UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

28 de abril de 2021

ES NECESARIO UN ESTADO PLURINACIONAL NO UN ESTADO COLONIZADOR

                  ENOTPO - Argentina, Abril 2021.

A 529 años de la llegado del usurpador y colonizador a nuestros territorios, refrendamos nuestra condición de Pueblos Naciones Originarias, Sujetos de derecho colectivo, preexistentes a las colonias y a los Estados.

Lxs colonizadores y la oligarquía pretende continuar llamándonos “indígenas”, “aborigenes”, “campesinos/as”, “indios/as”, “pobres”, “marginales”, para no reconocer nuestra preexistencia  milenaria como pueblos y naciones originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, territorialmente organizados en más de 2000 bases y comunidades comunitarias, representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias.

Denunciamos la violación sistemática de nuestros derechos como pueblos originarios preexistentes por parte del Estado argentino.

El Estado argentino a través de su gobierno nacional y popular pretende violar nuestros derechos constitucionales a la Consulta y a la Participación, este accionar nos demuestra que continúan sosteniendo una política racista y discriminatoria hacia los pueblos y naciones originarias.

Hoy se continúa profundizando una política colonial y paternalista de  vulneración de nuestros derechos colectivos como pueblos preexistentes, la cual implica un alto grado de discriminación, racismo y xenofobia hacia nuestros Pueblos, hacia nuestras instituciones ancestrales y nuestras culturas milenarias, donde se invisibiliza la base plurinacional de nuestro país y la realidad de los Pueblos Originarios, la cual es transversal a todas las instituciones y áreas del Estado (salud, educación, ambiente, agricultura, economía, desarrollo, cultura, comunicación, etc).

El Estado con su accionar inconsulto y arbitrario, ataca la institucionalidad de los Pueblos y Naciones Originarias, replicando prácticas colonialistas, feudales, xenófobas y discriminatorias, actuando de manera totalitaria con los Pueblos Originarios, negando al Sujeto de Derecho Colectivo.

Que el Estado argentino designe a un NO Originario u Originaria a cargo de la aplicación de los derechos y las políticas públicas de los Pueblos Originarios es racismo y discriminación, es perpetuar la colonización, es poner al zorro en el gallinero o un puma en el corral de ovejas, es resucitar y replicar las políticas de lxs Colón, lxs Cortéz, lxs Pizarro, lxs Roca, lxs Videlas, , , en desmedro de los derechos colectivos de los Pueblos.

No se nos ocurre ver al gobierno nacional y popular designando a un/a represor/a a cargo de las políticas de derechos humanos, o a un “machirulo” a cargo de las políticas de género, o a un esclavista a cargo de las cuestiones afrosdescendientes, es URGENTE REPARAR de una vez y para siempre esta práctica racista hacia nosotrxs los Pueblos Originarios.

Resulta urgente atender los conflictos emergentes en los territorios y superar las pandemias de la gestión anterior, que ha desguazado y paralizado la política intercultural indígena desde diciembre de 2015, pandemia que violó sistemáticamente nuestros derechos, persiguiendo, hostigando y atropellando a nuestrxs referentxs, persiguiendo y desapareciendo a nuestro wenvy Santiago Maldonado, reprimiendo y matando a mansalva al weichafe Rafael Nahuel.  Con la complicidad de lxs servicios, del consultivo de turno y de un sector elitista de la justicia que multiplico por cientos las causas persecutorias a nuestras familias y miembrxs. La derecha no fue tibia para avanzar en el saqueo de nuestros territorios, el desguace, el endeudamiento y la entrega del País.

Desde el ENOTPO sostenemos que la reparación histórica hacia los Pueblos Originarios, para que sea real, concreta y efectiva, debe incluir indefectiblemente:

LA RESTITUCIÓN Y TITULACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS COLECTIVOS

