UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

30 de junio de 2014

Solco- Yampa - Pueblo Diaguita: Desacuerdo con la decisión de la UNESCO de declarar patrimonio de la humanidad a La Ciudacita



"nosotros no tuvimos ninguna participación en el proceso que terminó con la declaratoria"



La comunidad Originaria Solco- Yampa, perteneciente al Pueblo Diaguita, manifestó su desacuerdo con la decisión de la Unesco de declarar patrimonio de la humanidad a La Ciudacita, un sitio arqueológico que integra el circuito conocido como Camino del Inca o Qhapaq Ñan.

Es una de las 85 reservas heredadas del imperio incaico que están contempladas en la declaratoria. Se encuentra ubicada a más de 4.400 metros de altura y dentro de la jurisdicción del Parque Nacional de Los Alisos.

Rolando Fregenal, cacique de los Solco-Yampa, dijo que la objeción a la medida parte del hecho de que su comunidad “nunca fue consultada sobre ese proyecto, a pesar de tratarse de un sitio que nos pertenece”, argumentó. “La Ciudacita nos fue reconocida a través de un relevamiento territorial hecho por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). De ahí que, a partir de normas constitucionales y otras internacionales, correspondía que se nos respete el derecho a consulta. Pero nosotros no tuvimos ninguna participación en el proceso que terminó con la declaratoria”, aseguró.

“Tenemos miedo de que La Ciudacita termine transformándose en un atractivo turístico que deteriore el lugar y que beneficie a inversionistas de otros lugares”, apuntó el cacique.

La letrada María Belén Leguizamón, asesora de los Solco-Yampa, dijo que la comunidad exigirá ante las autoridades nacionales que La Ciudacita no se transforme en un foco de contaminación ambiental, tal como sucedió en otros lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. “Se tendrá que limitar el acceso a todos los que pretendan usufructuarlo con recursos que deterioren el lugar y brindar participación a los originarios en cualquier otro proyecto que involucre a La Ciudacita” dijo. La profesional adelantó que, por otro lado, la Unión de Pueblos Diaguitas prevé elevar a la Unesco una nota en la que expondrá su desacuerdo con la declaratoria “porque no respeta principios contemplados en la ley nacional 26160 y normas internacionales”. “Lamentablemente la declaración ya está hecha y lo único que nos queda es defender la preservación del lugar”, concluyó Fregenal.

Declaración pública de Oriel Campillay Cortez, Concejal Diaguita de Alto del Carmen


“EXIJO UNA COPIA DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DIAGUITA – BARRICK Y DENUNCIO PODER ILEGAL E INCONSULTO, CON AMPLIAS ATRIBUCIONES A PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA CONSEJO COMUNAL DIAGUITA DE GUASCOALTO, SEÑORA SOLANGE BORDONES CARTAGENA”

Mi nombre es Oriel Campillay Cortez. Soy Diaguita del Valle del Huasco y ex presidente de la Comunidad Chiguinto, deje mi cargo a disposición para asumir el mandato que la gente sencilla del Valle del Huasco me dio, ser Concejal por mi Valle, donde estuvieron mis antepasados, estoy yo, y estarán mis hijos.

Preocupado por lo que pasa en mi valle y en la defensa por los derechos de los pueblos indígenas participé patrocinado por el abogado Lorenzo Soto en el Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó que paralizó al proyecto Pascua Lama el año 2013. Acciones que emprendimos con la intención de que la empresa Barrick perdiera los permisos ambientales para funcionar. La corte de apelaciones reconoció que estamos amenazados pero no revocó los permisos.

Para mi fue sorpresa la aprobación del Memorándum de Entendimiento (me enteré a través de los medios de comunicación), denominado: “Acuerdo de intercambio de información y comunicación” con la empresa Barrick Gold. Yo soy miembro activo de la Comunidad Diaguita Chiguinto y también pertenezco como miembro fundador de la Asociación Consejo Comunal Diaguita y no se me cito a ninguna asamblea para tomar la decisión de firmar este acuerdo. 

A través de ésta declaración quiero manifestar mi denuncia a la opinión pública, a todos los medios y a la comunidad de la cual me valgo como concejal que ni yo, ni gran parte de mi comunidad firmamos aquel documento, ni siquiera lo conocemos porque se niega el acceso a el, esta fue una operación que se dio a espaldas nuestras, sin consulta previa, libre e informada. 

Esta fue una acción incentivada por nuestros abogados Lorenzo Soto y Alex Quevedo que buscan beneficiarse con las negociaciones, se suponía que estaban al servicio nuestro y NO nosotros al servicio de ellos. Denuncio públicamente al Abogado Lorenzo Soto, que tras llamada telefónica personales me ha amenazado con tomar acciones legales contra mi persona. 

Este acuerdo fue hecho con el apoyo de tan sólo algunos dirigentes, sin el respaldo de sus bases que no han sido informadas y no conocen este Memorándum Secreto. En el Valle del Huasco se estan vulnerando groseramente los derechos de los pueblos indígenas, se realizan reuniones secretas, se expulsa de las reuniones al que solicita información y no se invita a los que no busquen negociar. 

Estoy convencido de que este convenio debe conocerse Y ANULARSE por INCONSULTO. Es por ello que he agotado todos los recursos mediáticos denunciándolo y exigiendo una copia del documento. Hoy, estoy recibiendo presiones de la empresa Barrick Gold a través de sus abogados. 

Como si fuera poco, junto con este memorándum hemos tenido conocimiento de que el Directorio de la Asociación Indígena Consejo Comunal Diaguita de Huascoalto, de manera INCONSULTA A LA ASAMBLEA ha entregado un poder con amplias atribuciones a la Señora Solange Bordones, el cual le permite hacer una serie de acciones sin necesitar consulta, llegando incluso a poder realizar toda clase de operaciones y transacciones a nivel internacional. Denuncio la ilegalidad de este poder y la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas que se están cometiendo. 

La Ley Indígena en el Párrafo 2° De las Asociaciones Indígenas, Art. 36, señala : “Se entiende por Asociación Indígena la agrupación voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indígenas que se constituyen en función de algún interés y objetivo común de acuerdo a las disposiciones de este párrafo. Las asociaciones indígenas no podrán atribuirse la representación de las Comunidades Indígenas. 

Ayer 26 de junio concurrí a la CONADI regional para interiorizarme en torno a la ley y saber el nivel de conocimiento que tenía este organismo respecto del Memorándum y sobre todo de este Poder. 

Al respecto del Poder, la CONADI señala que este deber ser votado y de conocimiento de la asamblea y quedar en acta. Por lo tanto, este no tiene validez, ya que como podrán ver en el archivo adjunto, este es un acuerdo firmado solo el directorio sin consulta a la asamblea. 

En la Conadi nos dijeron que este convenio era ilegal ya que no actuó como ministro de fe entre las partes privadas la institución, y que la única manera de validar los contratos de acuerdo entre indígenas y privados es con CONADI como ministro de fe. Ante esto no queremos validar sino el rechazo y anulación de este acuerdo. 

Exijo que CONADI cumpla el rol que le compete en estas circunstancias. Más allá de ser un mero ministro de fé este debe ser garante del cumplimiento de la ley y del respeto de los convenios internacionales suscritos por Chile, como el Convenio 169 de la OIT, que señala: “que se deberá consultar a los Pueblos Originarios, mediante procedimientos apropiados” 

ORIEL CAMPILLAY CORTEZ 

Concejal de Alto del Carmen 

29 de junio de 2014

DECLARACIÓN DE LA UNESCO SIN CONSULTA NI PARTICIPACIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

 

“estamos nosotros para hablar y cuidar de nuestros sitios sagrados en memoria y reivindicación de nuestros mayores, y somos los Pueblos Originarios quienes vamos a resguardar nuestros territorios para nuestras futuras generaciones”


La provincia de Salta presentó la Declaración inconsulta de Patrimonio de la humanidad del “Qhapaq Ñan” o “Camino Andino” por parte de Unesco, que afecta territorios comunitarios de los Pueblos Originarios preexistentes.

El 24 de junio se hizo la presentación de la declaratoria como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO del mal llamado “Qhapaq Ñan o camino del inca”. Dicha declaración fue presentada en conferencia de prensa por el equipo de gestión provincial de salta a cargo del antropólogo Christian Vitri, el mismo se llevó a cabo en la casa de la cultura de la provincia, los cuales dieron detalles de cómo se avanzó y la forma en que se trabajó en lo antropológico y lo social para esta declaratoria de Patrimonializacion. Estuvieron presentes los funcionarios Mario Lasarovich, Diego Sberna, Maria Fernada Sola, Federico Viveros, entre otros.

Al acto se hicieron presentes las organizaciones de Pueblos Originarios exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Derecho Indígena y que esta declaración inconsulta violo y desconoció.

