26 de diciembre de 2017

Comunidades de Trafun toman posesión de su sitio ceremonial ancestral y reafirman reivindicación territorial

Comunidades mapuche Vicente Reinahuel y Juan Painepe 2 de Trafun de la zona de Trafun (zona cordillerana Región de Los Ríos), tomaron posesión efectiva de su sitio ceremonial y reafirmaron su proceso de reivindicación de tierras ante la usurpación que han sido objeto por parte de la empresa “Las Vertientes” y el Estado chileno.

Declaración Pública de las comunidades de Trafun.

Las comunidades mapunche, Vicente Reinahuel y Juan Painepe 2 de Trafun, comunidades históricas que hoy cuentan además con personalidad jurídica, comuna de Panguipulli, región de los Ríos, declaran públicamente, a nivel comunal, nacional e internacional, lo que sigue:

Este sábado 24 de diciembre del presente año (2017) desde las 6 de la mañana, hemos tomado posesión de nuestro sitio ceremonial, que ancestralmente hemos ocupado, con el fin de darle uso por derecho propio y colectivo.

Ante la falta de garantías en las tramitaciones institucionales , la liviandad de la ley indígena 19253, sus reglamentos y la falta de voluntad política de las entidades administrativas de las instituciones públicas, hemos considerado absolutamente legítimo hacer ejercicio de derechos colectivo en lo ceremonial, junto a eso ratificar el proceso reivindicativo de las 13.000 hectáreas usurpado por complicidad del estado Chileno y particulares y que hoy ostenta la empresa “Las Vertientes”, en del fundo Trafun. Nuestra pretensión como mapunche será siempre la restitución de nuestras tierras y la administración de los derechos colectivos que hoy se ven limitados por la reducción de las tierras en la que hoy vivimos.

Considerando que como el estado chileno ha ido gradualmente retrasado nuestras aspiraciones de dar uso por herencia en nuestras tierras históricas, intento, en donde hemos vivido más represión que solución, es que nos hemos instalado en el Rehuel, al interior del fundo Trafun.

Por la Falta de autoridad política y falta de voluntad de los mismos, en favor del progreso de los pueblos indígenas, seguimos convencido en avanzar sin dar un paso atrás hasta la recuperación total de nuestra demanda, reafirmando que derechos legítimos a la restitución de a nuestras tierras están suscrito en la vigencia de derechos internacionales, actuando de firmante el propio estado chileno, como es el convenio 169 de la OIT, la Declaración De las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.

Por lo tanto, exigimos y exhortamos a los gobernantes ponerse a la altura de nuestras libertades fundamentales, Manifestamos para ello nuestra voluntad de dialogar con representantes ministeriales, para para el avance de soluciones en este proceso reivindicativo, y no aplicando políticas represivas que vulneran nuestros derecho y estigmatizan a nuestra gente, al negar el acceso a nuestros complejos ceremoniales y avalar la destrucción de nuestros símbolos espirituales, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones por parte de la empresa, en este mismos lugar cada vez que hemos instalado un Rewel y ejercido nuestro derecho a la libertad de culto.

Tomamos la resolución de establecer de forma permanente que todos los años realizaremos nuestro guillatún entre el 22 y 25 de diciembre, como forma de reafirmar nuestra espiritualidad que es la base de nuestro weichan.

Reiteramos el llamado a nuestro pueblo para apoyarnos mutuamente, en cualquier circunstancias agresiva de parte del estado / empresarial. Y mantener nuestro kelluwun como forma de resguardar nuestro bienestar en los distintos territorios.

Comunidad Vicente Reinahuel,

Comunidad Juan Painepe 2

Parlamento mapuche de Koz koz

Trafun, 25 de diciembre de 2017

Familias cafeteras de Chiapas se independizan de Wall Street y evitan abusos de intermediarios




La comunidad tseltal, en el norte del estado mexicano de Chiapas, lleva 25 años organizándose cooperativamente con el apoyo de la Universidad Interamericana y ha logrado inaugurar cuatro cafeterías que le sirven de boca de comercialización para su café agroecológico. La experiencia les permitió a los agricultores familiares obtener su propio precio justo y dejar de lado tanto la explotación del coyotaje (intermediarios) del mercado local como la dependencia del precio internacional fijado por los concentradores mundiales del mercado. Una historia que merece ser conocida.

En Chilón, Chiapas, 244 familias indígenas tseltales productoras de café y miel desafían varios de los postulados capitalistas. En un proceso de cooperación iniciado en 1993 han logrado mantener un precio fijo por encima de los mercados internacionales al formar su propia cadena de valor sin necesidad de recurrir a los intermediarios que los explotaban.

En un proceso lento pero firme, lograron organizar una planta-escuela de café que les asegura la continuidad de la producción, abrieron una pequeña cadena de cuatro cafeterías universitarias que les sirven de boca comercializadora, organizaron su propia microfinanciación para evitar la usura de los prestamistas y actualmente exportan el 90 por ciento del café tostado que producen a los Estados Unidos.

La historia comienza con una microempresa llamada Bast’ il Maya, inaugurada en 1993, que buscaba organizar el trabajo y mejorar los ingresos de los productores explotados. Por entonces eran solo 22 familias cafeteras de 30 comunidades, apoyadas por un grupo de jesuitas. En 2001, este grupo original y otros afines formaron la Cooperativa Ts’ Umbal Xitalha’, que desde un principio tuvo en claro que la unión no era un mero emprendimiento comercial sino que también serviría para atender los problemas de la comunidad en la que vivían. Su filosofía es buscar el máximo beneficio social, no la utilidad.

