UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

31 de agosto de 2017

ONU: “Los pueblos indígenas hacen un mundo más pacífico y sostenible”

Victoria Tauli- Corpuz, relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, habló sobre la importancia de preservar el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo, mencionó cuáles son las principales amenazas que enfrentan.

Por Meylinn Castro

Servindi, 29 de agosto, 2017.- En el marco del cumplimiento del decenio de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estuvo en Lima para participar en el foro público “Derechos Indígenas en la Agenda de los Estados”.

Durante su intervención, Tauli-Corpuz, de nacionalidafd filipina, enfatizó en la necesidad de proteger a las comunidades originarias. “Los pueblos indígenas han contribuido en la protección del agua y los bosques. Ellos hacen un mundo más pacífico y sostenible. Deben ser protegidos”, resaltó.

La líder indígena proveniente del pueblo Kankanaey Igorot, en Filipinas, también manifestó que los saberes ancestrales en el cuidado de la tierra favorecen al desarrollo.

“La creencia de la comunidad indígena es el presente, pasado y futuro. Solo con esta se asegura el futuro de las generaciones”, aseveró.

Por otro lado, realizó un recuento de las principales amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en el mundo. Alertó que la criminalización, pobreza y los impactos ambientales los están afectando.

“Los niños indígenas de Canadá son 10 veces más pobres que un niño no indígena. En Brasil, los pueblos indígenas fueron desplazados. En este país existe un alto nivel de suicidios (…) La situación de los pueblos indígenas es mala. No interesa si es un país pobre o rico”, remarcó.
Derechos humanos ¿derechos indígenas?

La mesa de diálogo también estuvo acompañada por Gustavo Zambrano, coordinador del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

El especialista reflexionó sobre los desafíos para ejercer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mencionó que para lograrlo se debe repensar el Estado desde bases interculturales. “Un Estado monocultural no sabe acercarse a realidades pluriculturales. No solo basta decir que los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos”, indicó.

Asimismo, habló sobre la importancia de la participación política de los indígenas. “Se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es necesario que ellos puedan ser parte de los procesos de toma de decisiones”, anotó.
Sobre la Declaración de la ONU

El 13 de setiembre de 2007 se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Este documento está compuesto por 45 artículos que abordan temas sobre derechos colectivos, culturales y de identidad.

La declaración enfatiza el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas. Asimismo, la aplicación de consultas, participación y consentimiento de estos antes de realizar cualquier actividad que podrían causar un impacto en sus territorios.

De acuerdo con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, en inglés), la declaración no es legalmente vinculante para los Estados. Sin embargo, tiene un peso moral considerable.

30 de agosto de 2017

Perú- Sin Consulta no hay petróleo: El grito de los pueblos indígenas ante la amenaza de 75 años de explotación petrolera



La zona más antigua de explotación petrolera en Perú, el Lote 192, está en la mira del país, nuevamente. Comunidades y organizaciones de los pueblos achuar del río Corrientes, quechua del río Pastaza y kichwa del río Tigre, reclaman que el Gobierno realice una consulta previa en sus territorios, pues se avecina un nuevo operador por 30 años más de actividad.

La ley nacional y las normas internacionales amparan a los indígenas, la voluntad política del Gobierno no. En una reciente reunión con autoridades públicas decisorias, representantes de 16 comunidades no obtuvieron una respuesta que asegure su derecho a consulta. Los funcionarios señalan que no pueden “adelantar opinión” pues hay un contrato vigente hasta enero de 2019. Las comunidades exigían un acta donde, más allá de fechas, se señale que se respetará su derecho a consulta. El diálogo se rompió.

Las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT y sus comunidades desconfían profundamente del Estado. Han denunciado poca transparencia ante las gestiones actuales para asegurar nuevo operador en el lote.

También han padecido reiteradas y flagrantes muestras de mala fe sobre su derecho a consulta. Exactamente hace dos años, estas mismas comunidades indígenas fueron excluidas del anterior proceso de consulta del mismo lote; ellas denunciaron el atropello de sus derechos. Aquella vez una movilización de más de 10 días y un acta de compromisos palió un conflicto que hoy rebrota.

El Ministerio de Energía y Minas, el Viceministerio de Interculturalidad y la agencia de negociación Perupetro conforman el rostro de la desconfianza.

Un lote petrolero violento sobre territorios ancestrales

Desde inicios de la década de 1970, los gobiernos en Perú han priorizado la actividad petrolera a los derechos fundamentales de la población indígena. En noviembre de este año se cumplen 47 años de actividad en el lote, tiempo en el cual se han contaminado ríos, lagunas, suelos y ecosistemas frágiles, tal como lo ha comprobado el propio Estado peruano en varios estudios oficiales.

Casi cinco décadas de millonaria producción petrolera que en la zona no representan acceso a servicios básicos (por ello se declaró en Emergencia Ambiental y Sanitaria varias veces entre 203 y 2015). Por exigencia de los indígenas, desde 2012 el Estado ha destinado una serie de acciones de atención, algunas pocas con relativa eficiencia (diagnósticos ambientales, por ejemplo), pero otras extraviadas en la burocracia, la mala planificación, entre otros.

En la zona no hay acceso seguro a agua apta para consumo humano, tampoco calidad en la atención a salud, electrificación, entre otros. Según la autoridad ambiental OEFA, existen más de 2 mil sitios contaminados, y hasta ahora no hay un instrumento que asegure su remediación por parte de la anterior operadora Pluspetrol.

Las madres indígenas denuncian que la producción de sus chacras ha disminuido en cantidad y calidad, los cazadores hallan animales del monte que consumen contaminantes de petróleo, los pescadores llevan al hogar peces contaminados.

“No vamos a repetir la misma historia”, dice el apu Carlos Sandi, representante de comunidades achuar. Ellos exigen que se les consulte; de lo contrario, “no aceptamos que sigan explotando los recursos de nuestros territorios” han advertido.

Los pueblos indígenas denuncian además una negligente indiferencia que genera una seria inseguridad frente al futuro de sus próximas generaciones. “Antiguamente nosotros vivíamos bien, ahora hemos crecido, estoy envejeciendo y el gobierno no quiere escuchar, no escucha, no tienen pena, se han muerto mis hermanos, mis tíos, todos se han muerto como si fuéramos animales”, dice la madre indígena Emilda Tapuy, del pueblo kichwa.

Mi casa, mi decisión


Las federaciones indígenas y sus comunidades base han dado plazo hasta el 11 de setiembre para que el gobierno peruano les dé una respuesta favorable sobre su derecho a consulta. Además, el Estado debe llevar esta respuesta a la comunidad Nuevo Andoas, en cuyo territorio se encuentra la principal base petrolera del lote.

“Tú no eres quién para que decidas mi propio desarrollo. Nunca ningún gobierno nos llama y pregunta, cómo, qué tipo de desarrollo necesitamos, ellos solos deciden”, denunció Aurelio Chino, del pueblo quechua, en una conferencia de prensa internacional.