Los integrantes del equipo de la unidad provincial ante la presencia de los Pueblos Originarios cambiaron el discurso rimbombante y panfletario de dicha declaración, bajándole el tono a la misma, planteando como el comienzo de la misma y pretendieron justificar algunas entrevistas realizadas individualmente en algunos de los puntos de Sitios Sagrados de los Pueblos preexistentes que afecta la Patrimonializacion, pretendiendo figurar las mismas como el proceso de consulta que los gobiernos en todos sus ámbitos violaron y desconocieron. Ninguna de esas “entrevistas” o charlas se corresponde con el marco del derecho indígena a un proceso adecuado de CLPI en Consulta y Participación efectiva de los Pueblos Originarios involucrados.

Las Organizaciones Territoriales como el Consejo del Pueblo Tastil, Comunidad las Costas del Pueblo Lule, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – UPND – Salta, se convocaron para sentar posición como Pueblos Originarios preexistentes ya que no fueron ni siquiera convocados a la puesta en escena de dicha presentación.

Como Pueblos Originarios preexistentes no fuimos convocados, cuando somos los más involucrados de dicha Patrimonializacion pues la misma atraviesa nuestros territorios”,

denunciamos la declaración inconsulta de Patrimonializacion de parte de nuestros territorios y sitios sagrados”

los Estados y la UNESCO declararon patrimonio de la humanidad sin la debida consulta libre, previa e informada a nosotros los Pueblos Originarios como sujetos de derechos y con un marco legal vigente establecidos en el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la ley N° 24.071, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU”.

Como instituciones legítimas y Organizaciones de Pueblo, nunca se acercaron a dialogar con nosotros, sólo se hicieron reuniones aisladas con algunas familias de los lugares declarados sin una organización previa, desconociendo con esas prácticas al sujeto de derecho que es el Pueblo Originario y sus comunidades y es al Pueblo en todo su contexto cultural y proceso de organización al que se le debe realizar la consulta”

El antropologo Vitri solo atino a insinuar algunas disculpas y se excusó, aduciendo que en ese momento estaban trabajando con poco presupuesto.

Ante estas expresiones se manifestó

sepan que están hablando de nuestros territorios y proyectando una apropiación patrimonial y un "desarrollo" para operadores turísticos que van a afectar territorios y sitios sagrados de Pueblos Originarios con identidad y cultura propia"

"con esta declaración no se hizo efectivo el procedimiento del Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Originarios como sujetos de derecho”

Los Originarios presentes dejaron en claro a los funcionarios y técnicos presentes CUANDO y COMO se debe realizar un Procedimiento adecuado de Consulta y Participación en todo aquello que afecte directa o indirectamente a los Pueblos Originarios. 

“estamos nosotros para hablar y cuidar de nuestros sitios sagrados en memoria y reivindicación de nuestros mayores, y somos los Pueblos Originarios quienes vamos a resguardar nuestros territorios para nuestras futuras generaciones”

El equipo creado para la gestión en la provincia de los tramos “Qhapaq Ñan” informó que se han generado Unidades de Gestión con participación de las comunidades locales, que tienen como objeto crear un espacio de trabajo entre el Estado y la sociedad local para tomar decisiones consensuadas y para la formulación e implementación del plan de gestión y conservación de los tramos de caminos y sitios.

Las Autoridades comunitarias expresaron que es necesario y urgente generar un dialogo intercultural real con garantías para la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios en cada uno de los procesos, evitando así que se desencadene una conflictivización territorial aun mayor, con las consecuentes situaciones de emergencia territorial, desalojos y violaciones a los derechos colectivos que trae aparejado este tipo de patrimonializacion.

La demanda y exigencia de los Pueblos Originarios es crear espacios de co-coordinación intercultural con participación real de los Sujetos de Derechos en cada una de las instancias de las unidades de gestión, puesto que la administración de los territorios originarios debe estar en manos de los Pueblos Originarios por derecho. 

24 de junio de 2014

QHAPAQ ÑAN - DECLARACIÓN SIN CONSULTA A PUEBLOS ORIGINARIOS

El Gobierno de Salta creó una nueva oficina para cuidar el nuevo patrimonio de la humanidad 
El Qhapaq Ñan (Camino del Inca), la nueva polémica con los aborígenes - El Tribuno

Los caciques de la quebrada del Toro dicen que no fueron consultados. Temen ser “otra Humahuaca”. 


La Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad los sitios arqueológicos de Salta incluidos en el Qhapaq Ñan en la 38ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se desarrolló en Doha, el sábado pasado.

Se trata del sistema vial andino (popularmente conocidos como Camino del Inca que comparten seis países, y que fue reconocido en la categoría Itinerario Cultural. 

Ayer, el gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, anunció la creación de la Unidad de Gestión Provincial de Qhapaq Ñan, en un acto en el Centro de Convenciones del Grand Bourg. 

Sin embargo no todos los involucrados están de acuerdo con la medida, inclusive algunos no estuvieron invitados a la reunión en la que se dio a conocer la existencia de esta nueva entidad. 

Tal es el caso de los integrantes del Consejo de Pueblos Tastiles que reúne a los pueblos originarios de la quebrada del río Toro. 

Preocupación en la quebrada 

El cacique Estaban Vilca, fue consultado por El Tribuno sobre la declaración de la Unesco, y dijo que no están de acuerdo con la medida. El cacique aclaró que además el Gobierno provincial “realizó todo de manera unilateral”. 

“Nosotros no tuvimos nunca una participación formal y como ya lo dice la convención con la OIT se debe consultar a los pueblos aborígenes cuando se haga algo en nuestros territorios”, dijo Vilca. 

Este reconocimiento internacional abarca tramos de caminería y los sitios de Santa Rosa de Tastil, Potrero de Payogasta, Los Graneros de La Poma y el Complejo Ceremonial Volcán Llullaillaco. 

Parte de los caminos que -ahora son parte del patrimonio de la humanidad- pasan por las comunidades aborígenes salteñas y por eso el cacique Vilca expresó que teme que se convierta en una explosión de turismo descontrolada. 

“Nosotros ya vimos lo que pasó en la Quebrada de Humahuaca cuando la declararon Patrimonio. Llegó el turismo y alteró la vida de los pobladores luego de haber estado miles de años inalterable”, aseguró el cacique tastil. 

Los tastiles dijeron también que temen por que la medida pueda resultar perjudicial para su lucha sobre la titularización de tierras comunitarias. 

El desarrollo del turismo traerá otros intereses donde las tierras ya no costarán igual. 

Más protestas 

En ese mismo sentido se expresó el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblo Originarios (Enotpo) a través de un comunicado advirtiendo sobre los peligros de la declaración de la Unesco. 

Esta agrupación se encuentra conformada por 45 organizaciones que nuclean a 27 pueblos preexistentes y más de 1.000 comunidades, con representatividad en 20 provincias; por lo que ya están preparando la estrategia jurídica por la medida del Gobierno. 

“Denunciamos la explotación turística sistemática, la especulación inmobiliaria, los mega-proyectos mineros y los emprendimientos de patrimonialización de nuestros territorios y sitios sagrados. La pretendida declaración de patrimonio de la Humanidad del Qapaj Ñan, involucra a seis Estados que pretenden avanzar sobre nuestros territorios comunitarios sin un procedimiento correspondiente de consulta a los Pueblos Originarios. Ya conocemos la experiencia de lo sucedido en la Quebrada de Humahuaca luego de su patrimonialización, donde la ganancia económica de unos pocos primó en detrimento de nuestros derechos territoriales y desarrollo local”, advirtieron en un comunicado.

Desde Patrimonio de Salta aseguraron que la Quebrada de Humahuaca es un descontrol 

LA QUEBRADA DE HUMAHUACA. 

El director de Patrimonio de Salta, Mario Lazarovich, destacó el impacto socioeconomico que sufrió la Quebrada de Humahuaca desde su reconocimiento como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco. 

El arquitecto, ahora integrante de la unidad de gestión, aseguró que “el cacique Estaba Vilca participó en reuniones y estuvo invitado”.

Con respecto a la búsqueda del reconocimientos por lo que consideran sus tierras comunitarias expresó que: “nosotros sabemos que ellos tienen un reclamo de tierras, pero nosotros trabajamos preservar el valor del patrimonio cultural. Tangencialmente están las tierras, pero que no es el tema principal”.
“El tema de tierras se lo verá desde la unidades ejecutora pero no es el tema principal”, aseguró Lazarovich ante la expresiones de líderes aborígenes.

A lo que el funcionario agregó que “las comunidades tastiles ya están participando”. 

Con respecto a que no quieren que este sector del Camino del Inca se convierta en la Quebrada de Humahuaca, el profesional dijo que “no todo es negativo y que hay que rescatar los casos positivos”.
“Talampaya fue positivo con los respectivos controles y haciendo las cosas como corresponde. Por eso es que se crea la Unidad de Gestión Provincial”, dijo.

Aseguró que los vecinos vienen participando de las reuniones que se realizan por el tema.
“Hay que tener en cuenta que las comunidades aborígenes solo representan a un determinado sector. Hay pobladores que no quieren ser de integrantes de las comunidades aborígenes y deben ser respetados también”, concluyó.