A partir de 2006, empezó a colaborar con el grupo la Universidad Interamericana que los ayudó en la organización de la cadena comercial propia. Fue en la sede del Distrito Federal de esa entidad que se inauguró la primera cafetería Capeltic, que les permitió cerrar el círculo con el manejo de la producción y la venta directa.

Para completar el círculo económico, en 2013 comenzó a funcionar la organización Comon Sit Ca’ Telcic, para asistir financieramente a las familias productoras, con fondos que obtienen del programa estatal FIDES ECOSOL (una línea de microcréditos para empresas de la economía social y solidaria), además de organizaciones y fundaciones internacionales como Caritas Suecia, un programa internacional del gobierno de Japón y un programa social del Banco Nacional de México (BanaMex).

Uno de los secretos del avance del proyecto fue la decisión temprana de apostar a una calidad de café superior. Para eso, reacondicionaron la tierra y se dedicaron a desarrollar cultivos agroecológicos. La creación de la planta tostadora que sirve también de Escuela de Café permitió crear un ámbito para que los hijos de los campesinos puedan especializarse y mejorar la dinámica del trabajo en común.

La producción de la Cooperativa Ts’ Umbal Xitalha’ creció un 300 por ciento en 2013, pero esa mejora de la productividad no es una carrera por acumular capital sino que va acompañada de una mirada que abarca la relación con la comunidad y sus necesidades. Por eso en el proyecto está contemplado el uso de fondos para mejorar la infraestructura, impulsar nuevos emprendimentos (como la Cooperativa de mujeres Yip Antsetic, de productos higiénicos en base a miel) y financiar mejoras en la educación, la salud y la vivienda.

Para una mayor información recomendamos:

www.capeltic.org/blank-1

(*) Fuente: Red PP

23 de diciembre de 2017

TERRITORIO SAGRADO

Nueva Zelanda otorga a Mount Taranaki los mismos derechos legales que una persona


La montaña sagrada de la Isla Norte es la tercera característica geográfica del país que recibe una 'personalidad jurídica'

Ocho tribus maoríes locales y el gobierno compartirán la tutela de la montaña sagrada. Fotografía: David Frampton / AP

Monte Taranaki en Nueva Zelanda se le otorgarán los mismos derechos legales que a una persona, convirtiéndose en la tercera característica geográfica del país a la que se le otorgará una "personalidad jurídica".

Ocho tribus maoríes locales y el gobierno compartirán la tutela de la montaña sagrada en la costa oeste de la Isla Norte, en un reconocimiento largamente esperado de la relación de los pueblos indígenas con la montaña, que lo ven como un antepasado y whanau, o miembro de la familia .

El río Nueva Zelanda otorgó los mismos derechos legales que al ser humano

El nuevo estatus de la montaña significa que si alguien lo abusa o lo perjudica, es lo mismo legalmente que dañar a la tribu.

En el registro de entendimiento firmado esta semana, Mount Taranaki se convertirá en "una personalidad jurídica, por derecho propio", dijo el ministro para las negociaciones de tratados, Andrew Little, obteniendo derechos similares al río Whanganui, que recibió personería jurídica a principios de este año. .

Little dijo que el acuerdo ofrecía la mejor protección posible para el hito, que se está convirtiendo en una atracción turística cada vez más popular después de que Lonely Planet nombrara la región de Taranaki. el segundo mejor lugar para visitar en el mundo el año pasado.

"Como local de New Plymouth, crecí bajo la mirada de la maunga [montaña], así que estoy particularmente satisfecho con el respeto otorgado a los tangata whenua locales [la población local] y la protección legal y la personalidad otorgada a la montaña", dijo Little. 

"Los acuerdos de hoy son un hito importante en el reconocimiento de las quejas y daños del pasado, ya que Taranaki iwi experimentó algunos de los peores ejemplos del comportamiento de la Corona en el siglo XIX".
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Como parte del acuerdo, el gobierno de Nueva Zelanda se disculpará con los maoríes locales por incumplimientos históricos del Tratado de Waitangi contra la montaña, aunque las tribus locales no recibirán compensación financiera o comercial.

El principal negociador de Taranaki iwi, Jamie Tuuta, dijo a Fairfax que el acuerdo era significativo para los maoríes en todo el país.

"[Mt Taranaki] proporciona ese sentido de lugar, asociación social e identidad", dijo.

Gerrard Albert, quien negoció la personalidad jurídica del río Whanganui a principios de este año después de una pelea de 140 años, dijo que todas las tribus maoríes se consideraban a sí mismas como parte del universo, a la misma altura que las montañas, los ríos y los mares.

Las nuevas leyes introducidas honraron y reflejaron su visión del mundo, dijo Albert, y sentó un precedente para que otras tribus maoríes en Nueva Zelanda sigan los pasos de Whanganui y Mt Taranaki.

"Podemos rastrear nuestra genealogía hasta los orígenes del universo", dijo Albert. "Y por lo tanto, en lugar de ser nosotros los dueños del mundo natural, somos parte de él".

El monte Taranaki tiene 120,000 años de antigüedad y es el volcán inactivo más perfectamente formado del país, que entró en erupción por última vez en 1775. También se cree que es la montaña escalada más frecuentemente de Nueva Zelanda.

21 de diciembre de 2017

Barrick Gold va a juicio por el “mayor desastre ambiental de la historia minera de la Argentina”


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Para Barrick Gold comienzan a cerrarse algunas salidas. Luego de rechazar los pedidos de nulidad, el juez Pablo Oritja elevó a juicio la causa por el primer derrame de solución cianurada que la multinacional canadiense tuvo en la mina de Veladero, ubicada en la provincia de San Juan.