1. La promulgación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Sólo a través de una ley como esta se hará efectiva, en forma de título de propiedad comunitaria, la posesión reconocida a través de los relevamientos territoriales realizados en el marco de la Ley 26.160. Hay dos aspectos clave que debe tener en cuenta una ley como esta. Una es la diferencia entre tierra (entendida como una extensión o porción de suelo, como un inmueble alienable y factible de ser negociado) y territorio (entendido como un espacio vital cargado de sentidos, memorias y vínculos históricos, culturales y espirituales). Los Pueblos Originarios y nuestras comunidades tenemos derecho a obtener la propiedad de nuestros territorios, que son estos espacios cultural e históricamente significativos. En segundo lugar, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena debe enfatizar que las tierras tituladas no serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.  Es de suma importancia y urgencia llevar adelante la titulación de los territorios comunitarios a fin de resolver las injusticias históricas que se han cometido contra los Pueblos Originarios. La titulación de las tierras no sólo evitará los conflictos, sino que permitirá a nuestros pueblos y comunidades desarrollarnos con identidad y alcanzar el ideal del Buen Vivir.

2. El otorgamiento de otras tierras aptas y suficientes. Los Pueblos Originarios somos pueblos dinámicos y, como cualquier otro colectivo social, nuestros intereses y necesidades van cambiando con el tiempo. Es por esto que un proceso de reparación histórica debe tener en cuenta la necesidad de otorgar, tal como lo estipula la Constitución Nacional en su Artículo 75 Inciso 17, otras tierras aptas y suficientes que nos permitan sostenernos y desarrollarnos.

3. La lucha activa contra los prejuicios y la discriminación a los que somos sujetos los Pueblos Originarios. El Estado debe realizar una campaña educativa orientada a sus áreas, funcionarios y a la sociedad civil a fin de que se conozca y concientice sobre el marco de derecho indígena en Argentina y se trabaje en pos de eliminar los estereotipos y estigmas que existen en nuestro país sobre los Pueblos Originarios, tal como que somos pueblos extintos, campesinxs, extranjeros, o subversivos. A través de un trabajo como este se reducirán las persecuciones, la negación de nuestros derechos y la violencia simbólica, jurídica y física que aún se ejerce sobre nosotros, y alcanzaremos el reconocimiento de nuestras voces e identidades, tal como lo afirmó el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones en el parlamento.

4. La elaboración y promulgación de una ley de consulta. La consulta es el derecho que tenemos los Pueblos Originarios a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de nuestras instituciones representativas, cada vez que se planifiquen y se piensen tomar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarnos directamente. Es decir, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten de alguna manera nuestros derechos en aspectos como nuestras condiciones de vida, instituciones, desarrollo económico, social y cultural y nuestro bienestar espiritual, así como las tierras y territorios que ocupamos o utilizamos de alguna manera, el Estado debe garantizar que se realice un proceso de CONSULTA con los Pueblos Originarios, a través de nuestras instituciones representativas.

5. Garantizar nuestra participación. Los Pueblos originarios debemos ser incluidos como participantes activos en todos aquellos aspectos que nos incumben y nos afectan, tal como la elaboración leyes y políticas públicas y la gestión de los recursos naturales y culturales que se encuentran en nuestros territorios.

Por ello, como organizaciones territoriales de Pueblos Originarios, EXIGIMOS LA DEROGACIÓN del Decreto simple del PEN Nº 672/16 y que el Estado a través de los organismos correspondientes garantice una CONVOCATORIA real, con la PLENA PARTICIPACIÓN de los más de 40 PUEBLOS ORIGINARIOS en el país, a través de sus instituciones representativas con sus Autoridades territoriales, para restablecer el diálogo entre el Estado y los Pueblos Originarios, estableciendo una agenda de política pública para los pueblos originarios basada en las prioridades reales de nuestros territorios.

Reafirmamos nuestra Preexistencia Identitaria, Cultural y Territorial, la cual se refleja en el Derecho Colectivo y en la jurisprudencia, el Estado tiene la obligación de respetarlo, hacerlo cumplir y no puede omitirla bajo ningún punto de vista.

Somos los Pueblos Originarios los únicos interlocutores válidos para definir nuestros destinos y nuestro devenir cultural, nuestra voz y nuestra institucionalidad es irreemplazable.

Juntos por Memoria, Identidad y Territorio.

