La zona más antigua de explotación petrolera en Perú, el Lote 192, está en la mira del país, nuevamente. Comunidades y organizaciones de los pueblos achuar del río Corrientes, quechua del río Pastaza y kichwa del río Tigre, reclaman que el Gobierno realice una consulta previa en sus territorios, pues se avecina un nuevo operador por 30 años más de actividad.
La ley nacional y las normas internacionales amparan a los indígenas, la voluntad política del Gobierno no. En una reciente reunión con autoridades públicas decisorias, representantes de 16 comunidades no obtuvieron una respuesta que asegure su derecho a consulta. Los funcionarios señalan que no pueden “adelantar opinión” pues hay un contrato vigente hasta enero de 2019. Las comunidades exigían un acta donde, más allá de fechas, se señale que se respetará su derecho a consulta. El diálogo se rompió.
Las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT y sus comunidades desconfían profundamente del Estado. Han denunciado poca transparencia ante las gestiones actuales para asegurar nuevo operador en el lote.
También han padecido reiteradas y flagrantes muestras de mala fe sobre su derecho a consulta. Exactamente hace dos años, estas mismas comunidades indígenas fueron excluidas del anterior proceso de consulta del mismo lote; ellas denunciaron el atropello de sus derechos. Aquella vez una movilización de más de 10 días y un acta de compromisos palió un conflicto que hoy rebrota.
El Ministerio de Energía y Minas, el Viceministerio de Interculturalidad y la agencia de negociación Perupetro conforman el rostro de la desconfianza.
Un lote petrolero violento sobre territorios ancestrales
Desde inicios de la década de 1970, los gobiernos en Perú han priorizado la actividad petrolera a los derechos fundamentales de la población indígena. En noviembre de este año se cumplen 47 años de actividad en el lote, tiempo en el cual se han contaminado ríos, lagunas, suelos y ecosistemas frágiles, tal como lo ha comprobado el propio Estado peruano en varios estudios oficiales.
Casi cinco décadas de millonaria producción petrolera que en la zona no representan acceso a servicios básicos (por ello se declaró en Emergencia Ambiental y Sanitaria varias veces entre 203 y 2015). Por exigencia de los indígenas, desde 2012 el Estado ha destinado una serie de acciones de atención, algunas pocas con relativa eficiencia (diagnósticos ambientales, por ejemplo), pero otras extraviadas en la burocracia, la mala planificación, entre otros.
En la zona no hay acceso seguro a agua apta para consumo humano, tampoco calidad en la atención a salud, electrificación, entre otros. Según la autoridad ambiental OEFA, existen más de 2 mil sitios contaminados, y hasta ahora no hay un instrumento que asegure su remediación por parte de la anterior operadora Pluspetrol.
Las madres indígenas denuncian que la producción de sus chacras ha disminuido en cantidad y calidad, los cazadores hallan animales del monte que consumen contaminantes de petróleo, los pescadores llevan al hogar peces contaminados.
“No vamos a repetir la misma historia”, dice el apu Carlos Sandi, representante de comunidades achuar. Ellos exigen que se les consulte; de lo contrario, “no aceptamos que sigan explotando los recursos de nuestros territorios” han advertido.
Los pueblos indígenas denuncian además una negligente indiferencia que genera una seria inseguridad frente al futuro de sus próximas generaciones. “Antiguamente nosotros vivíamos bien, ahora hemos crecido, estoy envejeciendo y el gobierno no quiere escuchar, no escucha, no tienen pena, se han muerto mis hermanos, mis tíos, todos se han muerto como si fuéramos animales”, dice la madre indígena Emilda Tapuy, del pueblo kichwa.
Mi casa, mi decisión
Las federaciones indígenas y sus comunidades base han dado plazo hasta el 11 de setiembre para que el gobierno peruano les dé una respuesta favorable sobre su derecho a consulta. Además, el Estado debe llevar esta respuesta a la comunidad Nuevo Andoas, en cuyo territorio se encuentra la principal base petrolera del lote.
“Tú no eres quién para que decidas mi propio desarrollo. Nunca ningún gobierno nos llama y pregunta, cómo, qué tipo de desarrollo necesitamos, ellos solos deciden”, denunció Aurelio Chino, del pueblo quechua, en una conferencia de prensa internacional.
“Esos problemas [de contaminación], los ha creado el Estado. Cúmplame, respétame, no me estés vulnerando mis derechos”, señaló el apu, quien ha solicitado nuevamente que la ONU interceda en este problema.
El riesgo que asume el Estado si decide no consultar es grande. El deseo de extender a 75 años a como dé lugar el monólogo de la actividad petrolera en el lote más productivo del país, desencadenaría el estallido de uno de los conflictos más importante del sector hidrocarburos en el país.
Esto es así no sólo por la capacidad de producción del lote, sino además porque un difícil y arduo proceso de diálogo de cinco años con estas comunidades (con pocos resultados, pero con la vía diálogo ganada) podría venirse abajo en pocos días.
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