El “incidente” –así prefieren denominarlo desde la empresa– considerado por los ambientalistas como el “mayor desastre ambiental de la historia minera de la Argentina”, ocurrió entre el 12 y el 13 de setiembre de 2015 y significó que 1 millón de litros de solución de este ácido, llegara al cauce de las aguas que provienen de los deshielos de la cordillera y que dan nacimiento a diferentes ríos y arroyos.

El magistrado, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia cuyana, explicó que la defensa de la minera había impulsado dos pedidos para invalidar la causa, al afirmar que se había tratado de un “simple incidente". Sin embargo, ambos fueron rechazadas por el requerimiento de elevación a juicio y por pruebas que el juez federal Sebastián Casanello sumó al expediente.

Según la denuncia, iniciada por vecinos y ONG´s, la contaminación se produjo por culpa de una compuerta con salida al río que estaba abierta. Esto derivó en el despido de unos quince empleados por no haber "facilitado la investigación de la Justicia" y en el procesamiento por negligencia de nueve ejecutivos de la compañía minera, que pasaron a ser ocho, cuando al gerente General, Antonio Adamez, se lo sobreseyó. 

De esta manera, la Justicia decidirá las responsabilidades que Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos) tuvieron en este desastre ambiental, que afectó a los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas.

La decisión de Cortijo se suma a la del juez Casanello, que el 28 de noviembre pasado procesó a cuatro funcionarios nacionales al entender que tuvieron implicancias en los derrames de Barrick Gold. El fallo, considerado histórico por las organizaciones ecologistas, acusa a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación (Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso) y al ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ricardo Villalba) por la violación de la Ley de Glaciares. Además, ordena un embargo por cinco millones de pesos y prohíbe salir del país a los cuatro imputados.

De acuerdo a las investigaciones de Casanello, que contó con los aportes de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Diego Seguí, el razonamiento es sencillo: de cumplirse la legislación, tanto Veladero como Pascua Lama (el otro proyecto minero de Barrick Gold) no deberían existir, por ende, no hubiese habido derrames posibles.

Además de esta, Barrick Gold tiene dos causas más abiertas en la Justicia. La compañía también es investigada por otros dos derrames tóxicos, del 8 de septiembre de 2016 y del 28 de marzo de este año, producidos en la mina de Veladero.

A diferencia de su posicionamiento sobre el caso del 2015, Oritja podría archivar la causa sobre el segundo derrame al entender que no alcanzó ningún curso de agua y, por lo tanto, no se generó ninguna “comisión de delito”.

Esto fue ampliamente rechazado por ambientalistas e, incluso, por algunos especialistas en minería, quienes recordaron que Barrick Gold en un principio (como en las otras ocasiones) intentó ocultar el incidente, confirmándolo recién una semana después, debido a que los propios operarios de la compañía empezaron a reconocerlo públicamente.

Fuente: Foro Ambiental 

19 de diciembre de 2017

Multitudinaria manifestación de rechazo a la reforma previsional

La masiva marcha que fue invisibilizada

Mientras las piedras y la represión se llevaban la atención de los medios masivos, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron y colmaron la Plaza del Congreso y sus alrededores. Los dirigentes destacaron que “se amplió la base social de la protesta”.
Por Laura Vale

Los miles y miles de personas que se manifestaron casi no fueron mostradas por los canales de TV, que se concentraron en los incidentes. 

“No se quejen... ¡Esto es un juego de niños!”, dice Beto López Camelo, ex dirigente de los municipales de San Miguel, hoy devenido en profesor de historia en un colegio secundario. Lo dice cuando en la plaza del Congreso, con mucha gente a pesar de los choques con la policía que se siguen produciendo contra las vallas, unos metros más adelante, varios manifestantes comienzan a señalar hacia los pisos altos de un edificio donde la policía abrió las ventanas para disparar desde la altura gases lacrimógenos. “¿Qué no se queje quién?”. Pero López Camelo ya no responde: acaba de caer cerca un cartucho de gas, y después otro. Desde adelante llega una oleada: los manifestantes que están más cerca de las vallas ya vienen retrocediendo en masa. “¡No corran! ¡Tranquilos!”, gritan mientras retroceden. Todo el mundo sabe que en medio de una corrida lo que no hay que hacer es correr.

El problema son los gases. Las fuerzas de Seguridad tienen nuevas armas que les permiten tirarlos a distancia, desde 60 o 70 metros. Si se riega una plaza llena, habrá empujones para salir. Si se siguen tirando gases durante varios minutos –los cartuchos caen en medio de las columnas que tratan de retirarse–, lo que se produce es una avalancha.

Muchos logran salir por la Avenida de Mayo, pero las calles paralelas a la avenida son angostas. Pronto hay escenas de ahogamiento: personas que caen al piso y son pisoteadas, pánico. El dueño de un bar de esta zona de embudo abre sus puertas cuando los vidrios parecen a un paso de estallar por la presión humana. Una vez que los gases se dispersan, la policía, desde atrás del vidrio, filma a los manifestantes refugiados dentro. Después empiezan las detenciones.

Hasta ese momento, en la franja de plaza que bordea el Congreso habían transcurrido dos horas de piedrazos contra una policía que, a su vez, tiraba balas de goma y gases, a corta distancia. Jóvenes con pulmones de 20, piernas de 20 y nada que perder cargaron contra el vallado que se desplegó para el blindaje del Congreso. Los primeros piedrazos comenzaron unos minutos después de las dos de la tarde, cuando en la Cámara de Diputados se reunía el quórum para a sesionar.