Contacto Prensa: 2604657071

Acompañamientos - Adhesiones: encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

Fuente ENOTPO 

http://enotpo.blogspot.com/2021/04/es-necesario-un-estado-plurinacional-no.html?m=1

18 de marzo de 2021

Trabajos Colectivos en Piúl, Territorio Diaguita

 

COMUNIDAD DIAGUITA KALCHAKI PIUL

PERSONERÍA JURÍDICA 084/13


El Pueblo Diaguita en Piúl, realiza trabajos colectivos de reparación y restauración de los canales de riego, afectados por lluvias y derrumbes en distintas partes del territorio.

El martes 9 de febrero del 2021 se iniciaron las tareas de limpieza y reparación de los canales de riego que alimentan de agua a las familias Diaguitas en Piúl. El trabajo colectivo se extendió toda la semana debido a las dificultades de acceso y avance sobre el antiguo canal, pues en varias partes el mismo se encontraba cortado o tapado por los derrumbes y las crecidas que se producen para estos tiempos de verano en la zona.

Los hermanos y hermanas miembros de la Comunidad Diaguita Kalchaki Piul realizaron los trabajos a pico, pala, machete y hachas para desmalezar, también se contó con el acompañamiento del Municipio, desde el cual se aportó una maquina retroexcavadora que fue alquilada para hacer el trabajo de emparejar algunas partes del recorrido del canal.

El canal de riego que alimenta de agua a las familias de Piúl, fue construido por nuestros mayores a pico y pala, trabajando colectivamente para calar la peña, utilizando todos los conocimientos, sabidurías y fortalezas. Ahora nosotros los seguimos manteniendo cada año, pues por corrimientos del cerro y las crecientes del río, se lava y se rellena, y también en esta ocasión se llevaron los caños que permitían atravesar la parte de las peñas, zona de muy difícil y peligroso acceso.

Las partes mas dificultosas de abordaje son aproximadamente unos 500 metros, culminada la tarea de emparejamiento y limpieza de esa parte del territorio, se podrá pasar nuevamente el agua, alimento elemental para nuestras familias, para nuestras plantas, cultivos sembradíos y animales.

Continuamos nuestra vida Colectiva, asumiendo cada tarea de resguardo de lo nuestro, sosteniendo un Territorio vital en cultura e identidad. 

Como Pueblo Nación Diaguita estamos llegando a los tiempos de cosecha, celebración y agradecimiento a nuestra Madre Tierra, ella representa y simboliza nuestra casa grande, nuestro Territorio Sagrado. 











11 de enero de 2021

PUEBLO NACION DIAGUITA – POR UN DIALOGO INTERCULTURAL VERDADERO






La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta, institución legitima que nos damos como sujetos de derecho en la actual provincia Salta, para articular y promover un dialogo intercultural e interinstitucional con el Estado tanto Nacional, Provincial y municipal. Manifestamos nuestra disconformidad a la “mesa de dialogo” llevada adelante por el gobierno provincial, encabezada por el ministro de gobierno, derechos humanos, trabajo y justicia, Ricardo Villada, donde participo solamente el gobierno y los supuestos titulares registrales, dicha “reunión” se llevó a cabo sin convocar a nuestras instituciones representativas como sujetos de derecho y como Pueblos Originarios preexistentes. Una vez más vemos el desconocimiento y la desprolijidad para llevar adelante una mesa de dialogo real con las partes involucradas

El Estado, que se estableció y se impuso a sangre y fuego sobre nuestros territorios, tiene el deber y la obligación de articular y dialogar con nosotros los Pueblos Originarios en los términos que lo establece el marco normativo nacional e internacional.

Desde siempre hemos comunicado al Estado y a sus gobiernos de turno nuestra institucionalidad cultural. En el marco de un estado de derecho es necesario avanzar en un entendimiento intercultural para el abordaje y la resolución de los conflictos ocasionados por la intromisión de tercerxs en nuestros territorios comunitarios, garantizando nuestros derechos preexistentes como pueblo Diaguita. Esperamos que el gobierno provincial pueda enmendar estos errores y poner en práctica el marco normativo correspondiente, generando un dialogo intercultural e interinstitucional genuino para coordinar los mecanismos necesarios en pos de abordar cada una de las situaciones territoriales de nuestros pueblos.