El funcionario dijo que el tema central es la conservación del patrimionio y que para eso contarán con financiamiento del Bando Interamericano de Desarrollo (BID) hasta el 2018.

Con respecto a las obras que se realizarán con esos fondos, el funcionario no dio detalles sobre los pasos a seguir. 

Puntos sueltos en la funcionalidad de la Unidad de Gestión Provincial 

En la conferencia realizada ayer en el Grand Bourg dijeron que la flamante unidad tendrá “la función de realizar diagnósticos y proponer acciones relacionadas con la conservación, puesta en valor y manejo de los bienes culturales involucrados en el Camino del Inca”. 

Durante el encuentro con la prensa el gobernador Juan Manuel Urtubey destacó las gestiones que su administración vino realizando durante los últimos años -junto a los seis países que atraviesa el Camino del Inca- para lograr la aprobación de la Unesco. 

El Qhapaq Ñan recorre Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. 
En Argentina el Camino del Inca atraviesa las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan, Salta y Tucumán.

La Unidad de Gestión 

La Unidad de Gestión Provincial estará integrada por un equipo de investigación. 
Con respecto a los cargos y a quienes estará afectados esta nueva entidad, desde la administración provincial no se dieron a datos ciertos. 

Durante el encuentro de ayer se dijo que la Unidad “coordinará acciones con actores comunitarios y de la sociedad civil, como con organismos que tengan vinculación con su desarrollo sustentable” por lo que tampoco se sabe quiénes serán los verdaderos beneficiados de los recursos que serán destinados.
Por último, tampoco dijeron cuánto es el presupuesto con la que contará la unidad. 

Durante el encuentro solo se adelantó que parte de los fondos serán enviados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

“Nosotros decimos no”, expresó Ulises Yañes 


Quien también entró en la discusión fue el delegado de la Unión Nación Pueblo Diaguita (UNPD), de Salta, Ulises Yañes.

El referente de Las Pailas, en Cachi, aseguró que su comunidad no fue consultada como sujeto de derecho.

Indicó que si bien conocían sobre esta posibilidad, como Pueblo Diaguita “nunca fuimos consultados como debería hacerse. Llamar a una consulta libre, previa e informada”, sostuvo. 

Yañes expresó que la declaración de la Unesco no tiene valor si no se ajusta al convenio 196 de la OIT en donde se estipula que debe haber consulta o consentimiento cuando se realice cualquier acción en territorio aborigen.

“A la declaración de patrimonio de la humanidad de los Territorios Diaguitas nosotros le decimos ‘no’. Porque no se dan cuenta que eso que denominan Camino del Inca es el camino de los pueblos y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que decidir”, declaró Yañes.

Respecto de los lugares que a su parecer “son perjudicados” figuran Las Pailas, La Paya, Potreros, Payogasta y Los Graneros en La Poma; todas poblaciones Diaguitas.

Fuente: El Tribuno

22 de junio de 2014

NO A LA PATRIMONIALIZACION DE NUESTROS TERRITORIOS SAGRADOS

Pueblos originarios contra la Patrimonialización del territorio

Sáb, 21/06/2014 - 21:36
SALTA


El primer fin de semana de Junio se advirtió del tema.
"Denunciamos la explotación turística sistemática, la especulación inmobiliaria, los mega-proyectos mineros y los emprendimientos de patrimonialización de nuestros territorios y sitios sagrados.

La pretendida Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Qapaj Ñan (conocido también como camino del inca o camino andino), involucra a seis Estados que pretenden avanzar sobre nuestros Territorios Comunitarios sin un procedimiento correspondiente de consulta a los Pueblos Originarios. Ya conocemos la experiencia de lo sucedido en la Quebrada de Humahuaca luego de su patrimonialización, donde la ganancia económica de unos pocos primó en detrimento de nuestros derechos territoriales y desarrollo local". 

El resumen de la declaración aquí exhibida fue acordado el fin de semana que se dio entre el 6 y 8 de junio pasado en Campo Quijano. Fue allí donde las comunidades que integran el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios se reunieron no solo para denunciar sobre este atropello que entienden, se sistematiza y vulnera sus derechos, sino además por las situaciones de violencia que se habían generado sobre miembros de las comunidades. La más conocida (pero no la única), en la zona de Quijano fue la de Sara Quipildor, a quien le derribaron la vivienda con topadoras luego de que el titular registral entendiera que lo podía hacer sin orden judicial alguna. 

El ENOTPO se encuentra conformado por 45 organizaciones que nuclean a 27 pueblos preexistentes y más de 1000 comunidades, con representatividad en 20 provincias. 

Acción conjunta

Ulises Yanes, de la Unión Nación Pueblo Diaguita (UNPD), de Salta, indicó que ante la afrenta de esta patrimonialización que pondría en riesgo a las comunidades, es que se está planteando la posibilidad de realizar acciones conjuntas con los Pueblos Originarios de las provincias que recorre el Camino Andino.

Indicó que si bien conocían sobre esta posibilidad, como Pueblo Diaguita "nunca fuimos consultados como debería hacer de consulta libre, previa e informada", sostuvo. Por ello entendió que establecer una declaración de la UNESCO sin la consulta a las comunidades, es solo un "despropósito".

Las comunidades Diaguitas involucradas son las de Payogasta y Los Graneros de La Poma. 

"Decimos No"

"Decimos no a la patrimonialización de nuestros territorios", dijo Yañes al indicar que en estas condiciones los Pueblos Originarios no aprobarán la declaración. En este punto indicó que en la experiencia de la patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca se pudo conocer que una vez dispuesta la declaración, "los pueblos quedan sin su territorio…la Humanidad es el legítimo que posesiona y eso va en contra de nuestra propia cultura y cosmovisión como pueblos originarios"
Por el contrario, se instalan quienes vienen desde afuera a "hacer negocios", dejando excluidos de esa posibilidad a los Pueblos Originarios.

FUENTE: NUEVO DIARIO

Santiago del Estero: Asamblea del Pueblo Diaguita Cacano


Comunicado de Prensa

INTI RAYMI

1614 años

Asamblea del Pueblo Diaguita Cacano

Lunes 23 de junio de 2014, Ayllu de Codo (Dpto. Atamisqui)

Santiago del Estero, Argentina


Hace 1614 años comienza el tiempo de nuestro Pueblo Cacano en el actual Santiago del Estero, 400 años después nuestros ayllus se establecen en el territorio sagrado ancestral de Soconcho, “bosque de miel”. Hoy, el mismo pueblo, en el mismo territorio, continúa reafirmando sus derechos, construyendo su historia, con Dignidad y Justicia.

Ayllu Codo (Codo y Toro Uman –Atamisqui-)

Ayllu Puncu Atun (Puerta Grande y Vinal Pozo –Atamisqui-)

Ayllu Atamisqui (Villa Atamisqui rural y Cortadera –Atamisqui y Avellaneda-)

Ayllu Cacan Mochimo (Mochimo –Atamisqui-)

Ayllu San Dionisio (San Dionisio –Atamisqui-)

Ayllu Ashpa Nockayshpa (Puesto de Díaz –atamisqui-)

Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúm Manta (Tulúm Tulúm y Puesto de Rosario –Atamisqui-)

Ayllu Ancocha (Ancocha, Banderita, Loma Puñuna, San José norte, San José sur –Atamisqui y Salavina-)

Ayllu Taa Ayllus Kuska (Medellín, Saucioj, El Dorado, Simbol Pampa –Atamisqui-)

Ayllu Yacu Chiri (Yacu Chiri y Tasigasta –Atamisqui-)

Ayllu Cacan Ashpa Sumaj (Juanillo, Umamaj, Los Toloza, Los Peralta, Totora –Atamisqui-)

Ayllu Tukuy Sujllayaj (Mollares y Píruas –Atamisqui-)

Ayllu Kemikuy (Hornillo y Cortadera –Avellaneda-)

Ayllu Cacan Ashca Caycu (Santa Rosa, Ayuncha, Tío Pozo, Diente del Arado, Ternera Huatana, La Revancha, Esquina Pozo, Taco Ralo –Loreto-).


Atuchajpa Sujllayaj

20 de junio de 2014

CHILE: Acusan a Barrick Gold de comprar a dirigentes Diaguitas para apoyar Pascua Lama

“Que no tengan miedo, que estén tranquilo. Yo como concejal y como Diaguita voy a seguir esta investigación hasta las últimas consecuencias. Las amenazas no me asustan, porque tengo argumentos demás para demostrar que las cosas no se han hecho bien. Son ellos los que tienen que dar explicaciones a la comunidad”, sentenció Campillay.


Cristián Pacheco | Jueves 19 de junio 2014

Oriel Campillay, concejal y dirigente Diaguita de la comuna de Alto del Carmen, denuncia al abogado Lorenzo Soto y a la dirigente Solange Bordones de recibir dineros por parte de la empresa Barrick Gold, para llegar a un acuerdo y dar viabilidad al proyecto Pascua Lama. “Me apena mucho que nuestra gente sea vulnerada”, señaló el representante de las comunidades que se oponen tajantemente a cualquier tipo de negociación.

