La Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero hizo su lanzamiento turístico para este verano en Cafayate - Salta (Argentina).

Ayer miércoles 19 de diciembre de 2018 en el restaurante del Museo de la Vid y el Vino de Cafayate, la Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero - Miembro UPNDS, lanzó sus propuestas de Turismo con Identidad para este verano 2018/19 

Abrió la presentación con las palabras de su cacique Wayra Condorí agradeciendo el acompañamiento de los y las presentes, comentando el trabajo colectivo y organizado que viene transitando el conjunto de la comunidad a fin de generar una propuesta de turismo responsable con identidad. Por ello, recalcó la decisión de continuar el tramite de inscripción para habilitarse como prestador de turismo rural comunitario ante el Ministerio de Turismo de la provincia de Salta y contratar un seguro para viajeros. 

El turismo de gestión comunitaria permite el trabajo organizado e ingresos dignos para un conjunto de familias que decidieron involucrarse en la actividad a fin de generar arraigo y empleo, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, reinvertir en proyectos para la comunidad y ofrecer actividades a los viajeros de manera intercultural y vivencial a precios justos. 

Mariana López, quien coordina el contacto comercial y toma las reservas de los servicios junto a Gustavo, detalló por su parte la diversidad de la propuesta de la comunidad: servicios de guías locales a las 3 Cascadas del río Colorado como al Sitio Arqueológico Cueva del Suri, Gastronomía regional, lugar de Acampe y estacionamiento, Exposición y venta de Arte Diaguita, Peña Folclórica, Tardes vivenciales para aprender a tejer o hacer empanadas, y actividades al aire libre bajo las estrellas. 

Un detalle a destacar, expresaron, es que la comunidad cuenta con un equipo de rescate y primeros auxilios, un sistema de registro de visitantes y un sistema de limpieza que se solventan con lo recaudado a través de un Bono Contribución voluntario no obligatorio, que aporta el viajero al ingresar a los circuitos. 

Acompañaron este evento de lanzamiento turístico, la Directora Municipal de Turismo de Cafayate Lic. Fernanda Pérez Olguin, los técnicos de la Secretaria de Agricultura Familiar Ings. Adrián Acevedo y Ramiro Ragno; el Referente de Turismo de la Comunidad Amaicha del Valle Sr. Sebastián Pastrana; David Vargas de la Comunidad y Ciudad Sagrada de Quilmes; Tupac y Gastón anfitriones del Restaurante Bodega Encantada; el Grupo de Guías Locales de San Carlos Anguinaos; Lic. Livia Saleri de la Sapienza Universidad de Roma y voluntaria de la comunidad; y diversos responsables del sector privado de turismo de Cafayate y San Carlos. 

Finalmente todxs lxs guías Comunitarios Diaguitas habilitados saludaron y se presentaron ante el público, a su vez los presentes pudieron disfrutar de un video promocional que mostró imágenes de esta diversa y tentadora propuesta natural y cultural. 

Cafayate es Territorio de sol, cardones, cielo celeste y limpio; y es también una oportunidad para que los y las visitantes compartan experiencias vivenciales de manera Intercultural con cada Territorio Diaguita.

Hoy con sólo llamarlos o contactarlos via whatsap a los celulares (+549) 387(15)4534286 y 3868(15)469632; se puede informar y contratar los servicios turísticos de la Comunidad Diaguita Kallchakí El Divisadero y vivir una experiencia viva, segura y amigable. 

 

NO AL PATENTAMIENTO Y LA APROPIACIÓN DE NUESTRAS VIDAS

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, con el mandato colectivo de cada uno de nuestros Territorios, organizados y reunidos en Asamblea territorial en Territorio del Pueblo Nación Charrúa, Chajarí diciembre 2018. 

REAFIRMAMOS nuestro compromiso orgánico y colectivo con cada espacio territorial y con nuestras Instituciones comunitarias, asumiendo el mandato de nuestras autoridades asamblearias, refrendando nuestra condición de Sujeto colectivo, preexistente y con institucionalidad propia. 

En estos tiempos críticos de despojo, persecución y muerte que nos propone el imperialismo usurero, saqueador y colonizador, con sistemas que se reciclan, se perfeccionan y avanzan en la región de la mano de gobiernos neofasistas y de ultraderecha, una vez más, seremos los Pueblos Originarios la moneda de cambio, los conflictivos, los “terroristas”, el estorbo del “progreso” de esos pocos oligarcas a quienes sólo los moviliza el robo, la explotación y la muerte en pos de sus intereses individuales, sin considerar la vida de nada y de nadie, tal como ha sucedido en los últimos tiempos con el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el año 2017, entre muchos otros atropellos que ocurren sistemáticamente en nuestros territorios. 

En este contexto, son nuestros territorios ancestrales los que se extranjerizan bajo la excusa del “progreso y el desarrollo”, cuando este “progreso y desarrollo” sólo termina trayendo explotación, pobreza y contaminación. Es el agua, la cual es vida para todos, la que se privatiza para beneficio de unos pocos y en favor de intereses foráneos, con el consecuente empobrecimiento de nuestras familias y nuestras tierras. Son los medioambientes en los que todos vivimos los que se destruyen por el uso de agrotóxicos, como es el caso del territorio del Pueblo Nación Charrúa en la provincia de Entre Ríos. 

Frente a este avasallamiento, seremos nuevamente los Pueblos Originarios, quienes durante 500 años hemos actuado como incansables guardianes de la vida, los responsables del resguardo de nuestra Madre Naturaleza y los únicos garantes de cada lucha colectiva en defensa del Territorio y del Buen Vivir en este mundo. 

