UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

30 de junio de 2016

Las Huaytekas: Comunidad mapuche no podrá ser desalojada de sus tierras

El STJ resolvió suspender el desalojo sobre tierras en litigio con un abogado de Bariloche. Podrán quedarse allí hasta fines del 2017.

La comunidad Las Huaytekas podrán mantener posesión sobre las tierras que ocupan. (Archivo)

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dictó un fallo en sintonía con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar el año pasado al reclamo de la comunidad mapuche Las Huaytekas, en representación del Lof Palma, y suspendió el desalojo de integrantes de la comunidad de tierras en litigio con un abogado de Bariloche vinculado a intereses inmobiliarios.

El STJ hizo lugar al recurso de casación que había presentado la comunidad y tal como lo indicó la Corte, suspendió el trámite del proceso de desalojoconforme la ley nacional 26.160 de Asuntos Indígenas y la ley provincial 4275.

Además, el máximo tribunal de la provincia dispuso devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia de origen (en Bariloche) para su reserva hasta el vencimiento del plazo de la ley 26.160, que el Congreso de la Nación prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2017. El STJ le impuso las costas del proceso al abogado José Luis Martínez Pérez, que promovió la demanda.

El STJ dictó la semana pasada el fallo que se publicó en la página web del Poder Judicial. El juez del STJ Ricardo Apcarián recordó en su voto que la causa llegó para que resuelva el STJ “con motivo del fallo de la Corte Suprema” que admitió un recurso de queja y el recurso extraordinario federal presentados por la comunidad. Las juezas Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui adhirieron al voto de Apcarián.

Por eso, hicieron lugar al recurso de casación que interpuso la comunidad para que el STJ revise la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, que había desestimado un planteo de los demandados para dejar sin efecto una orden de desalojo.

La Cámara había confirmado el fallo de un juez civil de primera instancia de esta ciudad, que había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por el demandante. El juez había ordenado librar mandamiento al Juez de Paz de El Manso para que desaloje a los ocupantes del lote ubicado en el Foyely entregar su tenencia provisional a Martínez Pérez.

Apcarián recordó que entre el 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas relevó las tierras de la comunidad Las Huaytekas en el marco de la ley 26.160.

“Del relevamiento territorial se desprende que la comunidad y el Lof Palma ejercen la posesión comunitaria en la parcela en disputa -puntualizó el juez- que integra el lote 82 de la sección IX, Parajes denominados Los Repollos y el Foyel, Departamento de Bariloche, Provincia de Río Negro”.

Indicó que Martínez Pérez compró en el 2000 la parcela en litigio a la Empresa Forestal Rionegrina SA. “No obstante, el Lof Palma, integrante de la comunidad, continuó ejerciendo allí la ocupación tradicional indígena...”, indicó Apcarián.

Advirtió que “la ejecución del lanzamiento (por el desalojo) vulnera la Ley 26.160, que prohibió de modo expreso el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”.

Otra represión contra comunidad Mapuche en Vuelta de Río, Esquel



Ayer por la mañana, otra represión se ejecuto sobre una comunidad Mapuche. Esta vez en las tierras recuperadas de Vuelta del Rio sobre la ruta 40 a 100km de Esquel, rodeada por la estancia de la multinacional Benettone. Hubo heridos.Por ANRed

El motivo habría sido el reclamo de una vaca que movilizo a los 150 policias que irrumpieron con la orden judicial del Juez Penal de Esquel. Disparando balas de goma, la infantería intimido a los pobladores, unas diez familias que habitan la comunidad. Se informó que hubo heridos leves. Los testigos comunicaron en las redes sociales, “fuimos recogiendo, horas después del malón huinca, cartuchos, balas y envases de gas lacrimógeno: alguien contó 242 cartuchos, de esos en envases verdes que dicen “anti-tumultos”, cal. 12/70, FB. Y balas de plomo, alguna sin detonar, desperdigadas entre los nenes, únicos testigos de la tropelía criminal cometida contra niños mujeres y hombres ateridos de frío en la inmensidad de la estepa, a esa hora en que las sombras empiezan a dejar filtrar algunos rayos de sol sobre la tierra y comienzan sus tareas los campesinos por estos pagos, haciendo crujir las placas de hielo al marchar con los zapatones sobre la helada.

Grande fue la sorpresa y el miedo de los pequeños al despertar con la gritería policial y grande fue la reacción de la comunidad que eludiendo balas de plomo, perdigones de goma y gases lacrimógenos, logró con sus armas ancestrales, hondas y piedras, resistir y luego perseguir entre matas y lomadas a los oscuros hasta hacerlos abandonar el predio. La represión continuó desde la ruta y la balacera inaudita y criminal se prolongó durante dos largas horas. Apuntaban a niños y grandes al bulto y a la cabeza. Hubo quien fue herido con perdigones en un ojo, otro en las piernas, otros en el pecho o los brazos. Casi todos gaseados y shoqueados. En especial las criaturas: las hay de un mes de vida. Alguien que acaba de nacer en el territorio recuperado y que hoy tuvo su bautismo de sangre, en su tierra. Allí la vimos, envuelta en un poncho grueso de lana, en brazos de su joven madre, apoyada en las cantoneras de la vivienda profanada por la horda horas antes”.

