UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

31 de octubre de 2016

Declaración Política: IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC



Hace un poco más 34 años, en este mismo escenario - Colegio Claretiano de Bosa -, nuestros Mayores y Mayoras sembraron la semilla de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Entre el 8 al 14 de Octubre del presente año, nos encontramos nuevamente más de 4.500 indígenas de los diversos Pueblos y Organizaciones Indígenas del país, en el IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC, como máxima instancia de nuestra Organización, con el propósito de revitalizar el mandato de fortalecimiento de los principios fundantes de UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA y AUTONOMÍA y proyectarnos como Movimiento Indígena para la construcción de un país en Paz, con justicia social e incluyente, respetuoso de la vida, y de la diversidad étnica y cultural.

Valoramos el camino que hemos recorrido, reafirmando que pese a la violencia, la exclusión y la discriminación vivida por más de 524 años, la resistencia de los Pueblos Indígenas está viva, en la lucha perenne por el Buen Vivir de nuestros Pueblos y la Paz para todos y todas los Colombianos (as).

En este IX Congreso examinamos la coyuntura política del País, así como los avances político-organizativos, los retos que como ONIC debemos afrontar en el próximo cuatrienio y las problemáticas que aún afectan nuestros territorios y derechos. Analizamos que Colombia vive uno de los momentos más importantes y críticos de su historia reciente: tras un conflicto armado de más de 52 años, que ha ocasionado más de 8 millones de víctimas, se emprendió un proceso de diálogo y negociación política entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que concluyó en la suscripción del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Dicho Acuerdo contiene el Capítulo Étnico para la protección de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrocolombianas del País, el cual se logró incorporar tras grandes esfuerzos, realizados a través de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, de la cual la ONIC hace parte en calidad de fundadora.

El pasado 2 de Octubre, el Acuerdo Final fue sometido a la aprobación de la sociedad colombiana, por medio del mecanismo del plebiscito, en el cual, lamentablemente resultó victorioso el No, por una estrecha diferencia. Además de la incertidumbre política, este resultado es muestra de una profunda polarización, producto de la manipulación mediática y política, que su vez ha despertado el espíritu de esperanza y de movilización de miles de víctimas, estudiantes, campesinos, sectores sociales y populares, comunidades Afro y Pueblos Indígenas, entre otros, que en defensa indeclinable de la Paz, hemos salido a las calles para exigir la implementación del Acuerdo, bajo la consigna ¡Acuerdo YA!, conscientes de la oportunidad histórica que como sociedad tenemos para ponerle fin al conflicto e iniciar el camino para tejer la Paz de Colombia.

Con relación a este contexto, en el marco del IX Congreso Nacional, los Pueblos Indígenas representados en la ONIC:

• REAFIRMAMOS nuestra vocación y apuesta de construcción de Paz. En ejercicio del derecho a la Autonomía y Libre Determinación, con fundamento en las Leyes De Origen y los principios que nos rigen.

• ADOPTAMOS el Acuerdo Final de Paz de La Habana en nuestros territorios, y los declaramos Territorios de Paz.

• REAFIRMAMOS la Movilización Indígena y Social como estrategia de resistencia para propiciar el diálogo y las transformaciones sociales y políticas requeridas con el propósito de volver a llenar de esperanza al País y allanar el camino para construir una sociedad incluyente y con justicia social.

• EXIGIMOS la participación del Movimiento Indígena en el Pacto Nacional propuesto por el Gobierno, para defender conjuntamente con las grandes mayorías que hemos sido víctimas del conflicto armado, las luchas históricas que como Pueblos hemos emprendido por los cambios sociales y políticos, así como por la pacificación de nuestros territorios. Los pactos de élites, en otrora, han generado mayor violencia, perpetuando las estructuras de poder dominantes.

• RETOMAMOS el Consejo Nacional Indígena de Paz – CONIP, como instancia propia de los Pueblos Indígenas para ejercer la incidencia en los temas relacionados con la Paz, en los temas específicos a las naciones indígenas.

• POSICIONAMOS a la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, como instancia autónoma y de auto representación de los Pueblos Étnicos, para liderar los temas relacionados con la Paz y EXIGIMOS la conformación de la instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, para el seguimiento de la implementación del Acuerdo Final, conforme se estableció en el Capítulo Étnico.

• CELEBRAMOS el anuncio de la fase pública de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional - ELN, confiados en que éstos permitirán consolidar la Paz completa, estable y duradera que clama nuestro País. Al tiempo, EXIGIMOS la participación directa de la Comisión Étnica en este proceso.

En coherencia con el actual momento histórico, el 12 de Octubre auto declarado como Día de la Resistencia, como acto político y simbólico de los Pueblos Indígenas por la Paz de Colombia, lideramos junto con otros grupos de víctimas, estudiantes, sectores sociales y populares una multitudinaria y apoteósica movilización hacia el centro de Bogotá, que estremeció el corazón de los Pueblos ancestrales y de más de 45 mil hombres y mujeres que nos unimos en una sola voz para exigir la implementación inmediata del Acuerdo Final de Paz, ¡Acuerdo Ya!. Con el caminar de la palabra entre tambores, gaitas, cantos y voces, además, nos propusimos contagiar a todos y todas con la felicidad de la paz con dignidad: Mujeres y hombres afrocolombianos, indígenas, raizales, campesinos, obreros, maestros y estudiantes, exiliados y autoexiliados, para retornar a nuestros territorios con la esperanza de un mañana donde prime y florezca la vida, para emancipar los colores de alegría y reencontrarnos con el otro en armonía con el mandato ancestral de la Paz.

Igualmente, durante estos días de relevantes reflexiones, arduo y alegre trabajo de unidad en la diversidad, en consonancia con las raíces de nuestra historia milenaria y amparados en la sabiduría de los Mayores y Mayoras, con el propósito de fortalecer los principios de UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA y AUTONOMÍA, en el IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC, MANDATAMOS, entre otros:

Respecto al principio de UNIDAD, se mandata fortalecer la unidad de los Pueblos Indígenas de Colombia, acorde con la diversidad que nos caracteriza, para continuar consolidando el Movimiento Indígena y su papel protagónico de lucha y resistencia, entre otros, contra el modelo de muerte y despojo que imponen las transnacionales, el capital privado y el gobierno nacional. Así mismo, promover y afianzar la Unidad con los sectores sociales y populares, la sociedad civil, la comunidad nacional e internacional y otros Pueblos, para fortalecer la fuerza política y social que entraña un proyecto de País incluyente y con justicia social, transformador del modelo económico y de las condiciones sociales actuales, orientado desde la defensa del territorio y la vida, y con fundamento en la Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio.