El 28 de mayo pasado, a través de distintos medios se dio a conocer que la empresa canadiense Barrick Gold firmó un convenio de intercambio de información con 15 de las 18 comunidades diaguitas del Valle del Huasco, donde se emplazaría el proyecto Pascua Lama, detenido vía judicial desde el 9 de abril de 2013.

En el convenio, aún desconocido por las comunidades que se oponen a esta decisión, se contemplaría una primera etapa de seis meses en que realizarían una auditoría ambiental de expertos nacionales y extranjeros que financiará la misma empresa transnacional.

Así fue planteado por la presidenta del Consejo Comunal Diaguita de Huasco Alto, Solange Bordones, y Lorenzo Soto, abogado de las comunidades.

Sobre este tema, el concejal y dirigente diaguita Oriel Campillay, en conversación con Radio Universidad de Chile, denunció que este es un arreglo entre los dirigentes, el abogado Soto, el mediador del conflicto y también abogado Alonso Barros y la empresa, para pasar por sobre lo que opina más del 80 por ciento de los cinco mil habitantes del Valle del Huasco.

Más aún, desmiente que sean 15 las comunidades que habrían acordado firmar este convenio, pues son solo nueve, y que dos ya estarían echando pie atrás en su decisión.

“Es un arreglo. El memorando que ellos firmaron lo hicieron a espaldas de las personas y todavía no lo conocemos. El domingo nos invitaron a una reunión de la comunal y la señora Solange (Bordones) dijo que lo iba a mostrar. Lamentablemente después pidió que se votara a mano alzada y se decidió que no se leyera”, reclamó Campillay.

Según el representante diaguita, habría compensaciones económicas entregadas directamente a los presidentes de las asociaciones que trabajan con el Consejo Comunal, a quienes se les habría comprometido el traspaso de 17 millones de pesos, alrededor de un millón y medio para cada uno, además del pago mensual para cada dirigente por ser parte de la mesa negociadora, viáticos y un minibús para sus traslados.

“He conversado con pocos, lamentablemente todos los dirigentes están con un sueldo. En la zona el trabajo es precario y ellos están ganando un millón de pesos por estar como presidentes”, agregó.

El concejal socialista por Alto del Carmen acusa al abogado Lorenzo Soto de amenazas y presiones para que se integre junto al resto de los dirigentes que se oponen a una mesa negociadora con la empresa.

Más aún, Campillay explicó que hay una reunión agendada para el 5 de julio, en la que participarán todas las comunidades para discutir este tema y sobre el convenio que fue firmado antes de que tomaran una decisión informada entre todos los involucrados.

Según el concejal, la empresa levantó la figura de Solange Bordones para reflotar el proyecto y dividir a las comunidades. Desde el municipio exigen transparencia en el proceso, mientras que desde la empresa le aseguraron que no involucrarían dineros en las conversaciones, cuestión que no fue así, según denuncia Campillay.

“Ella supuestamente es la cara visible de todos los habitantes. La empresa hizo un montaje que salió a todo el país y el extranjero de que ella es la líder, cuando no es así. Lo que lidera son las 40 personas que tiene pagadas y que andan para todos lados con ella”, aclaró.

“Los que no estamos con ellos somos mayoría”, aseguró el dirigente, quien espera que la empresa y los representantes que firmaron el convenio den a conocer su contenido para analizar los pasos a seguir. Por el momento, asegura que no tiene miedo por posibles nuevas amenazas.

“Que no tengan miedo, que estén tranquilo. Yo como concejal y como Diaguita voy a seguir esta investigación hasta las últimas consecuencias. Las amenazas no me asustan, porque tengo argumentos demás para demostrar que las cosas no se han hecho bien. Son ellos los que tienen que dar explicaciones a la comunidad”, sentenció Campillay.

El concejal se encuentra en Santiago realizando gestiones para fortalecer la oposición. Por el momento ya estaría asegurada su participación en la primera semana de julio en las comisiones de Medioambiente y Minería de la Cámara de Diputados.

Fuente: DiarioUChile

19 de junio de 2014

Declaración de Santa Cruz - Por un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien




Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77

Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, 14 y 15 de junio de 2014

Declaración de Santa Cruz


Parte I: Contexto general

1. Nosotros, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Grupo de los 77 y China, nos hemos reunido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, para conmemorar el cincuentenario de la creación del Grupo.

2. Conmemoramos la formación del Grupo de los 77 el 15 de junio de 1964 y recordamos los ideales y principios contenidos en la histórica Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países en Desarrollo, firmada al final del primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Ginebra.

3. Recordamos que, en su primera declaración, el Grupo de los 77 se comprometió a promover la igualdad en el orden económico y social internacional y a promover los intereses del mundo en desarrollo, declaró su unidad en el marco de un interés común y definió al Grupo como instrumento para ampliar el ámbito de la cooperación en la esfera internacional y para asegurar relaciones mutuamente benéficas con el resto del mundo.

4. Recordamos también la primera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 celebrada en Argel del 10 al 25 de octubre de 1964, en la que el Grupo aprobó la Carta de Argel, que estableció los principios de unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad de los países en desarrollo y su determinación de esforzarse por lograr el desarrollo económico y social, individual o colectivamente.

5. Ponemos de relieve que el Grupo de los 77 ha proporcionado los medios para que los países del Sur articulen y promuevan sus intereses económicos y sociales, ha mejorado su capacidad de negociación en el sistema de las Naciones Unidas, y observamos con satisfacción que el Grupo ha establecido una secretaría permanente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y capítulos en Ginebra, Nairobi, París, Roma, Viena y el Grupo de los 24 en Washington D.C., y que lo integran actualmente 133 Estados miembros.

6. Recordamos también el éxito de la primera Cumbre del Sur del Grupo de los 77 y China, celebrada en La Habana en abril de 2000, y de la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en junio de 2005, que elevaron la condición del Grupo de los 77 y China a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, y en las que se adoptaron importantes declaraciones y planes de acción que han guiado nuestro Grupo y constituyen la base fundamental para la construcción de un nuevo orden mundial y una agenda propia de los países del Sur para la creación de un sistema más justo, democrático y equitativo que beneficie a nuestros pueblos.

7. Nos comprometemos a continuar la tradición de nuestros países de consolidar el desarrollo nacional y unirnos en el plano internacional, en aras del establecimiento de un orden internacional justo en la economía mundial que ayude a los países en desarrollo a alcanzar nuestros objetivos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo, equidad social, suministro de bienes y servicios básicos a nuestro pueblo, protección del medio ambiente y vida en armonía con la naturaleza.

8. Nos enorgullecen el legado y los grandes logros del Grupo de los 77 y China en la defensa y la promoción de los intereses de los países en desarrollo en los últimos 50 años, que han contribuido poco a poco a incrementar su peso e influencia en las cuestiones económicas, sociales y ambientales. Nos comprometemos a consolidar esa base y seguir construyendo un orden mundial que sea justo, equitativo, estable y pacífico. Entre otros hitos importantes en ese sentido cabe mencionar la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional de 1974, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986, y varias otras declaraciones históricas que reconocen las necesidades y los intereses de los países en desarrollo y responden a ellos, y constituyen una de sus prioridades máximas.

9. Creemos en el arreglo pacífico de las controversias mediante el diálogo.

10. También observamos que, a pesar de cinco decenios de logros, aún existen graves deficiencias en el cumplimiento de los objetivos de nuestro grupo, y que nuestros países, individual y colectivamente, se enfrentan a desafíos emergentes y que continúan, como la desaceleración de la economía mundial y sus efectos en nuestros países, y la falta de medidas sistémicas y mecanismos de rendición de cuentas adecuados para abordar las causas y los efectos de las crisis financiera y económica mundial, que plantea el consiguiente riesgo de que se mantenga el patrón de los ciclos de crisis.

11. También tomamos nota de las limitaciones existentes en muchos de nuestros países a la hora de satisfacer las necesidades de empleo, alimentos, agua, atención de la salud, educación, vivienda, infraestructura física y energía de nuestro pueblo, así como la inminente crisis del medio ambiente, que acarrea los efectos negativos del cambio climático en los países en desarrollo, la escasez cada vez mayor de agua potable y la pérdida de diversidad biológica.

12. Destacamos que los desequilibrios de la economía mundial y la desigualdad de las estructuras y los resultados de los sistemas comercial, financiero, monetario y tecnológico dieron lugar a la creación de nuestro Grupo. No obstante, esos desequilibrios persisten hoy en algunos aspectos incluso con más efectos adversos en los países en desarrollo. Por lo tanto, nos comprometemos a continuar e intensificar nuestros esfuerzos para tratar de establecer un orden internacional imparcial, justo y equitativo, orientado a satisfacer las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo.