“Esos problemas [de contaminación], los ha creado el Estado. Cúmplame, respétame, no me estés vulnerando mis derechos”, señaló el apu, quien ha solicitado nuevamente que la ONU interceda en este problema.

El riesgo que asume el Estado si decide no consultar es grande. El deseo de extender a 75 años a como dé lugar el monólogo de la actividad petrolera en el lote más productivo del país, desencadenaría el estallido de uno de los conflictos más importante del sector hidrocarburos en el país.

Esto es así no sólo por la capacidad de producción del lote, sino además porque un difícil y arduo proceso de diálogo de cinco años con estas comunidades (con pocos resultados, pero con la vía diálogo ganada) podría venirse abajo en pocos días.

26 de agosto de 2017

La patria es el barrio



Cuarto Poder habló con Iván Carvajal, miembro de la organización barrial “La Poderosa” que surgida hace quince años en Buenos Aires funciona desde hace dos en Salta y trabaja en los barrios 15 de Septiembre y Juan Manuel de Rosas de la zona norte de la ciudad. Una lucha por más igualdad. (Stephanie Tiemersma)

“Le pusimos La Poderosa en honor al nombre de la moto con la que el Che Guevara hace el viaje por Latinoamérica junto a Alberto Granado. Buscamos sacar ese concepto tirano de poder, de dos o tres personas que tienen plata y hacen lo que quieren”. Quien habla es Iván Carvajal, vecino y miembro de La Poderosa.

Se trata de una organización barrial de base que surgió hace 15 años en Zabaleta, un núcleo habitacional en la zona sur de Buenos Aires. En Salta está hace casi dos años y empezó en los barrios 15 de septiembre y Juan Manuel de Rosas en la zona norte de la capital salteña. Si bien toma posicionamientos políticos, la organización no está afiliada a ningún partido y se maneja a través de asambleas semanales. Allí se discute qué falta en el barrio y qué problemáticas atraviesan la coyuntura para diseñar intervenciones sobre ello.

“Se busca que se resuelva todo a través del consenso. Somos un grupo político pero no partidario porque a veces los partidos políticos vienen, hacen su campaña, se van y a lo sumo te dejan un kilo de harina que te durará un mes. Te prometen y no cumplen. El Estado debe ayudar, no es que nos está haciendo un favor. Entendemos eso”, explica Iván quien también enfatiza que la organización no sigue una lógica asistencialista, no buscan “darle voz” a los que no la tienen ni de hacer caridad porque, según dice, “todos tienen una voz aunque pocos la escuchan y el barrio se mantiene solo y con el esfuerzo de todos”.

La Poderosa tiene incidencia en varios puntos de Argentina y además en el extranjero: “Hoy en día La Poderosa está con 44 asambleas en el país. En Córdoba, Tierra del fuego, Chubut, Salta, Jujuy, Catamarca. Todas las provincias tienen uno o más focos. También funciona a nivel internacional en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, México y tenemos corresponsales en las Islas Malvinas”, nos informa Carvajal.

La Garganta

El 1 de enero de 2011, en Buenos Aires, surge el brazo literario de la organización, denominado “La garganta poderosa” que luego llega a todo el país. La revista publica notas sobre los barrios, historias de vida e incluso una columna mensual titulada “Hoja de ruta” que da cuenta el proceso de cada asamblea y lo que se pide y reclama en cada una de ellas. También posee un suplemento de género. Al respecto, Iván nos cuenta que la idea es que cada provincia tenga su propia revista, pero que eso es un plan a largo plazo.

Una gran particularidad de la prensa de esta organización es que el título de las notas siempre va abajo porque “se entiende que todo lo que va desde abajo sale con más fuerza”. Con anterioridad, todo estaba escrito en verso, incluso la hoja de ruta aunque ahora la cuestión es un poco más desarticulada.

Para la escritura de las notas siguen una metodología denominado las 5P en contraposición con las 5W utilizadas en el periodismo. Este procedimiento los obliga a preguntarse cinco veces sobre el “¿por qué?” de los sucesos acontecidos: “Había un pibito que iba al espacio periodismo de la organización y él decía ‘yo no entiendo el inglés, pero yo siempre pregunto ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? y ahí empezó. Todo tiene un ¿por qué?, el pibe salió a robar, pero ¿por qué? porque no tenía pan en su casa, pero ¿por qué? porque su mamá no tiene trabajo, pero ¿por qué? porque la despidieron y ahí vemos que hay un ‘más allá’ para todo, ves más en profundidad y rompes con la estigmatización. No es solamente el ‘negrito que salió a robar’, hay que romper con eso”, nos comenta Iván y nos explica que tienen talleres y proyectos y que para financiarlos utilizan la revista: compran a Buenos Aires unos cuantos números a precio de costo y luego los venden y con las diferencias hacen los talleres. Además comercian empanadas, entre otras actividades y esto los ayuda a solventarse, siempre siguiendo la lógica de la autogestión.

La agencia villera

También tienen un canal de YouTube que se llama Visión Poderosa y una cuenta de Facebook. Este último es un elemento muy importante ya que medios como Página 12 lo utilizan como fuente: “Eso se busca, que la página web comience a funcionar como agencia de noticias villera”, nos dice Carvajal. Además nos comenta que en esta página pueden publicar lo que quieran y todo lo que abarque problemáticas del barrio. En la revista, en cambio, si quieren una tapa tienen que hacer una asamblea, discutir qué temas tratar y pedirla con tiempo a Buenos Aires. Este fue el caso de la nota que sacó La Poderosa sobre el caso de Daniela Guantay, la joven que fue víctima de una brutal femicidio y era vecina en Juan Manuel de Rosas e iba a las asambleas de la organización.

Dentro de los talleres que se dictan y son organizados por este grupo de vecinos están el de huertas, folklore, periodismo, entre otros. Todos siguen el postulado establecido por Paulo Freire vinculado a la educación popular en la que nadie es el dueño absoluto del saber sino que tanto educadores como alumnos van aprendiendo uno del otro. También hay clases de apoyo escolar los miércoles y sábados y está en vista la construcción de una biblioteca itinerante que se traslade a lo largo de toda zona norte.

Una actividad muy importante es la de la “Ronda de Igualdad” que se lleva a cabo un viernes cada dos semanas. En ellos las mujeres discuten problemáticas de género y los hombres ayudan con la cocina y el café: “Hay temas que son difíciles de tratar, como el aborto. Durante muchos años las instituciones religiosas fueron las únicas que le dieron importancia a los barrios y por más que ayudaban también imponían su ideología por lo que ahora es difícil discutir el tema del aborto no punible. También está muy naturalizada la violencia por lo que las mujeres no denuncian y hay mucha dependencia económica. Pero con estos talleres eso se está trabajando y sin imponer uno plantea nuevos puntos de vista”, nos explica nuestro entrevistado.

Una de las problemáticas del barrio son los comedores que aparecen cada cuatro años y están dos o tres meses. Actualmente hay uno funcionando hace tres meses y el objetivo es que se mantenga en el tiempo. Otra dificultad es la de los terrenos que, al ser asentamientos, no están formalizados a pesar de que los habitantes de la vivienda estén hace años viviendo allí.