En materia de TERRITORIO, el IX Congreso ratifica que nuestro horizonte político es la consolidación de la autonomía territorial, como fundamento para la pervivencia de los Pueblos Indígenas. En este camino se mandatan, entre otras, orientaciones sobre formalización, restitución de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la protección/seguridad jurídica y declaración de los territorios tradicionales y ancestrales - en coherencia con lo establecido en el Decreto 2333 de 2014 - y a través de su implementación efectiva; la exigibilidad de los derechos territoriales y la defensa de este frente a la política minero energética. Así mismo, se ratifica el mandato de expulsión de empresas nacionales, multinacionales y otros actores que atenten contra los Pueblos Indígenas, en cumplimiento de la Ley De Origen de ser cuidadores de la Madre Tierra y de defensa del derecho a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo, Libre e Informado, como derecho fundamental de los Pueblos.

Con relación al principio de CULTURA se mandata el desarrollo de políticas propias para las mujeres, niños, niñas, jóvenes, Mayores y Mayoras indígenas, así como el fortalecimiento y cuidado de la familia como núcleo vital para la preservación cultural y la valoración de los (las) sabios y sabias como pilares de la identidad cultural. Fortalecer los espacios de participación, formación y diálogo intergeneracional para garantizar la transmisión de los saberes ancestrales. También se mandata la dinamización y apropiación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) como apuesta para mantener la vida y la pervivencia de los Pueblos Indígenas; la consolidación del Sistema de Comunicación de los Pueblos Indígenas-SICO, la salvaguarda de la memoria y conocimientos ancestrales y el posicionamiento de la agenda de comunicación propia, y el afianzamiento e implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).

Con el propósito de consolidar la AUTONOMÍA, se mandata como fundamental, acciones para la reparación integral de las víctimas de los Pueblos Indígenas y aplicación del Decreto 4633 de 2011 e implementación de los Planes de Salvaguarda Étnica; el impulso y reposicionamiento de los Planes de Vida y el consolidación de los sistemas de información integrales, en aras de avanzar en la planeación territorial integral, y la implementación de estrategias de propias de sostenibilidad. Igualmente, la consolidación y aplicación integral del Decreto 1953 de 2014, a través de la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas, la administración directa de los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participación y los sistemas propios de los Pueblos Indígenas para el ejercicio del Gobierno Propio.

El fortalecimiento de la Guardia Indígena Nacional como instancia propia y ancestral para la protección, control social y territorial, reconociéndola como ¡Semilla de Resistencia, Guerreros Milenarios de la Vida!, y de los procesos de formación política desde la Escuela de Formación Indígena Nacional - EFIN, para robustecer el proyecto político organizativo desde las bases y cualificar las capacidades de liderazgo para la orientación de los grandes desafíos del ejercicio del Gobierno Propio. Finalmente, apuntalar el Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS, “Compromiso de País”, en el ámbito político electoral, como una opción real y efectiva de poder, que convoque a los sectores alternativos, sociales y aquellos afines para el logro de las transformaciones sociales y estructurales que requiere el país.

Las Autoridades Tradicionales del nivel local, zonal, regional y macro regionales deben orientar y asumir con compromiso serio los mandatos y decisiones adoptadas en el IX Congreso, en aras de continuar fortaleciendo el ejercicio del Gobierno Propio, la Autonomía y la Unidad del Movimiento Indígena, en defensa de nuestros Territorios y la pervivencia de los Pueblos.

Igualmente, el IX Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de la ONIC:

• RECONOCE y DECLARA al Líder del Pueblo Nasa, Feliciano Valencia Medina, como Gestor de Paz de los Pueblos Indígenas, y EXIGE la casación inmediata de la sentencia condenatoria en su contra.

• RECHAZA el procedimiento unilateral y sin concertación previa con las víctimas, a través del cual el Ministerio de Defensa Nacional y la Vigésima Novena Brigada Batallón Popayán, pretenden llevar a cabo el acto de desagravio y presentación de excusas, en el marco del cumplimiento a la orden judicial, dentro del proceso por el homicidio del comunero Edwin Legarda, esposo de la electa Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz y lideresa Nasa Aida Marina Quilcué Vivas. A su vez, el IX Congreso INSTA a que este acto no se realice como un mero formalismo ni constituya un desconocimiento a las víctimas, sino que cumpla con el fin y las garantías judiciales previstas.

• RECHAZA la diligencia de desalojo ordenada en territorio ancestral del Pueblo Muisca ubicado en Cota, Vereda La Moya, en el marco del proceso reivindicatorio que cursa en la Corte Suprema de Justicia; esta orden desconoce, entre otros derechos, el consentimiento previo, libre e informado, y afecta la integridad física, cultural y espiritual del Pueblo Muisca. El IX Congreso EXIGE a la Agencia Nacional de Tierras agilizar el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena de Cota y otros, a fin de salvaguardar el territorio que ancestralmente le pertenece al Pueblo Muisca.

Este encuentro de colores, de diversidad, de sueños, alegrías, ilusiones, donde evaluamos y proyectamos el futuro de nuestra Organización, constituye un paso indeleble de los Pueblos Indígenas e invaluable aporte para que las generaciones venideras continúen tejiendo la vida y cultivando la esperanza para garantizar nuestra pervivencia física y cultural.

¡Fortaleciendo nuestra Autonomía y Unidad, defendemos nuestros Territorios Ancestrales para la construcción de la Paz y la Pervivencia de los Pueblos!

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA – ONIC
¡Sigan contando con Nosotros para la Paz, Nunca para la guerra!

Octubre 14 de 2016
Colegio Claretiano, Bosa - Territorio Ancestral del Pueblo Mhuysqa

30 de octubre de 2016

Un pedazo de historia salteña


Daniel Avalos, de Cuarto Poder, participó del homenaje a Héctor Jouvé realizado en Córdoba. Jouvé fue un militante de los 70 que en 1963 se internó en las selvas de Orán con una guerrilla organizada por el “Che Guevara” desde Cuba.

El acto fue en la noche del viernes en La Casa de la Historia del Movimiento Obrero de la CGT cordobesa. Lo organizaron compañeros de militancia, de cárcel, familiares y amigos de Jouvé, quien falleció en noviembre del año 2015 en la capital cordobesa. Héctor formó parte de aquella experiencia que tenía un objetivo desmesurado: acondicionar el terreno para que el propio Che Guevara retornara al país a emprender la lucha revolucionaria en su lugar de origen.

Al mando de la experiencia estaba el periodista y amigo del Che, Ricardo Masetti, quien era secundado por algunos cubanos que pelearon al lado de Ernesto Guevara en la Sierra Maestra como sus escoltas personales Hermes Peña y Alberto Castellano. El primero murió en Orán en un enfrentamiento con la gendarmería, mientras el segundo fue capturado y encarcelado en Villas Las Rosas, donde mantuvo una coartada de estudiante peruano hasta que fue liberado en 1969 y retornó a Cuba. De la experiencia también había sido parte Carlos “Papi” Tamayo quien huyó de Orán y luego se sumaría a la empresa de Guevara en Bolivia, donde ambos murieron.
Héctor Jouvé – segundo desde la izquierda – en la cárcel de Villa Las Rosas.