En estos tiempos de crisis, tenemos la oportunidad de retomar los caminos y los legados, volver y retornar a un tiempo de paz y Buen Vivir, en un infinito circular hacia lo más profundo de nuestras sabidurías y filosofías de vida, retomando los lazos inquebrantables de unidad, de respeto, de reciprocidad y complementariedad. En ejercicio continuo de la solidaridad en colectivo con el/la los/las otrxs seres del mundo que habitamos, compartiendo cada momento, cada tiempo y espacio, amainando los dolores y sufrimientos y fortaleciendo cada logro y sosteniendo cada lucha emprendida. 

DECLARAMOS nuestro RECHAZO al proyecto denominado “Ley de Semilla”, pues atenta contra nuestras vidas y nuestro Buen Vivir. Este proyecto pretende patentar y apropiarse de nuestros sistemas ancestrales de vida, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, nuestros Territorios y nuestra continuidad como Pueblos Naciones Originarias. 

En Argentina habitamos desde siempre los Pueblos Naciones Originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, organizados territorialmente en más de 2000 bases comunitarias y representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias. 

DENUNCIAMOS que esta medida legislativa atenta directa e indirectamente contra nuestros derechos fundamentales y colectivos, afecta nuestro Buen Vivir, nuestra Identidad Cultural y nuestros Territorios, vulnera nuestro derecho a la Propiedad Intelectual, Conocimientos y Saberes Tradicionales, viola el derecho a la Consulta y Participación, conforme a la normativa de base Constitucional, Tratados Internacionales, Pactos y normas concordantes. 

El derecho a la Consulta y la Participación es un derecho fundamental de los Pueblos Originarios y obligatorio para los estados, se encuentra refrendado en una variedad de instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. La Constitución Nacional, en su Artículo 75 Inciso 17 y 22, reconoce el derecho que los Pueblos Originarios y sus comunidades tienen a participar “en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Sumado a esto, el Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la Ley 24.071, establece que es deber de los estados (incluyendo al Poder Legislativo) llevar adelante un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Originarios y sus instituciones representativas, a través de un procedimiento culturalmente apropiado, cada vez que prevean medidas legislativas y/o administrativas que los afecten. Este mismo derecho está revalidado en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375- “Art.8J”), en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, ratificado por la Ley 27.246, en las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por ejemplo: casos Saramaka y Sarayaku), entre otros. 

El modelo colonial instalado en América, el cual desde 1492 a la fecha ha perfeccionado y profundizado sus métodos extractivos de saqueo, contaminación y muerte, se replica hoy en proyectos como el presentado por la coalición gobernante en Argentina desde 2015. A través de este proyecto, se pretende patentar sistemas de vida preexistentes para el beneficio de compañías semilleras multinacionales como Monsanto – Bayer, en connivencia con sectores locales y nacionales, quebrando nuestros sistemas ancestrales de vida, de equilibrio ambiental, de selección y mejoras de las simientes para un Buen Vivir, siempre respetando cada elemento de la naturaleza como reaseguro de nuestra continuidad como Pueblos. 

EXIGIMOS el pleno cumplimiento de nuestros derechos colectivos. Es obligación del Estado cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Originarios en el país. 

Como sujetos de derechos colectivos nos reservamos el derecho de accionar a través de las medidas administrativas y jurídicas que correspondan, en instancias nacionales e internacionales, a fin de dar cumplimiento a nuestros derechos fundamentales a la vida y a nuestro Buen Vivir. 

Juntos por memoria, identidad y territorio. 

NO al Patentamiento de nuestras Vidas. 

Exigimos la Consulta Libre, Previa e Informada. 

Ley de Propiedad Comunitaria Indígena Ya. 

NO a la privatización del agua, porque el agua es vida. 

Protección de nuestros humedales. 

NO al agrogenocidio producido por el uso de agrotóxicos.

Publicado por ENOTPO - http://enotpo.blogspot.com/2018/12/no-al-patentamiento-y-la-apropiacion-de.html

PIUL - Territorio Diaguita Presentación del "Festival de la arveja 2019"

La Comunidad Diaguita Kallchaki  Piul  juntos a Buena Vista, Payogasta, Palermo, Tonco, Cortadera, participamos de la presentación de nuestros productos autóctonos y regionales en arte textil, cuero, con degustación de comida tradicionales, en la hostería de Payogasta, contó con la presencia del Intendente del municipio de  Payogasta, concejales y el acompañamiento de los docente de la escuela de Piul.

Esta propuesta de trabajo colectivo que se esta llevando a cabo en los territorios es parte de visibilizar nuestra realidad territorial como  Pueblo Originario.

Dando a conocer nuestro trabajo cotidiano en defensa y resguardo de lo nuestro, poniendo en valor nuestra cultura y nuestra identidad como Pueblo Diaguita.

En esta ocasión se dejó presentada la convocatoria a nuestro festival de la arveja, actividad que realizaremos en nuestro territorio Diaguita Piul  el 26 de enero de 2019, en el cruce de Payogasta de la R.N  40 y R.P 33  e intersección con el camino a Piul.

Quedan todos invitados a esta actividad colectiva de presentación y visiblización de nuestro Pueblo Diaguita, compartiendo nuestra cultura, arte, cosechas de nuestra agricultura familiar como la arveja, papa, choclo, habas, cabrito, otros productos y platos tradicionales como el queso, humitas, empanadillas, hierbas medicinales. También habrá artistas invitados para deleitar con sus bagualas, coplas y danzas al público presente.

 

El Gobierno busca imponer una nueva Ley de Semillas a espalda de todos y todas.

