UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

2 de diciembre de 2016

En Colombia se desarrolló el IV Congreso de la CAOI



por ONIC 
en Comunicados ONIC 
24 Noviembre 2016

- Con ritual de armonización en Unidad, inicia el IV Congreso de la CAOI.

- 24 y 25 de Noviembre de 2016.

El Centro de Pensamiento de la ONIC 'Java Liviana', en Silvania Cundinamarca Colombia, es el punto de encuentro de las organizaciones indígenas del Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia que conforman la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, que se auto convocan en su IV Congreso, los días 24 y 25 de Noviembre del presente año.

La CAOI, es la instancia internacional integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Andino de Pueblos Indígenas del Perú (CIAP), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) Bolivia, que tiene como mandato la articulación de una agenda política e incidencia en los procesos internacionales en donde se discutan los derechos de los Pueblos Indígenas.

Gerardo Jumí Tapias, Coordinador General de la CAOI destacó, el IV Congreso tiene como objetivo “analizar, organizar y desarrollar asuntos del orden internacional, de acuerdo con las dinámicas de las agendas 2030, por la permanencia de los Pueblos Indígenas en diferentes escenarios, por la protección y defensa de nuestros derechos”, así mismo recalcó que “desde ya se vislumbra la preparación de la VI Cumbre Continental de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Abya Yala”.

Estos y otros temas serán abordado, para su plan estratégico de acción, en ocho comisiones de trabajo: Estructura administrativa de la CAOI y reforma de los estatutos; Mujer, generación y familia; Defensa territorial y Cambio Climático; Discusión DDHH de los Pueblos Indígenas; Juventud; Fortalecimiento e integración política de los pueblos; Educación, cultura y comunicación; Economía Solidaria y reciprocidad Andina.

Previo a las comisiones de trabajo, se realizaran análisis y valoración Geopolítica regional recursos naturales, fiscalidad, VIII Foro Panamazónico; objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, experiencia en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) de Colombia sobre la Consulta de Medidas Legislativas; Consulta Previa: riesgos y desafíos para América Latina; Cambio climático y adaptación basados en conocimientos tradicionales de PPII y la aplicación del Derecho de la Libre Determinación.

Los Pueblos Indígenas tenemos el derecho soberano a la libre determinación y en esa condición a tener y fundar nuestras propias instituciones políticas y jurídicas, como también el derecho a determinar libremente, nuestra condición política y buscar el desarrollo económico, cultural y el buen vivir que deseemos como pueblos vivos con historia e identidad.

¡Nuestra historia está en permanente construcción y también somos sus hacedores!


Contacto: Gerardo Jumí Tapias, Coordinador CAOI – 3102922844
Apoyo comunicativo desde Comunicaciones ONIC 3182174569 - www.onic.org.co


29 de noviembre de 2016

Responsabilizan a mineras por la muerte del estudiante de Geología

Lucas Salaberría murió el 13 de noviembre en una expedición en Cachi. Su familia denunció a las empresas que lo contrataron.


El 13 de noviembre un estudiante de Geología de la UNSa murió cuando realizaba un trabajo de exploración para una empresa minera en una zona montañosa ubicada a 4.00 metros de altura cerca de Palermo Oeste en Cachi. Se llamaba Lucas Salaberría, tenía 27 de años y sólo le faltaba la tesis para recibirse de geólogo, además bailaba tango. Su papá, Roberto, tomó fuerzas y la semana pasada en la Oficina de Denuncias de Poder Judicial asentó su demanda contra la empresa Cardero Argentina S.A que es subsidiaria de Centera Minig Corporation -Canadá-, que contrató a su hijo para el trabajo, por “homicidio culposo, abandono de persona y falta de asistencia”. La causa pasó a la Fiscalía Nº 2 de Graves Atentados, a cargo del fiscal Pablo Paz.

Roberto Salaberría fundamenta su denuncia con diferentes episodios que Lucas vivió durante su viaje. Le contó a LA GACETA que a su hijo lo contrató la empresa Cardero S.A, que a su vez es contratista de la minera canadiense, para realizar trabajos de exploración para un proyecto minero llamado “El quemado”. La expedición, a cargo de un geólogo e integrada por Lucas, una compañera de la universidad y cuatro baquianos, partió llegó el 7 de noviembre a Cachi, pasó la noche allí y al día siguiente inició el ascenso a la montaña. Aquí, Salaberría denuncia la primera negligencia. “Cada persona o grupo que está por realizar un ascenso en la zona tiene que registrarse en la policía o en la municipalidad de lugar, es decir tiene que brindar datos sobre tipo de trabajo, el recorrido, etc. Ellos no lo hicieron según constante en la comisaría”, relata el hombre.