Héctor Jouvé fue uno de los que pasó de la selva a la cárcel de Villas las Rosas hasta el año 1972, cuando fue trasladado al penal de Resistencia del que salió en mayo de 1973 con la amnistía de Héctor Cámpora a los presos políticos. Retornó a Salta en el año 2003, cuando se presentaba en un anfiteatro de la Universidad Nacional de Salta el libro “Ideología y Mito en el EGP” del actual director de este medio, quien había logrado entrevistarlo un año antes. Esa publicación fue reeditada en el año 2005 por la revista cordobesa “La Intemperie” bajo el título “La guerrilla del Che y Masetti en Salta”.

Como autor de ese libro y por la amistad que entablaron a partir del mismo, Daniel Avalos participó de ese homenaje. En el encuentro recordó el primer encuentro que tuvo con Jouvé cuando siendo un recién egresado de la Universidad Nacional de Salta siendo un joven historiador fue en busca de ese viejo militante a pedirle que le transmitiera secretos sobre cómo indagar aquella etapa de la historia nacional y provincial.

“Ocurrió en la casa cordobesa del “Cordobés” y tras comunicaciones telefónicas previas. Yo estaba seguro de que iba a encontrarme con un hombre que, como algunos militantes revolucionarios de los 70 a los que ya había entrevistado, mantendría aún cierta euforia bélica. Esa que deslizaba a algunos a jurar que aún siguen dispuestos a morir calcinados para luchar contra la arrogancia imperialista. Estaba equivocado. Aunque Héctor tenía el porte enorme y esbelto de los guerreros, era dueño de una mirada triste propia de una generación que desgarrada por una revolución que creyeron posible y no fue, terminó siendo presa de la saña asesina instaurada en 1976”.

Tras ello, Avalos recordó cómo las charlas previas a la entrevista que finalmente sería publicada íntegramente, entrevistador y entrevistado bucearon por el mundo de la literatura y de José Saramago en particular; o cómo el mismo Jouvé introdujo al periodista a la lectura de Fritjot Capra, un físico subatómico que como el mismo Saramago creía que somos parte de una época donde emergen nuevos problemas que se analizan y buscan remediarse con categorías que exitosas en otros tiempos, ahora sólo pueden llevarnos al fracaso.
Héctor Jouvé – primero de la derecha – es trasladado prisionero por la gendarmeria en la selva de Orán.

Tras repasar los pormenores de aquella entrevista, Avalos enfatizó que el viejo militante no renegaba de lo que había protagonizado en su juventud aunque sí reevaluaba críticamente aquellas apuestas truncas por varias razones aunque para el propio Jouvé una era crucial: “una tradición de izquierda que pese a sus permanentes invocaciones al pueblo y su soberanía, actuaba como vanguardia iluminada que se facultaba a moldear la historia sin recurrir al protagonismo de ese pueblo al que quería representar”.

Según expresó el periodista de Cuarto Poder, Héctor Jouvé le recordaba a los personajes de las novelas de Ernest Hemingway quienes suelen protagonizar historias tristes pero no pesimistas. “Historias atravesadas por un coraje no asociado ni con el alarde físico ni con el exhibicionismo, sino con la manera discreta y estoica de enfrentar la adversidad sin ceder a las tentaciones de la autocompasión; alguien que con su testimonio de vida se empecinaba en proclamar con hechos que, aún en la derrota, los seres humanos son capaces de alcanzar una grandeza moral que muchos victoriosos jamás podrán ostentar”.

Finalmente Avalos recordó que lo último que leyó sobre Héctor Jouvé apareció publicado en el libro “El Che quiere verte”, de Ciro Bustos, un pintor mendocino que en 1962 partió a Cuba para ponerse a disposición de la revolución caribeña y terminó convirtiéndose en hombre de confianza del Che. Bustos también había participado de la experiencia de Orán aunque abocado a las tareas de reclutamiento en las grandes ciudades del país, se enteró por los diarios que el EGP había sido desmantelado.

Meses después viajó a La Habana para dar cuenta a Guevara sobre lo ocurrido. “Bustos dio su visión de las cosas que incluyeron un repaso de los participantes y sus virtudes. Bustos se sorprendió cuando Guevara le preguntó por el “Cordobés”, de quien ya se había hecho una idea a partir de los reportes que le habían llegado. Refiriéndose al Pelado Jouvé, el Che dijo: “Confirma la ley: de quinientos, cincuenta; de cincuenta, cinco, y de cinco, uno”.

Fuente: Cuarto Poder

Comandante-Presidente Daniel entrega títulos comunitarios a pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua



El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, entregó 8 títulos de propiedad a las comunidades originarias y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

En el acto oficial de entrega, realizado en un hotel capitalino de Managua, estuvieron presentes 430 compañeros y compañeras de la Costa Caribe de Nicaragua.

Acompañaron al Presidente Daniel, el Comandante Lumberto Campbell, Asesor Presidencial para Asuntos de la Costa Caribe; el Delegado de Gobierno para la Costa Caribe Sur, Johnny Hodgson; y el Procurador General de la República, compañero Hernán Estrada.

Con esta restitución el Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo sigue reconociendo la existencia de derechos colectivos que las comunidades originarias y afrodescendientes de la Costa Caribe tienen sobre sus tierras.


Los nuevos territorios titulados en el Caribe Norte son:


- Territorio Prinsu Auhya: 13 comunidades, 3 mil 776.52 km2 y mil 401 familias protagonistas

- Territorio Twi Waupasa: 14 comunidades, 1 mil 324.37 km2, mil 547 familias protagonistas

- Territorio Twi Yahbra: 16 comunidades, 1 mil 544.76 km2 y mil 897 familias

- Territorio Originario y Afrodescendiente de Karata: 5 comunidades, 361.66 km2 y 2 mil 502 familias

- Territorio Tasba Pri: 11 comunidades, 800.90 km2 y mil 653 familias

- Territorio Tawira: 17 comunidades y 57 cayos, 2 mil 779.11 km2 y 2 mil 432 familias.


En la Región Autónoma del Caribe Sur, los títulos fueron extendidos a:


- Creole Bluefields: 4 comunidades, 940.50 km2 y 3 mil 644 familias

- Territorio Doce Comunidades Originarias y Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas: 12 comunidades y 24 cayos, 3 mil 820.07 km2 y 2 mil 181 familias.

Los 8 títulos entregados abarcan una extensión de 15 mil 347.89 km2 y convierten enprotagonistas a 17 mil 257 familias de 92 comunidades. Esta entrega representa el 13% del territorio nacional, y equivale al 23.6% del territorio de la Costa Caribe.

Sin embargo, las entregas de títulos comunitarios no son nuevas. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), indican que antes del 2016 el GobiernoSandinista entregó 15 títulos comunitarios a 212 comunidades, para un total de 22,494.1 km2 restituidos a 22,274 familias protagonistas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y en la Zona de Régimen Especial.


Estos 15 títulos fueron los siguientes:

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte:


- Li Lamni Tasbakai Kum: 25 comunidades, 1,397.36 Km2 y 1,925 familias.