Durante siglos lxs invasorxs, usurpadorxs y apropiadorxs de nuestros territorios trataron de negar e invisibilizar nuestra existencia, replicando diferentes formas de persecución y racismo, luego fueron mejorando sus métodos de sometimiento y opresión, sin embargo la lucha y resistencia de nuestros mayores hizo que hoy continuemos vivos, manteniendo en pie el legado ancestral de reafirmación territorial y cultural como Pueblo Nación.

Desde el inicio de la colonización de América la iglesia fue parte del proceso de robo y saqueo de lo nuestro, proceso que continuo con la conformación de los Estados, para profundizar y obligar la conversión al catolicismo, de lo contrario la muerte, a nuestros médicos lo trataron de bruj@s para desprestigiar nuestra medicina ancestral. Hoy esos resabios racistas y xenófobos instalados en nuestros territorios abiertamente manifiestan que no somos lo que somos, estos agentes a sueldos de la iglesia salen en apoyo a supuestos “productores”, cuando de generación en generación nuestros mayores trabajaron y vivieron el territorio desde siempre, y nos transmitieron el conocimiento y las  formas de producción de nuestros alimentos por lo tanto somos lxs verdaderxs agricultorxs en el territorio, no somos ocupas, tomadores, ni usurpadores de NUESTRO TERRITORIO, EL TERRITORIO ES NUESTRA CASA.  Miles de años sustentan nuestras existencia y preexistencia territorial como Pueblo Nación Diaguita.   

No es casual que utilicen los medios de comunicación dominantes para criminalizar nuestra lucha y resistencia, con intenciones de hacernos quedar ante la sociedad como los generadores de violencia, cuando a la verdadera violencia la instalaron en Amerika desde 1492 a la fecha.

Hoy nuestro Pueblo observa como pseudoperiodistas opinan sobre nuestra identidad, comparándonos con otros pueblos hermanos, para estos operadores mediáticos, los Pueblos Originarios tenemos que ser pobres, vivir del asistencialismo del Estado, obedecer a las imposiciones eclesiásticas, ser ignorantes y no reclamar lo nuestro, pues de esa manera es más fácil someternos para continuar tratándonos de seres inferiores, replicando el lenguaje racista de “indios” y “salvajes” para apropiarse y quedarse con lo nuestro. Si nuestrxs hermanos y hermanas intentan acceden a una formación académica ya no somos lo que somos, son negadores seriales al servicio de la oligarquía terrateniente de turno, son cipayos a sueldo, y pretenden construir un relato colonizador para continuar negando nuestra identidad como Pueblo Nación Diaguita.

Son tiempos donde nuestra madre tierra nos da la fortaleza e identidad, nos encamina hacia los cuatros rumbos, para continuar marcando el camino de deconstrucción ideológica que nos han impuesto a partir de la colonización y la usurpación de nuestros territorios.

El mayor desafío es vivir en paz y tranquilidad en una sociedad plural, que acepte en la práctica la interculturalidad, respetando nuestra cosmovisión como Pueblo Nación Diaguita.

POR UN ESTADO PLURINACIONAL !!!!

SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD !!!!

TITULARIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS COMUNITARIOS !!!!

 

Contacto: 3874892412

Mail: uniondiaguitasalta@gmail.com

Página Facebook: Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta

Página Web Blog: http://upndsalta.blogspot.com/

31 de diciembre de 2020

PUEBLO CHUSCHAGASTA NACIÓN DIAGUITA: CÁRCEL COMÚN PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSE VALDIVIESO SASSI

 La imagen puede contener: una o varias personas, personas de pie y personas en el escenario

Chuschagasta, Valle de Choromoro - actual Dto. Trancas, Tucumán 23 de diciembre de 2020 


A once años, dos meses y once días del asesinato de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar y luego de transitar un largo y duro proceso de lucha las y los Chuschagastas continuamos firmes y convencidxs en nuestro pedido de justicia. 


El 24 de octubre de 2018 la Cámara penal, Sala IV dictaminó la sentencia para los tres imputados, condenando en primer lugar al asesino/usurpador Darío Luis Amín a la pena de a veintidós años de prisión y a sus sicarios, los ex policías: Luis Humberto Gómez a dieciocho años de prisión y a Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi a diez años de prisión.
 