MULTISECTORIAL CONTRA LA LEY "MONSANTO" DE SEMILLAS

La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó para este martes 13 de noviembre a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año.

Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras, como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont), Basf y otras, la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un/a agricultor/a utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. Transformando así un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc).

Este no es el primer intento de modificación de la Ley de Semillas Argentina, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Desde el 2012 y hasta ahora en nuestro país, las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los han hecho fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.

Ante esta ofensiva, las organizaciones firmantes rechazamos de manera contundente cualquier intento de imponer una modificación a la Ley de Semillas cocinada a espaldas de todxs. 

¿Por qué entendemos que se debe rechazar el proyecto de ley de semillas que el ejecutivo quiere imponer?

- Porque implica el sometimiento de productores/as a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los/as productores/as tal como ya está ocurriendo en otros países.

- Porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. De esta manera, se desconoce la ley 27.118 (De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina) que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción.

- Porque se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte; ya que son ellos quienes han generado casi TODO el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios.

- Porque TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina. 

-Porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado FUERA de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros (voceros de Bayer-Monsanto) y los grandes productores agrupados en la SRA. Todas las reuniones de “consulta” realizadas fueron una “puesta en escena” para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que NUNCA se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as. 

Advertimos que la Justicia (a través del fallo de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires) ha señalado que la Argentina reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales (corporaciones biotecnológicas y semilleras). Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado gravemente y sin el debate adecuado, con todos las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas e indígenas afectadas, mediante parches legislativos bajo el espurio argumento de que son necesarios para “favorecer el avance tecnológico del campo” (que ya ha causado graves y negativos impactos ambientales, productivos y en la salud humana que aún no están siendo estudiados).

Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan hechos totalmente cuestionables: la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas a partir de los cuales los argentinos comemos sano y saludable, la destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país. 

Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de los/as agricultores/as y ciudadanos/as. Avanzar con el proyecto de Ley de Semillas a espaldas de todos y todas, significa una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo. Solicitamos a legisladores y legisladoras que impidan este avance a favor de las corporaciones y a espaldas del pueblo argentino.

12 de noviembre de 2018

Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com

Primeras firmas: 

Multisectorial contra la Ley Bayer - Monsanto de Semillas 

(Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Tierra para Vivir en Marabunta, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Patria Grande, Huerquen, comunicación en colectivo, Colectivo Tinta Verde, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Red Semillas de Libertad, Amigos de la Tierra Argentina, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe. Maela, Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán).

Acción por la Biodiversidad

Ambiente Saludable San Andrés de Giles

Asamblea Barrial de Beccar

Asamblea Punilla Sur

Asamblea Rio Cuarto sin agrotoxicos

Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)

Asociación Campesina Comunitaria Juana Azurduy

Asociación Civil Madre Tierra

Asociación de Campesinos Guardianes del Monte (SALTA)

Asociación mutual Sentimiento 

Cátedra Libre de Salud y DDHH (Facultad de Medicina, UBA)

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - FAUBA

Catedra Libre Soberanía Alimentaria Rio Cuarto.

Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico “El Galpón”

Círculo Argentino de Agroecología (CirAA)

Colectivo Orillerxs

Colectivo Sanitario Andrés Carrasco/ALAMES en Argentina

Cooperativa de Producción Agroecológica (Copa) de Guernica

Cooperativa de trabajo Iriarte Verde ltda

Cooperativa La Asamblearia

Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta!

Corriente Nacional Emancipación Sur

Encuentro de Pueblos y Ciudades Fumigadas

ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios)

Espacio Intercuencas

Foro Ecologista de Paraná

FORO HÍDRICO LANÚS

Foro Hídrico. Lomas de Zamora

Foro por la salud y ambiente de Vicente López

Foro regional en defensa del río de la plata

Foro santafesino por la salud y el ambiente

Frente Nacional Campesino (FNC)

Frente Rural La Cámpora

GAJAT CEPPAS. Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra

GER GEMSAL (Grupo de estudios Rurales – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe)

GRAIN

Habitar Argentina

Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia

Junta interna Ate Auditoria general de la Nación

Liberpueblo

MAELA Argentina

Matanza Viva comunicación alternativa

MCL - Movimiento Campesino Liberación

MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero)

Movimiento Agroecológico La Plata 

Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR)

MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS. Por un socialismo feminista desde abajo (FPDS, FPDS CN, MULCS, J AZURDUY, ILS).

Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir

Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina

Movimiento nacional de empresas recuperadas mineros Eduardo vasco Murua

MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) Rural

Música contra Monsanto

Observatorio del Derecho a la Ciudad

Peña Sombra Blanca

Radio libre 99.3

Red de Medicamentos/ALAMES

Red de Técnicxs por la Agroecología del Litoral

Red Federal de Docentes por la Vida

Resistencia Para la Liberación (RPL).

Revista y Editorial Sudestada

Secretaria de DDHH CTA Capital

SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia)

ULTERA (Unión Latinoamericana de técnicos Rurales y Agrarios)

Unidos por el Río de Vicente López

Unidos por la Vida y el Medio Ambiente de Ramallo

Unión de Campesinos Criollos del Impenetrable

UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra)

Vecinos Autoconvocados por el control de agrotoxicos de Trenque Lauquen

Vecinxs Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina

siguen las firmas...

1 DE NOVIEMBRE - CELEBRACIÓN A NUESTROS ANCESTROS DIAGUITAS

Nuestra Nación Diaguita Kallchakí preserva y mantiene viva nuestra cultura e identidad territorial, realizando y ejerciendo nuestras propias prácticas culturales desde tiempos milenarios.