“Esa es la típica promesa de campaña: ‘le vamos a dar un título para su terreno’. Nunca lo cumplen y nosotros al no tener título no tenemos derecho a vender ni a hacer nada con nuestras casas hasta que este formalizada la situación del terreno. Hace poco hubo un relevamiento de certificado de vivienda familiar en barrios populares, no es lo mismo que un título pero es un aval por parte del Estado que te da cierta legitimidad.”, cuenta Iván que también explica que ésta es una herramienta más ya que con ese aval al menos pueden pedir luz, gas y agua. El joven afirma que estos son logros ocasionados por las constantes luchas y nos informa que es imprescindible formalizar el barrio pues no cuentan con cordón cuneta, ni calles asfaltadas por lo que cuando llueve se inunda todo.

A pesar de estos problemas, la organización barrial no se echa para atrás y ofrece soluciones, por ejemplo, al problema de la desocupación. Quieren hacer una cooperativa gastronómica que haga panes, eventos, catering, huertas y así ir generando fuentes de trabajo; también convertir en centro cultural a un terreno baldío con el que cuentan y para lo cual necesitan el aval de Provincia; evalúan la posibilidad de crear nuevos focos de La Poderosa en Colonia Santa Rosa y El Carril; mientras enfatizan que están abiertos a cualquier persona que quiera sumarse a su lucha aunque estos no sean del barrio.

“Sumarse y tener conciencia de que se puede cambiar la realidad de muchos compañeros y compañeras cambia las perspectivas de cómo uno vive a la familia, al tema de no tener plata y de que esto no sea un impedimento. Tenemos que ser nosotros mismos los que generemos algo, buscar soluciones, seguir adelante, no desanimarse, pelearla”, concluye Iván.

Fuente: Cuarto Poder

25 de agosto de 2017

El desastre causado por Greenpeace que los esquimales no olvidan

Muchos guardan rencor a Greenpeace en el norte de Canadá. En esa región, donde el inhóspito clima desafía la capacidad humana de supervivencia, la gente no puede olvidar cómo la organización ecologista destruyó una de las últimas fuentes de ingresos: el comercio de piel de foca.

El uso de la piel de foca es parte del modo de vida de los Inuit en el norte de Canadá (Rosemary Gilliat. Library and Archives Canada)Más

Los Inuit exigen hoy una reparación que alivie el daño provocado por el grupo ambientalista. Ese resarcimiento serviría también para reavivar la economía de las comunidades esquimales, que han soportado durante décadas el acoso más o menos disimulado de las autoridades canadienses. La historia reciente de estas poblaciones aborígenes es un testimonio de la barbarie perpetrada por la “civilización”.



Los grupos ecologistas no han dejado de hacer campaña contra la caza de focas, sin importar el impacto sobre la población Inuit (Fibonacci Blue – Flickr CC)Más

El alto costo de la ignorancia

En 1976 Greenpeace lanzó una campaña contra la cacería de mamíferos marinos con fines comerciales, en particular las focas en el norte de Canadá. El mensaje, apoyado por fotografías que aspiraban a demostrar la crueldad de esa actividad, ganó la simpatía creciente de ciudadanos y gobiernos.

Como resultado de la presión internacional, en 1983 la Unión Europea prohibió la importación de productos elaborados a partir de la piel de crías de foca arpa. A esa interdicción se sumaron otros países, entre ellos Estados Unidos y China. En 2009, el bloque europeo extendió la regulación a todos los productos derivados de la caza de focas. Como consecuencia el 90 por ciento del mercado se evaporó.

Para Greenpeace y otras organizaciones de defensa de los animales estas medidas representaron un éxito rotundo. En cambio, para las comunidades Inuit que dependían de la venta de esas pieles esas restricciones dieron el tiro de gracia a su ya incierto futuro.

Entre 1982 y 1983 el ingreso promedio de un cazador de focas en el norte de Canadá cayó de 54.000 a 1.000 dólares canadienses. Los poblados esquimales llegaron a perder hasta el 60 por ciento de sus ingresos anuales.



El derrumbe del mercado de piel de foca agudizó la precariedad de las comunidades Inuit (D. B. Marsh. Library and Archives Canada)Más

Paradójicamente, la mayoría de los activistas que promovieron las campañas de Greenpeace vivían a miles de kilómetros al sur del territorio habitado por los Inuit, e ignoraban su modo de vida.

“Pienso que es realmente discriminatorio exigir a una persona que viva según normas diferentes a las que tú vives”, declaró a la prensa la cineasta Alethea Arnaquq-Baril, reconocida por su documental “Angry Inuk”. “Si la gente de (la provincia canadiense de) Ontario puede criar vacas y pollos para comer y vender sus productos, ¿por qué a los Inuit no se les permite hacer lo mismo con los animales locales?”, señaló.

En 2014, la directora ejecutiva de Greenpeace Canadá, Joanna Kerr, reconoció que la campaña había ido demasiado lejos. Aunque el objetivo original había sido criticar al gobierno canadiense por su manejo de las especies marinas y terminar la cacería comercial de focas, las consecuencias golpearon también a los cazadores esquimales. El texto de Kerr fue considerado una disculpa formal del grupo ecologista.

La Constitución de la Ciudad de México es la primera en el mundo en retomar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,




México.- La Constitución de la Ciudad de México es la primera en el mundo en retomar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se involucra a todas las generaciones de este sector, por lo que puede servir de inspiración a otros países, estados y ciudades.


Así lo expresó Erika Yamada, vicepresidenta del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante su conferencia magistral "El décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", en el Foro Internacional La Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución de la CDMX.

Refirió que, al retomar el marco legal de Naciones Unidas, la Constitución de la CDMX también incorporó la voz de los pueblos indígenas, con lo que se hace un compromiso de reconciliación entre el Gobierno y las comunidades.

Expresó que ahora el siguiente paso es superar los desafíos que se presenten durante la implementación de la Declaración y la Constitución para garantizar los derechos indígenas, ya que se tendrá que enfrentar las situaciones de discriminación a las que está expuesto este sector.

Agregó que esto implica mirar hacia la raíz del problema, ya que en dos décadas se tuvo una lucha por parte de los representantes indígenas, quienes viven en ocasiones procesos de violencia y desigualdad al acceder a los servicios básicos.

Hizo un llamado para que en la Carta Magna se rompa el abismo entre la teoría y la práctica, para que continúe el proceso de diálogo con las comunidades indígenas y se establezcan los mecanismos de implementación y no sólo se queden en papel sus derechos.

Comentó que para poner en práctica este marco legal también se debe considerar el presupuesto para implementar las acciones que se plasman en la Constitución de la CDMX, y que exista una participación y transparencia sobre lo que se está haciendo.

Refirió que en el mundo aún las personas indígenas se enfrentan a problemas de discriminación, especialmente las mujeres, quienes sufren el doble de rechazo y violencia; y en algunos países se cree que este sector impide el progreso social y no tiene oportunidad de ser reconocido.