- Wangki Li Aubra: 18 comunidades, 884.35 Km2 y 1,962 familias.

- Awas Tigni: 1 comunidad, 733.94 Km2 y 265 familias.

- Mayagna Sauni As: 16 comunidades, 1,638.10 Km2 y 2,877 familias.

- Mayagna Sauni Bas “Sikilta”: 1 comunidad, 432.42 Km2 y 161 familias.

- Tuhaka Takaln Bana: 14 comunidades, 545.56 Km2 y 559 familias.

- Mayagna Sauni Arungka “Matunbak”: 8 comunidades, 484.99 Km2 y 924 familias.

- Wangki Twi Tasba Raya: 21 comunidades, 1,621.82 Km2 y 2,692 familias.

- Prinsu Awala: 19 comunidades, 4,149.55 Km2 y 1,401 familias.

- Wanki Maya: 21 comunidades, 1,388.81 Km2 y 2,698 familias.


En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur:


- Awaltara Luhpia Nani Tasbaika: 16 comunidades y 8 cayos, 2,413.07 Km2 y 1,935 familias.

- Rama/Kriol: 9 comunidades y 23 cayos, 4,068.49 Km2 y 451 familias.

En la Zona del Régimen Especial:

- Kipla Sait Tasbaika Kum: 14 comunidades, 1,135.97 Km2 y 1,112 familias.

- Miskitu Indian Tasbakai Kum: 20 comunidades, 652.30 Km2 y 2,451 familias.

- Mayagna Sauni Bu: 9 comunidades, 947.38 Km2 y 861 familias.


Desde el año 2007, cuando el Pueblo regresó al Poder, el Gobierno Sandinista ha entregado 23 títulos comunitarios a 304 comunidades ancestrales; en los que habitan 39 mil 531 familias, en una extensión de 37 mil 841.99 km2, que a su vez equivalen al 31.6% del territorio nacional.

Con la entrega realizada este año, desde el 2007 el Gobierno Sandinista ha entregado un total de 23 títulos a territorios que pedían se les reconociera y titulara a sus comunidades.

Al platicar con cada uno de los líderes comunales que recibieron títulos en nombre de sus territorios, Daniel los saludó y recordó las visitas y giras de trabajo que realizó en aquella región durante el primer Gobierno Sandinista, posterior al triunfo de la Revolución.

"Al lugar que llegábamos lo recorríamos, intercambiábamos, hablábamos de lo que se estaba viviendo en ese momento, que era un momento de esperanza, de paz, pero bueno el camino fue duro y hoy estamos aquí encontrándonos, cumpliendo con este compromiso que tiene que ver con la Ley de Autonomía, tiene que ver con todos los acuerdos que se tomaron allá con los pueblos de la Costa del Caribe Norte, del Caribe Sur", expresó.

El mandatario refirió que para completar el 100% de la demarcación y entrega de títuloscomunales a los pueblos originarios y afrodescendientes, solamente falta el 4% que corresponde al Alto Wanki, ubicado en la zona de Jinotega.

Cumpliéndole a comunidades del Caribe y a familias del Centro y Pacífico de Nicaragua

El Presidente Daniel recordó que aunque la Ley para la entrega de títulos de propiedad se aprobó en el año 2003, fue hasta en el 2007 con la llegada del Gobierno Sandinista que en realidad comenzó un verdadero proceso de titulación a nivel nacional.

"Luego en el año 2003 fue que se aprobó la Ley para que se entregaran los títulos. Fíjense bien, en el año 2003 nosotros no estábamos en el gobierno, no estaba en nuestra capacidad, no estábamos en posibilidades de entregar esos títulos. Bueno, había que esperar y al final llegamos al Gobierno en el año 2007, y después este es un trabajo complejo, porque en esto se involucran centenares de compañeros técnicos, especialistas, agrimensores, porque hay que delimitar muy bien cada territorio. Pero además teníamos otro compromiso con toda la gente de la región central y del pacífico que era entregarles títulos también, entregarles tierra; el campesino tiene derecho a la tierra, la familia tiene derecho a un lote para construir su vivienda. Teníamos también ese otro compromiso", recordó.

"Había que ir caminando en las dos direcciones, cumpliéndoles a los hermanos de la Costa del Caribe y cumpliéndole a todos los hermanos de la región del centro y la zona del pacífico de Nicaragua", aseguró Daniel.

"Entonces este trabajo lo iniciamos cuando llegamos nuevamente al gobierno en el año 2007, porque fue el 10 de enero del 2007 que asumimos el gobierno. Ahí empezar a trabajar y luego organizar el trabajo, contratar el personal, buscarle financiamiento, porque este es un esfuerzo que cuesta bastante dinero, el trabajo de titulación... y luego ir avanzando año con año. Y hemos logrado hacerlo de manera sostenida; año con añohemos venido avanzando entregando títulos en toda Nicaragua. Así es que nos sentimos contentos y honrados de estar cumpliéndoles a los hermanos de la Costa del Caribe de Nicaragua", añadió el Presidente Daniel.


29 de octubre de 2016

La herencia de Abuelas


Foto: Pablo Stubrin.
Por Franco Mizrahi

La Asociación cumple 39 años y piensa cómo seguir. Casi cuatro décadas en lucha por la recuperación de la identidad. El recambio generacional y las nuevas formas para llegar a la verdad. Estela de Carlotto: “Tenemos relevo”.

Hace casi cuatro décadas, en medio de la brutal represión que desató la dictadura cívico militar, un grupo de abuelas comenzó a reunirse para buscar a los hijos de sus hijos, víctimas del brazo de acero del terrorismo de Estado que los robó. Por su valentía, tenacidad y resistencia, las abuelas se convirtieron en un hito para la humanidad. “Cumplimos 39 años de lucha en un camino muy duro. En ese tiempo hemos ido progresando de manera tal que hemos constituido una asociación con múltiples recursos, con actividades tendientes al encuentro de los centenares de nietos que fueron víctimas de la dictadura así como los restos de sus padres, nuestros hijos”, asegura a Veintitrés la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. Para conmemorar el nuevo aniversario de la institución se realizó un acto el 25 de octubre, en el ND Ateneo, donde, entre otros logros, se brindó por los 121 nietos recuperados. El proceso para su restitución fue largo. Muy largo. Casi tanto como el recorrido, sembrado de desafíos, que resta andar. Se estima que el Plan Sistemático de Robo de Bebés derivó en unos 500 secuestros de niños.


El último. Maximiliano, hijo de Domingo Menna y Ana María Lanzillotto, el nieto 121.

