador Walter Wayar. Los Wayar, terratenientes arribados a territorio Diaguita, apenas hace algunas décadas, bajaron desde el sur del actual estado Plurinacional de Bolivia. Desde su llegada a Territorio Diaguita comenzaron a replicar la colonización territorial, atropellando y apropiándose de lo Originario, aún esta vivo el relato desgarrador de nuestros mayores sobre el maltrato y abuso que cometieron estos “señorxs” feudales.

A 528 años de la intromisión de los extraños a nuestros Territorios americanos, a 484 años de la llegada de los delincuentes y usurpadores a nuestros territorios, a10 años del último intento de desalojo en territorio de la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, a 26 años de la reforma constitucional que recepto los derechos de los pueblos originarios preexistentes, a 14 años de la vigencia de la Ley Nacional de Emergencia 26.160. A 71 años de la Declaración de los Derechos Humanos EXIGIMOS al estado nacional y provincial que garanticen nuestros derechos básicos como pueblos originarios.

Como pueblo Nación Diaguita permanecemos en Alerta y Asamblea permanente, para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial de nuestros miembros y familias.

Los Pueblos Originarios solo queremos vivir nuestros territorios, en paz, en libertad, y en verdadero desarrollo con identidad.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada Territorio, a cada Pueblo, a cada organización y espacio Colectivo, a todxs y cada unx que se hicieron eco de nuestra situación territorial y nos acompañaron visibilizando y denunciando el ataque y atropello a nuestro Pueblo y Territorio.

RESPONSABILIZAMOS AL EJECUTIVO PROVINCIAL POR EL ATAQUE Y ATROPELLO A NUESTRO TERRITORIO COMUNITARIO, PONIENDO EN RIESGO LAS VIDAS DE NUESTRXS HERMANOS Y HERMANAS DIAGUITAS.

Como Sujetos de Derecho y en nuestra Libre determinación como Pueblo Nación nos reservamos el derecho a asumir las medidas administrativas, jurídicas y políticas que correspondan a fin de reparar el daño y ultraje a nuestro Pueblo.

POR LA MEMORIA DE NUESTROS IKINES Y TITAKINES FIRMES EN LA LUCHA.

SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD!!!!

TITULARIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS YA !!!!

POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!!!

Contactos: 387-5119202/387-4892412-3874126063

 

 

Juzgado de Garantias N°8 Jueza Dra. Claudia del Valle Puertas.

Secretario Dr. Abel Ignacio Goytia.

Telf 4258206

Fiscalía Penal N° 6: Dr. Juan Carlos MOLINIATI ;

Delegación Penal Cachi:

Auxiliar Dra. María de los Ángeles Juárez Mattar.

Defensor Oficial Penal Unidad N°2

Dra. Marta López

Telf. 387 444 3012

Policía

Comisario Inspector Sergio Villanueva.

Telf. 387 4565

Kachi: Pueblo Nación Diaguita, momentáneamente desalojo suspendido.

 

La Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas Personería Jurídica N° 1131/12 RENACI-INAI comunica que se dejó sin efecto la orden de desalojo firmada por el Secretario el Juzgado de Garantías N°8 cargo de la Jueza Caludia del Valle Puertas, solicitando dicho tribunal los informes correspondientes tanto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Nación, a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta para que expresen si la ocupación del territorio en cuestión se encuentra contemplado por la Emergencia Territorial de la Ley 26.160, como así también dio intervención del Defensor Penal Oficial, dando un plazo de 48 hs a los organismos para tales tareas. La Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas mediante nota solicitamos a los distintos organismo que de manera urgente hagan presentación de los debidos informes, como así también se expresa la voluntad de constituir una mesa de diálogo interinstitucional e intercultural. 

A 10 años del último intento de desalojo en La Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, a 26 años de la reforma constitucional que recepto los derechos indígenas, a 14 años de la vigencia de la Ley Nacional de Emergencia 26.160, denunciamos públicamente uno nuevo intento de despojo de nuestros territorios. 

El día 6 de diciembre la comunidad recibió una nueva orden de desalojo, esta vez por parte del Juzgado de Garantías N° 8 a cargo de la Jueza Claudia del Valle Puertas, intimando a los poseedores a desocupar el territorio comunitario. 

Una vez más funcionarios de la justicia salteña desconocen no sólo las leyes nacionales sobre pueblos indígenas sino también los convenios internacionales en la materia, haciendo caso omiso inclusive a la última sentencia del mas alto tribunal interamericano, donde fue condenada la provincia en materia de derechos humanos indígenas.

Seguimos en asamblea permanente, en estado de alerta, en resguardo del territorio ancestral, exigiendo que se cumplan nuestros derechos como pueblo preexistentes.

Agradecemos a todos los que se hicieron eco de lo que nos está ocurriendo, para evitar que esto termine en un desenlace de violencia institucional hacia la comunidad. 

Por la memoria de nuestros Ikines y Titakines firmes en la lucha. 

Somos el grito ancestral de libertad!!!! 

Titularización de nuestros Territorios!!!! 

Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio!!! 

Contactos: 

387-5119202

387-4892412