Mencionó como ejemplo a Ecuador, Bolivia, Argelia y la Ciudad de México, países que han inspirado a otros en materia de derechos indígenas, como Australia, Nepal, Chile y Guatemala, los cuales están siguiendo sus mismos mecanismos.

Dijo que también se ha identificado que los derechos de los pueblos indígenas son retomados en otros tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité para el combate ante la Violencia contra las Mujeres, el Comité de los Derechos de la Infancia y el Comité de los Derechos Humanos.

Felicitó al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera, por el logro obtenido al incorporar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución de la Ciudad de México.

Publicado en: http://www.milenio.com/df/constitucion-cdmx-derechos-pueblos_indigenas-reconocimiento-onu-milenio_0_1017498429.html

22 de agosto de 2017

Décimo aniversario de la Declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas



Declaración de la Sra. Victoria Tauli-Corpuz
Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Décimo período de sesiones, 12 de julio de 2017

Excelencias,
Distinguidos representantes de los pueblos indígenas,
Señoras y señores,


Agradezco la oportunidad de dirigirme hoy al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y celebrar el décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Siento un fuerte apego personal y compromiso con la Declaración. Participé en las negociaciones de la Declaración desde mediados de los años ochenta en adelante y en el momento de su adopción. Yo era Presidenta del Foro Permanente en ese momento y tuve el honor de dirigirme a la Asamblea General en esa ocasión histórica.

Durante la última década he seguido de cerca los progresos y los desafíos en la puesta en práctica de sus disposiciones. En mi papel actual como Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tengo un mandato específico para promover su implementación.
Como les mencioné el año pasado, presentaré en octubre un informe a la Asamblea General en el que se comentará la aplicación de la Declaración.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre algunos desarrollos positivos, así como acerca de algunos de los obstáculos que impiden que la Declaración se ponga en práctica.

Progresos

Hemos recorrido un largo camino aun cuando persisten los obstáculos, y la Declaración necesita una implementación más práctica y más consistente.

Para comenzar con una nota positiva, quisiera señalar cómo la Declaración se ha convertido en un estándar normativo con un amplio reconocimiento. Los únicos cuatro estados que en su momento votaron en contra de la adopción de la Declaración han cambiando su posición hacia un apoyo explícito. En 2014, en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, todos los Estados reafirmaron por consenso su apoyo a su aplicación.

El impacto de la Declaración queda ilustrado por la incorporación de sus disposiciones a nivel nacional, en particular mediante la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en las Constituciones y las legislaciones nacionales. Ejemplos de países que han revisado sus Constituciones desde la adopción de la Declaración, que incorporan el reconocimiento de los pueblos indígenas y algunos estándares positivos son Ecuador, Bolivia, El Salvador y Kenia. En otros países, como Australia, Nepal, Chile y Guatemala, están en curso debates sobre reformas constitucionales en ese sentido.

Se han adoptado leyes nacionales para dar efecto a la Declaración, como es el caso de Bolivia y la República del Congo. En algunos países se están llevando a cabo conversaciones sobre tratados con pueblos indígenas.

Los Tribunales Supremos y los Tribunales Constitucionales de Belice, Colombia y México, entre otros, han citado a la Declaración como una fuente de derecho en su jurisprudencia.

En varios países se han adoptado políticas nacionales que buscan aplicar un enfoque basado en los derechos indígenas, ya sea en el área de la educación intercultural bilingüe y en relación con la salud pública en Paraguay y Australia.

Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos están utilizando la Declaración como marco para monitorear la implementación de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional en numerosos países como Indonesia, Malasia, Tanzania, Namibia y Australia.

La Declaración ha proporcionado una herramienta invaluable para estimular a los movimientos de los pueblos indígenas a nivel nacional, así como a nivel mundial, para afirmar sus derechos inherentes y potenciarse.

A nivel internacional, la Declaración ha reforzado el enfoque que los órganos internacionales de tratados de derechos humanos dedican a los derechos indígenas. Las disposiciones de la Declaración explican con más detalle los derechos vinculantes existentes, en los contextos culturales, históricos, sociales y económicos específicos de los pueblos indígenas, y los diversos órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos han empleado a la Declaración en sus recomendaciones a los Estados.

De particular importancia es la aplicación de la Declaración como fuente de derecho en la jurisprudencia de los mecanismos regionales de derechos humanos, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

En este sentido, quisiera destacar los ejemplos del caso de los pueblos Kaliña y Lokono en Surinam. Actué como perito experto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subrayé, con referencia a la Declaración, las obligaciones de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la ordenación de la conservación y su derecho a la restitución de las tierras incorporadas a las áreas protegidas sin su consentimiento. Me alegra que la sentencia dictada en favor de los derechos de los pueblos indígenas en enero de 2016 permitiera el reconocimiento explícito de los derechos mencionados.

Otro caso precedente es la reciente sentencia emitida en mayo de 2017 por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el caso de los pueblos Ogiek en Kenia. Cita específicamente las disposiciones de la Declaración y las recomendaciones formuladas por mi mandato en varias intervenciones en relación con la situación de los Ogieks.

Ambos casos se refieren a preocupaciones de larga data sobre los desalojos forzosos de los pueblos indígenas en nombre de la conservación de la naturaleza. Tales violaciones son motivo de particular preocupación para mí, y el mandato desde su creación ha tratado de abordar estos casos. El año pasado, mi informe a la Asamblea General exploró cómo las medidas de conservación tenían un impacto en los pueblos indígenas y plantea recomendaciones para la comunidad de conservación. Presenté el informe al Congreso Mundial de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un foro mundial clave para la adopción de políticas de conservación de áreas protegidas. La UICN adoptó posteriormente varias resoluciones, de conformidad con las recomendaciones de mi informe, acerca de la necesidad de salvaguardar las tierras, los territorios y los recursos indígenas ante los desarrollos no sostenibles, mediante la aplicación de regímenes de gestión para mejorar la rendición de cuentas.

En este contexto, considero positivo que ya en 2008 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la entidad global clave para la adopción de políticas de conservación de áreas protegidas, expresamente adoptó su compromiso de implementar la Declaración en los trabajos de conservación.

También deseo subrayar la importancia de que las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica hayan adoptado varias decisiones que se refieran a las normas establecidas en la Declaración. Durante las negociaciones del Acuerdo de París en diciembre de 2015, junto con el Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abogué con éxito por la inclusión de disposiciones sobre pueblos indígenas y derechos humanos.

Asimismo, me alienta que la Agenda 2030 para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establezcan metas e indicadores relevantes para los pueblos indígenas y que las Naciones Unidas hayan adoptado un Plan de Acción para los Derechos de los Pueblos Indígenas el año pasado.

También es importante mencionar que en los exámenes periódicos universales de algunos países donde viven pueblos indígenas, la Declaración es un instrumento utilizado para medir la forma en que los gobiernos se adhieren a las normas internacionales de derechos humanos. Se han hecho algunas referencias sobre cómo las disposiciones de la Declaración han sido respetadas o violadas por los gobiernos.