Los mismos fueron juzgados por los aberrantes hechos de violencia cometidos el día 12 de octubre de año 2009 en contra del Pueblo Chuschagasta momento en que los tres asesinos se presentaron en nuestro territorio ancestral Diaguita con claros objetivos de apropiarse y explotar una cantera de piedra laja. Al mismo tiempo acabar con la vida de los líderes comunitarios y de esta forma desmembrarnos como organización territorial. En dicho ataque terminaron con la vida de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar e hirieron a Emilio y Andrés Mamani, estos dos últimos sufren secuelas irreversibles hasta el día de hoy en sus cuerpos.
 

La violencia ejercida fue totalmente planeada por estos asesinos quienes ingresaron al territorio ancestral armados hasta los dientes con armas de fuego de grueso calibre, sin importarle la vida de nuestrxs hermanos y hermanas que se encontraban en el lugar resguardando el territorio de manera pacífica, entre ellxs niños y niñas de cuatro y cinco años, jóvenes, mujeres y mayores contra los que dispararon sin piedad.
 

Las practicas coloniales de opresión y persecución por parte de la familia de terratenientes Amín hacía las y los comunerxs de Chuschagasta data desde hace muchos años atrás, cuando movidos por su avaricia intentan apropiarse del territorio diaguita.
 

Utilizaron en el transcurso de estos años diversas formas de amedrentamiento tales como amenazas de muerte hacía varixs de lxs integrantes de la Comunidad Los Chuschagasta con armas de fuego, quema de casas, ensañamiento y persecución hacia miembros de la familia de Javier Chocobar, intentos de desalojos, denuncias y juicios por el delito de "supuesta usurpación" del territorio donde milenariamente hemos vivido de generación en generación. Territorio que han habitado nuestros mayores desde tiempos inmemoriales y que seguimos habitando hasta el día de hoy.
 

Las familias del Pueblo Chuschagasta nos hemos fortalecido en estos últimos once años reafirmando nuestra identidad como parte del pueblo nación diaguita y también nos hemos reorganizado colectivamente. Afrontamos dos procesos judiciales entre los años 2018 -2019 que dieron como resultados sentencias favorables hacia la Comunidad Los Chuschagasta tal es el caso del juicio oral en el año 2018 por el asesinato de la Autoridad Javier Chocobar que condenó a los tres asesinos Amín, Gómez y Valdieso Sassi a penas de veintidós, dieciocho y diez años de cárcel. En el año 2019 fue llevado a juicio oral nuestro referente comunitario Ismael Chocobar (sobrino de Javier Chocobar) una muestra clara de la persecución que vive la familia Chocobar por parte de "los Amín". En este último caso la familia Amín pretendía quedarse con la casa de Ismael Chocobar donde habitaron desde siempre sus abuelos paternos.
 

Este 23 de diciembre de 2020 finalmente la Corte Suprema de la provincia de Tucumán ratificó las condenas dictada por la Sala IV el 24 de octubre de 2018 a veintidós años, dieciocho años y diez años de prisión para los asesinos: Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso Sassi. Si bien sabemos que aún falta bastante para poder alcanzar la justicia que tanto anhelamos, estamos convencidxs que todo lo logrado hasta aquí es producto de la tenacidad de la Comunidad Los Chuschagasta y de las familias de las victimas quienes no han bajado los brazos durante estos once años de impunidad, a pesar de las injusticias y obstáculos a los que fuimos y somos expuestos.
 

Entendemos también que necesitamos con urgencia una justicia plural y democrática que garantice lo plasmado en la Constitución Nacional en materia de derecho indígena, derechos humanos y derechos como ciudadanos y cuidadanas argentinxs .
 

Repudiamos a la justicia colonial y terrateniente existente en la provincia de Tucumán, es inaceptable la complicidad actual entre los jueces corruptos quienes son parte también de las históricas familias terratenientes.
 

Rechazamos enérgicamente el mal desempeño de los jueces Daniel Leiva y Antonio Estofán quienes votaron a favor de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar, los mismos aducieron "que el asesinato fue un hecho sin intención... que no hubo planificación por parte de los asesinos".
 

Las y los chuschagastas nos preguntamos: ¿Por qué ingresaron a nuestro territorio armados hasta los dientes?¿ Por que Darío Amín busca a dos sicarios expertos en armas de fuego, como es el caso de Humberto Gómez y José Valdivieso Sassi? ¿Si es que éstos tres asesinos no tenían intenciones de masacrarnos, porque vinieron armados?
 

