Arma de género

Llegan al cinco por ciento del total de homicidios. Pese a tener antecedentes, los asesinos utilizan su arma reglamentaria. Las primeras condenas.

Por Tomás Eliaschev

En lo que va del año se produjeron al menos seis femicidios cometidos por hombres a quienes el Estado provee de un arma de fuego para proteger a los demás ciudadanos. De los femicidas con uniforme, la mayoría no tuvo valor para afrontar las consecuencias y se quitó la vida. No hay cifras oficiales de femicidios: muchos menos las hay de estos crímenes cometidos por policías en actividad y retirados.

De acuerdo con los registros que lleva La Casa del Encuentro, entre 2009 y 2015 se registraron 2.094 femicidios: 116, es decir, un 5,5 por ciento, fueron cometidos por uniformados en actividad o retirados. En la abrumadora mayoría de los casos, los asesinatos fueron cometidos con armas reglamentarias:

El 13 de enero pasado, en la zona oeste de Rosario, el suboficial Pedro Díaz, que revistaba en la Caballería de la Unidad Regional II, asesinó a su mujer, Graciela Menna, y luego se suicidó. Estaba con licencia por carpeta médica pero tenía en su poder el arma.

El 28 de febrero, en La Plata, el teniente Walter José Tappa, que cumplía funciones en la comisaría 10ª, asesinó a su pareja, Giselle Ramírez Astrid, y se suicidó. “Tenían una relación conflictiva y él habría descubierto que lo engañaba con un compañero de trabajo”, lo defendió un jefe policial.

El 21 de marzo, en la ciudad de Salta, Delia del Socorro Lamas, que trabajaba como administrativa en la policía, fue encontrada muerta. Su pareja, Héctor Leonardo Pérez, efectivo policial, fue detenido, ya que el balazo salió de su arma y los vecinos escucharon que la mujer pedía ayuda. El fiscal penal Pablo Rivero concedió la libertad al policía, que arguyó que la mujer se había suicidado.

El 1º de abril, también en Salta, el policía Víctor Leonardo Sánchez asesinó a su pareja, Yesica Leticia Sarapura. Un mes más tarde fue detenido.

El 27 de abril pasado, en Isidro Casanova, La Matanza, el efectivo de la policía bonaerense Axel Emmanuel Riquelme asesinó con su arma reglamentaria a su esposa Natalia Liva. La mujer estaba embarazada. El homicida –que formaba parte del Comando de Patrullas Norte– intentó suicidarse. “Las denuncias que pesan contra uniformados por violencia de género son tantas que nos vimos obligados a crear la Dirección General de Violencia de Género”, dijo a Veintitrés el director general de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra.

El 6 de mayo, en la ciudad de Córdoba, la agente policial Celeste Monte fue encontrada muerta sobre su cama. En el piso estaba el cadáver de su pareja, el oficial principal Enzo Valdez, con su arma reglamentaria en la mano. El hombre estaba con carpeta médica. Los dos trabajaban en el Centro de Comunicaciones de la Policía. La principal hipótesis es, una vez más, un femicidio seguido del suicidio del femicida. “No tenemos noticias de antecedentes de violencia”, dijo el comisario inspector Fernando Jones.

Estos crímenes se vienen a sumar a otros hechos de violencia de género: en Salta, Santiago del Estero, La Rioja y San Luis, fueron detenidos efectivos policiales que propinaron feroces golpizas a sus parejas. En Villa Mercedes, San Luis, un policía retirado ataba de manos, pies y cuello a su ex mujer para luego violarla. De acuerdo con el diario La República, “para demostrarle que era él quien mandaba, comenzó a aplicarle las mismas técnicas que, como efectivo de seguridad, usaba con los delincuentes”. La víctima había realizado cinco denuncias previas. 

En San Luis, un policía retirado ataba de manos, pies y cuello a su ex mujer para violarla

“Es necesaria una capacitación en género a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y que se sigan las denuncias de violencia de género, no pueden seguir teniendo el arma si son denunciados por sus parejas”, reclamó Ada Rico, de La Casa del Encuentro, y comentó que “muchas veces se terminan suicidando: es tal su cobardía que no solo matan sino que después no quieren afrontar la cárcel”.

“El uso de la fuerza en hechos de la vida privada tiene un fuerte impacto de violencia de género en los hogares de policías, y muchos de estos conflictos terminan en la muerte de algún integrante del grupo familiar, en general sus parejas o ex parejas. Los estudios sobre violencia de género coinciden en la necesidad de profundizar en la investigación de esta problemática, cuantificar el fenómeno y precisar sus particularidades”, remarca el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Pese a este panorama desolador, comienzan a producirse algunos movimientos judiciales para terminar con tanta impunidad. El año pasado fue condenado a perpetua el policía bonaerense Esteban Sánchez por el asesinato de su pareja, Noelia Solange Pleus, a quien asfixió con una almohada, para luego quemarla y dejar el cadáver abandonado. Recientemente, en Mendoza, el policía José Miguel Ontiveros Arancibia fue condenado por un femicidio transversal, es decir, por haber matado a la madre de su ex esposa y a su sobrino, con su arma reglamentaria. Se trata de un fallo histórico, con perspectiva de género. Los magistrados también realizaron fuertes críticas contra el Ministerio de Seguridad provincial. La condena se viene a sumar a la de José Adrián Chilo, el policía salteño que asesinó a su mujer, Claudia Sierralta. 

En La Rioja, el policía Pedro Miguel Ángel Ortiz está siendo juzgado por el asesinato de la joven Romina Marilyn Ríos. Está sospechada de haber prestado ayuda al femicida la mujer del ex intendente del Departamento de Independencia, donde se produjo el crimen.

Fuente: Veintitres