Espero que durante esta sesión podamos discutir oportunidades y propuestas que puedan ayudar a multiplicar las buenas prácticas existentes en la implementación de la Declaración.

Obstáculos

Sin embargo, a pesar de estos acontecimientos positivos, obstáculos significativos siguen entorpeciendo la capacidad de los pueblos indígenas para disfrutar de sus derechos establecidos en la Declaración. Deseo recordar que en 2014 dediqué mi informe temático al Consejo de Derechos Humanos a identificar los obstáculos mundiales en la aplicación práctica de la Declaración. Los reportes de misiones de investigación y las comunicaciones que envío continuamente a los Estados informan más a fondo mi análisis a este respecto.

Entre los retos, yo y mis dos predecesores hemos observado que la falla de ciertos Estados en reconocer a los pueblos indígenas como tales es un obstáculo importante para la aplicación de la Declaración en varias partes del mundo. Esta falta de reconocimiento niega a muchos pueblos indígenas sus derechos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos.
Si bien cada vez más países están adoptando leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente existen a menudo inconsistencias flagrantes entre esa legislación y otras leyes, especialmente las relativas a las inversiones, lo que he analizado en dos de mis informes temáticos. Estos incluyen leyes sobre actividades extractivas como la minería, así como leyes sobre silvicultura, agricultura y conservación.

A fin de avanzar en la aplicación, es imperativo que los Estados realicen una armonización completa de su marco jurídico nacional con las normas internacionales de derechos humanos aplicables a los derechos de los pueblos indígenas, en particular la Declaración.

También está relacionado con esto la importancia de que la legislación sea efectivamente aplicada y cumplida. La falta de cumplimiento y aplicación de las decisiones que reafirman los derechos de los pueblos indígenas por parte de la judicatura nacional, así como las sentencias de los tribunales regionales de derechos humanos sigue siendo una preocupación importante.

Un elemento importante para traducir los derechos en la práctica es la adopción de políticas públicas adecuadas. Las políticas públicas deben basarse en la participación y deben abordar las causas subyacentes de la pobreza y la marginación. La negación de la autodeterminación es un factor causal central en la prevalencia de la pobreza entre las comunidades indígenas. Para superar esto, el diseño de políticas debe hacerse en consulta con los pueblos indígenas con el fin de evaluar conjuntamente sus necesidades, identificar prioridades y desarrollar planes de acción estratégicos con metas y plazos para su implementación.

La falta de datos e indicadores adecuados para medir el progreso en relación con las políticas y medidas adoptadas dificulta la evaluación de la pertinencia de las iniciativas estatales. He observado que esto es una deficiencia importante en la mayoría de mis visitas a los países.

La exclusión de los pueblos indígenas en el diseño y la aplicación de las leyes y políticas que los afectan está vinculada a las actitudes predominantes, que van desde ignorar o subestimar los modos de vida de los pueblos indígenas hasta la discriminación flagrante y el racismo. Esto se deriva del legado de las leyes y políticas coloniales racistas del pasado que continúan distorsionando las percepciones sobre los pueblos indígenas e ignorando la gobernanza indígena y las leyes consuetudinarias.

La Declaración proporciona una orientación clave sobre las medidas que los Estados deben adoptar para romper el ciclo de discriminación racial y permitir a los pueblos indígenas disfrutar de sus derechos humanos en pie de igualdad con la sociedad en general.
Otro desafío para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas es el incumplimiento por parte del Estado de su deber de consultar y obtener el consentimiento libre e informado previo de los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas que puedan afectarlos, tal como mis predecesores y yo hemos observado durante nuestras misiones de investigación y en nuestras numerosas comunicaciones a los gobiernos.

La expansión de las industrias extractivas, los agronegocios y los mega proyectos de desarrollo de infraestructura que invaden los territorios de los pueblos indígenas continúan siendo las principales amenazas para la mayoría de los pueblos indígenas. Las medidas de conservación continúan poniendo en riesgo a los pueblos indígenas, así como a los recursos rápidamente crecientes empleados a proyectos sobre cambios climáticos hechos sin la obtención de su consentimiento libre, previo e informado. Las consecuencias de tales violaciones sobre los pueblos indígenas, como he observado en una amplia gama de países en todo el mundo, continúan resultando en expropiación de tierras, expulsiones forzadas, negación a la autodeterminación, así como déficit en el acceso a recursos para su subsistencia Y pérdida de lugares con importancia cultural y espiritual.

Estoy particularmente alarmada por la escalada de ataques directos contra líderes indígenas y miembros de comunidades que buscan defender sus derechos territoriales. Los pueblos indígenas que defienden sus derechos humanos fundamentales están siendo amenazados, arrestados y enjuiciados y, en las peores situaciones, son víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Sólo en el último año he enviado comunicaciones expresando preocupación por este tipo de ataques, entre otros, en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Kenya, Tanzania, India, Indonesia, Filipinas y Estados Unidos de América. Como se anunció anteriormente, tengo la intención de examinar esta cuestión en un próximo informe temático el próximo año.

También lamento que todavía existan interpretaciones contradictorias entre actores clave sobre cómo los derechos indígenas deben ser aplicados en situaciones específicas, especialmente cuando están en juego derechos e intereses en competencia. Sigo observando que las discrepancias en la interpretación existen especialmente en relación con los derechos a las tierras y los recursos y la aplicación del deber de los Estados de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar medidas que les afecten. Como parte de mi mandato de promover buenas prácticas a este respecto, he proporcionado asesoramiento técnico a través del diálogo con los gobiernos sobre cuestiones como la consulta y el consentimiento, la jurisdicción indígena y el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas.

También debo subrayar que el Sistema de las Naciones Unidas todavía falla en hablar con una sola voz. A pesar del trabajo que el mandato ha desarrollado en cooperación con otros órganos especializados de las Naciones Unidas, incluido el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas y el Mecanismo Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para garantizar la plena incorporación de la Declaración en el trabajo de las agencias, Organismos, programas, fondos y otras entidades de la ONU, todavía persiste una falta de coherencia del Sistema ONU con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Los artículos 41 y 42 de la Declaración claramente determinan que los órganos y agencias especializados del Sistema ONU y otras organizaciones intergubernamentales deben promover el respeto y la plena aplicación y aplicación de las prescripciones de la Declaración, incluso en el ámbito de los países. Lamento el hecho de seguir escuchando, de parte de funcionarios de la ONU, en particular de aquellos trabajando en temas de desarrollo, que pueblos indígenas no deben ser obstáculos para el progreso y el desarrollo, haciendo eco a posiciones de algunas autoridades gubernamentales.