Hoy en un proceso dinámico de visivilizacion y reconstrucción constante desde la autovaloracion en el hacer, se continua con las diversas actividades y manifestaciones que hacen a nuestra vida cotidiana.

Ahora, en noviembre la/os ña/os trabajan colectivamente con las ofrendas para recibir a las almas de la/os ña/os que pasaron a otro espacio y tiempo territorial; alma y espíritu  que todos los años el primero de noviembre retorna y regresa a reencontrarse y reunirse con cada familia de su Pueblo y Territorio. Relatan la/os abuela/os, que cada ancestro visita a las familias del lugar donde transitaron en vida. Más aun si hay "alma Nueva”, pues esta ·almita” necesitará muchas  fortalezas y fuerzas espirituales para poder transitar un buen camino en su viaje hacia ese otro espacio territorial.

La celebración cobra un sentir único en cada territorio Diaguita. La visita  de los mayores dura 24 horas. Llegan al medio día del primero y se van al  medio día del dos de noviembre.

Las almitas esperan encontrar en su mesa preparada especialmente, aguita, coca, alojita, chichita, algún tabaco pa¨ fumar, vinito y alcohol pa¨ amortiguar los dolores más profundos, y también degustar las ofrendas y comidas que les gustaba comer en vida: guaguas blanqueadas, también la diversidad de creatividad del amasador en escaleras, arbolitos,  perritos, llamas, etc empanadillas de dulce de cayote, pan dulce y salado,  también asao, mote pila, anchi chilkan, tulpo, bebidas,  chancaca, patay, siempre ornamentado con las mejores flores y la mesa debe estar en un lugar tranquilo y protegido, espacio donde nadie molestara a las visitas durante los dos días.

Por la colonización y la cultura invasiva, hoy esta celebración se mezcla con la evangelización occidental, donde también se reza, se hace misa en los cementerios.

Con esta celebración ancestral  continuamos el legado heredado y seguimos ofrendando a nuestros mayores, a nuestros ancestros y a quienes se nos adelantan en el camino, y debemos ofrendar  su retorno de cada año para continuar el viaje eterno de nuestro devenir como Pueblos Vivos.

El "día de las almas" toma su dimensión simbólica dentro del quehacer comunitario y trasciende las fronteras de la misma. Luego del ciclo de recibimiento a las almas y concluido el homenaje se comparte comunitariamente las ofrendas, se comparte y se reparte con  cada uno de los presentes. Se llegan a los antigales y cementerios a enflorar las cruces, a encender el fuego de velas que conectan los mundos y los espacios con cada uno de sus muertos. Con “oración” y reflexión en silencio.  

Así de algún modo es la memoria colectiva que trasciende a los que estuvieron, a los que estamos y estaremos por siempre y para siempre en nuestros territorios. Es saber que olvidarnos de quienes fuimos, nos conduciría a no saber quienes somos y perderíamos nuestra memoria histórica que nos trasciende, y un pueblo sin raíz sin identidad es muy difícil que sobreviva. El legado heredado de nuestros ancestros es mantener viva nuestra Identidad como Pueblo Nación Diaguita.

Dura condena por el crimen de un líder indígena

Histórico fallo en Tucumán

Un empresario fue sentenciado a 22 años por el asesinato del diaguita Javier Chocobar. El fallo representa una reparación inédita a las comunidades indígenas en sus reclamos territoriales. También fueron condenados dos expolicías.

Un empresario fue condenado en Tucumán a 22 años de prisión, acusado de haber matado de un balazo en octubre de 2009 a Javier Chocobar, una autoridad de la comunidad originaria Chuschagasta, al intentar entrar por la fuerza a territorio ancestral que habitaba el pueblo originario. También recibieron penas graves, aunque menores, dos expolicías involucrados en el hecho. El fallo representa una reparación histórica para las comunidades indígenas en su reclamo por el acceso a las tierras. 

Desde que ocurrió el crimen, distintas organizaciones sociales y políticas de la provincia y el país reclamaron el castigo a los responsables. Por el hecho se pronunció también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

Darío Amín fue condenado por el tribunal de Tucumán, integrado por los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, acusado de los delitos de "homicidio agravado" en el caso de Chocobar y de "tentativa de homicidio" en los casos de Emilio y Andrés Mamaní, otros dos miembros de la comunidad diaguita, quienes resultaron heridos en el ataque.

Los dos expolicías condenados son Luis Gómez, que recibió 18 años de prisión; y Eduardo Valdivieso (10 años de cárcel). Ambos fueron acusados de ser partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas.

En los alegatos realizados el 11 de octubre último, la fiscal Marta Jeréz había solicitado que se condenara a 18 años de prisión a Amín por el homicidio y 10 años de prisión para Gómez y para Valdivieso por ser partícipes del crimen.

Por su parte, las querellas pidieron prisión perpetua para los tres acusados, a quienes consideraron autores de los delitos de "homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado".

Las defensas, en tanto, solicitaron las absoluciones de los tres acusados.

El abogado querellante Pablo Gargiulo se mostró conforme con la condena y consideró que "el tribunal hizo una lectura correcta del daño ocasionado a las víctimas".

Audilio Chocobar, hijo de la víctima, expresó que luego de haber escuchado la sentencia comenzarán a vivir "una nueva vida". "Vamos a poder vivir tranquilos y mi padre descansará en paz porque se hizo justicia", dijo el hombre.

Los imputados, el 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. 

Chocobar, autoridad de la comunidad originaria Los Chuschagasta, recibió un disparo que le provocó la muerte en medio de una discusión con Amín, Gómez y Valdivieso por la propiedad de tierras comunitarias en el paraje El Chorro, departamento Trancas, ubicado al norte de Tucumán.