En el operativo hubo detenidos que se suman a las anteriores represiones en otras comunidades que también dejo encarcelados. La más reciente es el pasado 27 de mayo cuando la policía chubutense allanó y desalojó en Esquel a los territorios recuperados de Pu Lof y detuvieron a 11 pobladores, entre ellos al activista Facundo Francisco Jones Huala, del Movimiento Resistencia Ancestral Mapuche. Desalojo y detenciones a comunidades mapuche en Esquel


Julio Saquero Lois de la A.P.D.H publico ayer:

“Dos días atrás el Juez Penal Martin Zachino sobreseyó a Martiniano Huala, 52 años, cuarto año de escolaridad, de oficio albañil, domiciliado en Esquel, que durante un año estuvo procesado e investigado por la primera denuncia penal de Benettón a la comunidad: habría transportado chapas y maderas en su camioneta para la construcción de la primera ruca, apoyando la recuperación territorial mapuche. Se le prohibió acercarse a la comunidad, se lo obligó a presentarse durante un año a todas las audiencias acusatorias y se le prohibió hablar en idioma mapuche en el alegato final. Hoy Martiniano no tenía ánimo para festejar. Su gesto adusto tampoco era de bronca. Llamaba a sus hermanos a fortalecerse en su gesta y nos pedía solidaridad con su comunidad y en especial con su sobrino, Facundo, hoy por hoy el primer prisionero político mapuche, detenido en la penitenciaría federal de Esquel Nº 14 a la espera de una resolución del Juez Federal Guido Otranto sobre un pedido de extradición a Chile por no haberse presentado a una audiencia judicial en aquel país, sometido aún a la ley antiterrorista de Pinochet.”

Fuente: ANRed

29 de junio de 2016

Sarayaku: crónicas del buen vivir



foto: COLOMBE CHAPPEY



Hermann Bellinghausen
Pastaza, Ecuador
Pocos lugares en el mundo le hacen mejor propaganda a la vida que este pueblo (como prefieren llamarlo en vez de comunidad) kichwa, en las riberas del río Bobonaza, que mucho más abajo será el Amazonas. En el corazón de la selva ecuatoriana, Sarayaku es un símbolo de la resistencia invicta donde todo está conectado y hace sentido todavía. Haber impedido el ingreso de las empresas petroleras en su territorio una y otra vez fortaleció al pueblo con una identidad moderna y una experiencia de gobierno y vida autónoma que ya quisieran muchos países que se dicen democráticos. Eso explica lo que le ocurrió a Gerardo, que andaba de viaje para tres meses en Suiza en representación de su pueblo. “No aguanté ni un mes” confiesa. “Y me regresé”. Su certidumbre por lo que hizo no quita que, durante una festiva chichada en casa de los Santi una tarde de agosto, fuera objeto de carrilla colectiva durante un buen rato, a carcajadas en kichwa. Hasta él se reía. Luego tradujo: “Se están burlando porque me regresé antes de Europa”. Con un poco de pena, pero sin la menor sombra de duda: “Aquí es donde me gusta estar”.

Es un hombre serio, reflexivo, orgulloso en el buen sentido, con posturas muy claras respecto al valor de la educación y la importancia definitiva del territorio. Nos aloja en su casa, en la parte del Centro de Sarayaku llamada Pista; un barrio grande en la ribera opuesta del Bobonaza, el cual rodea la pista de aterrizaje de las avionetas (uno de los dos medios de transporte que unen al pueblo con el exterior, siendo el otro el río Bobonaza, que en tiempo de secas toma dos días o más de trayecto). No tienen carreteras, ni las necesitan. No hay carros. Y de animales domésticos, ni caballos, ni vacas ni cerdos. Pollos y perros sí. Los rodea una fauna portentosa con la cual han cohabitado durante siglos.

Son cazadores, campesinos, pescadores, en un territorio dotado de agua y una vegetación llena de propiedades alimentarias y farmacológicas cuyo aprovechamiento conocen a fondo y usan sin abusar, en las antípodas de la depredación y la contaminación. No huele mal, no hay basura ni desechos industriales. Ningún niño se ve desnutrido. Y de hecho, todos van a la escuela.

Cuidan y cultivan un arsenal de hierbas, cortezas, flores, hongos, raíces, semillas. Como no le queda sino reconocer al doctor Galo, enviado a la clínica por el gobierno provincial de Pastaza, “lo notable es que poseen el conocimiento”. Aunque el médico lleva muchos años aquí, y entiende la resistencia de los sarayaku, no comparte con ellos la visión de las petroleras transnacionales como el enemigo. Él mismo trabajó para una firma italiana que le quedó a deber un dinero que todavía pelea.
Gerardo no es tan benévolo. Estos días le toca ser guardián de la “frontera viviente” del pueblo, así que sale desde temprano, armado, para caminar hasta el confín oriental y patrullarlo. Las petroleras, el gobierno, los gambusinos de las mineras acechan, entran, listos para saquear. Él, como otros en los diferentes extremos del territorio en los demás poblados, patrulla a diario la frontera más hermosa del mundo, consistente en árboles florecientes de diez y veinte metros de altura que marcan el “camino de las flores”, dónde queda Sarayaku.

Este confín es relativamente tranquilo, no colinda con la selva colonizada sino con los shuar, otro pueblo amazónico que mantiene con ellos una relación de siglos en un común respeto de la selva y todo lo viviente, lo cual incluye a los vecinos kichwas. En otras direcciones no ocurre lo mismo. Una mañana llegan dos guardianes de Sarayakillo, que patrullaban otro confín de Pastaza, a casa de José Gualinga, presidente del gobierno, quien regresa de una reunión del consejo de gobierno y aún lo acompañan todos sus miembros. Los guardias traen la noticia de que un grupo de invasores ingresó al territorio para derribar más de 60 árboles plantados y cultivados desde hace seis años, en terrenos recuperados de la depredación petrolera.