Actividades realizadas para promover los derechos de los pueblos indígenas en cumplimiento del mandato

También quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir brevemente con ustedes información sobre las actividades que he realizado durante el año pasado. Como parte de mi mandato del Consejo de Derechos Humanos, estoy encargada de cuatro áreas de trabajo interrelacionadas. Realizar visitas a los países; realizar estudios temáticos; promover buenas prácticas; y dirigir comunicaciones a los gobiernos sobre presuntos casos de violaciones de los derechos humanos.
En febrero de 2017, realizé una visita oficial de seguimiento para examinar la situación de pueblos indígenas en los Estados Unidos de América, y en particular la situación relativa a las industrias extractivas. En mi declaración de fin de misión, expresé preocupación por la falta de consultas sustantivas con los pueblos indígenas y recomendé, como un mínimo, el involucramiento sustantivo y la efectiva participación de los gobiernos tribales en el análisis y revisión de proyectos de la industria extractiva, como un elemento clave para que Estados Unidos cumpliera sus obligaciones de derechos humanos en el marco de la declaración.

En marzo de 2017, emprendí una visita de seguimiento a Australia. Observé las tendencias negativas generales pese al compromiso de Australia de avanzar en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los pueblos indígenas. Si bien el Gobierno ha adoptado numerosas políticas para hacer frente a la desventaja socioeconómica de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, estas políticas no respetan debidamente el derecho a la libre determinación ya una participación plena y efectiva en la sociedad. En particular, las políticas gubernamentales no han alcanzado objetivos en las esferas clave de la salud, la educación y el empleo y han llevado a un número cada vez mayor de aborígenes e isleños del estrecho de Torres encarcelados y una desconcertante escalada de niños retirados de sus hogares y comunidades.

En marzo de 2017, realicé una visita de seguimiento a Australia. En general, he observado tendencias negativas, a pesar del compromiso de Australia en promover la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de los pueblos indígenas. Si bien el gobierno ha adoptado numerosas políticas para hacer frente a la desventaja socioeconómica de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, estas políticas no respetan debidamente los derechos a la autodeterminación y a la participación plena y efectiva en la sociedad. En particular, las políticas gubernamentales han fracasado en alcanzar sus objetivos en áreas clave como salud, educación y empleo y han llevado a un número cada vez mayor de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres encarcelados y una desconcertante escalada de niños retirados de sus hogares y comunidades.

Presentaré evaluaciones más profundas de estas visitas a los países en mis informes en la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2017.

También he realizado varias visitas de trabajo, con el objetivo de promover buenas prácticas en la implementación de las normas concernientes a los derechos de los pueblos indígenas. Como ya he mencionado, he visitado Honduras para este propósito en abril. A invitación del gobierno, estuve en México en noviembre del año pasado para discutir el concepto de consentimiento libre, previo e informado. Mi más reciente visita de trabajo fue a Perú en junio de este año para participar en una reunión regional sobre la promoción de directrices para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Uno de mis informes temáticos este año estará dedicado al análisis del impacto de inversiones y proyectos relacionados con el cambio climático, que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre, y mi segundo informe temático ante la Asamblea General contendrá una evaluación de la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde la perspectiva de mi mandato.

Para el próximo año, voy a dedicar un informe temático para analizar las amenazas crecientes que enfrentan los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos fundamentales, como se mencionó anteriormente. Acojo con agrado sus sugerencias sobre cómo podría llevarse a cabo este estudio y cómo podemos unir más efectivamente fuerzas para prevenir y detener estos ataques deplorables contra los pueblos indígenas.

Espero con interés nuestra discusión y les agradezco su atención. 

19 de agosto de 2017

María Isabel Huala: “A Santiago lo desaparecieron porque lo confundieron con un mapuche”

La madre de Facundo Jones Huala (lonko detenido ilegalmente en Esquel hace casi dos meses y en huelga de hambre), habla de la lucha de su comunidad y del joven desaparecido hace 18 días.


Daniel Satur @saturnetroc


Foto José Luis Zamora

María Isabel Huala es mapuche. Tiene 52 años, seis hijos y es muy raro encontrar una foto de su rostro en la que no aparezca decidida y firme. Como gran parte de su comunidad, sus expresiones se condicen con la resistencia a los embates recibidos a lo largo del tiempo por parte del Estado y sus instituciones.

María Isabel nació y vive en Bariloche, a casi 300 kilómetros del penal federal de Esquel, donde su hijo mayor está detenido, ilegalmente, desde el 27 de junio.

Para quienes viven en esa región patagónica las distancias resultan más largas que en otras latitudes. Más aún cuando la economía familiar no permite tener movilidad propia. “Desde que detuvieron a Facundo no fui a verlo todavía”, comenta. Y se comprende la razón: para viajar ida y vuelta en el día junto a su hija de nueve años debería gastar no menos de $ 1.400.

Si bien geográficamente está lejos del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la comunidad de la que Facundo es lonko, está muy cerca en el resto de los sentidos. Por eso en este diálogo con La Izquierda Diario(durante un parate en sus labores hilado y teñido de lanas) habla en genuina representación de quienes hoy viven hostigados, amedrentados y perseguidos por habitar sus tierras ancestrales. Esas tierras que en los papeles del Estado huinca pertenecen desde hace un par de décadas a la familia Benetton.

María Isabel habla de sus hijos, de sus luchas y de Santiago Maldonado.

Antes que nada ¿cómo está Facundo hoy, cumpliendo casi veinte días de huelga de hambre?

Facundo está complicado. Ya empezó a sufrir pequeños desmayos, se “tilda” seguido, ya que los electrolitos empiezan a fallar en su cerebro. Así es que su salud va decayendo. Pero como mapuches lo que más tenemos que cuidar es su espíritu en este momento, donde no hay una respuesta de parte del juez [Gustavo] Villanueva ni del Estado en su conjunto.

Desde los organismos de derechos humanos le están pidiendo que levante la huelga así se repone y está fuerte para la pelea ¿vos qué opinás?

Yo, como madre, qué puedo decir. En realidad le pediría al juez que me entregue a Facundo y me lo llevo a mi casa. Pero no puedo pensar sólo como madre sino como parte del pueblo mapuche y lo que él está haciendo no es sólo por él sino por todo ese pueblo, para que se visibilicen todos estos atropellos.

¿Creés que hay posibilidades de que el juez lo libere?

Nuestra abogada nos dijo que Villanueva está muy hermético. Después de la represión y las nueve detenciones en Bariloche no ha querido prácticamente comunicarse con ella, apenas le ha mandado algunas notas donde no dice nada. Ella estaba presentando una nueva apelación hace unos días, pero hasta ahora no sabemos nada más. Todo parece apuntar a un nuevo juicio.

Incluso nos llegó el rumor de que si Facundo se llega a poner peor de lo que está lo obligarían a ser trasladado a una cárcel de Buenos Aires que tiene una clínica. Pero dentro de nuestras leyes, de nuestra espiritualidad, Facundo está tomando medicina mapuche. No lo pueden obligar a quedar preso de la medicina huinca.

¿Hablaste en estos días con Facundo?

Sí, nos comunicamos esta semana. Me dijo que está bien. Le pregunté qué iba a hacer con la huelga y me respondió que va a seguir hasta que haya una respuesta del juez Villanueva o de algún organismo del Estado. Más allá de que la ONU se haya pronunciado respecto a algunas cuestiones de Argentina, el Gobierno de Macri y la Bullrich están haciendo lo que se les canta. Y no es solamente Facundo y el pueblo mapuche. Acá es el pueblo oprimido de conjunto el que es atacado.

