Este exhaustivo informe revela las irregularidades en favor de los diarios Clarín y La Nación que la empresa piensa aprobar en la próxima asamblea con complicidad judicial y del Gobierno. Aumento de sueldos al directorio, reducción de la participación accionaria del Estado y suspensión de las 86 causas judiciales entre el Estado y Papel Prensa.
El blindaje mediático tiene sus costos, y ahora queda a la vista uno más. El Gobierno se puso de acuerdo con Clarín y La Nación para aprobar todas las asambleas de Papel Prensa impugnadas por irregularidades entre 2010 y 2015. En Papel Prensa, Clarín cuenta con el 49% de las acciones (37% por AGEA y 12% por CIMECO), La Nación con el 22,5%, el Estado Nacional con el 27,5% y otros inversores tienen el 1%. Históricamente, Clarín y La Nación impusieron su mayoría automática. Pero partir de 2009, los representantes del Estado comenzaron a impugnar las Asambleas y reuniones de Directorio, denunciando que Clarín y La Nación se autobeneficiaban en detrimento del resto de los diarios del país y, además, perjudicaban al Estado como accionista.
Borrón y cuenta nueva
En la nueva era macrista, Clarín y La Nación, en complicidad con el Gobierno, retomaron el manejo discrecional. El 3 de junio, los accionistas de Papel Prensa pidieron a la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que mantuviera suspendidos todos los juicios entre el Estado y Papel Prensa, en total 86 causas; y que se convocara judicialmente a una Asamblea de Papel Prensa para “acomodar” las irregularidades del período 2010-2015.
Para esa Asamblea los accionistas armaron un Orden del Día de 36 puntos que incluyó el análisis de los balances, los estados contables, de la gestión del Directorio, la Comisión Fiscalizador y el Consejo de Vigilancia y sus remuneraciones, así como definiciones sobre el destino de utilidades acumuladas y el aumento de capital social, entre otros temas. Es decir, todo lo que había sido objetado.
A la audiencia fueron los apoderados de todos los accionistas. Por La Nación se presentó la abogada Paula Martínez; por CIMECO (empresa del Grupo Clarín que controla los diarios La Voz del Interior y Los Andes) asistieron Jorge Osvaldo Lopez y Mariana Russo, del estudio Naveira-Truffat-Martínez-Anido-Lorente-Lopez (NTMDALL); por parte de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), la unidad de negocios de los diarios de papel del Grupo Clarin, concurrió Javier Armando Lorente, también socio del estudio NTMDALL; por Papel Prensa estuvieron Eduardo Alberto Lohidoy, integrante del estudio Sáenz Valiente, histórico bufette del Grupo Clarín y sus accionistas, junto con el apoderado de la empresa Enrique Pigretti y su abogado, Alfredo Lauro Rovira. De parte del Estado se dividieron entre abogados de carrera de los distintos organismos y nuevas incorporaciones provenientes de los estudios de la city. Por la Comisión Nacional de Valores (CNV) dijeron presente Cipriano Aurelio Rodríguez y Gastón Cervetti, este último Subgerente legal que fue acusado por la nueva gestión de ser militante de La Cámpora, pero que supo acomodarse a la nueva era. Los abogados Leila Celina Candia, Carlos Gustavo Pistarini y Sergio Acevedo asistieron por el Estado Nacional, junto con el Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda Carlos Augusto Lo Turco, uno de los tantos delfines macristas que figura con empresas offshore. En su caso, como presidente y director de Marbira SA, radicada en Panamá. También estuvo Martin Juan Lanfranco en representación de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado Nacional. Lanfranco es un abogado muy cercano al ministro de Hacienda Alfonso de Prat Gay, y pasó por el estudio Marval, O´Farrell & Mairal.
Jueces amigos
Todos, vinieran de donde vinieran, se pusieron de acuerdo. Los jueces Eduardo Machi y Julia Villanueva resolvieron ese mismo día suspender los plazos de los 86 expedientes en curso, mientras analizaban si llamaban o no a la Asamblea.