Aquí como en la selva de
Bolivia y Perú, los gobiernos
nacionales, se supone que
progresistas, acusan a los
pueblos y las nacionalidades
indígenas de “vivir bien” en
territorios que son “para
beneficio de todos”, sobre
todo si contienen oro negro,
oro azul u oro a secas
El lugar talado es próximo a los pozos petroleros en dirección a Puyo. “De por allá siempre vienen los sabotajes” dice José con una calma que no impide su indignación: “Es un crimen. No vamos a aceptarlo. Son árboles sagrados. Provocan, provocan, para poder culparnos de violentos, de terroristas. Vamos a advertir al gobernador de Pastaza, a la subsecretaría de Tierra y al Ministerio de Justicia que si los agresores vuelven les aplicaremos nuestra propia justicia, los vamos a detener”. Esto es relevante, toda vez que sostienen una relación tensa con el gobierno de Rafael Correa, al igual que el resto de pueblos organizados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). El gobierno insiste en abrir la explotación de hidrocarburos, y queriendo “negociar” el presidente ha intentado aterrizar en Sarayaku, de manera oficial o “de vacaciones”, pero no se lo han permitido.

Gualinga explica que los atacantes pertenecen a un pequeño grupo de antiguos pobladores de Sarayaku que optaron por respaldar a las petroleras, y fueron expulsados por traición; ahora las empresas buscan “abrirles un nuevo territorio”, para legitimar su ingreso “negociando” con al menos una “comunidad”. Lo que en términos militares se llama cabeza de playa. En el predio atacado a machetazos “hay un pozo que cerramos hace 20 años; lo que quieren es violar nuestra frontera de vida”.

El buen vivir cuesta trabajo. Mucho. Las mujeres se encargan de la chacra, el campo de cultivo en las distintas direcciones de la selva a cargo de la cada familia, todas con tierra. Allí se siembra, cultiva o cosecha yuca, el tubérculo base de la dieta kichwa. Todo el año se trabaja la yuca, bajo solazo o aguacero. Pero la recompensa es festiva. El ciclo entero de la chicha, bebida que se obtiene de la yuca, corre a cargo de las mujeres. Asua en su lengua, la yuca se consume frita, cocida, en masa, asada.

Pero sobre todo macerada por los dientes de las mujeres, que luego la escupen para colocarla en grandes tinajas de barro, con frecuencia decoradas con grecas y bestias, y la dejan fermentar.

La chicha, bebida un poco fermentada que se obtiene del proceso, es compartida a lo largo del día por las familias, los cazadores en la selva, los guardianes, los agricultores y los visitantes, uno por uno, servida en varios pilches, guajes que van de boca en boca llevados por mujeres que ofician un doméstico y cotidiano ritual que pone a todos de buen humor.

Cada detalle de los días aquí es para vivir bien. Las palmas poseen por ejemplo una utilidad casi infinita en la confección de cestas, diademas, lazos, mochilas, tejidos de trabajo, techos tejidos con laborioso primor para durar décadas de tizne e inclemencias que nunca faltan en estos trópicos de la mitad del mundo. De algunas palmas se comen la médula o sus aceitosos frutos. Los kichwas desarrollaron métodos de uso y conservación de los bosques sin depredar la madera. En sus anchos y navegables ríos la pesca es regulada. Y más aún la caza. Viven de ellas. Establecen especies en veda, y otras protegidas.

Rozan y tumban las plantaciones, pero sólo queman la hojarasca. Los incendios son un problema casi desconocido para ellos. “Nuestro principal enemigo son las serpientes”, dice una mañana Edmundo, designado nuestro guía durante la visita, mientras nos internamos en la selva varias horas hasta casi extraviarnos. En el recorrido ha ido llamando a mujeres y hombres dispersos en sus labores mediante un intrincado leguaje de silbidos y gritos, como un idioma de pájaros.
Explica que han aprendido a cultivar peces industriales como la tilapia, pero sólo en estanques lejos de los ríos para no “contaminar” las aguas vivas de su territorio.
La centralidad política de los sarayaku en la lucha indígena nacional de Ecuador ha llevado a sus dirigentes y jóvenes a salir a las ciudades, estudiar en universidades y viajar por el mundo. Serán silvestres, pero sutiles y cosmopolitas. Cuentan con escuelas preescolar, primaria y bachillerato completo. Por un tiempo tuvieron universidad, pero resultó poco viable. En el Tayak Wasi, “centro educativo de los ancestros”, los niños aprenden los saberes del pueblo mismo.

Hay una clínica médica modesta pero bien equipada. También un centro de atención para los pacientes de los chamanes, Sasi Wasi, una casa de medicina ancestral cercana a la Pista que es, arquitectónicamente, la más hermosa edificación de Sarayaku.

Los chamanes de mayor respeto, yachak, son Antonio Manya y Sabino Gualinga Cuji. Don Antonio se fue con su familia a un rancho selva adentro, como la mayor parte de los pobladores que se dan verdaderas vacaciones en esta época del año. Don Sabino, con más de 90 años de edad, se mantiene activo y una mañana de sábado se presenta a trabajar en la minga de construir la casa de un vecino como sólo uno más, con su machete, para tumbar arbustos y maleza. Don Sabino es un hombre célebre no sólo en la selva amazónica. Su fama ha cruzado océanos y hemisferios.

Noches después, convertido por necesidad en hombre de poder, instalado en una gran silla donde lo abrazan un águila y un jaguar labrados, bebe ayahuasca y canta durante horas antes de efectuar una ceremonia de curación para gente que vino de los Andes. Edmundo lo asiste, también bebe ayahuasca. A la mañana siguiente, el joven guía luce contento: “soñé muy bien” celebra. Sin embargo, sostiene que no guarda la menor intención de ser chamán.