Los canales de televisión lo mostraron en directo, ya que todos sus móviles estaban instalados en el lugar. En cambio, quedó invisibilizado lo que pasaba unos metros más atrás, sobre gran parte de la plaza, donde los gremios y los movimientos sociales permanecían en el lugar. Por la Avenida de Mayo, cubrieron desde la mitad posterior de la plaza hasta la Avenida 9 de Julio. A su vez, por la 9 de Julio hacia el Obelisco se extendieron por otras tres cuadras más. 

En la plaza o sus cercanías, hasta la avanzada policial que gaseó toda la zona, permanecieron también sus dirigentes: entre ellos, Héctor Amichetti (Gráficos), Sergio Palazzo (Bancarios), Omar Plaini (Canillitas). 

–¿Por qué se quedan? –le preguntó PáginaI12 al titular de la Federación Gráfica, que en uno de los canteros se mantenía con su columna, a pesar de que radios y canales sólo hablaban de grupos violentos. Las transmisiones en vivo de los choques ya llevaban más de una hora. 

–Para mantener esto, que es una expresión de las organizaciones sindicales y sociales contra la reforma. Hay que sacar esa idea de que lo que está protestando es el activismo- dijo Amichetti. 

Sobre la Avenida de Mayo, casi llegando a la 9 de Julio, estaban los Bancarios, con Sergio Palazzo. 

–¿Cómo ve esto que pasa?

–Se amplió la base social de la protesta –contestó el dirigente–. Es lógico que haya reacción frente lo que es un paquete de leyes insensible, que implica un despojo a los sectores más vulnerables. Por eso nos vamos a quedar a pesar de que haya represión.

Otros gremios que movilizaron: sectores de la CGT, como la Unión Obrera Metalúrgica, con sus seccionales del conurbano y San Lorenzo; delegaciones de las regionales cegetistas, como la de Rosario; todos los gremios de la Corriente Federal (bancarios, gráficos, docentes del Sadop, curtidores); los gremios de las dos CTA, como Ctera, Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato del Neumático, entre otros; también seccionales de Luz y Fuerza, del Sipreba (trabajadores de prensa), taxistas (los de la CTA), los telefónicos, ladrilleros, aceiteros, entre otros.

Marchó también todo el arco de los movimientos sociales –completo– y el movimiento cooperativo –aquí hay que listar desde las empresas recuperadas del MNER hasta las cooperativas de trabajo nacidas de los programas de construcción de viviendas, creadoras de la CNCT–.

***

Con el antecedente de la represión del jueves, la gente fue a la marcha mucho más organizada. Esto se vio en que armaron columnas acordonadas, listaron a los integrantes de cada grupo, designaron encargados de centralizar la información y abrieron grupos de WhatsApp. Esto fue algo generalizado. 

A las 10 de la mañana, en la estación San Martín, Caseros: un grupo de Pueblo Unido (organización barrial que integra la CTEP) se junta en el andén esperando el tren. Antes de la partida, un referente reúne a todos y explica: “Esta marcha es diferente a las que venimos yendo. Los que estuvieron el jueves vieron la represión: se llevaron detenidos, tuvimos corridas, nos desorganizamos. Hoy tenemos que mantenernos juntos, no separarnos ni empezar a correr para cualquier lado. Hicimos un listado, si alguien se pierde hay que avisar enseguida. Pero, sobre todo, no corran. Vamos todos y volvemos todos juntos”.

***

La argumentación que atribuye los choques con la policía a “infiltrados” es un discurso fácil, además de contagioso, pero tiene poco que ver con la plaza real. Aquí viene el difícil trabajo de explicar lo que se podía ver sin la intermediación de las pantallas: los tiradores de piedras contaron todo el tiempo, a pocos metros, con la permanencia de los gremios y movimientos sociales. Nadie en la plaza se escandalizó por estos choques. Las columnas de manifestantes se acordonaron, corrieron a sus integrantes unos pasos más atrás y cuando pudieron, trataron de recuperar terreno, de nuevo hacia el vallado. 

Algunos testimonios tomados entre estos sectores –los de los piedrazos–, en palabras de protagonistas que aquí se evitará identificar: 

“Hoy seguramente a la reforma la van a aprobar y van a estar sesionando por varias horas. Para nosotros, la mayoría de la cúpula ya arregló. Ya hicieron sus cuentas, se quedan con menos afiliados pero les cierran los números, no van a plantarse. Por otro lado, este no es un Gobierno como los anteriores, que no podían sostenerse sin un cierto grado de consenso, pongamos el caso de (Fernando) De la Rúa. Lo que se viene es sostener los reclamos hasta que se arme una nueva camada de dirigentes”.

Otro: “Estos son pibes duros, curtidos, pero además en los barrios hay toda otra cabeza. No son el papeo del 2001, cuando tenían bronca pero no sabían ni lo que pensaban”.

Como a medida que pasaban las horas el clima se caldeó, buena parte de los gremios se alejó unas cuadras y esperó en la Avenida 9 de Julio. Tenían la intención de reagruparse y volver a entrar en la plaza, pero luego se desató el operativo policial de “barrido”, con gases de toda la zona. 

Así fue la desconcentración, en medio de choques que se trasladaron y siguieron por varias horas, hasta entrada la noche, hacia el Bajo.

Publicado en: Página 12

18 de diciembre de 2017

Volver a la tierra


La agroecología se multiplica al igual que la conciencia de sus beneficios: conocer y producir qué necesita nuestro organismo, comer sin veneno y dejar de alimentar el negocio de multinacionales no son sólo decisiones “saludables”. Son políticas.