En ese mismo hecho, fueron heridos de gravedad Emilio Mamaní y el entonces cacique, Andrés Mamaní, quien perdió uno de sus brazos a causa de un disparo.

Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012.

Publicado en: https://www.pagina12.com.ar/150864-historico-fallo-en-tucuman?fbclid=IwAR2OgOPc-2U9gVT62-1SYSWV5EOhodnRgA1E39iiWiOjJVAdZO4g_gNitR8

Este miércoles, el veredicto por el asesinato del comunero Javier Chocobar - A un paso de la sentencia

El juicio es contra el empresario Darío Amín y dos ex policías. La fiscalía pidió 18 años para Amín y 10 para los uniformados. La querella, tres perpetuas. Javier Chocobar era autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta, de Tucumán.

Por Carlos Rodríguez

Un día de reconstrucciones del crimen de Javier Chocobar, en Chuschagasta de Tucumán. Imagen: La Gaceta Tv

Entró en su etapa decisiva el juicio por el homicidio de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, con los pedidos de condena por parte de la fiscalía y los querellantes. Mientras la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira pidió 18 años para el empresario Darío Luis Amín, y 10 para los expolicías Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, los querellantes solicitaron la prisión perpetua para los tres. Los abogados defensores, por su parte, plantearon que los acusados deben ser absueltos porque actuaron en “legítima defensa”. Pablo Gargiullo, uno de los querellantes, sostuvo que “hay elementos que acreditan la existencia de una planificación” por parte de los autores del ataque a balazos contra miembros de la comunidad, en el que resultó muerto Chocobar y sufrieron heridas graves Andrés y Emilio Mamaní. En su alegato, Gargiullo recalcó que “los imputados se representaron la posibilidad de recurrir a la violencia letal en caso de ser necesario y fueron preparados para eso”, dado que portaban armas de guerra. 

El querellante argumentó que los tres imputados “fueron armados por una razón, la de llevar una acción que podía claramente desembocar en un resultado mortal y eso no fue casual, no fue espontáneo, y es por eso que nosotros hicimos un planteo distinto al de la Fiscalía, y solicitamos que se aplique la pena de prisión perpetua porque esta gente ha cometido homicidio agravado por haber premeditado su accionar sin ninguna duda”. Carlos Garmendia, otro de los querellantes, se manifestó crítico hacia la actuación de la fiscal Rivadeneira porque “estuvo permanentemente cuestionándonos a nosotros, cuando estábamos esperando que nos cuestionen las defensas, no la fiscal, porque estamos del mismo lado”. 

Otra de las querellantes, Julia Albarracín, dijo que en el juicio “se ha demostrado que se cometió un daño contra la comunidad”, para la que demandó una reparación económica, además de las condenas. En ese sentido, mencionó la declaración de uno de los testigos “el doctor Nieva, que dijo que la comunidad es ‘una cadena cuyos eslabones se rompieron’ y que están representados por Emilio, por Andrés, por la familia de Javier Chocobar. Por eso es necesario reparar la cadena rota, que es la comunidad”. 

Albarracín, a cargo de la demanda civil, pidió una indemnización por daños físicos, psicológicos y morales para Andrés Mamaní, herido de gravedad en los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2009, para Emilio Mamaní y para Antonia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar. La abogada recordó que a Andrés “le practicaron una traqueotomía y una colostomía” por las heridas recibidas. Por lo vivido “le quedaron secuelas físicas y psicológicas y para poder seguir adelante necesita que se haga justicia, para que él pueda volver a pensar en su salud”.

Los imputados, ese 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012. 

En esa oportunidad, según relató en el juicio el querellante Carlos Garmendia, llegaron al paraje El Chorro, en el territorio que pertenece a la comunidad, un camión con 20 gendarmes y la misma camioneta que usaron los imputados en 2009. Amín, su madre y una escribana, llevaban un oficio firmado por el conjuez Mario Leiva Haro, que los autorizaba a entrar a la cantera de los comuneros. Lo que hicieron, en realidad, fue “meterse en las casas de los comuneros y pedirles los datos, en un claro acto de intimidación”, precisó Garmendia. “Cuando nos estábamos yendo, veo que en el mismo lugar donde habían asesinado a Javier Chocobar habían hecho un asado”, señaló el querellante, que había sido convocado de urgencia, ante la presencia de Amín y los suyos. 

El pedido de condena de la fiscalía fue por homicidio, en el caso de Amín, señalado como autor de los disparos mortales, y como partícipes secundarios a los dos policías que lo acompañaban. La querella pidió la prisión perpetua por entender que se trató de un homicidio agravado del que hicieron responsable principal al empresario, mientras que señalaron que los otros dos imputados fueron “participes necesarios”. También pidieron que se los condene por portación ilegal de armas de fuego. 

Los defensores, a su turno, afirmaron que los tres imputados ejercieron “la legítima defensa” para responder a la “agresión” que sufrieron de parte de los miembros de la comunidad, que sólo arrojaron algunas piedras. 