Por otro lado, el hombre contó que la expedición no viajaba con tubo de oxígeno y que a su hijo le practicaron respiración boca a boca. “Una persona no se puede descompensar a las siete de la mañana y morir al mediodía. Acá hubo un proceso de varios días que nadie atendió. Lucas se llevó un botiquín con diferentes medicamentos y cuando me entregaron todo vi que había un faltante de antibióticos que me dio el indicio de que comenzó a medicarse antes porque no sentía bien. Incluso su compañera, con la que hablé muy poco, contó que el sábado mi hijo se quedó en el campamento porque no se sentía bien”, relató. También destacó que el grupo contaba con comunicación satelital y “podrían haber llamado a un servicio de emergencia”.

Además, Salaberría dijo que hubo irregularidades en los términos del contrato laboral. “Tanto mi hijo como su compañera firmaron el contrato antes de subir sin la posibilidad de que una persona con conocimiento legal lo revise. Además era un contrato de asistencia y capacitación estudiantil con un incentivo de $15.000 de ayuda para sus estudios. Esa supuesta práctica profesional fue un verso para dibujar una relación laboral irregular”, indicó. “Quiero que al menos la tragedia de mi hijo ayude a que las empresas no se aprovechen de los chicos que están desesperados por trabajar”.

Los agrotóxicos: el cáncer del modelo productivo argentino

A comienzos de noviembre se realizó el Primer Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos. Ciudadanos de todo el país se reunieron a poner en común y cuestionar las consecuencias del agronegocio.

Imagen Ilustrativa Cheryl Ravelo Reuters

Históricamente la Argentina se ha caracterizado por su gran producción ganadera y agrícola. Las vastas llanuras que se extienden por gran parte de su territorio constituyen una de las zonas más fértiles del mundo. Sin embargo, con el correr de los años, las demandas del mercado mundial y las innovaciones tecnológicas en el sector agropecuario han ido transformando este modelo de producción.

Una de sus principales innovaciones fue el desarrollo de semillas resistentes a distintos herbicidas, también llamados agrotóxicos. De esta forma se facilitó el combate de las malas hierbas mediante la fumigación masiva con aviones. Pero esto trajo como consecuencia el envenenamiento y contaminación de los pueblos y ciudades cercanas. La fumigación mediante los aviones conocidos como 'mosquitos' derivó en que los químicos caigan no solo sobre el campo, sino también sobre casas, escuelas y la población en general.

En Santa Fe el agronegocio plantea una dialéctica de la vida y la muerte

Mariano D’Arrigo, periodista del diario argentino 'La Capital' de la ciudad de Rosario, lo define de forma contundente: "En Santa Fe el agronegocio plantea una dialéctica de la vida y la muerte". Tamara Perelmuter, licenciada en Ciencias Políticas y profesora de Sociología Rural en la Universidad de Buenos Aires coincide: "Los agrotóxicos son constitutivos del modelo de agronegocio que, en Argentina, tienen a la soja como su principal exponente. El paquete tecnológico incluye la soja transgénica RR que es resistente al glifosato. Por lo tanto sirve y tiene el nivel de rentabilidad porque se usa de manera conjunta con este agrotóxico que mata todo lo que está alrededor".

Puerto de Rosario, ArgentinaMarcos Brindicci

Breve historia del agronegocio en Argentina

"Desde el momento en el cual se comenzó con la siembra de soja transgénica en Argentina -en 1996- creció de forma exponencial, llegando hoy a ocupar el 60% del territorio cultivable", explicó Perelmuter en diálogo con RT. "La disparada de los precios de las materias primas y de la soja en particular revitalizaron desde 2002-2003 a ciudades y pueblos muy dependientes de la dinámica del agro", historizó a su vez D’Arrigo, también entrevistado por este medio.

De acuerdo al periodista especializado, durante la década de 1990 se "sufrió" un "atraso cambiario y la tecnificación vertiginosa que imponía el nuevo modelo productivo", lo que provocó "la desaparición masiva de productores agropecuarios".