13. Ponemos de relieve que las razones para el establecimiento de nuestro Grupo hace 50 años siguen siendo reales y válidas, incluso más válidas que en ese momento. Por lo tanto, volvemos a comprometernos y a comprometer a nuestros países a fortalecer y ampliar los esfuerzos incansables del Grupo de los 77 y China en todos los ámbitos en pro de un mayor progreso y del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

14. Afirmamos que el siglo XXI es el momento para que los Países y los Pueblos del Sur desarrollen sus economías y sociedades a fin de cumplir las necesidades humanas de manera sostenible, en armonía con la naturaleza y respetando a la Madre Tierra y sus ecosistemas. Convenimos en consolidar nuestros valores tradicionales y las prácticas de solidaridad y colaboración en beneficio mutuo y la fortaleza de nuestro pueblo, a fin de lograr progresos en nuestros países y en la cooperación Sur-Sur.

15. Hacemos hincapié en que nuestras principales prioridades son promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, mejorar los niveles de vida básicos; fomentar el desarrollo social equitativo y la inclusión; y promover una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, facilitando al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia del ecosistema frente a los desafíos nuevos y emergentes.

16. Reafirmamos que los puntos más fuertes del Grupo de los 77 han sido su unidad y solidaridad, su visión de las relaciones multilaterales justas y equitativas, el compromiso de sus Estados miembros con el bienestar de los pueblos del Sur y su empeño en promover una cooperación mutuamente beneficiosa.

17. Hacemos hincapié en que cada país tiene el derecho soberano de decidir sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, teniendo presente que no hay una fórmula que sirva para todos. Ponemos de relieve la necesidad de que las normas internacionales permitan que los países en desarrollo dispongan de espacio y flexibilidad en cuanto a las políticas, ya que dichas normas están directamente relacionadas con las estrategias de desarrollo de los gobiernos nacionales. Ponemos de relieve también la necesidad de que haya espacio político para que nuestros países puedan formular estrategias de desarrollo que expresen intereses nacionales y distintas necesidades que no siempre se tienen presentes al formular políticas económicas internacionales en el proceso de integración con la economía mundial.

18. Nos preocupa la situación actual de la economía mundial y el estado de la gobernanza económica mundial y la necesidad de una enérgica recuperación. Creemos que el mundo se enfrenta a la peor crisis financiera y económica desde la Gran Depresión, y nos alarman los efectos adversos que está teniendo esta crisis sobre todo en los países en desarrollo. Creemos que la crisis ha puesto de relieve puntos débiles y desequilibrios sistémicos de larga data de la economía mundial, y ha puesto más de manifiesto la insuficiencia y el carácter antidemocrático de la gobernanza económica mundial. Deben hacerse ahora nuevos intentos para establecer un sistema adecuado de gobernanza económica mundial, con la plena expresión, representación y participación de los países en desarrollo en los debates y la adopción de decisiones.

19. Reconocemos la gran importancia de mantener la protección social y fomentar la creación de empleo, incluso en tiempos de crisis económica, y tomamos nota con satisfacción de los ejemplos alentadores de políticas que han permitido a los países reducir la pobreza, aumentar la inclusión social y crear nuevos y mejores empleos en los últimos años.

20. Nos preocupa el aumento de la concentración de la riqueza y los ingresos en el mundo y su distribución asimétrica, que han creado grandes desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Este grado de desigualdad es injustificable y no puede tolerarse en un mundo donde la pobreza sigue prevaleciendo, los recursos se están agotando y la degradación del medio ambiente es cada vez mayor. Pedimos que se adopten medidas a escala mundial para reducir las desigualdades a todos los niveles. También nos comprometemos a hacer frente a la desigualdad en nuestros propios países.

21. Tomamos nota con preocupación de la influencia de las grandes empresas, principalmente de los países desarrollados, en la economía mundial, y sus efectos negativos en el desarrollo social, económico y ambiental de algunos países en desarrollo, en particular en lo que respecta a los obstáculos que esa influencia pueda plantear al ingreso de nuevas empresas en el mercado mundial. En ese sentido, pedimos que la comunidad internacional adopte medidas concretas para hacer frente a esos efectos negativos y promover la competencia internacional y un mayor acceso a los mercados para los países en desarrollo, en particular políticas que promuevan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en los países en desarrollo, la eliminación de las barreras comerciales que impiden la adición de valor en los países de origen, como las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, así como el fomento de la capacidad en materia de derecho de la competencia, la regulación de la política tributaria y la responsabilidad social de las empresas.

22. Ponemos de relieve que las empresas transnacionales tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos y deberían abstenerse de causar desastres medioambientales y afectar al bienestar de los pueblos.

23. Reconocemos los progresos logrados en el desarrollo sostenible a nivel regional, nacional, subnacional y local, y reafirmamos la importancia de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por erradicar la pobreza mediante el empoderamiento de los pobres y las personas en situación vulnerable, promoviendo el desarrollo de la agricultura sostenible, así como el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, complementados por políticas sociales eficaces, incluidos niveles mínimos de protección social.

24. Respetamos plenamente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independencia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y destacamos que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.

25. Somos profundamente conscientes de que decenios después de haber alcanzado la independencia política, algunos países en desarrollo siguen en las garras de la dependencia económica de las estructuras y los caprichos de la economía mundial y de los países desarrollados y sus entidades económicas. Esa dependencia, especialmente por parte de los países pobres y vulnerables, limita el alcance de nuestra verdadera independencia política también. Por lo tanto, nos comprometemos a aunar los esfuerzos encaminados a seguir tratando de alcanzar la independencia económica, y a reunirnos bajo la égida del Grupo de los 77 y China, así como de otras organizaciones del Sur, a fin de lograr avances a ese respecto.

26. Recordamos las decisiones adoptadas en la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en 2005, de cerciorarnos de que en las políticas y los programas concebidos en el contexto de la globalización se respeten plenamente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independencia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y de destacar que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.

27. También recordamos la decisión adoptada en la Cumbre del Grupo de los 77 y China celebrada en Doha en 2005 de colaborar para la realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que vivían bajo dominación colonial u otras formas de dominación u ocupación extranjera, lo que repercutía negativamente en su desarrollo social y económico, y de exhortar a la comunidad internacional a que adoptara todas las medidas necesarias para poner fin a la continuación de la ocupación extranjera, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

28. Reafirmamos que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. A este respecto, ponemos de relieve la necesidad de respetar y salvaguardar las identidades culturales, los conocimientos y las tradiciones indígenas de nuestros países.

Parte II: Desarrollo en el contexto nacional

Estrategias de desarrollo sostenible

29. Hacemos hincapié en la necesidad de incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando los aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, a fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.

30. Reafirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que es nuestro objetivo general (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible). En algunos países existe el enfoque del “Vivir bien” con un desarrollo integral encaminado a alcanzar las necesidades materiales, culturales y espirituales de las sociedades en el contexto de la Armonía con la Naturaleza.

31. Reconocemos que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y estamos convencidos de que, para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. También reconocemos que “Madre Tierra” es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos.

32. Acogemos con beneplácito que en 2011 se celebrara el vigésimo quinto aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que es un importante documento histórico que establece el derecho de los países en desarrollo a actuar con miras a lograr el desarrollo y el derecho de los pueblos a participar en el desarrollo y beneficiarse de él.

33. En este contexto, reafirmamos que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político de carácter global que tiende al mejoramiento constante del bienestar de la población en general y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan, como se reconoce en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

34. También reafirmamos la proclamación de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales para contribuir a ese desarrollo y para disfrutar del él, como se reconoce en la Declaración.

Mejoramiento de las prácticas de la democracia

35. Consideramos que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Reafirmamos que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no existe un modelo único de democracia, y que la democracia no pertenece a ningún país o región, y reafirmamos además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, la unidad y la integridad territorial y el derecho a la libre determinación, así como el rechazo de cualquier intento de desestabilizar los sistemas constitucionales y democráticos legítimamente establecidos por los pueblos.

36. Pedimos que los medios de comunicación dejen de utilizarse de modo que puedan difundir información distorsionada contra los Estados miembros del Grupo de los 77 haciendo caso omiso del principio del derecho internacional.

37. Expresamos nuestra profunda indignación y desaprobación por los hechos relacionados con el retiro sorpresivo de permisos de sobrevuelo y aterrizaje del avión presidencial en que viajaban el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Evo Morales Ayma, y su grupo el 2 de julio de 2013. Estos hechos constituyen actos hostiles e injustificables que además pusieron en grave riesgo la seguridad del Presidente Morales. Hacemos pública nuestra máxima solidaridad y exigimos que se aclaren los hechos.

Soberanía nacional sobre los recursos naturales y beneficios de esos recursos

38. Afirmamos que los Estados tienen, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

39. Reafirmamos también que el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.

40. Si bien hacemos hincapié en la soberanía de nuestros países y pueblos sobre sus recursos naturales, somos conscientes de que tenemos el deber de conservar, gestionar y utilizar esos recursos de manera sostenible, y de crear condiciones para que la Naturaleza y los ecosistemas puedan regenerarse, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. También reconocemos que el uso sostenible de los recursos naturales es un medio eficaz de lograr el crecimiento económico y reducir la pobreza y la degradación del medio ambiente.