Asimismo, las y los comunerxs de chuschagasta nos preguntamos ¿para estos dos jueces el vídeo que filmó el asesino Darío Amín no representa una prueba contundente de la impunidad y violencia con la que actuaron aquel 12 de octubre de 2009? ¿Para los señores jueces Daniel Leiva y Antonio Estofán nuestra vida no tiene valor?
 

Ellos al igual que los tres asesinos demuestran el desprecio que tienen por la vida humana. Es verdaderamente lamentable que este tipo de jueces estén ejerciendo "cargos" en la justicia tucumana, dejan al descubierto el estrecho vínculo que mantienen con los terratenientes. Ejemplo de ello es el caso del juez Antonio Estofán que se dejó influenciar por uno de sus relatores Fernando López de Zavalia, quién es uno de los más "populares terratenientes" conocido por usurpar territorio de la Comunidad Pueblo de Tolombón entre otras comunidades.
 

Exigimos a la Corte Suprema de la Justicia de Tucumán que de una vez por todas imparta justicia y de por finalizado esta instancia judicial dentro de la provincia. Consideramos que once años de espera ya han sido suficiente tiempo para que la justicia tucumana se expida al respecto de lo sucedido el 12 de octubre de 2009. 

No queremos que se dé lugar al recurso de casación en la Corte Federal ya que eso representaría continuar exponiendo nuestras vidas al continuar los tres asesinos en libertad.
 

Exigimos que los asesinos Darío Amin y los sicarios Humberto Gómez y José Valdivieso Sassi cumplan su condena tal cual lo dictó la Sala IV el 24 de octubre de 2018.
 

Urge que el Estado Nacional efectivice la titularización y haga entrega de los territorios ancestrales a los pueblos originarios quienes habitamos lo que hoy se conoce como Argentina desde siempre. Además, es necesaria la creación e implementación de la ley de propiedad comunitaria indígena.
 

El Estado debe garantizar nuestros derechos colectivos y dejar de avalar los atropellos y muertes que se vienen sucediendo en los territorios ancestrales.
 

Nosotrxs, el pueblo Chuschagasta perteneciente a la Nación Diaguita deseamos poder vivir en paz en nuestro territorio ancestral desarrollando nuestra vida comunitaria en libertad.


¡¡¡CÁRCEL COMÚN PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSE VALDIVIESO SASSI!!!
 

¡¡¡FUERA JUECES CORRUPTOS!!!
 

¡¡¡BASTA DE COMPLICIDAD ENTRE EL ESTADO Y EL PODER JUDICIAL!!!
 

¡¡¡JAVIER CHOCOBAR VIVE EN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!!!
 

Vocerxs de la Comunidad Los Chuschagasta:
Audolio Chocobar (381) 15 599 9189
Ismael Chocobar (11) 15 3377 7684
Nancy Chocobar (381) 15 518 2405
 

FB oficial:
Los Chuschagasta Justicia para Javier Chocobar
Canal de Telegram:
Los Chuschagasta (enlace t.me/chusc)
Instagram:
loschuschagastadiaguitas

15 de diciembre de 2020

JUSTICIA TERRATENIENTE EN SALTA

Terratenientes Wayar nuevamente irrumpen territorio comunitario.



La Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas denunciamos que hoy 15-12-2020, EN ESTOS MOMENTOS, nuevamente, están ingresando a nuestro Territorio Comunitario, maquinaria pesada por orden de la terrateniente Florencia Wayar y terceros. Claramente tienen intenciones de avanzar en el territorio para hacer actos posesorios donde nunca los tuvieron. Estas acciones son una clara muestra de hostigamiento y de violencia que ejercen en contra de nuestros miembros Comunitarios en las Pailas, violan Leyes y el derecho de nuestro Pueblo Diaguita. Asimismo, van en contra de las presentaciones y disposiciones del Ejecutivo nacional y provincial y de los organismos competentes.