El juicio finalizará este miércoles, cuando los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, escucharán por la mañana las últimas palabras de los acusados, para luego pasar a un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en horas de la tarde.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/150370-a-un-paso-de-la-sentencia

NO A LA PATRIMONIALIZACION DE NUESTROS TERRITORIOS

NACIÓN DIAGUITA - PRONUNCIAMIENTO ANTE LA UNESCO 

La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, reunidos en Asamblea en nuestro Sitio Sagrado “El Tero”, en el marco del Proyecto de Extensión, “Fortalecimiento jurídico de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta, en un marco interdisciplinario e intercultural”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Salta, Resol. N° 1047/17, en ejercicio pleno del derecho a la Libre Determinación como pueblos preexistentes, nos PRONUNCIAMOS en CONTRA de la PATRIMONIALIZACION de nuestros TERRITORIOS, y en REPUDIO a las pretensiones de organismos e instituciones estatales que pretendan hablar y decidir sobre nuestros bienes culturales y naturales, nuestros espacios territoriales son el resguardo ancestral que nuestros mayores cuidaron y preservaron por miles de años para nuestro Buen Vivir como Pueblos Libres. 

Los Pueblos Originarios ante la patrimonialización de nuestros Territorios decimos que nuestros espacios y sitios sagrados NO son patrimonializables, nuestra Cultura y Territorios ancestrales NO son recursos mercantiles NI comerciables. 

Denunciamos la NO CONSULTA y la falta de PARTICIPACIÓN de las innumerables actividades llevadas a cabo por los entes gubernamentales en la ejecución de programas nacionales e internacionales como el Qapac Ñan, Plan estratégico de turismo sustentable de la Provincia de Salta, Paisaje y/o Áreas Protegidas, entre otros. Las aéreas que impulsan estas actividades han desconocido y violado el derecho de los Pueblos Originarios a la Consulta Libre Previa e Informada. Rechazamos todo lo avanzado en materia de patrimonialización en nuestros territorios. 

Es por eso que, como pueblos originarios entendemos al territorio como la memoria que nos cohesiona y nos une en una relación umbilical, es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve todo, es un ámbito espacial de nuestras vidas donde nacemos y nos desarrollamos. Territorio que debe ser protegido por nuestros pueblos, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad, en una relación de reciprocidad entre nuestra madre naturaleza y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que nos permite un aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos que nos provee. Equilibrio que debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones un espacio libre, sano y diverso en bienes naturales y culturales, llenos de memoria e identidad. 

Los Estados deben reconocer nuestros territorios y nuestras culturas preexistentes pues son ellos los que se instalaron en nuestros espacios territoriales. Nuestra preexistencia se traduce en estar desde siempre en nuestros lugares y en el uso cotidiano que hacen nuestras familias de cada uno de los espacios ancestrales que nos legaron nuestros mayores. 

Desde la “ciencia” se justifica y se pretende avalar el DESPOJO una vez más. Se desconoce e invisibiliza el gravísimo daño ambiental, los impactos sociales, económicos y políticos que se producen con la patrimonialización de nuestros territorios. 

Las instituciones internacionales, estatales, ONG y “especialistas”, contextualizan el término patrimonio desde una mirada hegemónica con una visión esencialista como la apropiación material con el énfasis en el objeto, grandioso y espectacular, en la búsqueda de la conservación de la autenticidad, definida desde ópticas externas a la de los sujetos de derechos que nos constituimos como Pueblos Originarios. 

Para nuestro Pueblo Nación Diaguita el término Patrimonio es la puesta en valor de cada uno de nuestros espacios territoriales, resguardando nuestros bienes naturales y culturales en una relación recíproca y continua; desde un conocimiento milenario trasmitido de generación en generación por nuestros ancestros, en clara pertenencia identitaria y cultural. 

La patrimonialización en pos del “desarrollo y el progreso” de unos pocos, pone en riesgo nuestros bienes culturales y naturales, ataca y atropella nuestras formas de vida que por siglos nuestros mayores supieron preservar y resguardar para nuestra continuidad como Pueblos preexistentes. 

¡¡¡ NO A LA PATRIMONIALIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS !!! 

¡¡¡ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN !!! 

¡¡¡ JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO !!!

Contactos:

3875119202-3874520651 

COMIENZA LA INSTANCIA FINAL DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE NUESTRA AUTORIDAD COMUNITARIA JAVIER CHOCOBAR

Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar

Este vídeo refleja nuestro pensamiento colectivo, la búsqueda de justicia y el proceso que atravesamos Los Chuschagasta durante estos 40 días desde que inició el juicio oral. 

Convocamos a las organizaciones y comunidades de pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas y organizaciones de DDHH y a la sociedad en general a acompañarnos en el día de los alegatos (martes 9 de de octubre a las 9hs) como así también el día de la sentencia. Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. Calle España 430 piso 5. San Miguel de Tucumán. 

Contactos Comunidad Los Chuschagasta:

3815999189 Audolio Chocobar (Presidente de la Comunidad Los Chuschagasta)

1158396726 Nancy Chocobar (Vocera de la Comunidad Los Chuschagasta)

1133777684 Ismael Chocobar (Vocero de la Comunidad Los Chuschagasta)

Ningún país protege de verdad a sus indígenas

La comunidad internacional clama que los pueblos originarios son los mejores defensores del medioambiente, pero los Gobiernos y empresas son los que menos respetan sus derechos

Nilson Tuwe Huni Kuĩ, líder indígena de la Amazonia brasileña, durante su intervención en un evento mundial sobre paz y diversidad religiosa en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, en febrero de 2013. 

"Por desgracia, no puedo. No puedo nombrar ningún país que esté proporcionando una protección real a los pueblos indígenas". Esta no se trata de una opinión cualquiera. Viene de labios de Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Adelanta sus impresiones durante una entrevista en el Foro de Bosques de Oslo, celebrado el pasado junio. Ahora las ha puesto por escrito y difundido en las páginas de su informe anual sobre la situación de estos pueblos. Bajo el título Deberían haberlo sabido antes, la relatora denuncia que los Gobiernos y las empresas de todo el mundo están haciendo cada vez más difícil, y letal, que las comunidades indígenas protejan las tierras y los bosques. Estas poseen consuetudinariamente más del 50% del territorio mundial, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos en el 10%, algo que da vía libre a los Gobiernos para declararlos ilegales en las tierras que han sido sus hogares durante generaciones.