Foto Alejandra Bartoliche

Violencias y mentiras

Cuando conversa sobre su vida y su trabajo, María Isabel conserva un tono cálido y pausado. Pero, sin dar giros bruscos, su voz se endurece y levanta levemente el volumen cuando se le pregunta por el Gobierno de Mauricio Macri (“Mugricio”, ironiza), por la Gendarmería, por los Benetton y sus sirvientes.

¿Cómo está la comunidad de Cushamen tras la represión del 1° de agosto?

La zona del Pu Lof sigue militarizada, todavía hay ahí un colectivo lleno de gendarmes, siendo que ellos fueron los que reprimieron y se llevaron a Santiago. Siguen parando a los autos que llegan hasta la comunidad. El hostigamiento sigue siendo el mismo, cumpliendo la misma bajada de línea que les dan los gobernantes, los idiotas de turno.

¿Y qué te comentaron del rastrillaje que se hizo esta semana?

Que nuevamente se vieron violentados, como sucede todo el tiempo. Para que se respetaran nuestras creencias y nuestra vida habíamos acordado un protocolo (para el cual intercedió el CELS) donde las fuerzas que hicieran los rastrillajes no llegarían a ciertos lugares. Pero eso no se hizo, se metieron de forma avasallante por todos lados. Uno de los gomones entró por el río y nuestra gente no pudo ver para dónde fue. A dos mujeres las retuvieron en la guardia y no las dejaron participar ni salir. Todas las garantías que dijeron que iba a haber fueron avasalladas. Hay una intimidación importante hacia la espiritualidad de nuestro pueblo.

¿Pudiste escuchar a la ministra Patricia Bullrich en el Senado?

La escuché un rato, pero después cambié la radio. Eran tantas las estupideces que decía esa pobre mujer. Yo en un momento había pensado en escribirle una carta dirigida ella y a Macri, pero después me dije que no, que no tiene sentido, si no escuchan nada, todo se lo pasan por donde termina la camiseta. En esa carta pensaba pedir por mi pueblo, por mi hijo.

Por estas horas lo tenés cerca al Presidente, a menos de cien kilómetros

Sí, se vino para Villa La Angostura a pasar unos días. Seguramente va a visitar a su amigo [el magnate Joe] Lewis, sin preocuparse de nada. Es una burla para todos nosotros y para el pueblo. Y pareciera que los aviones chemtrails, que todo este año estuvieron tirando nubes tóxicas en la zona, hicieron muy bien su trabajo, porque la gente parece que está dormida. Es preocupante.

Foto LeAntiman

La resistencia de los cuerpos

Quienes la conocen hablan de ella como una mujer con el temple suficiente para resistir, denunciar y seguir luchando. Como afirma en una columna publicada en esta misma edición Chuzo González Quintana, abogado de la APDH que interviene en defensa de la comunidad mapuche, “Isabel fue la nodriza que alimentó esos cuerpos que hoy se entregan sin claudicaciones en una lucha que tiene un horizonte tan gigante como la misma cordillera”.

Pero además del espíritu de lucha y de haber alimentado a Facundo, Fernando, Fiorella, Fausto, Nicolás y Pirén, esta mujer de piel curtida tiene bien ordenadas las ideas.

A Santiago Maldonado lo desaparecieron porque lo confundieron con un mapuche.

¿Qué hubiese pasado si fuera mapuche?

Posiblemente todo hubiera quedado en la nada, se hubiera dicho que todo era cosa de los mapuches. Porque Macri, Bullrich y todo su aparataje de Estado venían ensuciando la cancha. Y no sólo ellos. Esto viene más o menos de hace cinco años atrás, cuando empezó la persecución política hacia Facundo.

¿Cuánto efecto creés que tiene la campaña oficial alrededor de la RAM?

Muchos pueden tener miedo a quedar pegados porque se comieron el cuento de la RAM. Hoy leía una noticia sobre gente de Cholila que quedó sin trabajo y salió a hacer un corte de ruta y ya salieron a decir que era la RAM la que cortaba. Van quedando claras algunas cosas. ¿Quién es la RAM, los mapuches o los milicos?

¿Ustedes sienten que la campaña antimapuche es cada vez más violenta?

Nosotros decimos siempre que somos pueblo-nación mapuche, pero nunca dejamos de respetar las leyes. Y al final el Estado nos avasalla y nos oprime. Si nosotros no respetáramos sus leyes, Facundo no estaría en la cárcel, lo hubiéramos arrebatado de alguna manera. Seguimos esperando que hagan algo con sus leyes.

No sé qué están esperando, ¿que la gente se violente para tener más excusas y reprimir más? ¿Están buscando que la gente se empiece a morir de hambre y de pestes? ¿Están buscando una nueva Conquista del Desierto y que nuestra gente se empiece a entregar por míseros billetes o subsidios?

Me preocupa enormemente esto. Porque mi hijo está dejando parte de su vida y de su sabiduría en una huelga de hambre. Y más que la represión que pueda venir me da miedo que nuestra propia gente mapuche no salga a luchar y se esconda. Es peligroso volver al “no te metás” de cuarenta años atrás.

¿Hay que redoblar la lucha?

Mirá, se está volviendo a la Conquista y a la cosificación de la araucanía. La gente tiene que despertar. Esto no es solamente contra el pueblo-nación mapuche, preexistente a los estados argentino y chileno, sino contra todo el pueblo oprimido. Si no despertamos hoy no habrá futuro para nuestras futuras generaciones. El sacrificio que está haciendo Facundo y el sacrificio que hizo Santiago Maldonado, yendo a apoyar con conciencia de lucha un corte de ruta donde se pedía la liberación de Facundo, lamentablemente nos duelen mucho y son una muestra del ataque que sufre el pueblo oprimido. Esto es volver a la Conquista del Desierto y también a la dictadura que vivimos hace cuarenta años.

¿Hay una historia común con otras luchas?

Yo me pongo en el lugar de la madre de Santiago, que hoy espera la vuelta de su hijo, a su casa, a seguir mochileando. Y me pongo también en el lugar de las Madres de Plaza de Mayo, cuyo nombre se quiere ensuciar ahora porque están apoyando nuestra causa. Claro que hay una lucha común.

Por eso el apoyo recibido de muchas organizaciones populares

Es muy importante el apoyo que recibimos desde el propio pueblo oprimido, incluso internacionalmente. Ojalá el sacrificio de Santiago, yendo a apoyar nuestra lucha, como el sacrificio que está haciendo Facundo en la cárcel, sean escuchados, se levante la voz y se siga saliendo a la calle. No podemos permitir que siga sucediendo esto.

Foto José Luis Zamora

Colaboración: Guadalupe Lamuedra

17 de agosto de 2017

PUEBLO DIAGUITA - Comunidad Aconquija denunció ser victima de un allanamiento ilegalLa comunidad se declaró en estado de alerta por un allanamiento que calificaron como 'ilegal' por parte de la policía. Denunció que está siendo perseguida.