Juan Ignacio Calcagno

"No habrá paz en el mundo con estómagos vacíos”, solía decir Norman Borlaug. Durante la Revolución Verde, el padre de la agricultura moderna logró un importante incremento de la productividad agrícola a nivel mundial, gracias a la cruza selectiva de plantas de maíz, arroz y trigo. Y lo cierto es que muchas personas de países con pocos recursos, como para entonces eran Pakistán e India, sobrevivieron a la hambruna. Aunque, bien en el fondo, sabemos que esos miles de millones de personas, no hicieron más que envenenar su cuerpo: Borlaug motivó el uso de fertilizantes químicos, como pesticidas y herbicidas. También la explotación intensiva del suelo mediante el monocultivo, la deforestación de los bosques y el uso de grandes cantidades de agua de riego y energía a base de petróleo.

Más allá del atropello, hoy, casi medio siglo después, los saberes campesinos echan raíces sanas y fuertes. Recobran fuerza en medio de la ciudad, son el sustento de un movimiento que busca un cambio de conciencia y le hace frente al agronegocio. 

Muchos de los que practican Agroecología encuentran un refugio en la huerta comunitaria que autogestiona el centro cultural El Transformador, en Haedo. “Es el modo ancestral de conectarse con la tierra”, nos dice Melina Tassara, quien trabaja en este espacio del conurbano bonaerense. Allí, aprenden a sembrar, siempre cuidando no dañar la tierra. A respetar los procesos naturales de las plantas. A combatir las plagas con recetas caseras, sin el uso de agrotóxicos, para causar el menor daño posible. Hay naturaleza viva alrededor. Al mismo tiempo, hay un compromiso social y ambiental, arropado por una visión holística de la realidad.

Elegir qué comer y de dónde obtener el alimento, es una de las premisas de aquellos que se involucran en este mundo consciente. Y que sostienen emprendimientos artesanales con productos agroecológicos, como alternativa a la perversidad del sistema alimentario convencional; que envenena, mata, y responde a los intereses de las grandes corporaciones.

“Apostamos por la generación de un núcleo local con el barrio. Lo bueno es que hay cada vez más gente queriendo alimentarse mejor. El mercado surgió así. A partir de la inquietud de un grupo de compañeros, armando grandes compras y organizándonos”, cuenta Melina. Cooperativas, fábricas recuperadas, pequeños y medianos productores -cerca de 40-; todos tienen su lugar en la Flor de Feria, los segundos sábados de cada mes, en el Transformador. 

El Ombú de las Piernas Cruzadas, en General Rodríguez, produce verduras aromáticas y frutales, y plantines con humus de lombriz, de manera agroecológica. Es decir: libres de veneno. “Trabajamos con fertilizantes naturales, se trata de producir alimentos sanos. Hay sistemas para hacer huertas que no son tan invasivos, como lo es hacer un surco. Nosotros no usamos máquinas. Hacemos todo a pala”, asegura Gastón, que confiesa haberse escapado de la ciudad al campo más bien por “una necesidad espirituosa”.

Para algunos, el cambio de conciencia respecto de una alimentación saludable, es gradual. “Te das cuenta que hay otras posibilidades. Que hay plantas silvestres que son alimento y las podés comer. Ni siquiera tenés que ir a comprar”, sostiene Gastón. Otras veces, es sólo cuestión de estar atento a las señales que nos da el cuerpo.

“En mi caso, el detonante de seguir este camino fue una enfermedad. Y cambiar las prácticas me fue devolviendo poco a poco la salud”, suelta Juan Daga, de Al Natural, donde “planteamos una solución para celíacos, y aquellos que están dejando las harinas”.

Tiene que ver con un estilo de vida más allá de la alimentación, asegura su compañera de ruta, Aldana: “Si hay una persona celíaca, podemos comer todos lo mismo y alimentarnos lo más sano posible.

Mucha gente piensa que comerse un yogurt del supermercado es saludable. Lo que se vende ahí es alimento balanceado para humanos.

Los precios de los alimentos agroecológicos -que son más baratos que los “orgánicos”, porque no requieren certificación- varían, según dónde se hagan las compras. En ocasiones pueden ser más caros que las frutas y verduras que se venden en los mercados convencionales. Pero lo que es incomparable es el sabor: “Es como la fruta que comíamos cuando éramos chicos”, es una frase repetida por muchas de las personas que eligen alimentos realmente más “saludables”.

Generar un acercamiento entre el productor y el consumidor es otro de los propósitos que se persiguen en las ferias y almacenes con venta a la calle. Como ejemplo de esto, la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde tiene relación directa con los pequeños productores familiares hortícolas, avícolas, de la pequeña industria, harineros y aceiteros. “No somos meros comercializadadores, nosotros nos preguntamos. ¿De dónde viene lo que vendemos? Pensamos la producción, la comercialización y el consumo desde una mirada integral. Para ofrecer un producto primero lo consumimos y lo aprobamos, y después se comercializa”, explica la tesorera María Caroli.

“Es una fuente de salud y equilibrio con la naturaleza. La verdura se puede comer casi sin condimentos”, comenta Alba, quien hace dos años se acercó a Morón Surco (una de las cooperativas que produce de modo agroecológico en el oeste del Gran Buenos Aires), para escaparle a los transgénicos. Y algo más: “Me conecta con mi padre, que fue campesino y tenía huerta en San Juan. Él tuvo una vida muy dura y así y todo gozó de una buena salud, porque comía agroecológico. Eran tiempos en los que no había agrotóxicos”. 

Tampoco había tanta información disponible al alcance de la mano, como sucede ahora. Internet dejó en evidencia el oscurantismo empresarial. Y, de alguna manera críptica, favoreció el desarrollo de la agroecología en nuestro país, según apunta Juan: “Hoy se está luchando por comprobar que se puede producir a gran escala.