Uno de los pasos centrales que dieron las abuelas para reconstruir el lazo genético que las une con sus nietos fue la creación del Banco Nacional de Datos Genético, en la década del ’80. “Un hito en el mundo. Allí están registradas las familias de las víctimas que fueron desaparecidas por razones políticas”, explica la referente de la institución. La particularidad del banco es que logró, gracias al impulso de Abuelas, que se cree “el índice de abuelidad”, es decir, que se utilice la sangre de las abuelas y otros familiares –dado que muchos padres están desaparecidos– para confrontar el perfil genético de los nietos robados. El índice se utilizó por primera vez en 1984, y en 1987 el Congreso de la Nación creó el banco por ley. “Desde entonces hasta hoy se fue perfeccionado con nuevas técnicas de la genética”, precisa Estela, quien recuperó a su nieto, Ignacio Montoya Carlotto (Guido), el 5 de agosto de 2014.

“Otro tema muy trascendente fue el avance en el campo jurídico. Por citar un ejemplo de los últimos tiempos, la Justicia aprobó que existió un Plan Sistemático de Robo de Bebés que no fue casual ni espontáneo sino planificado”, recuerda Estela. Y destaca: “Hubo muchos logros. Pero falta. Porque hemos encontrado a 121 nietos, pero la estimación es que deben ser alrededor de 500 los nietos robados”

Tras casi cuatro décadas de búsqueda, y en pos de seguir recuperando a los hijos de sus hijos, las abuelas tuvieron que modificar estrategias. Los bebés robados hoy ya son adultos. Por eso hicieron del derecho a la identidad una bandera y lo llevaron a las escuelas. “En los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner, con el Ministerio de Educación se implementó en las escuelas el reparto de libros y videos con una cartilla didáctica que se entregaba a los efectos de que los maestros enseñaran a sus alumnos sobre lo que es el derecho a la identidad. En esta gestión insistiremos porque hasta ahora el nuevo ministerio no ha ejecutado ninguna de estas ideas. Ya con cierta exigencia les diremos que se debe continuar formando a los jóvenes, a los niños, en este tema tan lacerante para la democracia”, cuenta Carlotto.



La historia del nieto 121 

Como sus nietos ya son adultos y muchos de ellos formaron familia, las abuelas ya no sólo visitan escuelas y universidades: “Entendiendo que en los jardines de infantes pueden estar los hijos de nuestros nietos, recurrimos a charlas muy delicadas y amorosas para los chiquitos, quienes pueden llevar el mensaje de una abuela a su casa e interpelar a un papá dudoso y así incentivarlo a saber quién es”, relata Estela.

Las formas de intentar llegar a los nietos son diversas. “Siempre recurrimos al exterior. En dictadura lo hicimos en busca de apoyo moral y económico. Entonces recibimos la protección del mundo europeo, sobre todo. También en los países del norte. Ahora sabemos que los nietos, por la edad que tienen, pueden estar radicados en cualquier lugar del mundo por razones laborales, de estudio o por la ilusión de hacer algún viaje. Hemos encontrado nietos en Holanda y Estados Unidos, por ejemplo. Y recibimos denuncias sobre posibles casos en Francia y en los países escandinavos. Hasta ahí llega nuestro brazo de búsqueda”, señala Estela. “Se ha fundado, por caso, una red europea por el derecho a la identidad. Se puede encontrar en España, Italia y Francia. Esa red permite que un grupo de solidarios habitantes conforme un nodo para recibir a esos jóvenes con dudas y les brinden todos los datos necesarios para que se contacten con el consulado argentino para resolver la extracción de sangre”, agrega la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los desafíos, se espera un profundo debate sobre los modos de incentivar a los jóvenes que dudan sobre su identidad para que se acerquen a Abuelas. “Muchos jóvenes con dudas no se acercan a la institución por temor a que sus apropiadores afronten consecuencias judiciales –precisan desde Abuelas–. Esa cuestión se abordará de una manera diferente”. Como las abuelas están cada vez más grandes, piensan en alternativas. Como los apropiadores en su mayoría están cerca de los 70 años de edad, pueden llegar a acceder a la prisión domiciliaria. “Una posibilidad es transparentar, clarificar, los atenuantes de las penas en estos casos. Como incentivo a los jóvenes. No a cambio de información porque eso siempre se rechazó. Sino pensado al revés: buscando que el que tiene dudas sobre su identidad se acerque a Abuelas. Esos debate se van a venir”, adelantan desde la organización.

“Pasaron muchos años, las abuelas envejecimos, quedamos pocas”, dice Estela, y pone en primer plano el recambio generacional que necesariamente se dará en la institución. “Tenemos relevo para que nuestra tarea continúe. Nos acompañan los nietos recuperados que quieren estar en la comisión directiva y otros miembros de nuestras propias familias que seguirán buscando a los nietos que faltan cuando ya no estemos”. El trasvasamiento generacional se está dando paulatinamente: cada vez hay menos abuelas y más nietos recuperados cobrando protagonismo. “Vamos a seguir buscando a los nietos porque no queremos que las abuelas que no los encontraron se vayan de este mundo sin abrazarlos”, dice Estela. “La lucha va a continuar”, promete.

28 de octubre de 2016

Declaran a Yucatán zona libre de transgénicos


Protestan contra Monsanto y el maíz transgénico en el DF. Foto: Xinhua / Pedro Mera

MÉRIDA, Yuc. (apro).- En medio de la disputa legal que libran apicultores mayas de la península con la trasnacional Monsanto e instancias federales para frenar la siembra de transgénicos en la región, el gobierno estatal declaró a Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados.

En el decreto de 12 páginas publicado este jueves, el gobierno de Rolando Zapata Bello argumenta la necesidad de “aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos”.

Lo anterior, apunta, “por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones, y porque atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores; la consulta previa, libre e informada; el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como al derecho humano a un ambiente sano”.

Activistas celebraron la medida, que calificaron de “audaz, responsable y muy fundamentada”. No obstante, el colectivo MaOGM advirtió sobre la posibilidad de que ese decreto estatal derive hasta en una controversia constitucional, porque el tema de los transgénicos es materia federal.

Explicó que la ley federal que regula los transgénicos sí prevé iniciativas estatales, pero sólo bajo la figura de acuerdos o convenios de coordinación, y en ese sentido señaló que aunque el gobierno yucateco buscó reiteradamente establecerlos, el gobierno federal no le dio respuesta.

El decreto 418/2016 se fundamenta en los artículos 55 fracción II y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como el 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de la entidad, pero también en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hablan de los derechos humanos y la obligación del gobierno de preservarlos.

Asimismo, se basa en leyes, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, salud, alimentación y medio ambiente de los que México tomó parte. Y plantea que obligadamente el Estado debe proteger los recursos naturales que posee Yucatán.

“Del total del territorio estatal, más de 17% se encuentra bajo esquemas de protección, sobresaliendo toda la zona costera. De igual manera, la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, ubicada al sur del estado, contiene el 22% de las selvas, el 20% del hábitat potencial de especies como el jaguar y el 16% de las áreas de recarga del manto acuífero estatal”, argumenta.

Añade que la población que habita en el interior del estado “tiene como base para su subsistencia la biodiversidad y agrobiodiversidad”, así como sus actividades complementarias como la producción de miel –altamente cotizada en el extranjero–, la ganadería de traspatio y la silvicultura.