La Fiscal General ante la Cámara, Gabriela Boquín emitió un dictamen donde advierte sobre cómo se pusieron de acuerdo los accionistas privados Clarín y La Nación con el Estado, pese a que tienen al menos 86 causas vigentes (ahora con sus plazos suspendidos). Además, sostuvo que la audiencia no debe convocarse judicialmente, ya que si los accionistas están de acuerdo no es necesaria ninguna legitimación judicial. Además, llama la atención sobre punto 29 de la orden del día que dice, textual: “Aumento del Capital social a la suma de $254.293.384,52 mediante la emisión de 12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales liberadas de VN a $0,01 cada una”. Los aumentos de capital social pueden utilizarse como artimañas para reducir la participación de uno de los accionistas en una empresa. En el caso de Papel Prensa, la sospecha es clara: si el actual gobierno acuerda con Clarín y La Nación, todo indica que ese aumento de capital puede significar la reducción de su participación en la empresa. En definitiva, la fiscal Boquín se negó a convalidar la estrategia consensuada entre los accionistas privados y el Estado.
Pese a los argumentos de la fiscal Boquín, los jueces Machín y Villanueva le dieron vía libre al pedido: “La Asamblea, por ende, será convocada y, a estos efectos, se respetará el orden del día propuesto por los requirientes”, fallaron. Todos de acuerdo: Clarín, La Nación, el Estado y los jueces. Incluso, según los jueces, el aumento de capital no altera “la consistencia patrimonial de la sociedad, ni la proporción que en ese capital corresponde a cada accionista”. Poco de extrañar, ya que históricamente la Sala C es conocida como la “sala Clarín”.
En un principio, la Asamblea tenía que llevarse a cabo el 20 de septiembre. Pero por lo acotado de los tiempos, se pasó para el 19 de octubre a las 10 de la mañana.
El socio bobo
En el discurso inaugural de Papel Prensa, el 27 de septiembre de 1978, el dictador Jorge Rafael Videla afirmó: “Tres grupos empresarios, en realidad, conforman la participación privada gruesa. Tres grupos empresarios que por su función específica son, en alguna manera competidores. Pese a ello, los tres, con un objetivo común, como una sola entidad, pusieron todo su esfuerzo, junto con el Estado, para llevar a cabo este proyecto. (…) Esto es todo un mensaje”.
El mensaje era claro y explicitaba la complicidad entre la Dictadura y los tres diarios que se quedaron con la fábrica: Clarín, La Nación y La Razón. Pero lo que no sabía -o no entendía- Videla era que ya entonces los accionistas privados habían acordado dejar al Estado fuera de las decisiones de la empresa. Más de un año antes, el 18 de agosto de 1977, Clarín, La Nación y La Razón habían firmado un acuerdo de sindicación de acciones. En concreto, un pacto para actuar juntos en la conducción de Papel Prensa y relegar al accionista minoritario: el Estado. Por Clarín lo firmó Ernestina Herrera de Noble, por La Nación Bartolomé Mitre, por La Razón Ricardo Peralta Ramos. Y decía: “Los comparecientes convienen en regir las relaciones entre sí, para actuar conjunta y coordinadamente y asegurar la unidad de criterio en la conducción de Papel Prensa SA”. Más adelante, reafirmaban: “Las tres empresas convienen y aceptan que sus derechos societarios dentro de Papel Prensa SA se ejercerán coordinadamente, por intermedio de los representantes de cada signataria”. Estos representantes eran Héctor Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre hijo por La Nación y Patricio Peralta Ramos por La Razón. Tan estricto era el convenio que establecía una multa del 25% del valor de sus acciones al que osara transgredirlo.
Así, históricamente el Estado fue el socio bobo en Papel Prensa, aunque socio al fin. Como tal, tenía un representante en el directorio, que sistemáticamente se sometió a los designios del socio mayor, Clarín. Entre ellos, pasaron el actual empresario eléctrico Alejandro McFarlane (dueño de Edelap), el embajador en Ecuador Luis Juez y el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández. Esta complicidad de los representantes del Estado recién se cortó entrada la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, no era fácil desterrar los manejos irregulares en la empresa. El 26 de enero de 2011, el consejero en Papel Prensa Alberto Gonzalez Arzac le envió un informe al Secretario de Comercio Guillermo Moreno con datos que acumuló durante 2010. Allí, citó un acta de directorio del 23 de diciembre de 2010, donde resaltó: “No puedo pasar por alto que todo lo que hacen las partes relacionadas en su propio beneficio es en detrimento de los intereses del Estado Nacional, con lo que esto en vez de ser una sociedad anónima comercial pasará a ser una asociación ilícita para defraudar al Estado”. En su resumen, Gonzalez Arzac muestra cómo la gestión de los accionistas privados generaba resultados negativos para Papel Prensa pero beneficiosos para ellos. Gonzalez Arzac afirma que el pacto de sindicación de acciones está vigente, por lo que Clarín y La Nación (ya sin La Razón, que quebró y fue absorbida por Clarín) conforman una mayoría automática y, en sus palabras, “integran una asociación ilítica cuya finalidad es cometer delitos contra el Estado Nacional”.