Cabe aclarar que la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, miembro de la Unión de Pueblos de Diaguita Salta – ENOTPO, cuenta con personaría jurídica Nº 1131/12 y relevamiento territorial RES050/14. Es decir que el Estado Nacional y provincial no solo reconoce nuestra preexistencia como Pueblo originario, sino que además pudo constatar a través del relevamiento territorial la posesión actual tradicional y publica de la comunidad, a partir del trabajo de equipos interdisciplinarios, técnicos y especialistas que lo confirman.

Contrariamente, la justicia a través de su representante, la Jueza Claudia del V. Puerta no hizo lugar al pedido de aclaratoria formulado por la comunidad, acerca de quiénes serían los ajenos al territorio, ni da lugar a una mesa de diálogo y mediación mandatados tanto por fiscalía como por el ejecutivo. La situación es tensa ya que la Justicia como órgano del Estado una vez más continúa desmereciendo y sin aplicar el derecho indígena

Ante la situación, organismos nacionales, el INAI y los organismos provinciales, Secretaria de Asuntos Indígenas y el Instituto provincial de los Pueblos Indígenas se expidieron y mostraron su preocupación por la violación a las leyes y la vulneración de los Derechos a los Pueblos originarios que se está realizando.

El INAI expresó su preocupación por la irrupción policial en territorios que el mismo organismo relevó con posesión comunitaria. En el mismo cita el marco legal nacional e internacional que se está violando al llevar a cabo estas acciones.

Por su parte la Secretaria de Asuntos Indígenas denuncia el accionar provocadora para incitar a enfrentamientos. En el mismo escrito reafirma que el espacio territorial en cuestión fue relevado en el marco de la Ley 26160 y realiza la “solicitud de una medida cautelar de NO INNOVAR” para no alterar uso ancestral del territorio que fue relevado en el 2010.

En el mismo sentido, el IPPIS a través de su representante solicito a fiscalía el inmediato cumplimiento de la Ley vigente 26160 que prohíbe los desalojos.

Responsabilizamos al Estado y sus poderes por este accionar ante cualquier situación de violencia y atropello que sufra nuestro Pueblo Nación.

Alertamos a las instituciones del Estado Nacional e Internacional y organismos que deben garantizar el respeto por nuestros derechos colectivos.

Como Pueblo Nación Diaguita nos mantenemos en Alerta y Asamblea permanente en resguardo de nuestro Territorio Ancestral.

POR LA MEMORIA DE NUESTROS IKINES Y TITAKINES FIRMES EN LA LUCHA.

SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD!!!!

TITULARIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS YA !!!!

POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!!!

Contactos

3875119202

3874892412

 

A continuación, se comparte lo que expidieron el organismo nacional (INAI) y los organismos provinciales (Secretaria de Asuntos Indígenas de Salta) y el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta.

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

“En otro orden, hemos tomado conocimiento de que, por orden de la Fiscalía actuante, fuerzas policiales irrumpieron en el territorio relevado, en apoyo a los titulares registrales en un claro posicionamiento en contra de los derechos de los miembros de la Comunidad Las Pailas, quienes vienen ejercieron la defensa material de sus derechos comunitarios.

Este procedimiento efectuado sin orden judicial, genera una enorme preocupación y este Instituto Nacional, en conjunto con otros organismos de derechos humanos solicitamos que se garantice el debido proceso, a modo de que se efectivice el respeto a las pautas culturales y la defensa de los derechos específicos que les han sido reconocidos a las comunidades originarias y a sus miembros.

A mayor abundamiento, es menester aclarar que, de conformidad con los principios emanados de los derechos de los pueblos indígenas, la endeble incidencia jurídica de cualquier tipo de documentación de terceros que reclame territorio de una comunidad indígena. La jurisprudencia ha receptado este principio de acción normativa y ha dejado asentado que en el caso de las comunidades indígenas debe ser aplicado lo normado por el art.  17 apartado 3 del Convenio 169 de la OIT que establece que “deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos, puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros, para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

La República Argentina, abogando el respeto a la diversidad cultural, consagró expresamente en el art. 75 inc. 17 de la C.N., el derecho de los pueblos indígenas a su identidad étnica y cultural, y a su propiedad comunitaria indígena en forma diferenciada a la propiedad individual. La Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión, establece la demarcación de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las Comunidades indígenas del país, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación.  La citada norma fue prorrogada mediante Leyes Nº 26.554, 26.894 y la última por Ley 27.400. El Decreto Nº 1122/07, reglamentario de la referida Ley Nº 26.160, determina que “la emergencia declarada por la Ley 26.160 alcanza a las comunidades Indígenas registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI.) u organismo provincial competente, así como aquellas preexistentes.