La agroecología está en una etapa de expansión, de a poco se van contagiando todos. Y las corporaciones saben que si esto se sigue expandiendo, ellos pierden. Con el sistema alimentario que ellos proponen, vos comés, pero no te nutrís. 

“Es un mito que no se pueda producir sin agrotóxicos”

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, especialista en Agrotecnología y vicepresidente del centro de graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, explica que "la agroecología viene a darnos elementos propios de la ecología, que son principios universales que tiene la biología para manejar sistemas productivos".

Cerdá es asesor de varios municipios que empezaron a practicar la agroecología, un sistema natural que comenzó a poner en duda el de la adicción al agrotóxico. Cada vez más productores analizan despegarse del “agronegocio” que deja de ser negocio.

Hace años se decía que el glifosato duraba "un par de días" y no se percibía la peligrosidad de los insumos químicos. Hoy los resultados están a la vista con innumerables problemas de salud. Y cada año se necesitan mayores cantidades, situación que convierte a los productores en dependientes de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes cada vez más caros.

La contracara es lo que se hizo desde tiempos inmemoriales, es decir, la agroecología, que utiliza la rotación, la bosta de los animales para nutrir la tierra y diferentes técnicas más efectivas y menos nocivas para producir, evitar plagas y nutrir a los suelos.

También mirada con desconfianza en las universidades, la agroecología empieza a ser materia obligatoria en varias de ellas, donde justamente -multinacionales, mediante- se enseña la agricultura predominante, industrial y basada en agrotóxicos y monocultivo.

"Es un mito que no se pueda producir sin agroquímicos", asegura quien asesora desde hace 27 años a La Aurora, un campo agroecológico modelo en Benito Juárez, que incluso fue reconocido por Naciones Unidas. Esta experiencia fue replicada en Guaminí, en Coronel Suárez, Coronel Pringles, Gualeguaychú, Bolívar, Lincoln, lo que suman un total de más de 20 mil hectáreas que no están usando agroquímicos, han bajado sus costos y mantienen rendimientos similares.

Cerdá remarca que ante "una agricultura drogodependiente”, que multiplica el uso de herbicidas, “la agroecología no es una alternativa, sino que es la agronomía que se va a venir en los próximos años”.

16 de diciembre de 2017

Los derechos de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la OIT




Mapuches. Reclaman su derecho a las tierras en la Patagonia.

Urge que el Estado argentino preste debida atención al cumplimiento del Convenio 169, así como a la abundante jurisprudencia que sobre el tema desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La desaparición de Santiago Maldonado y el conflicto mapuche son dos de los temas que han ocupado la mayor atención y preocupación en el último mes.

Esta lamentable situación nos ha llevado, después de mucho tiempo y casi sin querer, a debatir sobre cuestiones indígenas, reclamos de tierras, lugares sagrados, autodeterminación de los pueblos originarios y tantos otros más.

Sin embargo, la materia indígena es mucho más compleja y no puede quedar reducida al pueblo mapuche; mucho menos, identificarse con un grupo radicalizado como la RAM o con un flogger devenido en líder mapuche.

Por lo anterior, cuando hablamos de los pueblos originarios y sus derechos y obligaciones debemos preguntarnos en qué instrumentos están consagrados estos y cuál es su vigencia en la práctica.

En ese sentido, la Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 17 que le corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

A su vez, Argentina asumió compromisos a nivel internacional en esta materia. En 2000, ratificó el instrumento más importante que existe en la actualidad, que es el “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989)”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El instrumento citado, a diferencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –respecto de la cual Argentina también votó a favor de su adopción–, es obligatorio y como tal debe ser cumplido.

Dicho convenio establece el deber para los estados de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar de modo directo a los pueblos originarios, a través de procedimientos apropiados de consulta, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Consagra, además, el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, establece principios acerca del uso y la transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización, y reconoce el derecho de estos pueblos de participar en los beneficios que reporten los proyectos de inversión que se desarrollen en sus territorios.

Por último, se refiere a la conservación de su cultura, a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles y a temas de seguridad social, entre otros.

Como puede apreciarse, estamos frente a un instrumento amplio y complejo, cuyo objetivo central fue dejar de lado los procesos y políticas de asimilación que se aplicaban respecto de los pueblos, para dar lugar al reconocimiento de sus propias aspiraciones, el control de sus instituciones, formas de vida, fortalecimiento de su identidad, desarrollo económico y religión.

No obstante, a diferencia de los esfuerzos que otros países de la región vienen realizando para garantizar la vigencia real de este Convenio, a la fecha Argentina no ha demostrado mayor interés en este instrumento internacional. En materia de consulta indígena y restitución y entregas de tierra, está lejos de Chile –más allá de la gravedad del conflicto actual en la Araucanía, el país vecino impulsa, de modo permanente, acciones para la observancia del Convenio 169–, Perú y Colombia, entre otros,

En mi opinión, urge que el Estado argentino preste debida atención al cumplimiento del Convenio 169, así como a la abundante jurisprudencia que sobre el tema desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (competencia que fue reconocida por Argentina), tanto en materia de consulta indígena como sobre los límites a la propiedad privada y el debido respeto a la existencia e identidad cultural de estos pueblos, para así desarrollar una verdadera política de Estado sobre esta importante cuestión.

En la medida en que esto no suceda, se corre el riesgo de que se produzca una mayor radicalización de posiciones y más violencia, menos seguridad jurídica para el desarrollo de inversiones en lugares en donde existan comunidades indígenas y un grave desconocimiento de la multiculturalidad y de los derechos de estos pueblos reconocidos a nivel internacional.

* Magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile

Publicado en:  http://www.lavoz.com.ar/opinion/los-derechos-de-los-pueblos-originarios-y-el-convenio-169-de-la-oit

7 de diciembre de 2017

COMUNIDADES DIAGUITAS EN CONTRA DE UN PROYECTO MINERO EN CATAMARCA




LA MINERÍA ESTÁ PROHIBIDA EN ANDALGALÁ, PERO EL GOBIERNO DE CATAMARCA DICE HABER HABLADO CON CACIQUES QUE HABRÍAN DADO EL VISTO BUENO PARA INICIAR EXPLOTACIONES EXTRACTIVISTAS. COMUNIDADES DIAGUITAS DESMIENTEN ESTAS REUNIONES.

El gobierno de Catamarca quiere hacer realidad su controvertido proyecto “Coherencia Minera” que establece las normas para distribuir las regalías económicas a aquellos municipios que dejen entrar a empresas mineras. Las comunidades diaguitas de la provincia, compuestas por 18 caciques expresaron su rechazo al polémico proyecto y comunicaron que cualquier tema que tenga que ver con el manejo de los recursos naturales, ellos deben intervenir en una mesa de diálogo.

“Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, declararon en un comunicado el conjunto de las Comunidades Diaguitas. La “Coherencia Minera” es una política de premio y castigo, porque sólo permite el ingreso de dinero a aquellos municipios que aprueben y permitan la actividad extractivista. Para los que defienden la vida, siguen con sus magros presupuestos.

El gobierno catamarqueño está jugando sucio. Según se pudo saber integrantes de comunidades de pueblos originarios habrían estado de acuerdo con permitir el ingreso de la minería, algo que los propios indígenas se encargan de desmentir: “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”

“Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”, aclaran desde las Comunidades. Al parecer las “reuniones” mantenidas con caciques no habrían sido del todo ciertas, y en todo caso, no se trató de personas representativas de los pueblos originarios.

El comunicado firmado por los 18 caciques diaguitas, es determinante con respecto a la “Coherencia Minera” y al accionar de un gobierno que quiere introducir la contaminación en lugares en donde la población ha dicho que no a la industria extractivista: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años”

Catamarca y especialmente Andalgalá han decidido decirle que no a la minería. Los descendientes de los primeros habitantes de estas tierras le hacen llegar un mensaje final a la gobernación: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”.

3 de diciembre de 2017

¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!


Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita - Salta

Como Pueblos Naciones preexistentes y ciudadanos argentinos, nos preocupa el acelerado debilitamiento del estado de derecho que se está produciendo en nuestro país en la actualidad, donde comienzan a violarse las garantías constitucionales y pareciera estar instalándose un virtual estado policial. Es sumamente peligrosa la militarización del territorio ancestral Mapuche en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros en clara violación de los derechos constitucionales supra legales vigentes para Pueblos Originarios, así como también de los derechos consuetudinarios o derechos propios de esencia ancestral.

Este  gobierno es el responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, hechos sucedidos en circunstancias represivas y fuera del marco legal ejercidos por la Gendarmería Nacional, y del asesinato por la espalda del hermano mapuche Rafael Nahuel en territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, villa Mascardi, territorio ancestral Mapuche. Este mismo gobierno avala el accionar violento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien actúa sistemáticamente en contra de las garantías constitucionales. La ministra Bullrich no sólo legitima la violencia institucional en base a una supuesta y dudosa legalidad, sino que lo hace cuestionando la legitimidad de la preexistencia de los Pueblos Originarios a través de relatos ficticios, difamaciones y mentiras que atentan contra la dignidad, el derecho y el ser de los Pueblos Originarios.

Notamos con suma preocupación la reemergencia de discursos autoritarios, represivos, discriminadores y racistas que creíamos superados a partir del proceso democrático, y que nos retrotraen a los sangrientos procesos de colonización y genocidio vividos por los Pueblos Originarios a lo largo de la historia. Pero aún más preocupante es la reinstalación de un poder represivo con atribuciones arbitrarias por encima de la justicia, que utiliza como herramienta legitimadora a los medios hegemónicos de comunicación para impartir “justicia” y mostrar un falaz estado de derecho. Prácticas como estas han sido utilizadas en el pasado para torturar, desaparecer y tener un Pueblo empobrecido y de rodillas que no demande derechos.

El Gobierno Nacional instala la teoría del enemigo interno, culpando de violencia a grupos virtuales creados por el relato de medios de comunicación hegemónicos afines a sus intereses, y representa a los Pueblos Originarios como usurpadores ilegales y revoltoso de sus propios territorios. Este discurso implica el regreso del relato de la doctrina de la Seguridad Nacional que reivindica un modelo económico-político de características elitistas y verticalista que suprime la participación amplia y plena de los Pueblos Originarios en su diversidad cultural y en relación intercultural entre el Estado y las instituciones legitimas de los Pueblos Originarios, de acuerdo a sus propias pautas organizativas y culturales. Los Pueblos Originarios, como sujeto de derecho y sujeto político, tenemos derecho a incidir en las políticas públicas destinadas al sector. Sin embargo, vemos con claridad que este gobierno elimina y coarta derechos y se instala desde una matriz militar – represiva, con apariencia democrática.

En nombre de la soberanía y la Seguridad Nacional, el gobierno nacional timbea y saquea nuestros bienes naturales, culturales y espirituales, espacios que son parte indivisible de la vida de cada uno de los Pueblos Originarios. Preservar estos espacios es preservar la vida de nuestras futuras generaciones. Pero no sólo esto ocurre en la Argentina en la actualidad. El gobierno nacional está promoviendo la exclusión de la mayoría de los argentinos a través de falaces reformas laborales, previsionales y tributarias, que no son más que la institucionalidad del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de la riqueza a las corporaciones del capital extranjero, la pérdida de derechos adquirido, y la retirada del estado y de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales de incidencia colectiva que tenemos como seres humanos. Esto es lo que lo caracteriza a este gobierno de carácter CEOcrático, neoliberal, cruel y depredador que, para sostenerse, recurre a la violencia encubierta en la legalidad y en la impunidad.