Estas situaciones que denunció Gonzalez Arzac también fueron registradas por los sucesivos representantes del Estado en Papel Prensa, como Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, y a pesar de los intentos por encauzarlos se mantuvieron, expedientes judiciales mediante, hasta 2015. Todo este período, 2010-2015, es el que ahora quieren normalizar los accionistas privados junto con el gobierno macrista.
En todo ese trayecto, también la Comisión Nacional de Valores (CNV) detectó situaciones irregulares y de ineficacia, y abrió sumarios contra Papel Prensa. Al menos siete resoluciones sobre irregularidades e ineficacia quedan pendientes en la CNV con fechas entre 2009 y 2013. Por ejemplo, la resolución 16.222 de la CNV, con la firma de Alejandro Vanoli, declara irregular e ineficaz la reunión de Directorio del 4 de noviembre de 2009 porque no hicieron las actas de la reunión ni las asentaron en el libro de actas, “lo que impide determinar a ciencia cierta qué es lo que ocurrió en las pretendidas reuniones y cómo se sucedieron las deliberaciones o votaciones”. Esto se mantuvo en 2010, como confirma la resolución 16.276. En 2011, otra resolución de la CNV muestra cómo Clarín y La Nación nombraron de forma anómala a miembros del Consejo de Vigilancia de la empresa, por lo que su actuación fue irregular. Otro caso de 2011 fue la resolución 16.647, que reveló una maniobra por la cual los accionistas privados le retaceaban información al Estado para convocar Asambleas y le mintieron a la CNV al informarle “que la aprobación de las convocatorias en las reuniones de directorio habían sido por unanimidad cuando los directores por el accionista ESTADO NACIONAL habían votado en contra”. La CNV les indicó que no podían llamar a Asamblea de esa forma, pero las hicieron igual. Nuevamente fueron declaradas irregulares. Y más: Clarín y La Nación lograron una medida cautelar para llevar adelante la Asamblea, que se hizo a las 17 horas del 15 de septiembre de 2011, pero le avisaron a la CNV a las 17:03 del mismo día. O sea, avisaron tres minutos más tarde de su inicio, lo cuál hizo imposible que asistieran los accionistas minoritarios. En adelante, cada nueva convocatoria de la sociedad arrastraba las irregularidades anteriores, por lo que también, valga la redundancia, eran irregulares.
En este marco, Clarín denunció a Vanoli y a Moreno por abuso de autoridad y acoso administrativo contra Papel Prensa. El juez Bonadío, siempre atento, se llevó varios expedientes de la CNV vinculados a Papel Prensa y los procesó y embargó a ambos, pese a que se trataba del cumplimiento de sus tareas como funcionarios públicos. Y no eran los únicos. En los Balances de Papel Prensa también abundan consideraciones sobre los manejos de los accionistas privados. En el de 2010, el auditor Alejandro Díaz, de la Sindicatura General de la Nación, sostiene “que ante la irregularidad en que se realizaron esas Asambleas, se genera incertidumbre sobre la validez de las decisiones adoptadas en el órgano de gobierno societario en esas oportunidades” y se abstiene de emitir información sobre los estados contables. El auditor privado, Carlos Solans Sebaral, los aprueba. Lo mismo sucede con la Comisión Fiscalizadora, con la firma de los síndicos Agustín Tarelli y Daniel Reposo, que afirma: “La política llevada a cabo por quienes conforman el grupo accionista mayoritario de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M., lleva a que éstos privilegien sus intereses corporativos particulares en la toma de decisiones, en desmedro de la propia empresa, del Estado Nacional en su calidad de accionista y del interés general”. En el Balance 2015, el auditor Díaz reafirma que no están aprobados los estados contables de 2009 al 2011 ni los estados financieros de 2012 al 2014 y, por ende, no puede emitir opinión sobre la situación de 2015. El auditor Díaz escribe que en Papel Prensa hay “un marco de conflicto en el funcionamiento empresarial cuya resolución es de carácter incierto”.
Pero esa incertidumbre está cerca de terminar. Mientras la causa penal sobre la apropiación de la empresa durante la Dictadura militar, duerme en Comodoro Py, demorada por el juez Julián Ercolini, Clarín y La Nación vuelven a manejar Papel Prensa a su voluntad.
