Para Barrick Gold comienzan a cerrarse algunas salidas. Luego de rechazar los pedidos de nulidad, el juez Pablo Oritja elevó a juicio la causa por el primer derrame de solución cianurada que la multinacional canadiense tuvo en la mina de Veladero, ubicada en la provincia de San Juan.
El “incidente” –así prefieren denominarlo desde la empresa– considerado por los ambientalistas como el “mayor desastre ambiental de la historia minera de la Argentina”, ocurrió entre el 12 y el 13 de setiembre de 2015 y significó que 1 millón de litros de solución de este ácido, llegara al cauce de las aguas que provienen de los deshielos de la cordillera y que dan nacimiento a diferentes ríos y arroyos.
El magistrado, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia cuyana, explicó que la defensa de la minera había impulsado dos pedidos para invalidar la causa, al afirmar que se había tratado de un “simple incidente". Sin embargo, ambos fueron rechazadas por el requerimiento de elevación a juicio y por pruebas que el juez federal Sebastián Casanello sumó al expediente.
Según la denuncia, iniciada por vecinos y ONG´s, la contaminación se produjo por culpa de una compuerta con salida al río que estaba abierta. Esto derivó en el despido de unos quince empleados por no haber "facilitado la investigación de la Justicia" y en el procesamiento por negligencia de nueve ejecutivos de la compañía minera, que pasaron a ser ocho, cuando al gerente General, Antonio Adamez, se lo sobreseyó.
De esta manera, la Justicia decidirá las responsabilidades que Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos) tuvieron en este desastre ambiental, que afectó a los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas.
La decisión de Cortijo se suma a la del juez Casanello, que el 28 de noviembre pasado procesó a cuatro funcionarios nacionales al entender que tuvieron implicancias en los derrames de Barrick Gold. El fallo, considerado histórico por las organizaciones ecologistas, acusa a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación (Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso) y al ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ricardo Villalba) por la violación de la Ley de Glaciares. Además, ordena un embargo por cinco millones de pesos y prohíbe salir del país a los cuatro imputados.
De acuerdo a las investigaciones de Casanello, que contó con los aportes de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Diego Seguí, el razonamiento es sencillo: de cumplirse la legislación, tanto Veladero como Pascua Lama (el otro proyecto minero de Barrick Gold) no deberían existir, por ende, no hubiese habido derrames posibles.
Además de esta, Barrick Gold tiene dos causas más abiertas en la Justicia. La compañía también es investigada por otros dos derrames tóxicos, del 8 de septiembre de 2016 y del 28 de marzo de este año, producidos en la mina de Veladero.
A diferencia de su posicionamiento sobre el caso del 2015, Oritja podría archivar la causa sobre el segundo derrame al entender que no alcanzó ningún curso de agua y, por lo tanto, no se generó ninguna “comisión de delito”.
Esto fue ampliamente rechazado por ambientalistas e, incluso, por algunos especialistas en minería, quienes recordaron que Barrick Gold en un principio (como en las otras ocasiones) intentó ocultar el incidente, confirmándolo recién una semana después, debido a que los propios operarios de la compañía empezaron a reconocerlo públicamente.
Fuente: Foro Ambiental
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