“En concreto, más de 45 mil familias trabajan y dependen económicamente de este sistema agroforestal que distribuye ingresos familiares por más de 130 millones de pesos anuales”, destaca.

La presencia en el estado de organismos genéticamente modificados, sostiene, comenzó en 2005 en su fase experimental y piloto, “y se ha realizado sin anuncio de su uso y de las medidas de prevención de los riesgos posibles para la biodiversidad y para las actividades productivas de las comunidades rurales y costeras”.

El documento recuerda que a partir de 2011 se autorizó la liberación de una superficie delimitada por dos polígonos que suman más de un millón 56 mil 961 hectáreas en el estado de Yucatán, y que junto con Campeche y Quintana Roo alcanzan la cifra de más de 2 millones de hectáreas.

“Esta superficie incluye la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, en la que se sembraron superficies extensas, así como en el nororiente del estado, cerca de la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos. Esta autorización se realizó sin considerar los comentarios vinculantes de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

También precisa que en la evaluación de los posibles efectos adversos debe considerarse tanto a los organismos genéticamente modificados como a los herbicidas, pesticidas y demás insumos integrantes del paquete tecnológico. De igual forma, apunta, se debe tomar en cuenta que los efectos sobre la flora y la fauna son diversos y desconocidos, pero en muchas ocasiones resultan negativos y ponen en riesgo la biodiversidad, afectando las fuentes de polen y néctar de la flora silvestre y cultivada.

En junio de 2012 –agrega–, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó en Yucatán la liberación de soya transgénica en etapa comercial, “contraviniendo nuevamente las opiniones vinculantes de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Y detalla la importancia económica que tiene la apicultura para el estado, principal exportador de miel a Europa, y el riesgo para esta actividad y el medio ambiente que constituyen los transgénicos.

Enlista, asimismo, los peligros para la salud humana, de otras especies y la contaminación de los recursos hídricos que implican los transgénicos y agroquímicos que se utilizan para ese tipo de cultivos.

El texto enumera las acciones que el gobierno de Yucatán ha impulsado en las dos últimas administraciones para tratar de contener la siembra de transgénicos y reducir sus efectos, por lo que ahora, subraya, se determinó declarar a la entidad zona libre de ese tipo de productos, aplicando “el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud”.

“El daño moralmente inaceptable consiste en el infligido a seres humanos o el medio ambiente, que es una amenaza para la vida o la salud, es grave y efectivamente irreversible, es injusto para las generaciones presentes o futuras, es impuesta sin una consideración adecuada de los derechos humanos de las personas afectadas”.

El decreto declara al estado de Yucatán como zona libre de transgénicos, así como de productos contaminados, para fines agropecuarios o para la producción de insumos de uso humano y agropecuario, a fin de preservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la calidad de los productos de las comunidades rurales y costeras, al tiempo que impulsa los cultivos orgánicos.

Descontrol minero: la historia del gigantesco basural chileno en territorio sanjuanino

El descontrol minero sigue escribiendo capítulos negros en San Juan: a los dos derrames que produjo Barrick Gold en menos de un año se suma un conflicto binacional, al descubrirse que la minera chilena Los Pelambres tiró cerca de 55 millones de toneladas de residuos peligrosos en territorio sanjuanino, entre 2007 y 2012.

Este basurero gigante conocido como “escombrera” ocupa casi 52 hectáreas en la frontera del departamento de Calingasta, San Juan, y la región de Coquimbo, Chile. Y no lo descubrieron las autoridades de ambiente de ninguno de los dos países: el caso saltó a raíz de una denuncia entre mineras. “La empresa Glencore, que explota el campamento Pachón, le inicia acciones a Luksic, de Los Pelambres, porque la escombrera estaba donde ellos tienen la concesión”, relata Diego Seguí, el abogado que intervino en la causa para que el Estado tomara cartas en el asunto.
La escombrera desde arriba: ocupa 105 hectáreas, 52 del lado sanjuanino.

La minera Glencore hizo lo que no hicieron los funcionarios: contrató un estudio de impacto ambiental de la escombrera Cerro Amarillo, en el que basó su denuncia. Fue realizado por las empresas URS y AECOM y entregado en mayo del 2015. Los hallazgos del informe son los siguientes:

-Determinó que el Estudio de Impacto Ambiental de Los Pelambres presenta inconsistencias.

-Halló un gigantesco depósito de neumáticos: “Al NE de la escombrera Cerro Amarillo, del lado argentino, se observó un depósito de neumáticos usados de los camiones de alto tonelaje de la Mina Los Pelambres, dispuestos en pilas de cuatro, pudiéndose estimar la cantidad total de neumáticos en 470 aproximadamente”.Neumáticos gigantes y abandonados.

-Qué tapan los neumáticos: “En el análisis de imágenes satelitales del año 2006 previas a la construcción de la escombrera Cerro Amarillo se observa que existían varias lagunas en el lugar donde hoy se emplaza la misma y que han sido cubiertas o parcialmente cubiertas (como la laguna LC5) por este depósito”.

-El estado del agua: “El agua de la laguna LC4 ubicada a menos de 200 m de la escombrera Cerro Amarillo, del lado argentino, presenta un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la referida escombrera”.
Las aguas ácidas.

-Otra laguna: “presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera. Estos datos representan aguas de baja calidad”.

-Comparación de los valores con el inicio del proyecto: “La situación actual evidencia un impacto sobre la calidad del agua de estas lagunas respecto de la línea de base del EIA 2003 de Pelambres”.

-Sin gestión de residuos: “En la información relevada y observaciones de campo no se identificaron actividades de monitoreo de agua superficial o subterránea de la escombrera por parte de Los Pelambres en territorio argentino, ni la aplicación de medidas de manejo. Esta situación implica un riesgo de posibles efectos ambientales negativos por generación de drenaje ácido en los cuerpos de agua del valle del río de la Carnicería en Argentina”.
La laguna tapada por la escombrera.

En resumen, el informe indica que la escombrera arrasó con lagunas secas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al Río San juan, principal cuenca de la provincia.

La causa civil se tramita en el Juzgado Federal n° 1 de San Juan y se llama “Xstrata Pachón S.A. c/ Minera los Pelambres s/civil”. El 10 de agosto del 2015 la justicia llamó a una audiencia de conciliación en la que intervino el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Sanctis. “Hasta entonces el Estado no solo no había visto una escombrera durante 5 años, sino que se mantenía afuera como si fuera un conflicto entre privados, cuando son los recursos naturales de nuestro país”, dice el abogado Seguí.

Qué hizo el Estado tras la audiencia: según el decreto 1556 creó la COmVer Cerro Amarillo, un órgano competente para supervisar un “proceso de asilamiento” de la escombrera. La ingienería del aislamiento quedó a cargo de la empresa Hetch, y en el documento se indica que la UNOPS participaría en las obras de aislamiento. El acuerdo macro lleva las firmas del ministro de Minería Valentín Hensel, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis, Secretario General de Fiscalía de Estado Gastón Orzanco, y Carlos Enei Villagra y Juan Esteban Poblete Newman por parte de las empresas.