41. Tomamos nota de las decisiones adoptadas por algunos países para nacionalizar o recuperar el control de sus recursos naturales con el fin de obtener mayores beneficios para sus pueblos, en particular para las personas pobres, y para invertir en la diversificación económica, la industrialización y los programas sociales, y respetamos esas decisiones.

42. Instamos a que se proporcione asistencia técnica y para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo a nivel internacional, regional y nacional, a fin de ayudarlos a obtener los máximos beneficios de la extracción y utilización de los recursos en consonancia con el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el pleno ejercicio del derecho soberano de nuestros países sobre sus recursos naturales.

Erradicación de la pobreza

43. Reconocemos que la pobreza es una afrenta a la dignidad humana y destacamos que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad, y concedemos la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, que debe apoyarse con medios efectivos y adecuados de aplicación y con una alianza mundial para el desarrollo fortalecida, y que entre otros objetivos entraña la promoción del empleo y el trabajo decente para todos, el mejoramiento del acceso a los servicios sociales, la erradicación del analfabetismo y las enfermedades, y la aplicación de estrategias nacionales y regionales integradas, coordinadas y coherentes.

44. Expresamos nuestra profunda preocupación por los problemas que afectan la lucha contra la pobreza como consecuencia de las crisis, en particular la crisis financiera y económica mundial, la continua inseguridad alimentaria, la volatilidad de las corrientes de capital y la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos, el acceso a la energía y los problemas que plantea el cambio climático para los países en desarrollo.

45. Subrayamos también que, a fin de que los gobiernos de los países en desarrollo puedan erradicar efectivamente la pobreza, los países en desarrollo deben garantizar la implicación nacional en sus propios programas de desarrollo, lo que conlleva la preservación de sus propios márgenes de acción en materia de políticas respaldados por un firme compromiso político para reducir la pobreza de conformidad con sus prioridades y circunstancias nacionales. En consecuencia, los gobiernos de los países en desarrollo deben formular sus propias estrategias de desarrollo para ayudar a los pobres con políticas y medidas, entre las que cabe mencionar el fomento de un fuerte crecimiento económico sostenido e inclusivo, la concesión de prioridad a la generación de empleo, en particular para la población joven, el suministro de un mejor acceso universal y asequible a los servicios básicos, el establecimiento de un sistema de protección social bien concebido, el empoderamiento de las personas para que puedan aprovechar las oportunidades económicas y la adopción de medidas para garantizar la protección del medio ambiente.

46. Recordamos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento más completo y universal sobre la corrupción, y reconocemos la necesidad de seguir promoviendo la ratificación o la adhesión a la Convención y su plena aplicación. También reconocemos que la lucha contra la corrupción a todos los niveles es una prioridad, que la corrupción es un serio obstáculo para la movilización y asignación efectivas de recursos y que desvía recursos de actividades que son vitales para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

47. Tomamos nota con aprecio de los valores tradicionales y ancestrales de algunos de nuestros pueblos, como los principios andinos de ama suwa (“no seas ladrón”), ama llulla (“no seas mentiroso”) y ama qhilla (“no seas perezoso”) y que, de conformidad con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyen a los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.

Reducción de la desigualdad

48. Hacemos hincapié en que el problema de la desigualdad es más grave que nunca debido a la prevalencia de la riqueza extrema mientras se sigue padeciendo hambre y pobreza, y en que esta situación se agrava, entre otras cosas, por unas pautas de consumo y producción insostenibles, principalmente en los países desarrollados. Afirmamos que todo beneficio del crecimiento económico tiene que distribuirse de manera equitativa y debe beneficiar a las personas en situaciones vulnerables en nuestras comunidades, por lo que pedimos una vez más que se tomen medidas concertadas para reducir las desigualdades a todos los niveles.

49. Estamos profundamente preocupados por la insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir la disparidad cada vez mayor que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como dentro de los países, que ha contribuido, entre otras cosas, a agravar la pobreza y ha menoscabado el pleno disfrute de todos los derechos humanos, particularmente en los países en desarrollo.

50. También tomamos nota con preocupación de que el alto grado de desigualdad dentro de los países y entre ellos sigue repercutiendo negativamente en todos los aspectos del desarrollo humano y es especialmente perjudicial para las personas en situaciones vulnerables, quienes resultan afectadas por desigualdades interrelacionadas. Por lo tanto, instamos a los países a que, con el apoyo de la cooperación internacional y otros medios, intensifiquen los esfuerzos por ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades y los resultados a todos los sectores de la sociedad, de conformidad con las políticas nacionales.

51. Entendemos que el desarrollo sostenible entraña un cambio en el orden de las prioridades de la generación de riqueza material a la satisfacción de las necesidades humanas en Armonía con la Naturaleza. La excesiva orientación hacia los beneficios no respeta la Madre Tierra ni tiene en cuenta las necesidades humanas. La continuación de este sistema desigual aumentará las desigualdades.

Crecimiento económico sostenido e inclusivo

52. Afirmamos que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo es necesario para erradicar la pobreza, generar empleo y elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y generar ingresos públicos para financiar las políticas sociales. Observamos que los datos históricos han demostrado que ningún país ha logrado mejorar de modo constante las condiciones de vida y el desarrollo humano sin mantener un ritmo de crecimiento económico regular. Por lo tanto, instamos a la comunidad internacional y las Naciones Unidas a que ayuden a los países en desarrollo a lograr un crecimiento económico elevado y adecuado durante un período prolongado.

53. También somos conscientes de que un elevado crecimiento económico, aunque necesario, no basta por sí mismo. Somos conscientes de que el crecimiento económico debe ser sostenido e inclusivo generando puestos de trabajo y aumentando los ingresos de las personas en situaciones vulnerables, especialmente los pobres y los más necesitados. El crecimiento económico también debe ser racional desde el punto de vista ecológico y social, y para lograrlo, los países en desarrollo necesitan, entre otras fuentes, apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados con arreglo a los planes nacionales

Creación de empleo

54. Expresamos la opinión de que la capacidad de generar empleo pleno y trabajo decente está fundamentalmente relacionada con la revitalización y el fortalecimiento de estrategias de desarrollo productivo, mediante la aplicación de políticas adecuadas en materia de financiación, inversión y comercio. A este respecto, reafirmamos la necesidad de movilizar una considerable cantidad de recursos procedentes de diversas fuentes y utilizar eficazmente los fondos a fin de apoyar firmemente a los países en desarrollo en sus iniciativas para promover el desarrollo sostenible. También subrayamos la necesidad de mantener la coherencia entre las políticas macroeconómicas y de creación de empleo para asegurar un crecimiento económico mundial inclusivo y resiliente.

55. Expresamos profunda preocupación por la persistencia de los altos niveles de desempleo y subempleo, en particular entre los jóvenes, y afirmamos nuestro compromiso de reducir el desempleo mediante políticas económicas y de desarrollo orientadas a generar un gran número de puestos de trabajo. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, a fin de incluir la cuestión del empleo de los jóvenes y las inquietudes de los jóvenes en el actual proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015. Afirmamos también la importancia de asegurar unos medios de vida dignos para los agricultores de nuestros países.

56. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, para elaborar una estrategia mundial dirigida a mejorar la formación para el empleo y crear empleo para los jóvenes.

Prestación de servicios básicos para nuestros pueblos

57. Nos preocupa que sigan existiendo diferencias sustanciales y cada vez mayores entre los ricos y los pobres del mundo, diferencias que no obedecen únicamente al reparto desigual de la riqueza, sino también a las disparidades en materia de acceso a los recursos y servicios básicos, lo que impide que se creen oportunidades económicas para todos.

58. Reconocemos la importante función que corresponde desempeñar al Estado para velar por que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos y buscar soluciones a las desigualdades y la discriminación relativas a la distribución de esos servicios y el acceso a ellos.

59. También reafirmamos nuestra determinación de adoptar medidas que hagan efectivo el derecho de nuestros pueblos a acceder a los servicios básicos.

60. Reafirmamos nuestros compromisos respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, que debe materializarse y hacerse efectivo gradualmente en beneficio de nuestra población, respetando plenamente nuestra soberanía nacional.

61. Exhortamos a los países donantes y las organizaciones internacionales a que registren progresos en el suministro de recursos financieros, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología por medio de las actividades internacionales de prestación de asistencia a los países en desarrollo y de cooperación con ellos, a fin de intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso económico y en condiciones de seguridad al agua potable y el saneamiento.