Para llegar a este monumental recinto natural a salvo de las petroleras, irónicamente uno sale de un poblado llamado Shell, nombrado así por la petrolera holandesa cerca de la ciudad de Puyo, capital de Pastaza. En Shell, tres líneas aéreas comparten con el ejército ecuatoriano el amplio aeropuerto Río Amazonas. Una de dichas empresas, Aerolíneas Kichwa, pertenece en colectivo a los pueblos indígenas de la región, tiene una flotilla en buen estado y pilotos profesionales, algunos nativos.
La trasnacional Shell intentó establecerse en Pastaza hacia 1930, sin éxito, pero como recuerdo dejó esa población, a su modo una frontera, que en su plaza central exhibe un monumento a la avioneta: una nave amarilla tamaño casi natural sobre un pedestal de piedra. En esta localidad se inicia el vuelo sobre el verde océano verde de la Amazonía que se pierde en el horizonte, sobre el alto grito amarillo de los guayacanes y la serpenteante ruta del río Bobonaza hacia el oriente. Así se llega por ejemplo a Sarayaku.

Aquí como en la selva de Bolivia y Perú, los gobiernos nacionales, se supone que progresistas, acusan a los pueblos y las nacionalidades indígenas de “vivir bien” en territorios que son “para beneficio de todos”, sobre todo si contienen oro negro, oro azul u oro a secas. Ni siquiera por el lado del turismo han logrado doblegarlos. A diferencia de selvas como la Lacandona o el Petén, donde los gobiernos impulsan el turismo para las grandes hoteleras y el clientelismo político, en Sarayaku y otros territorios amazónicos, el manejo racional del turismo corresponde a los propios pueblos, que lo regulan y aprovechan como escudo contra las depredaciones “por interés nacional”.

Patricia, hija de don Sabino, dirigente de las mujeres kichwas, un verdadero cuadro político, señala que los kichwas de Pastaza que aceptaron el bloque petrolero 10, “años después se arrepienten y buscan nuestra alianza porque su vida ya no es la misma, están enfermos, desintegrándose”. Recuerda las históricas marchas amazónicas de 1990 y 1992, impulsadas entre otros por Sarayaku, que atravesaron el país durante 20 días hasta Quito, y cambiaron las cosas para siempre. Hoy sería difícil entender el movimiento indígena nacional sin los amazónicos, que dieron la cara a millones de ecuatorianos y desafiaron al gobierno con lanzas y demandas claras y ejemplares.

Aquí también el día comienza por el principio. A las 4 y media de la mañana los adultos se reúnen en un solar techado a beber guayusa y platicar sobre los problemas que se tienen, y si anoche hubo desavenencias se ventilan y aligeran al calor de esa infusión de hoja, servida en un guaje oblongo directamente del fuego.
Es la hora de los acuerdos y los recuerdos. La hoja de guayusa, entera en el pilche, es un estimulante prístino y digestivo. También hablan de política, de sus experiencias pasadas, de los retos actuales.

Ya después se despiertan los jóvenes y los niños, siempre cerca de un río, y poco a poco cada quién sale a sus deberes. Los niños a la escuela, las mujeres a la chacra, los hombres al monte. Para entonces ya discutieron cómo los proyectos de “reservas” impulsados por el gobierno abren la vía al despojo, y mencionaron el caso de Yasuní, donde Correa podría encontrar su Waterloo. Conversaciones chispeantes, donde la voz de don Sabino es al fin audible y puntual, aunque el hilo lo lleven sus hijos, nietos y vecinos. Doña Corina Montalvo, su mujer, pese a la edad conserva una inteligencia punzante. Ha sido dirigente destacada, confrontó a los trabajadores de la petrolera CGC en 2002 y 2003, al ejército que intentó ocupar el territorio de Sarayaku. Las mujeres del pueblo impidieron el paso a los soldados, los cuales tarde o temprano se tuvieron que marchar. Esto fue antes de Correa, en tiempos del coronel Lucio Gutiérrez. Hasta acá tuvo que venir el presidente a firmar la paz.

La última mañana en Sarayaku me alcanza en una vereda Franco Viteli, ex presidente de gobierno, que asesora a la actual Tayjasaruta. Aunque Gerardo me recomendó repetidamente hablar con él, no había tenido la oportunidad. Franco va con cierta prisa al trabajo, explica, pero desea exponer su preocupación porque se formen nuevos dirigentes y la transformación del papel de la mujer. Conoce “bien” los Acuerdos de San Andrés, y comprende el papel de la comandanta Ramona en la insurrección zapatista, lo interesante de que los cuadros dirigentes no sean protagónicos. Y se dice identificado con los principios del zapatismo de Chiapas: representar y no suplantar, servir y no servirse. Y en sostener posturas firmes ante el Estado.

Horas más tarde, desde el avión que parte distingo a Franco en un banco del río. Suspende sus labores y agita la mano en un adiós que la altura y la selva van devorando hacia Shell. Ya cerca de Puyo, la deforestación y las retroexcavadoras anuncian la presencia del progreso. Allá al oriente, en lo que llaman corazón de la selva, hay un pueblo entero que resiste, y asegura que hará lo necesario para proteger sus lugares, sus ríos, sus florestas, su pajarerío, sus chacras, su atmósfera, sus intangibles memorias y el tangible, palpable, concreto y gran tesoro de su territorio, Kawsak Sacha, la selva viviente.

Salta: Estreno mundial de la obra: “Juana Azurduy en la gloria de Güemes”



Con entrada gratuita, estrenarán el 8 y 10 de julio “Juana Azurduy en la Gloria de Güemes. Actuarán el Ballet Folklórico de la Provincia de Salta y la Orquesta Sinfónica de Salta, en el marco de los festejos oficiales del Bicentenario de la Independencia.

El Ministerio de Cultura y Turismo decidió que las entradas para “Juana Azurduy en la gloria de Güemes” sean gratuitas, dado la importancia del Bicentenario de nuestra Independencia y con el objetivo de que todos los salteños puedan asistir. Las funciones se concretarán los días 8 y 10 de julio, a las 21 y 19 hs respectivamente.