El abogado Seguí interpreta: “La escombrera hay que removerla, no aislarla. El estudio de impacto que contrató Glencore demuestra el daño que está produciendo”. Así, Seguí presentó un recurso en esa misma causa, junto al político Fernando Pino Solanas y el abogado Enrique Viale, en el que piden la anulación del acuerdo macro y solicitan la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hasta ahora ausentes.

Los argumentos: “Un acuerdo entre partes no puede generar regulación ambiental. Se acordó el no cumplimiento de la obligación constitucional de recomponer el ambiente dañado y hacerse cargo de los daños producidos”, dice el escrito.

Finalmente, hace 3 días el gobierno de San Juan se bajó del polémico acuerdo con la empresa Pelambres. El gobernador Uñac reconoció el error: “Nos hemos salido de la participación en el acuerdo porque nosotros no entendíamos que era la solución definitiva”. Y terminó tomando la propuesta de los denunciantes: “Ellos (por la empresa) deben empezar a remediar la situación, el acuerdo daba un marco precautorio, no definitivo. Por eso, decidimos retirarnos del acuerdo”.

Para dimensionar el desastre, Seguí hace dos comparaciones. Con lo ocurrido en Jáchal: “Las escomberas son tan delicadas de administrar como un valle de lixiviación”. Y con Botnia: “Esto es peor que Botnia: el residuo de la papelera era un recurso interjurisdiccional compartido. Acá es como si lo tiraras en la orilla de Gualeguaychú”.

Se espera que el 22 y 23 de octubre declaren los tres Ceos de Luksic en el Juzgado Federal Penal de San Juan. “Otra vez estamos en lo mismo: está muy bien, pero la pregunta es cómo a Millón (ministro de Hidráulica) y Saavedra (ex ministro de Minería) durante 7 años no vieron la escombrera”.

La gestión de los residuos ambientales tras años y años de explotación, como demuestra este caso y el del valle lixiviación en Veladero, se perfila como una las discusiones por venir en Argentina. Seguí: “Por eso este caso es clave. Cuando las mineras dejan de explotar no se termina la contaminación: recién empieza. Ahí tiene que venir la remediación y recomposición del ambiente natural”.
Las montañas de escombros mineros llegan a 70 metros de altura.

Fuente: Lavaca

25 de octubre de 2016

Kachi Territorio Diaguita Kallchakí - “Cata y degustación de vinos caseros y artesanales”

El viernes 28 de octubre a hs 19:00 se llevara a cabo en el salón municipal de Cachi la “Cata y degustación de vinos caseros y artesanales”. Vinos elaborados por las familias Diaguitas, que estará acompañado por gastronomía tradicional del territorio como escabeche de quinoa, escabeche de poroto y queso de cabra, con palabras y vocerías de autoridades territoriales Diaguitas y de las instituciones del Estado que darán el marco protocolar al mismo, y un cierre con cantos, coplas y música de nuestros valles. 

El objetivo del evento consiste en la presentación del trabajo realizado por la UPNDS en articulación con los organismos, en el área de Producción y Desarrollo con Identidad. Desde el año 2010 se implementó el proyecto de “Fortalecimiento del sector de la Agricultura Familiar de Cachi en diversificación vitivinícola, producción de uva de mesa y pasas”, con el objetivo de diversificar la producción territorial, aportando así a nuestra soberanía alimentaria. 

Durante la cosecha 2016 se concretó una etapa más de la cadena productiva: que es la elaboración de vinos artesanales y caseros, abocándonos en lo sucesivo a su comercialización. Abordando este desafío desde el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, nos proponemos diseñar las estrategias necesarias para incluir la actividad como alternativa turística para la zona, mediante el diseño de recorridos y visitas guiadas hacia los sitios elaboradores, ubicados en cada uno de los Territorios de las comunidades. 

Quedan tod@s invitad@s y convocad@s al convite.

Contacto prensa: 0387 15 4892412

Chubut - Mapuches denuncian hostigamiento y persecución en el paso fronterizo Samoré

Ayer integrantes de la comunidad mapuche–tehuelche de la zona sur de Chubut presentaron un escrito en el consulado chileno denunciando hostigamiento por parte de agentes de la PDI en el paso Cardenal Antonio Samoré. En el escrito hicieron especial hincapié en un caso que tuvo lugar el miércoles cuando el machi Gustavo Curillán Llancanao fue detenido, interrogado y obligado a desnudarse por la presunción de que fuera un traficante de drogas.
Integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche de la zona sur de Chubut presentaron un escrito en el consulado chileno (foto), denunciando hostigamiento por parte de agentes del PDI en distintos pasos fronterizos.

Ayer al mediodía un grupo de integrantes de la comunidad mapuche–tehuelche de la zona sur de Chubut llegó hasta las oficinas que el consulado chileno tiene en la calle Almirante Brown para denunciar el hostigamiento y persecución que sufre su pueblo en los distintos pasos fronterizos entre Argentina y Chile. Allí fueron recibidos por el cónsul Francisco Tello Cardone, quien prometió notificar a la cancillería el reclamo para poder brindar una respuesta lo antes posible.

Los descendientes del pueblo mapuche–tehuelche están preocupados por el constante hostigamiento que sufren por parte de las autoridades fronterizas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, principalmente en el paso Cardenal Antonio Samoré, donde el último miércoles se registró un grave incidente. 

Según explicó Cristina Liempichun, ese día el machi (autoridad médica y espiritual del pueblo mapuche) Gustavo Curillán Llancanao volvía a su país luego de haber atendido pacientes durante varios días en la zona de Esquel y Sarmiento, una práctica habitual que realiza cada quince días.

Todo marchaba como de costumbre y esperaba llegar hasta Cholchol, el pueblo que se encuentra en la región de Araucanía. Sin embargo, al llegar al paso fronterizo los agentes de la PDI lo obligaron a bajar de la unidad. El machi, conociendo los protocolos, bajó sin saber que luego sería sometido a un humillante trato.

"Al machi se lo obligó a descender del colectivo, se lo metió en un cuarto, se lo privó de la libertad y se lo obligó a desnudarse para supuestamente revisarlo porque llevaba drogas ilícitas", describió Liempichun al ser consultada por El Patagónico.

"El en ningún momento se negó a ser revisado porque no tenía nada ilegal. Pero todo el proceder fue un acto discriminatorio, negando las prácticas culturales y el derecho al desarrollo de nuestra propia identidad como pueblo originario y no permitiendo el tránsito libre de nuestro machi", denunció.

UNA PERSECUCION 

Liempichun ayer realizó la presentación junto a integrantes de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y con la adhesión de otros integrantes de la zona del valle. La mujer entiende que estos hechos son una "persecución política, ideológica y racial, teniendo en cuenta que el estado chileno adhirió a los tratados de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) donde se establecen los derechos a los pueblos originarios", pero no se respeta la diversidad cultural.
Es que, según comentó, otros machis también han tenido inconvenientes en este paso fronterizo, donde se les han decomisado los lawenes (remedios) y se los ha agredido en forma verbal, con un trato claramente discriminatorio que no solo afecta sus derechos como personas, sino también el de sus pacientes. 