Tauli-Corpuz difunde en su informe los datos de la organización Front Line Defenders, que sostiene que de los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran indígenas que protegían sus terrenos o sus derechos, casi siempre frente a proyectos del sector privado. De estos, el 80% ocurrieron en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas, aunque también se resalta la situación de Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Perú. La ONG británica Global Witness, por su parte, contabilizó al menos 207 asesinatos en su informe de 2017, presentado el pasado julio y que la relatora también menciona.

"Reconocer la importancia de proteger a los defensores de las tierras y del medioambiente es un tema que ha salido a menudo en el Foro. Pero en las sesiones a las que he asistido no he oído nada sobre la violencia y la intimidación que sufren rutinariamente estos grupos por empresas que quieren explotar sus territorios", señala Patrick Alley, cofundador de Global Witness, durante el encuentro en Oslo. Alley habla así durante una de las sesiones paralelas del Foro que él mismo modera. Bajo el título Abordar las causas de los ataques a los defensores del medioambiente y los indígenas, el investigador presenta a cuatro personas que han sufrido en sus propias carnes la pérdida de un ser querido de manera violenta por su militancia.

Entre ellas, Claudelice Da Silva, del estado brasileño de Pará, que es el lugar del mundo donde más crímenes de este tipo se cometen. "Siempre defendí los bosques, pero me volví más activista a raíz de que mi hermano fuera asesinado junto con su compañera. Los mataron como un recado para que quienes continuaran con la lucha supiesen que tendrían el mismo destino", clama Da Silva ante el auditorio. Se refiere a José Claudio Ribeiro da Silva y su mujer, Maria do Espírito Santo, ejecutados en 2011 de varios disparos de escopeta.

También se pronuncia Julio César López, coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. El líder comunitario explica que la disidencia de la FARC está allí presente y con intención de seguir operando en esos territorios, pero también existen otros actores armados que resguardan los intereses de narcotraficantes. Y los pueblos originarios están en medio de esta lucha, lo que les provoca "temor" e "incertidumbre".

De los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran indígenas

Para Tauli-Corpuz, el problema radica en que todo el desarrollo al que el mundo se ha adaptado es un modelo que continuamente extrae recursos, muchos de los cuales se encuentran sobre todo en tierras indígenas. "Da lo mismo que hablemos de oro, litio, cobalto o madera: si hay existencias, allí que van a por ellas. Los agricultores extensivos quieren expandir sus cultivos y van y cogen las que quieran aunque pertenezcan a los indígenas. Esa es la foto que tenemos en el mundo de hoy", reconoce a este periódico. "Se privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay detrás", denuncia, en relación con la expansión de proyectos de desarrollo de infraestructuras, agricultura y minería en tierras indígenas sin el consentimiento previo de los legítimos dueños.

Esta situación ha impulsado el drástico aumento de la violencia y del acoso legal contra los pueblos indígenas por parte del sector privado, que actúa en complicidad con los Gobiernos. Acoso por parte de quienes primero deberían protegerlos, indica la relatora en su informe, en el que incluye docenas de ejemplos (nueve en países de América Latina, cuatro en África y siete en Asia) de ataques físicos o legales perpetrados en rincones de todo el mundo. Se trata tan solo de una selección, asevera, porque a sus oídos llegan "cientos".

"Las empresas y los políticos corruptos a menudo se confabulan para otorgar concesiones y contratos. Esta corrupción asegura que las comunidades no puedan exigir responsabilidades a sus abusadores, ni que puedan acceder a los canales legales y democráticos que deberían abrirse a lo contrario. Los perpetradores de la violencia a menudo son la policía y el ejército", opina Alley. El investigador también recuerda que los asesinatos solo son la punta del iceberg: "los defensores del medioambiente se enfrentan a violencia física extrema, intimidación, criminalización… Y las mujeres están particularmente afectadas por la expansión de la violencia sexual".

El modus operandi

Estos asesinatos casi siempre ocurren en el contexto de continuas amenazas contra comunidades enteras. Primero, con campañas de difamación y discursos de odio que presentan a los pueblos indígenas como "obstáculos para el desarrollo", o en el peor de los casos, como “terroristas” o “matones”, subraya el informe de la relatora. Luego vienen órdenes de arresto por cargos inventados, que a veces se dejan deliberadamente pendientes para que las comunidades vivan bajo una amenaza perpetua. Cuando los líderes indígenas son detenidos, a menudo permanecen en la cárcel durante años en espera del juicio. En los peores casos, el militarismo, la legislación antiterrorista y los "estados de emergencia" se utilizan para justificar una creciente violencia física.

Victoria Tauli-Corpuz ha vivido en primera persona la persecución. Mujer y líder indígena del pueblo filipino kankanaey igorot, el pasado marzo el presidente Duterte pidió incluirla en una lista de 600 terroristas perseguidos por las autoridades del país en represalia por defender a los pueblos de la isla de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarización de una zona convulsa a causa de conflictos con la milicia islámica que opera en el territorio. El pasado agosto, su nombre fue borrado de tal lista.

¿UN PRIMER PASO HACIA LA PROTECCIÓN REAL DE LOS INDÍGENAS?