Aquéllas personas que ya hayan adquirido su entrada podrán pedir la devolución del dinero en la boletería del Teatro Provincial de Salta (Zuviría 70), y retirar las gratuitas que estarán disponibles en el mismo lugar, desde el lunes 4. Se recomienda al público retirar sus entradas con anticipación. Se entregarán hasta dos por persona.

El Ballet Folklórico de la provincia de Salta General Martin Miguel de Güemes, bajo la dirección del maestro Lito Luna, y la Orquesta Sinfónica de Salta bajo la dirección del maestro Jorge Lhez, pondrán en escena el próximo 8 y 10 de julio, en el Teatro Provincial de Salta, el estreno mundial de la obra: “Juana Azurduy en la gloria de Güemes”.

Cuarenta bailarines en escena rendirán homenaje a nuestros héroes americanos, bajo la dirección general del maestro Lito Luna, -autor del guión, montaje y puesta en escena – , con música original para Orquesta Sinfónica compuesta por Noelia Escalza de Córdoba; coreografía de Victor Campillay de Buenos Aires; y asistencia coreográfica José Daniel García Higa, sub director del ballet Folklórico de la Provincia.

Esta obra narra la verdadera historia de una de las mujeres altoperuanas más relevantes de la historia americana durante la época del Virreinato y, al final de su guerrilla, la vinculación militar con el Gral. Martin Miguel de Güemes en Salta, a donde se trasladó escapando de los Godos españoles y vivió 7 años.

La puesta en escena conjuga los matices musicales de la Orquesta Sinfónica y la armonía interpretativa del Ballet Folklórico. Se podrá apreciar un gran despliegue coreográfico que recrea las diferentes etapas de la vida de Juana, aflorando emociones trágicas y dramáticas de ella y su esposo Ascencio Padilla.

Sobre Juana Azurduy

“Juana Azurduy en la Gloria de Güemes” narra la vida de la heroína junto a sus bravas guerrilleras en épocas de las epopeyas independentistas. La intuición revolucionaria arrancó a esas mujeres del conformismo místico y espiritual en que vivían, para incorporarlas a los ejércitos patriotas que luchaban contra los opresores, rivalizando en situaciones límites con los hombres en coraje y audacia.

Su trascendencia histórica la alza como una de las célebres mujeres de América, por haber sido de las primeras en abanderarse en la noble causa de la emancipación del continente. Su avasallante personalidad despertó admiración en los godos españoles, el respeto de sus amigos y el amor de sus indios. Tenía la altiva serenidad de las mujeres Incas, la belleza de la herencia andaluza y la pasión de los aventureros españoles.

Juana Azurduy entregó todo por la libertad y recibió los honores militares con el grado de Teniente Coronel de los ejércitos de la Patria. Su espíritu indomable de tanto escapar y luchar, comenzó a flaquear luego de la muerte de su esposo en la emboscada de El Villar. Es entonces cuando decide seguir el último consejo de su esposo: Recurrir al General Martin Miguel de Guemes. Llegó a Salta recibida con honores militares y vivió 7 años protegida por el General, quien muere traicionado a los 36 años. Juana regresa a Sucre y muere a los 82 años, pobre, sola, ignorada y olvidada por sus conciudadanos, pero feliz de ver sonreír a su pueblo y disfrutar de la libertad que sus hijos no pudieron ver.

Murió un 25 de Mayo de 1862, fecha en que se recordaba y celebraba el 1º alzamiento libertario de América, ocurrido en la ciudad de la Paz en 1809.

Fuente: Cuarto Poder

UNA CIUDAD DE JUJUY ESTARÍA CONTAMINADA POR AGROTÓXICOS


Un equipo de la Universidad Nacional de Jujuy investiga a la población de Fraile Pintado, una ciudad jujeña de 11.000 habitantes donde sus productores tienen una relación muy cercana con los agrotóxicos. Fumigan sistemáticamente todos los campos. La investigación busca prevenir el cáncer que trae como consecuencia la manipulación e inhalación del glifosato. 

La Universidad Nacional de Jujuy investiga y analiza a la población de una ciudad jujeña por considerar que se halla contaminada por agrotóxicos. Se anotaron 200 vecinos que han aceptado someterse a exámenes para determinar el grado de toxicidad que tienen en sus cuerpos. Quieren prevenir el cáncer que trae como consecuencia la manipulación e inhalación de glifosato.

Las Facultades de Ciencias Agrarias y de Humanidades de la Universidad Nacional De Jujuy (Unju) evalúan el efecto de la exposición a agroquímicos que comenzó con la presentación de una tésis que daba cuenta de este problema y el posterior interés de una ONG que trabaja para prevenir el cáncer.

El proyecto de investigación se llama "Evaluación del efecto de la exposición a plaguicidas a través del uso de biomarcadores en trabajadores del sector hortícola y del contexto socio-económico de Fraile Pintado-Jujuy", lo dirige la profesora de la cátedra de Genética de la Facultad de Ingeniería, Graciela Bianco, entre otros docentes de la casa esta casa de estudios y la ONG "Ayuda al enfermo oncológico" (Apojuy) de Fraile Pintado y de la Red de Voluntariado "Árbol de vida".

"Lo que me interesa es poder entender cómo la gente interpreta que ese producto (el pesticida) le es beneficioso. Eso lo tenemos que hacer para delinear estrategias en este caso pedagógicas, para poder revertir esta información errada que tiene sobre agrotóxicos", detalló la investigadora de la cátedra de Problemática Sanitaria, Patricia Morales.

El uso de agroquímicos está naturalizado en la zona, es casi una cuestión cultural. Las empresas han hecho un buen trabajo aquí, echar veneno a la tierra está bien. Ese es el concepto que domina a los pequeños productores de esta ciudad de 11.000 habitantes. 