Por esta razón, esperan una pronta respuesta del consulado luego de que la denuncia se realizara en distintas sedes consulares de ciudad donde el machi Curillán Llancanao atiende.

21 de octubre de 2016

Ellos no se callan

Por Tomás Eliaschev
LECTORES@VEINTITRES.COM

La actualidad de La Poderosa tras la represión. Iván Navarro, torturado por la Prefectura en la Villa 21-24, vive con miedo pero también con esperanza por el apoyo recibido. El trabajo para concientizar a los barrios populares del país.

Recuerdo. Iván y Levy frente al mural de un joven asesinado por la policía. Y con sus padres, Marcela y Abelardo.
Fotos: Horacio Paone.

"Vamos a matarlos, total nadie los va a reclamar”, fue lo que les decían los integrantes de la patota de prefectos que torturaron a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, los chicos de 18 y 15 años, respectivamente, que con su denuncia pusieron en aprietos al Ministerio de Seguridad y la política de inundar con uniformados los barrios populares. El grave caso de brutalidad policial se produjo en la Villa 21-24, en la noche del 24 de septiembre pasado. Los chicos fueron detenidos primero por policías federales, y después por los hombres de beige. Los trasladaron en patrulleros a la orilla del Riachuelo, donde fueron golpeados brutalmente y amenazados de muerte. Si no hubiera sido por la organización La Poderosa, donde los chicos participan, tal vez el episodio nunca se hubiera conocido. Sin embargo, los efectivos siguieron sintiéndose impunes: el 5 de octubre, siempre amparados por la oscuridad nocturna, se produjo otro hecho de represión ilegal. Iván había estado en un canal de televisión contando lo que le había tocado padecer. Cuando volvió al barrio, vio cómo unos prefectos estaban golpeando a otros jóvenes, precisamente en represalia por sus denuncias. Al interrumpir la golpiza policial, terminó siendo perseguido hasta su domicilio.

El trabajo de difusión de la revista de la organización, La Garganta Poderosa –nombre que homenajea a la mítica moto de Ernesto “Che” Guevara– se ve potenciado al infinito por las redes sociales. Y las denuncias surtieron efecto. Ya hay siete navales desafectados y procesados, seis de ellos detenidos en Marcos Paz. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se trasladó hasta el hogar de La Poderosa, en Zavaleta, el barrio lindero a la Villa 21-24, para escuchar la voz de los vecinos.

“En estos últimos años, a través de La Garganta Poderosa nos tocó denunciar el asesinato de Kevin Molina, en 2013, el ataque contra los chicos de la murga de la 1-11-14, y ahora lo de Iván y Ezequiel”, rememora Nacho Levy, uno de los iniciadores de este proyecto que ya tiene más de 12 años, 44 asambleas en todas las provincias del país, y llegó incluso a distintos países de Latinoamérica. En Zavaleta está ubicada la primera redacción de la revista, que ahora funciona en la ex ESMA. Allí, Levy recibió a Veintitrés y contó el presente vertiginoso de la organización, que empezó como un proyecto de fútbol popular para luego comenzar a organizar cooperativas de trabajo. De Zavaleta se fueron expandiendo a otros barrios de la Capital y después pasaron a organizarse en todo el país. “Estos últimos años fueron de muchísimo crecimiento porque la visibilidad que tuvo la revista permitió que la herramienta llegara a barrios que quizá no tenían organización.

Decidimos ingresar en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)”, destaca el referente.



En 2009 fundaron la revista, por cuyas tapas han pasado desde futbolistas como Diego Maradona y Lionel Messi hasta personalidades políticas y culturales como Lula, Evo Morales, Eduardo Galeano y el Indio Solari, por citar solo algunos, siempre con la característica boca abierta que representa el grito de lo que se suele callar. “La idea de la revista surgió cuando Facundo Pastor hizo un informe que estigmatizaba el barrio. Junto a las organizaciones populares del barrio y los curas villeros, hicimos una gran marcha para repudiarlo hasta América TV. No tuvo nada de repercusión: entonces tomamos conciencia de que no podíamos esperar que nos regalen un espacio los mismos que nos demonizaban. Necesitábamos un medio propio. En todo este tiempo nos permitió contar las cosas buenas que pasan en el barrio y visibilizar los problemas que tenemos. Ahora podemos empezar a pensar las soluciones”, dice Levy. Como ejemplo, muestra las cloacas que consiguieron para el barrio, luego de participar en la Carpa Villera que se instaló en el Obelisco, donde hicieron 54 días de huelga de hambre. O el más vigente que nunca proyecto de Control Popular de las Fuerzas de Seguridad, que encararon con la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). “Queremos llevar esta propuesta a todos los barrios”, se esperanza el militante, y destaca que su iniciativa fue escuchada por diputados de la Comisión de Derechos Humanos: “Se trata de una estrategia cien por ciento comunitaria frente a una problemática del barrio: la realidad es que si vivís en Palermo o Barrio Norte te pueden pasar un montón de cosas, pero lo que no te va a pasar es que te suban a un patrullero encapuchado, te tiren a la vera del Riachuelo y te sometan a tres horas de sesiones de tortura”.

Iván Navarro vive sobre la avenida Iriarte, que atraviesa la Villa 21-24 y Zavaleta. Su casa, pintada de rosa, está ubicada al lado de un mural que homenajea a uno de los tantos jóvenes asesinados por las fuerzas policiales. Lógicamente, tanto él como su familia todavía están asustados. “No esperaba tanta ayuda. Hasta mis compañeros del Normal 5, donde curso cuarto año, hicieron un corte en Suárez y Montes de Oca para denunciar lo que me pasó”, cuenta el joven, que al igual que Ezequiel participa del proyecto de fútbol popular de La Poderosa. Cuando termine el secundario quiere hacer el profesorado de educación física. Involuntariamente se transformó en un ícono de la valentía frente a los atropellos policiales. “Cuando volví de la televisión, vi que estaban pegándoles a dos chicos, me imaginé que los iban a agarrar como a nosotros: ellos no habían hecho nada, como nosotros. Lo primero que me salió fue meterme, decirles ‘yo te denuncié’. Los pibes salieron corriendo y luego me corrieron a mí. Me vine hasta mi casa y llamé a la abogada. A los 20 minutos, vino Nacho y empezamos a escribir. Subimos al Facebook la denuncia: ya la compartieron 50 mil personas”, cuenta con modestia. Y deja un mensaje para otros jóvenes a los que les toque sufrir lo que él tuvo que pasar: “Aunque tengan miedo, les digo que no duden en hacer la denuncia. Se pueden acercar a La Poderosa: manden un mensaje que los van a ayudar”.

Fuente: Veintitres