Desde nuestro territorio ancestral repudiamos energeticamente y con toda la fuerza de los cuatro vientos el accionar de este gobierno neoliberal que ataca sistemáticamente los derechos fundamentales de incidencia colectiva, de rango constitucional, consuetudinario y supra legales vigentes para los Pueblos Originario, atentando con la vida de los poseedores ancestrales de los territorios quienes, como Pueblos Naciones preexistentes, estamos desde miles de años antes de la conformación del Estado argentino y tenemos derecho a vivir en paz en nuestros territorios. Los más de 40 Pueblos Originarios que habitamos este país plural, apelamos y convocamos a la PAZ y a la LIBERTAD, únicos garantes para que podamos convivir en igualdad y diversidad junto a la sociedad. Sólo queremos vivir en nuestros Territorios y luchamos por nuestros derechos que nos asisten y por la construcción de un Estado de iguales, inclusivo y plural.

Nuestra abrazo a la Nación Mapuche, y con este abrazo enviamos nuestra solidaridad, fuerzas y energías a la familia del hermano Rafael Nahuel. Su espíritu continuará junto a cada uno de nuestros mártires y héroes que entregaron su vida en defensa de nuestra Identidad y Territorio.

¡POR LA MEMORIA DE NUESTROS IQUINES Y TITAQUINES!



¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL! 

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO MAPUCHE!

¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!

¡JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO!

¡CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡RESTABLECIMIENTO DEL DIÁLOGO, CONSULTA Y PARTICIPACION!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!

30 de noviembre de 2017

¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!


Territorio Chuschagasta, 28 de noviembre de 2017

Pueblo - Nación Diaguita (Actualmente provincia de Tucumán. Valle de Choromoro, Dto. Trancas)

Desde nuestro Territorio Ancestral, nosotros, Los Chuschagasta (Pers. Jurídica N°03 Re.Na.Ci/INAI) Pueblo Originario preexistente a la creación del Estado Argentino, expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución que vienen padeciendo nuestros hermanos y hermanas de la NACIÓN MAPUCHE, esta escalada de violencia que fue incrementándose en este último tiempo y que dio como resultado despojos territoriales, persecuciones, encarcelamientos y muertes.

Enviamos toda nuestra fuerza a la familia del hermano Rafael Nahuel, asesinado el pasado sábado 25 de noviembre, en el marco de una fuerte represión sufrida en territorio del LOF LAFKEN WINKUL MAPU (actualmente provincia de Río Negro, lago Mascardi, Bariloche) a manos del grupo especial de Prefectura Albatros, Gendarmería Nacional y el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), donde más de 400 efectivos participaron de la inhumana cacería que dio como resultado hermanas y hermanos mapuches heridos de gravedad y el asesinato de nuestro hermano Rafael Nahuel.

Desde nuestro territorio nos unimos en un pensamiento colectivo para rechazar y repudiar el accionar violento de las fuerzas de "seguridad" que nuevamente actúan avasallando nuestros derechos humanos colectivos consagrados en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales, Convenios y Declaraciones Internacionales. Asimismo violan los derechos que tenemos por ser ciudadanos argentinos.

Hacemos público nuestro repudio a los dichos cargados de discriminación, ignorancia y xenofobia expresados por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quién calificó el "accionar de las fuerzas de seguridad como legal y legítimo". Al respecto, de más está decir que el accionar llevado a cabo carece de "legalidad" y que, por el contrario, es totalmente inconstitucional, ya que va en contra de todos los derechos antes mencionados. También cabe aclarar que la Constitución Nacional contempla en su artículo 75 inciso 17 nuestros derechos colectivos que no sólo reconocen nuestra preexistencia sino que también reconoce nuestra identidad originaria y el derecho a vivir en nuestros territorios, entre otros derechos.

Le comunicamos a la Ministra de Seguridad Bullrich que los Pueblos Originarios no tenemos resuelto el "problema" territorial de ninguna manera. Muestra de ello es el asesinato de nuestra autoridad Javier Chocobar, quién fue asesinado a quemarropa por defender nuestro territorio el 12 de octubre de 2009. No sólo asesinaron a nuestra Autoridad sino que también dispararon indiscriminadamente hacia nuestros comuneros, comuneras y nuestros niños, hiriendo a tres de los nuestros. Los asesinos Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso (estos dos últimos ex policías) al día de hoy gozan impunemente de libertad.

Para que cesen los conflictos territoriales el Estado Argentino debe reconocer en primera instancia que se estableció sobre territorios habitados por nuestros pueblos desde hace miles de años, a fuerza del genocidio de nuestros antepasados. Es obligación y responsabilidad de este Estado garantizar que esa historia de violencia no se repita y establecer mecanismos de diálogo intercultural, para hacer efectivos nuestros derechos como Pueblos Originarios y también como ciudadanos argentinos.

La titularización de nuestros territorios comunitarios es parte de la deuda de reparación histórica hacia los pueblos.

Enviamos fuerza y acompañamiento para los hermanos y hermanas del Lof Lafken Winkul Mapu.

Por último reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable en defensa de nuestro territorio ancestral.

¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!

¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!!

¡¡BASTA DE PERSEGUIR A LA NACIÓN MAPUCHE!!

¡¡ PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!