Graciela Bianco, plantea que en los campos de Fraile Pintado los agrotóxicos se aplican sin ningún cuidado ni capacitación. Las casas que están en la periferia, y hasta en la ciudad misma, hay rastros de agroquímicos.

"El objetivo es determinar los niveles de actividad de la colinesterasa y el efecto genotóxico como resultado de la exposición a plaguicidas en el contexto social e histórico de las poblaciones rurales de Fraile Pintado", explicó Bianco.

200 vecinos aceptaron participar de la investigación, a todos ellos se les tomaron muestras en su mucosa bucal. Los resultados podrán determinar hasta dónde los agroquímicos han contaminado a una población que entiende que sin ellos los campos no son rentables. La exposición crónica a los pesticidas parece ser ignorada por las autoridades de la provincia, para los investigadores es nesesaria una sólida campaña educativa, que ponga foco en el riesgo para la salud que significa el manipular agroquímicos y en lo perjudicial para el medio ambiente.

Uno de los pilares de la investigación es prevenir el cáncer, que está intimamente asociacido a los pesticidas. "La mucosa oral es usada para monitorear eventos genotóxicos tempranos causados por cancerígenos inhalados o ingeridos", advierte la especialista. El glifosato es uno de los pesticidas más usados en Fraile Pintado, y todo nuestro pais, además de dañar el medio ambiente provoca daños irreparables en nuestra salud, produciendo, por ejemplo, cáncer.

Fuente: El Federal

25 de junio de 2016

24 de junio - Wiñoy Tripantu-“Vuelve a Nacer el Sol” - “Día de la Nación Mapuche”

San Rafael, Mendoza 24 de junio de 2016

La organización territorial Mapuce Pewel Katuwe realizo la celebración del Wiñoy Tripantu-“Vuelve a Nacer el Sol”, en el marco de la celebración del “Día de la Nación Mapuche” en san Rafael Mendoza Territorio Mapuce.


Para dicho evento llegaron de los distintos territorios, autoridades, referentes y delegados territoriales del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, quienes se hicieron parte para acompañar a las autoridades, referentes y miembros de estos territorios en esta fecha reivindicativa del pueblo Nación Mapuce.

La jornada del viernes 24 de junio se inició con la ceremonia de Wixa Xipan, la cual comenzó antes de la salida del sol, la misma consiste en un saludo al sol, al día, a la naturaleza y del compromiso del che - “gente” con el territorio y su equilibrio.

Luego la actividad se continuo al medio día en la plaza de la Memoria donde se izó la Wenufoye, símbolo de la Nación Mapuce, donde se sumaron autoridades municipales, referentes de organizaciones sociales, como así también se contó con la presencia de referentes de la agrupación 7 de mayo, organización Federación Gaucha Mendoza.

El Lonko Roberto Ñankucheo del Lof Mapuche Pewel Katuwe y referente nacional del ENOTPO, dio inicio formal al acto, saludando y dando la bienvenida a todos los presentes. El hermano realizo un recorrido histórico de las luchas de la Nación Mapuce y el proceso llevado adelante junto a otras Naciones Originarias en lo que hoy se conoce como Argentina, con un análisis profundo de la coyuntura política actual que vive el país, el cual es transversal a todas las Naciones Originarias, como la situación de los conflictos territoriales, la relación con el Estado, la participación efectiva y la gestión intercultural de los Pueblos en ese sentido.

El diálogo intercultural entre el pueblo mapuche y el municipio de San Rafael viene profundizándose en la búsqueda de la Reivindicación y Reconocimiento de la identidad Mapuche, como parte de un Estado plurinacional.

A continuación se dio paso al izamiento de la simbología mapuce por parte de autoridades territoriales locales.

Luego tomaron la palabra autoridades del ENOTPO, el hermano Lucio Zerpa del Consejo Indígena del Pueblo Tastil (Salta) y la hermana Irene Nahuelquir de la Organización Territorial Mapuche de Cushamen (Chubut) quienes celebraron el reconocimiento del Municipio hacia la Nación Mapuche. Zerpa tomo la vocería sobre el proceso de las organizaciones territoriales y su propuesta política. Destacando la incidencia de las organizaciones territoriales de Pueblos Originarios en el bicentenario del país, hecho que sentó las bases para un Estado intercultural, propuestas que se tradujeron en la ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual con el derecho a la Comunicación con Identidad, inclusión del derecho indígena en el código civil y comercial, elaboración del Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Originarios, entre otras propuestas legislativas y políticas públicas para nosotros los Pueblos Originarios. También en la palabra de la Lamien Irene Nahuelquir, se hizo mención a los conflictos territoriales de los pueblos, puntualmente el conflicto de la Lof Vuelta del Rio (Chubut) con el empresario Benetton, donde hace pocos días se sufrió un ataque salvaje con intentos de desalojo por la fuerza policial, con represión y detención de hermanos por el solo hecho de defender el territorio ancestral recuperado por la comunidad.

Ulises Yanes Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta (UPNDS) y responsable de la Dirección del Pueblo Originario Diaguita Kallchakí en el municipio de Cachi provincia de Salta, tomo la vocería saludando a las autoridades de cada una de las organizaciones territoriales de pueblos originarios que se hicieron presentes, a funcionarios municipales, donde hizo mención a la importancia del diálogo intercultural con el Estado para generar las condiciones necesarias para la participación genuina de los Pueblos Originarios en los espacios de gestión en los estados, tanto municipal, provincial y nacional, tal cual lo establece la constitución argentina en su artículo 75 inc. 17 y el Convenio 169 de la OIT, para ser partícipes legítimos en la planificación de políticas públicas para los Pueblos Originarios, también para garantizar que los derechos no sean vulnerados por el Estado y los privados, ya que los conflictos por los territorios los genero este estado moderno y es así que al momento de resistir los desalojos o usurpación de los territorios son los sindicados como los violentos y no que en muchas situaciones desde el mismo Estado se genera esa violencia. “no habrá una verdadera libertad si se alambran los territorios y se vulneran los derechos”.Concluyo que es necesario en avanzar hacia la transformación del Estado argentino en un Estado Plurinacional, donde se reconozca a las Naciones Originarias preexistentes y es ahí donde se verá una reparación histórica verdadera. 