La ratificación del Convenio 169 de la OIT, el estado argentino asumió obligaciones y deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos indígenas. Respetar significa que el Estado no debe interferir en el disfrute de los derechos humanos ni limitarlos.  La obligación de proteger exige que impida los abusos contra las comunidades y sus miembros.  Realizar significa que debe adoptar medidas positivas para facilita el disfrute de los derechos humanos básicos.”…

Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta:

B.-PETITORIO:

“Que recientemente hemos tomado conocimiento que gran cantidad de fuerzas policiales fueron enviadas al lugar del conflicto, por orden de la Fiscalía actuante, a los fines de lograr que los titulares registrales procedan con su maquinaria a prepararla tierra para sembrar, a pesar de que allí se encuentran apostados integrantes de la Comunidad Originaria, y todo ello sin que aún exista orden de desalojo por parte de Vuestra Señoría.

Por ello, desde nuestra Secretaria entendemos que   esta medida además de   implicar   una “provocación” a   que   los enfrentamiento se agraven, y en la práctica termina resultando en un “desalojo indirecto” de los miembros comunitarios.

En consecuencia, y en el ámbito de nuestras competencias ministeriales vengo a solicitar que se tenga en cuenta las siguientes circunstancias:

A) Que la Comunidad Las Pailas, fue relevada en el marco de la Ley 26.160 y por lo tanto se encuentra amparada en las previsiones de la Ley 26.160, contra actos de turbación o desposesión de su territorio de USO ACTUAL, TRADICIONAL Y PUBLICO.

B) A   los   fines   de   evitar   enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y entre las partes en conflicto cuando no existe orden judicial de desalojo, solicito se tomen todas las medidas judiciales necesarias  para  resguardar  los  derechos  comunitarios,  en  lo  posible  una medida cautelar de NO INNOVAR, y se ordene el cese de los actos de terceros que  signifiquen una vulneración  del uso actual  tradicional  y  público del territorio comunitario, todo ello por las razones arriba esgrimidas. Hasta   tanto   se   concrete   la   delimitación   y titulación  de  las  tierras  indígenas,  los  Estados  deben  abstenerse  de  realizar “actos  que  puedan  llevar  a  que  los  agentes  del  propio  Estado,  o  terceros  que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”6.-

C) Subsidiariamente, solicito se agote la vía de la MEDIACION PENAL para el caso en cuestión, a los fines de acercar a las partes a una solución pacífica y mucho más expedita. En caso de hacer lugar a este petitorio, solicito se nos permita participar de la misma en el ámbito de nuestras competencias ministeriales.”….

Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta

Desde presidencia del IPPIS, creado y regulado por ley 7121, en cumplimiento de mis funciones vengo a informar al fiscal de turno Dr. Abel Ignacio Goitia, que la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas – Pueblo Nación Diaguita se encuentra relevada por la ley nacional de orden público, de emergencia en materia territorial 26160. Dicha normativa y relevamiento implica la imposibilidad y el impedimento de dictar medidas judiciales tendientes a llevar a cabo y/o ejecutar desalojos o medidas similares de cualquier índole en contra de comunidades originarias, razón por la cual SOLICITO al sr Fiscal la plena aplicación de la ley 26160 ante la eventualidad de que se haya ordenado en la comunidad las pailas, base territorial San Gabriel una medida de esa índole en claro desconocimiento del relevamiento antes mencionado.

Lo previamente solicitado guarda fundamento en que por dichos de los integrantes de la comunidad las pailas, personal policial se habría apersonado en el lugar pretendiendo dejar una notificación de desalojo a las personas allí apostadas.

A todo evento y para corroborar lo aquí expuesto deberá solicitarse la intervención del INAI y la secretaria se asuntos indígenas, en forma previa a cualquier medida judicial resultando nula cualquier actuación judicial sustanciada en caso no cumplirse con el recaudo señalado...