Acceso a la salud pública y a los medicamentos

62. Reconocemos que la cobertura sanitaria universal implica que todas las personas tengan acceso, sin discriminación, a un conjunto de servicios médicos básicos de promoción, prevención, cura y rehabilitación que se ajuste a las necesidades y se determine a nivel nacional, así como a medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y de calidad, al tiempo que se garantiza que la utilización de esos servicios no suponga graves dificultades económicas para los usuarios, especialmente para quienes se encuentran en situación vulnerable.

63. También reconocemos que en muchos países en desarrollo no existen los recursos financieros ni humanos ni la infraestructura necesaria para hacer efectivo el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Por tanto, exhortamos a los países desarrollados y a las organizaciones internacionales competentes a que proporcionen a esos países recursos financieros y tecnológicos suficientes como complemento a sus esfuerzos para establecer políticas y medidas que proporcionen cobertura sanitaria universal y servicios básicos de salud para todos.

64. Observamos con gran preocupación que las enfermedades no transmisibles han alcanzado grandes dimensiones epidémicas que debilitan el desarrollo sostenible de los Estados miembros. En ese sentido, reconocemos la eficacia de las medidas de control del tabaco para mejorar la salud. Reafirmamos el derecho de los Estados miembros a proteger la salud pública y, en particular, a garantizar el acceso universal a los medicamentos y las tecnologías de diagnóstico médico, por ejemplo, utilizando de forma plena, si fuera necesario, las flexibilidades previstas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública.

65. Recordamos el contenido del párrafo 142 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno “reafirman el derecho a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo ADPIC, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, la decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 30 de agosto de 2003, relacionada con la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha, y, cuando concluyan los procedimientos formales de aceptación, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo ADPIC, que otorgan flexibilidad para la protección de la salud pública y, en particular, para promover el acceso universal a los medicamentos, y alientan a que se preste asistencia a los países en desarrollo a este respecto”. Afirmamos la importancia de aprovechar las flexibilidades que ofrece el Acuerdo ADPIC para promover la salud de las personas y el acceso a los medicamentos. Exhortamos a los países desarrollados a que respeten plenamente el derecho de los países en desarrollo a aprovechar al máximo las flexibilidades previstas en el Acuerdo ADPIC y a que se abstengan de adoptar medidas, incluso de índole comercial, que impidan que los países en desarrollo ejerzan este derecho o que los disuadan de hacerlo.

66. Nos preocupa el creciente problema de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos, incluidos los fármacos existentes para luchar contra la tuberculosis y la malaria. Como consecuencia de esto, un número cada vez mayor de enfermos, especialmente en los países en desarrollo, puede morir a causa de enfermedades que pueden prevenirse o tratarse. Instamos a las autoridades y organizaciones internacionales de la salud, en especial a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que adopten medidas urgentes y a que, a solicitud de los países en desarrollo que no cuentan con los recursos adecuados, cooperen con ellos para solucionar este problema.

Desarrollo agrícola y seguridad alimentaria

67. Recordamos que la seguridad alimentaria y la nutrición son elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible y expresamos nuestra preocupación por el hecho de que los países en desarrollo son vulnerables, entre otras cosas, a los efectos adversos del cambio climático, que amenazan todavía más la seguridad alimentaria.

68. Reafirmamos que el hambre es una violación de la dignidad humana e instamos a que se adopten medidas urgentes en los planos nacional, regional e internacional para eliminarla. Reafirmamos también el derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos y nutritivos de conformidad con su derecho a una alimentación adecuada y su derecho fundamental a no padecer hambre, a fin de poder desarrollar y mantener su plena capacidad física y mental. Reconocemos también que la seguridad alimentaria y la nutrición son esenciales para el desarrollo sostenible y se han convertido en un desafío mundial apremiante y, a este respecto, reafirmamos también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las generaciones presentes y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con los Cinco Principios de Roma para la Seguridad Alimentaria Mundial Sostenible, aprobados el 16 de noviembre de 2009, especialmente en favor de los niños menores de 2 años, y mediante estrategias de seguridad alimentaria y nutrición nacionales, regionales y mundiales, según proceda.

69. Denunciamos que las subvenciones y otras distorsiones del mercado impulsadas por los países desarrollados han perjudicado gravemente al sector agrícola de los países en desarrollo, limitando la capacidad de este sector fundamental para contribuir significativamente a la erradicación de la pobreza y a un crecimiento económico sostenido e incluyente, al desarrollo sostenible y equitativo, a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Pedimos que se anulen de inmediato todas las formas de subvenciones agrícolas y otras medidas adoptadas por los países desarrollados que distorsionan los mercados y que no se ajustan a las normas establecidas por la OMC. Instamos a los países desarrollados a que demuestren la flexibilidad y la voluntad política necesarias para abordar debidamente estas preocupaciones fundamentales de los países en desarrollo en la Ronda de Doha de negociaciones comerciales.

70. Reiteramos nuestro compromiso de concluir disciplinas multilaterales sobre las subvenciones a la pesca que den efecto al Programa de Doha para el Desarrollo, de la OMC, y a los mandatos de la Declaración Ministerial de Hong Kong para hacer más estrictas las disciplinas sobre las subvenciones en el sector pesquero, incluso prohibiendo determinadas modalidades de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobrepesca, reconociendo que la negociación en la OMC de las subvenciones a la pesca debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y menos adelantados, teniendo en cuenta la importancia del sector para las prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza y las cuestiones relativas a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.

71. Ponemos de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de nuestros países, en especial mediante la cooperación internacional, para salvaguardar y mejorar la calidad de la nutrición de nuestros pueblos, promoviendo sus prácticas productivas, culturales y ambientales.

72. Ponemos de relieve también la urgente necesidad de intensificar en los planos nacional, regional e internacional los esfuerzos para alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola como parte fundamental de la agenda internacional para el desarrollo. Exigimos una financiación sostenida y más inversiones dirigidas concretamente a aumentar la producción de alimentos en el mundo, y pedimos recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para materializar el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria.

73. Ponemos de relieve además la necesidad de fortalecer el sector agrícola, en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015 y sus medios de aplicación, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria, destacando la importancia de que en las estrategias nacionales, regionales e internacionales dirigidas a alcanzar esa seguridad se incluyan los conocimientos, las prácticas y las tecnologías propias de los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los pequeños y medianos productores agrícolas.

74. Acogemos con beneplácito la adopción de las resoluciones de la Asamblea General 68/177 sobre el derecho a la alimentación y 68/233 sobre desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición. Acogemos con beneplácito también la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS, que tendrá lugar en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014, con objeto de aprobar el marco normativo sobre nutrición para las próximas décadas y definir las prioridades que regirán la cooperación internacional en el ámbito de la nutrición a corto y mediano plazos.

75. Acogemos con beneplácito la decisión del Director General de la FAO de nombrar por segundo año consecutivo al Sr. Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y a la Sra. Nadine Heredia Alarcón, Primera Dama del Perú, Embajadores Especiales ante la FAO para el Año Internacional de la Quinua, en reconocimiento de su liderazgo y compromiso en la lucha contra el hambre y la malnutrición, y de la labor realizada por los Gobiernos de Bolivia y el Perú para mostrar al mundo los beneficios y la calidad de esa fuente andina de alimento.

76. Reafirmamos que la biodiversidad y el valor nutricional de la quinua la convierten en un elemento clave para la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza, así como para promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas andinos; contribuir al logro de la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza; crear conciencia sobre su contribución al desarrollo social, económico y ambiental; e intercambiar buenas prácticas sobre la realización de actividades.

77. Llamamos a que se creen unas condiciones propicias para el surgimiento de oportunidades económicas provechosas para los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, los campesinos y los pueblos y las comunidades indígenas, y a que se establezcan vías para conectar a estos grupos con los consumidores, en el marco de las estrategias nacionales para hacer efectivo el derecho a la alimentación.

78. Reconocemos la función positiva que desempeñan los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, incluidas las mujeres, las cooperativas, los pueblos indígenas y las comunidades locales de los países en desarrollo, así como sus conocimientos y prácticas en la conservación y el uso sostenible de las semillas, la biodiversidad agrícola y la biodiversidad vinculada a la producción de alimentos de las generaciones presentes y futuras.

79. Destacamos la necesidad de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad excesiva de los precios de los alimentos, incluidas sus causas estructurales, en todos los niveles, y de gestionar los riesgos derivados de la inestabilidad excesiva de los precios de los productos básicos agrícolas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, así como para los pequeños agricultores y los pobres de las zonas urbanas.

80. Llamamos a que en la ronda de negociaciones de Doha de la OMC se conceda prioridad al desarrollo y, en concreto, a la seguridad alimentaria, de conformidad con el Programa de Doha para el Desarrollo. Llamamos a que se promuevan los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y el desarrollo rural en los países en desarrollo. En este contexto, instamos a los miembros de la OMC a que adopten, lo antes posible, una solución permanente para la cuestión de las existencias públicas de alimentos y la seguridad alimentaria en relación con los países en desarrollo, como se acordó mediante la Decisión Ministerial de la OMC aprobada en Bali (Indonesia) en 2013.