En nombre del Intendente de San Rafael, Emir Felix tomó la palabra Andrea Matacotta, Directora de Comunidad, Familia y Derechos Humanos, quien hizo una reflexión hacia dentro de la gestión y las contradicciones que le genera el hecho de encontrarse con otras realidades territoriales, con otras identidades y filosofías de vidas y el convivir con otras formas de entender y comprender el mundo, ya que la interculturalidad no es una práctica en la planificación de las políticas públicas tanto de los estados municipales, provinciales o nacionales y en ese marco convoco a trabajar de manera conjunta para transformar esa realidad poniendo a disposición la gestión municipal haciendo ejercicio del diálogo intercultural.

Desde este Territorio originario se repudia el desguace de la política indígena por parte del actual gobierno a nivel nacional, ya que se tomaron acciones y decisiones vulnerando un derecho fundamental como lo es la Consulta Libre Previa e Informada hacia todas las instituciones propias y legitimas de los Pueblos Originarios, las sesiones continuaran en los días siguientes para analizar esta y otras situaciones graves que viven los pueblos en sus distintos territorios, previendo las medidas necesarias para resguardar los derecho, la participación legitima y la defensa territorial..



















18 de junio de 2016

Somos la vergüenza del mundo



El dramático caso de la niña wichí de 12 años, víctima de múltiples abusos sexuales y violentada institucionalmente por una inexplicable demora en la interrupción del embarazo que le corresponde por ley, ya es nacional e internacional. (Gonzalo Teruel)

Esta semana una manifestación motivó que asustadas las autoridades provinciales apostadas en Buenos Aires cerraran la Casa de Salta y, más aún, el caso fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Y en Salta, además, propició una reunión de la que participaron diputadas y referentes de organizaciones de mujeres para trabajar en un proyecto de ley que establezca la aplicación de un Protocolo de Aborto No Punible en la provincia que, según anticiparon, podría tratarse el próximo 28 de junio en la Legislatura. Esta última noticia desnuda, no obstante, la absoluta indefensión que sufren las mujeres salteñas víctimas de violencia sexual.

Hace años, más de 4 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un histórico fallo aclaratorio de los alcances del Artículo 86 del Código Penal que establece las condiciones bajo las cuales un aborto no será castigado. “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” establece el Código Penal. Pero hasta el fallo de la Corte Suprema existió la duda de si debían reunirse todas estas condiciones (estar en peligro, ser víctima de un delito sexual y además padecer alguna incapacidad mental) para acceder al derecho de interrupción del embarazo o si con sólo una de estas es suficiente.

Los magistrados fueron inapelables. Con la sola información de un delito sexual por parte de la mujer al médico tratante, la interrupción del embarazo debe realizarse. “No se exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”, expresó la recordada jueza Carmen Argibay en los considerandos de su fallo y advirtió que “cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal”.

Pero en Salta el gobernador Juan Manuel Urtubey y sus ministros de ayer y de hoy(como María Silvia Pace, Enrique Heredia, Pamela Calletti u Oscar Villa Nougues, entre muchos otros) desoyeron ese mandato jurisprudencial y establecieron un protocolo descarnadamente violento para las mujeres porque exige “la presentación de la denuncia penal o la declaración jurada con asistencia del defensor oficial o del asesor de menores e incapaces según corresponda”.

Los jueces supremos consideraron necesario el solo pedido de la mujer al profesional de la salud pero el gobernador, mediante el Decreto 1.170 del 2012, reclamó una denuncia penal o una autorización judicial lo que violenta institucionalmente a la víctima. Como si no fuera suficientemente traumático el delito sexual, la mujer debe informarlo a los poderes públicos y esperar que estos (siempre que así lo deseen)autoricen el aborto. Por eso, hace 4 años y con el respaldo jurídico de la Defensora Oficial Natalia Buira, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades promovió una “acción de inconstitucionalidad” para el Decreto 1.170 que como era de esperarse no prosperó.

Pero sus fundamentos hoy recobran validez. “El planteo que pretende garantizar el acceso a la justicia de personas ‘en situación de vulnerabilidad’ denuncia que la norma local impone condiciones y requisitos que ‘no se compadecen con lo normado en el Artículo 86 del Código Penal ni con las libertades, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales’ y cuestiona la participación del Ministerio Público en los casos a tratar” informó entonces Cuarto Poder. Subrayó que “en casos de violencia sexual deben actuar sólo los médicos y sólo a partir de una declaración jurada de la mujer solicitante” y citó al planteo de inconstitucionalidad en la parte que acusa “cualquier otra interferencia en este procedimiento desnaturaliza (…) el precepto legal que se pretende reglamentar”.

Y denunció que “por bien intencionada que pudiera ser la asistencia del Ministerio Público genera el riesgo de que se transforme en una barrera dilatoria o disuasoria de la decisión de la mujer”. “El testimonio de la ministra de Derechos Humanos, Silvia Pace, justifica la preocupación del planteo. ‘Si su decisión (de la mujer que se presenta a un hospital para que se le practique un aborto) es interrumpir el embarazo y presentó la denuncia penal (…) la vamos a asistir con el equipo de Derechos Humanos para ayudarla a pensar y reflexionar’, le dijo la funcionaria a El Intransigente” amplió este semanario y calificó como “horrible” al Protocolo de Procedimiento para la Asistencia de Víctimas de Violencia Sexual y Atención de Abortos No Punibles en Hospitales Públicos.