La Comunidad Originaria Diaguita de Aconquija se declaró en “estado de alerta” y denunció públicamente que el pasado lunes 14 de agosto personal policial realizó un allanamiento ilegal en la vivienda de una de las autoridades comunitarias.

Según manifestaron, se trataría de un procedimiento llevado a cabo por la Policía de Aconquija con una orden judicial que “carece de legalidad”, ya que desde la Fiscalía les informaron que desde esa área no se emitió ningún pedido de allanamiento del Juez de Garantía. “La orden no pasó por los canales normales que utiliza esta institución de la Justicia ya que el Secretario de Fiscalía supo de la misma a partir de nuestro pedido de explicaciones”, indicaron en el comunicado. 

Cabe destacar, que el “allanamiento ilegal” se realizó en la casa de la autoridad, donde una semana antes se realizó la Asamblea General con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) donde estuvo presente el defensor del pueblo de Tucumana Fernando Said Juri Debo y su abogado Patricio Pascualini.

Cuatro efectivos policiales habrían entrado al domicilio con una supuesta orden, sin notificación de una denuncia previa y con la amenaza de hacer uso de la fuerza: “No dejaron copia de la orden del procedimiento que llevaron a cabo pero si permitieron sacarle foto de la misma”.

“Preocupa muchísimo que la policía obre de esta forma ilegal, por esta vulneración exigimos respuesta de la Secretaría de Seguridad Democrática de la Provincia de Catamarca y hacemos responsable de lo sucedido y de lo que puede llegar a suceder a las máximas autoridades de la Comisaría de Aconquija”, expresa el escrito. Y continua: “La Secretaría de Seguridad debe tomar cartas en el asunto y controlar que no vuelva a pasar en nutro pueblo estas situaciones de indefensión que venimos sufriendo”.

Para finalizar, afirman que “lo que ocurrió está ligado a una persecución que está sufriendo tanto nuestra comunidad como otras comunidades de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y los pueblos originarios de todo el país, toda vez que ejercemos nuestro derecho a la defensa de la identidad y el territorio”. 


El escrito: 

14 de agosto de 2017

El guía comunitario de las montañas

Ariel Prieto trabaja en Cachi, en la zona de Las Pailas, mostrando imponentes montañas a los turistas.

Por Antonio Gaspar

Ariel tiene uno de los mejores oficios en el mundo. Jan Touzeau

Ariel Prieto tiene uno de los mejores oficios que se pueda pretender. Le pagan para salir a recorrer las montañas que parecen pintadas de los Valles Calchaquíes. El hombre tiene 22 años y es guía turístico de Cachi; más precisamente de la zona de Las Pailas.

Se trata de una región distante a uno 15 kilómetros de la cabecera departamental, en un paisaje montañoso, de viñas verdes y dominado por el Nevado de Cachi. Se debe aclarar que Ariel no es un guía de turismo como cualquier otro, sin llegar a desmerecer a los demás trabajadores del rubro. Ariel es un guía de turismo comunitario. Y por eso se encarga de aclararlo constantemente.

Trabajo alucinante

El vallisto lleva a los visitantes a paseos por una ciudad sagrada de las comunidades originarias, cruza ríos con aguas de deshielo, atraviesa zonas de cultivos, se detiene en miradores imponentes, recorriendo caminos de tiempos inmemorables. 
De pronto recupera las fuerzas con queso de cabra, con bollos hechos por las manos hermanas de su territorio, se toma un api caliente y sigue su camino. 

Ariel integra una red de turismo diaguita calchaquí que se extiende por todos los valles del mismo nombre. Son trabajadores que le apuntan a una forma alternativa de ver el turismo. “Nuestra forma de trabajar con los visitantes es diferente al de los operadores tradicionales. No es mejor ni peor; es otra”, cuenta. 

“Nosotros apuntamos a que la gente que nos visita comience a conocer la cosmovisión de los pueblos originarios de los Valles Calchaquíes, que aprendan de nuestra cultura y a la vez nosotros aprender de quienes llegan a estos lados”, le dice Ariel a El Tribuno en la presentación de la muestra “Destino Cachi”, que está en exhibición actualmente en el Centro Cultural América.

Si bien la idea ya está siendo desarrollada en otros lados, el Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios (Enotpo) viene trabajando con el turismo comunitario desde hace un buen tiempo. Ariel trabaja de guía comunitario desde hace 4 años y está feliz con su identidad con el cruce de saberes que plantea este tipo de turismos. 

“Acá vienen muchos profesionales de todo el mundo a conocer nuestro pedacito de territorio. Nuestra propuesta es que se aprende del modo de vivir ancestral que tenemos y a la vez que nuestra gente pueda conocer otras formas de ver la vida”, dice. “Entonces los turistas de pronto participan de todo el trabajo de elaboración de quesos; desde el ordeñe de las cabras hasta la venta en la feria municipal. También se puede estar en los campos de los pimenteros o trabajar con los artesanos de los vinos de altura en la vendimia o producción”, agrega con tentación el protagonista.

No solamente es el trabajo sino también consideraciones de la soberanía alimentaria, ya que los Valles Calchaquíes guardan una variedad tan grande de alimentos saludables. Están a la vanguardia de los cultivos orgánicos y de las diferentes tradiciones ancestrales de agroecología. 

“Lo que más vienen son abogados. Muchos se alojan en casas familiares y comparten la vida cotidiana. Yo disfruto mucho de mi trabajo porque los visitantes son como una gran compañía que vienen para que salgamos a caminar por El Algarrobal, Las Arcas, La Paya o San José”, dice orgullosos, y agrega: “También podemos visitar los telares y los talleres de los artesanos. Esta profesión es como un verdadero diálogo entre culturas y yo me nutro de ello”.

“Tenemos un recorrido por el territorio ancestral de las comunidades La Aguada, El Algarrobal y Las Pailas, probando el dulce de las uvas que pronto se harán vinos producidos artesanalmente por las comunidades”, dice en tono poeta.

"Muchos vienen a Cachi por los ovni"

Ariel Prieto, el joven guía de turismo comunitario, también contó que muchos llegan a Cachi a buscarlo por realizar avistaje de ovnis, lo cual puede resultar muy llamativo al sólo pensarlo.

Ese lugar de Salta tiene fama en todo el mundo por avistaje de objetos voladores no identificados.

"Yo no puedo ofrecer algo que no sé qué es. Sí, se ven luces y cosas que vuelas, pero yo no sé de qué se trata ni es asegurado el avistaje de cosas raras en el cielo por lo que no se puede vender algo así", aclara el muchacho.

Con el paisaje es suficiente. Su gente forma parte de él, ya que el cacheño está adherido a la tierra como parte fundamental.

Malestar

"Acá vinieron y huaquearon (saquearon) todos nuestros lugares sagrados, nuestro territorio. Hablo de arqueólogos, antropólogos y de los museos que se llevaron parte de nuestra historia como identidad. De algún modo extraño, mi trabajo sirve para preservar nuestro territorio y nuestra cultura", concluye Ariel, el guía de las montañas.

Publicado en: El Tribuno