PABLO LINDE

La víspera del comienzo de la Cumbre de Acción por el Clima, celebrada desde el pasado 13 de septiembre en San Francisco, 34 gobernadores de los cinco continentes firmaron un acuerdo con las comunidades tradicionales que habitan las selvas para luchar contra la deforestación y nueve fundaciones anunciaron que aportarán 459 millones de dólares (unos 395 millones de euros) para conseguirlo. 

Este anuncio se hizo prácticamente al mismo tiempo que se acordaban los Principios rectores para la alianza entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y comunidades locales. Uno de los objetivos de la cumbre de San Francisco ha sido involucrar a los gobiernos regionales con las acciones contra el cambio climático. Este es justamente la base del acuerdo que 34 gobernadores (equivalentes a presidentes de comunidades autónomas en España) de cinco continentes han comprometido con las comunidades indígenas que viven en sus territorios.

En este sentido, también se pronuncia Víctor Armando López Illescas de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una red de esta región formada por comunidades indígenas que se han asociado para manejar los bosques, el agua, sus tierras agrícolas, etc. "Hay varios ejemplos, como el del pueblo q’eqchí de Guatemala, que ha realizado un trabajo muy fuerte para recuperar sus formas de organización y los derechos sobre sus tierras, pero se enfrentan tanto a proyectos privados como al establecimiento de áreas protegidas".

Y se refiere al polémico caso del Parque Natural Semuc Champey, joya del ecoturismo en el país, establecido sobre tierras q’eqchí y que las comunidades tomaron por la fuerza, echaron a los empleados y gestionaron ellos mismos el complejo durante algo más de un año. "Sus tierras les fueron arrebatadas para establecer un área protegida que hoy es un destino turístico de primer nivel en el país", resume López. "Cuando estas comunidades decidieron recuperarlas, fueron expulsadas, catalogadas como invasoras, y hoy por hoy hay 15 personas bajo proceso por varios delitos como instigación para cometer delitos, usurpación de bienes del estado... ¿Dónde se ha visto que una comunidad de 200 personas tenga a 50 de ellas con órdenes de captura para ir a la cárcel por defender su territorio?, protesta, indignado.

Al mismo tiempo que los sistemas de justicia se utilizan como “armas” contra los pueblos indígenas, existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra ellos. "Unos meses antes de ser asesinado, Claudio me dijo que cualquier día amanecía con una bala en la cabeza. Él escribía cartas a ministros, hacía denuncias ante el Gobierno, y nunca hubo una investigación de qué les pasó. Nadie está preso, hay impunidad total", abunda Da Silva en una de sus intervenciones.

Otro sonado caso es el del asesinato de la llorada Berta Cáceres, indígena hondureña que llegó a ganar por su labor el máximo reconocimiento para activistas medioambientales, el Premio Medioambiental Goldman. A ella la mataron en su casa el 3 de marzo de 2016, presuntamente por su lucha para paralizar la construcción de una presa en un río de su país del que dependen varias comunidades de la etnia lenca. Pese a la presión internacional para que se investigase el crimen, pese a las pruebas reunidas por expertos y las palabras de un testigo presencial, no ha habido condena alguna.

"El caso de Berta muestra cómo se ha fallado deliberadamente en proteger la vida de las personas que están defendiendo sus recursos naturales, sus pueblos y en este caso, sus ríos. Esto es una cosa crónica en nuestros países, están siendo asesinadas, criminalizadas a veces comunidades enteras", asevera López. "Lo que hace falta es un compromiso de los Gobiernos de una protección mínima".

Los Gobiernos deben actuar

Para López, las demandas más urgentes son completar los procesos de devolución, demarcación y saneamiento de las tierras indígenas. "Hay legislación que en el papel es excelente, pero en la práctica no se aplica, al contrario, se ha mantenido un estado de abandono a la ley del más fuerte", afirma. En segundo lugar, reconocer y apoyar las formas propias de jurisdicción, organización y administración de tierras y bosques que las comunidades tienen. Y en tercero, coherencia en términos de políticas públicas: "que no establezcas por un lado una tierra protegida y estés por otro lado promoviendo la expansión del cultivo de la palma o de proyectos hidroeléctricos abusivos", detalla.

Se privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay detrás

Para César, el indígena colombiano es también importante brindar medidas de protección colectivas, y no individuales, como las que les ha ofrecido el Gobierno colombiano. "Lo que se está haciendo actualmente es otorgar medidas individuales como las que se dan a cualquier ciudadano colombiano, lo que ha hecho que muchos líderes que llevan procesos fuertes en territorios indígenas tengan que abandonar sus comunidades y sus propias luchas para irse a resguardar en las grandes ciudades. Ahí quedan totalmente aislados y abandonados, y estos procesos que llevamos en las comunidades se corten", denuncia.

"Ellos [los pueblos indígenas] necesitan que se respeten sus derechos sobre el papel y en la práctica. Incluso en los países donde la ley los contempla, no hay ninguna garantía de que no sean menoscabados por intereses económicos, que son los que prevalecen. Así que necesitan una protección real y una implementación real de las leyes nacionales e internacionales que ya existen y que ya se han votado y aprobado por muchos Gobiernos", recomienda Tauli-Corpuz en Oslo. Entre otras medidas, la Relatora exige en su informe a los Estados que realicen investigaciones prontas e imparciales de los crímenes, que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los dueños de las tierras sobre las que se realice cualquier proyecto y que la legislación vigente imponga obligaciones a las empresas cuando exista un riesgo de violación de derechos humanos, y revocar toda legislación que criminalice el modo de vida indígena.

Publicado en: https://elpais.com/elpais/2018/08/09/planeta_futuro/1533829654_463251.html?id_externo_rsoc=FB_CC