Agricultura familiar sostenible

81. Declaramos que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria (resolución 66/222 de la Asamblea General). En este contexto, debería prestarse apoyo a la actividad económica de la agricultura familiar sostenible, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales de los pequeños agricultores, a fin de mejorar su situación y promover su desarrollo, en particular facilitando su acceso a los servicios financieros, los recursos productivos y los insumos agrícolas, como las tierras, las semillas, los medios tecnológicos adecuados, el transporte y la información.

82. Fomentaremos la adopción de medidas exhaustivas y complementarias tanto a nivel nacional como regional en materia de producción, acceso y consumo sobre la base de una planificación integral, multisectorial y participativa, volviendo a evaluar y fortaleciendo la agricultura familiar sostenible, las pequeñas explotaciones agrícolas, y las prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

Industrialización e infraestructura

83. Afirmamos que el desarrollo industrial y la creación de valor añadido, junto con la ciencia, la tecnología y la innovación, son, entre otros, elementos esenciales para que los países en desarrollo alcancen mayores niveles de desarrollo de manera sostenida, dado que el proceso de industrialización puede generar una mayor productividad, más puestos de trabajo y competencias técnicas y efectos positivos indirectos en la economía. En consecuencia, instamos a los países desarrollados a que ayuden a los países en desarrollo a impulsar la industrialización en sus estrategias y políticas de desarrollo y a promover el desarrollo industrial sostenible con arreglo a sus intereses nacionales.

84. Observamos que muchos países en desarrollo aún dependen excesivamente de los productos básicos y hacemos notar que deberían estudiar estrategias de diversificación industrial mediante, entre otras cosas, el aumento de las capacidades productivas con valor añadido.

85. Exhortamos a las organizaciones internacionales competentes y pedimos a los mecanismos de cooperación internacional que presten una asistencia adecuada a los países en desarrollo, incluso mediante la transferencia de tecnología, para que puedan desarrollar su capacidad para formular y aplicar políticas y estrategias de industrialización, de conformidad con sus prioridades nacionales.

86. Pedimos que en el sistema comercial internacional se respete y consolide el margen normativo de los países en desarrollo para la promoción y el crecimiento de nuestro desarrollo industrial y para la formulación y aplicación de nuestras estrategias industriales. A ese respecto, pedimos que se haga una revisión de todas las normas del sistema comercial mundial que afecten al espacio normativo de los países en desarrollo.

87. Afirmamos que el desarrollo de infraestructuras fiables y económicas, la conectividad regional, y su apropiada interrelación a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidos el transporte, las carreteras, la energía y las telecomunicaciones, así como la promoción del acceso a los mercados para las exportaciones procedentes de los países en desarrollo, son elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y el desarrollo sostenible de nuestros países.

88. En ese sentido, instamos a los países desarrollados y las organizaciones internacionales a que, en consonancia con los compromisos asumidos en el plano internacional, proporcionen asistencia financiera suficiente para apoyar la transferencia de tecnologías fiables y de costo razonable y promover la creación de capacidad, teniendo en cuenta las prioridades nacionales.

89. Instamos a los países desarrollados a que proporcionen asistencia técnica, transferencia de tecnología y recursos financieros para que nuestros países puedan industrializarse y desarrollar la infraestructura por medios que sean sostenibles en el plano ambiental.

90. Ponemos de relieve a ese respecto la importancia que reviste la asistencia técnica para el desarrollo industrial de los Estados Miembros con el fin de adoptar modalidades de consumo y producción sostenibles menos contaminantes, basadas en los recursos y de alto rendimiento energético, que incluyan tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles.

91. Acogemos con beneplácito la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, en su calidad de Presidente del Grupo de los 77 y China, de organizar la Reunión de ministros de industrialización o autoridades equivalentes del Grupo de los 77 y China sobre la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales y la industrialización, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, reunión que se celebrará en Tarija en agosto de 2014.

92. Acogemos con beneplácito la Declaración de Lima: hacia un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, aprobada en el 15º período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI que se celebró en Lima en diciembre de 2013, como un paso importante en nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

Inclusión de la mujer en el desarrollo

93. Recordamos el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, reafirmamos el papel fundamental de la mujer y la necesidad de lograr su participación y liderazgo plenos y en pie de igualdad en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, y decidimos acelerar el cumplimiento de nuestros respectivos compromisos en este sentido, que figuran en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como en el Programa 21, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración del Milenio y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.

94. Reconocemos también que el potencial de las mujeres para colaborar en el desarrollo sostenible, contribuir a este y beneficiarse de él como líderes, participantes y agentes de cambio no se ha hecho plenamente efectivo. Apoyamos que se asigne prioridad a las medidas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todas las esferas de nuestras sociedades. Resolvemos aprovechar el potencial de las mujeres como impulsoras del desarrollo sostenible por numerosos medios y nos comprometemos a crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en todas partes, especialmente en las zonas rurales y las comunidades locales, así como entre los pueblos indígenas y las minorías étnicas.

95. Estamos comprometidos a lograr la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en la adopción de decisiones políticas y económicas y la asignación de recursos, a otorgar a las mujeres iguales derechos que los hombres a los recursos económicos y a asegurar su acceso a la educación, las finanzas, las tecnologías de la información y las comunicaciones, los mercados, la asistencia letrada y otros servicios básicos, entre ellos los servicios de atención de la salud, incluidos los métodos modernos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación familiar.

96. Recordamos los compromisos respectivos que asumimos con arreglo a la resolución 61/143 de la Asamblea General y otras resoluciones sobre la cuestión, reconocemos que la violencia contra la mujer viola gravemente todos sus derechos humanos, y acordamos por tanto adoptar medidas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, incluidos el feminicidio y la discriminación de las mujeres y las niñas, mediante una respuesta más sistemática, amplia, multisectorial y sostenida, apoyada y facilitada adecuadamente por sólidos mecanismos institucionales y métodos de financiación, así como por planes de acción nacionales, incluidos los que se realizan con el apoyo de la cooperación internacional, y, según proceda, por planes nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de erradicación de la pobreza y los enfoques sectoriales y basados en los programas.

97. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos para formular una agenda para el desarrollo después de 2015 con perspectiva de género.

98. Instamos a que se haga frente a los problemas fundamentales que siguen teniendo las mujeres y las niñas mediante un enfoque amplio y con vocación transformadora y hacemos un llamamiento para que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas se recojan en un objetivo de desarrollo sostenible independiente y se incorporen por medio de metas en las políticas inclusivas para superar la pobreza y fomentar el desarrollo social y económico de nuestros países.

Pueblos indígenas

99. Instamos a trabajar en pro de la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, recursos naturales, identidad y cultura, de conformidad con la legislación nacional. Reafirmamos nuestros compromisos respectivos de cumplir nuestras obligaciones jurídicas, en particular, según proceda, el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de promover la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

100. Reafirmamos el valor y la diversidad de las culturas y las formas de organización social de los pueblos indígenas y sus conocimientos científicos e innovaciones y prácticas tradicionales holísticas, que contribuyen de manera significativa a fortalecer los medios de vida de la población local, garantizar la seguridad alimentaria y hacer frente al cambio climático.

101. Destacamos la importancia de los pueblos indígenas para el logro del desarrollo sostenible en los países en desarrollo y la función crucial que desempeñan en los procesos sociales, económicos y políticos de nuestros países, a la vez que fortalecen los puntos de vista y valores locales conocidos como visiones holísticas de la Madre Tierra.

102. Reafirmamos la importancia de la acción colectiva y los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales para conservar la diversidad biológica, teniendo en cuenta que contribuyen decisivamente a la ordenación y gestión sostenible de los recursos naturales renovables.

103. Consideramos que la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos dependen de los distintos contextos socioculturales, teniendo especialmente en cuenta a los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus sistemas de conocimientos y prácticas tradicionales, incluida su visión holística de la comunidad y el medio ambiente, como un importante medio de adaptación al cambio climático.

104. Pedimos que se fortalezca el diálogo intercientífico entre los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas y las ciencias modernas en el contexto de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y del marco conceptual “Vivir bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, aprobado por la Plataforma.

105. Acogemos con beneplácito que se haya convocado la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, que con el nombre de Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas se celebrará en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre de 2014, con el fin de intercambiar ideas y mejores prácticas sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El documento final de la Conferencia, que estará orientado a la acción, debe contribuir a la realización de los derechos de los pueblos indígenas y la consecución de los objetivos de la Declaración y promover el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

106. Tomamos nota de la Declaración especial sobre la hoja de coca suscrita en La Habana el 29 de enero de 2014 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe reunidos en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que se reconoce la importancia de conservar las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos originarios, en el marco del respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes. En ese contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocen el masticado (akulliku o chacchado) de la hoja de coca como una manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina, que debe ser respetada por la comunidad internacional, y expresan interés en conocer los resultados de investigaciones científicas acerca de las propiedades de la hoja de coca realizadas por institutos y universidades de la comunidad internacional de reconocido prestigio en la materia.