“El Decreto 1.170 avasalla el derecho de la mujer a decidir denunciar o no los actos de violencia que hubiera sufrido y, en consecuencia, los derechos a la intimidad y la confidencialidad al obligarla a informar a funcionarios judiciales el haber sido sometida en su integridad sexual” enfatizó, a partir del escrito judicial de Buira, Cuarto Poder y contrapuso ese argumento a las declaraciones “en tono compadrón” de Urtubey cuando remarcó que “los hospitales de Salta sólo realizarán abortos no punibles si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez”.

Ahora, 4 años después, la presión nacional e internacional por la tragedia de la niña wichí obliga a las autoridades provinciales a rever su postura. Y con aval del gobierno, o por lo menos sin una expresa negativa, la Legislatura comenzó a trabajar en una nueva guía de procedimiento.

Al término de la reunión realizada el martes y de la que increíblemente no participaron todas las integrantes de la Comisión de la Mujer, la diputada Gabriela Jorge aseguró que “es imprescindible que de inmediato se avance en la derogación del actual Decreto 1.170 de Urtubey que inviabiliza el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos tan aberrantes como son las violaciones y se apruebe un Protocolo que garantice y respete la relación médico/paciente, que no habilite a la objeción de conciencia para la información y la práctica, y que asegure la celeridad en el accionar, evitando la judicialización de los casos”. Y la abogada Mónica Menini del Foro de Mujeres informó que “acordamos que exista un dictamen de comisión que eleve un proyecto de ley que adecue la provincia de Salta a la legislación nacional y a la jurisprudencia sobre aborto no punible”. Sin embargo, fuentes confiables advirtieron que el proyecto puede avanzar sin mayores dificultades en Diputados pero, por el contrario, enfrentará fuertes objeciones en el Senado y en el propio Poder Ejecutivo.

El acceso al derecho de interrumpir un embarazo consagrado por el Código Penal hace larguísimos años y ratificado, aclarado y explicado, por la Corte Suprema hace ya 4 años sigue siendo materia pendiente en la Salta del “estado arcaico” como bien definió el diario Página/12 esta semana.

¿How many years can some people exist/ Before they’re allowed to be free? (Cuántos años pueden vivir algunos/ Antes de que se les permita ser libres) se preguntó hace más de 50 años Bob Dylan. Como entonces The answer, my friend, is blowing in the wind/ The answer is blowing in the wind (La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento/ La respuesta está flotando en el viento) y las mujeres salteñas lo sienten.

16 de junio de 2016

Una empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino

Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso

Por Juan Parrilla
15 de junio de 2016

La mitad de la Escombrera Cerro Amarillo está del lado argentino.

Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.

La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.

La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.

Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería:Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.

En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".

El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.

Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.

Vista de la escombrera hacia el noroeste, del lado argentino.

Ayuda estatal y renuncia

Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.

Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".

En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.

Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.

Contaminación

Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.

Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.

Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".

Las imágenes satelitales revelaron la existencia de los neumáticos, cuyo volumen fue constatado por una visita de los investigadores de Glencore.

Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".

En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".

Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".

Laguna LC5, semicubierta por material de la escombrera Cerro Amarillo.

URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".

Vista de vegas hacia el oeste.

A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.

La tabla muestra el retroceso de las lagunas y las vegas, y el avance de la escombrera.

Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.

El mapa que presentó Antofagasta Minerals en el Estaduo de Impacto Ambiental no muestra la frontera.

Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.

La laguna LCH1, en el sector chileno de la escombrera, está seca.

Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.

Acuerdo

En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.

Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera.No pidió ningún tipo de indemnización.

Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.


Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:

Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.

Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.

Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó aInfobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.

Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".

Fuente: infobae

OEA aprueba Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas


El organismo reconoció las injusticias históricas que han sufrido los indígenas de la región. 


En la resolución se reconoce la organización colectiva y el carácter pluricultural y multilingüe de las sociedades. 

Tras 17 años de debates, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas durante la última sesión de la 46 Asamblea General. 

"Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural", destacó el organismo. 

En la resolución, se reconoce que los pueblos indígenas "han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo en conformidad con sus propias necesidades y recursos".

En este sentido, la OEA manifestó la "urgente necesidad" de respetar y promover sus derechos intrínsecos y estableció que la autoidentificación será un criterio fundamental para determinar a quiénes se les aplicará la declaración.

Los Estados "respetarán el derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo", agregó. 

Respaldo a la decisión 

Esta decisión fue calificada de histórica por varios gobiernos de la región. "Es importante defender los derechos humanos de todos, pero también de los colectivos, como los pueblos indígenas, por eso celebramos esta declaración", dijo el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. 

Por su parte, Armstrong Wiggins, director de la oficina del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas en Washington, resaltó que este es un gran momento en la historia del movimiento por los derechos indígenas. 

En un comunicado, comentó que "ninguna declaración es perfecta, pero esta representa un paso importante en la dirección correcta para proteger a los pueblos indígenas". 

También, Adelfo Regino, de la Organización de Servicios del Pueblo Mixe de México, destacó que es la primera vez que la OEA reconoce los derechos de esta población.

"Será de suma importancia para que nuestros pueblos indígenas puedan salir de la marginalidad, de la pobreza, de la colonización, en la que hemos estado, y podamos entrar a una etapa de crecimiento y desarrollo sostenible ", subrayó.

En contexto: 

En América viven unas 50 millones de personas consideradas indígenas y el 90 por ciento reside en Latinoamérica.

La 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebró en Santo Domingo desde el 13 de junio hasta el 15. 

El tema oficial del encuentro fue el "Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible".

Fuente: Telesur