Sin embargo, "con el cambio de siglo la situación se modificó: la soja trepó de 200 dólares la tonelada en 2003 a 622 dólares en septiembre de 2012 y hoy se encuentra en 358 dólares", apuntó el entrevistado. Este avance de la sojización "generó una suba del empleo de contratistas, profesionales, también fogoneó la actividad de industrias vinculadas al agro. Todo esta situación, además, apalancó el consumo en estas ciudades y localidades".

D’Arrigo asegura que "en los primeros 15 años de soja transgénica se generaron beneficios brutos por 65.435,81 millones de dólares".

Imagen IlustrativaEnrique Marcarian Reuters

La contaminación y los agrotóxicos

Consultada puntualmente por el uso de los herbicidas y sus efectos, Perelmuter comenzó señalando que "en el 2000 se calculaba que se utilizaban 145.000 millones de litros de agrotóxicos por año, en el 2006 eran 275.000 millones y en 2013 se llegó a 320.000 millones de litros para 22 millones de hectáreas afectadas". De acuerdo a la experta "esto tuvo consecuencias que no fueron visibles desde un comienzo". Durante los años 90 "el crecimiento de la soja se dio prácticamente sin conflictividad". Pero cuando se empezaron a ver los efectos ambientales "empezó a aparecer como un problema y a generar resistencias".

Para D’Arrigo "este abuso de los químicos provoca grandes daños sobre la población". Al respecto recordó los estudios del científico Andrés Carrasco que "demuestran el carácter nocivo del glifosato". Carrasco era "un médico embriólogo que hizo un estudio sobre la contaminación del glifosato". 

Este abuso de los químicos provoca grandes daños sobre la población

"Andrés siempre decía que él, en realidad, solo le puso palabras científicas a lo que las comunidades venían denunciando hace mucho tiempo", apuntó la profesora universitaria. De todas maneras el hecho de que apareciera alguien "del riñón del saber científico, y sobre todo él, que era muy prestigioso, hizo tambalear al sistema", dijo.

Posteriormente a Carrasco, que falleció hace algunos años, aparecieron continuadores de su trabajo. El médico y docente Damián Verzeñassi junto a su equipo "ha realizado en los últimos seis años más de 20 campamentos sanitarios en distintas localidades de la provincia", comentó D’Arrigo. Allí han detectado "una mayor presencia -respecto al promedio- de enfermedades endocrinológicas como hipotiroidismo, malformaciones ycáncer". El caso más paradigmático es el de San Salvador, conocida como "la capital del cáncer". Allí más de la mitad de la población padece algún tipo de esta enfermedad, como consecuencia de las fumigaciones. Esto se repite a lo largo y ancho del país.
La resistencia de los pueblos fumigados

Ante la avanzada del agronegocio y las evidencias científicas que demostraban sus efectos negativos, las poblaciones afectadas comenzaron a organizarse. "Empiezan a aparecer sujetos que se enfrentan al agronegocio que antes no existían", comentó Perelmuter. Y es que "la disputa histórica" con el modelo agrario estaba centrada en los movimientos indígenas y campesinos.

Pero en los últimos años, "asociados a los problemas vinculados a la salud, se empiezan a sumar otros sujetos sociales y empiezan a aparecer estas ideas de los pueblos fumigados, las escuelas fumigadas, los médicos de pueblos fumigados".

Los habitantes de la zona sur de Rosario denuncian una concentración de un polvillo que produce alergias, contamina el agua y afecta a las plantas

"En Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe surgen organizaciones contra las fumigaciones que llevan a cabo distintos encuentros para charlar sobre sus problemáticas y cómo enfrentarlas", sostuvo la investigadora. El más reciente fue el Primer Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos, que se llevó a cabo en Basavilbaso entre los días 5 y 6 de noviembre de este año. "Entre Ríos es junto con Santa Fe y Buenos Aires el corazón del modelo de agronegocio, por lo cual tiene consecuencias bastante complicadas en relación a la contaminación", detalló Perelmuter.

D’Arrigo amplió la mirada: "En general en los grandes centros urbanos la población no toma dimensión de la gravedad de la situación". A lo sumo "se tranquiliza pensando que los impactos negativos ocurren lejos, en el campo". No obstante, en la provincia de Santa Fe, la zona que va desde Villa Constitución hasta Timbúes, es en términos de concentración geográfica "el mayor polo sojero del mundo".

El periodista subrayó que "allí grandes multinacionales almacenan la soja, la procesan, producen aceite, harina, y la envían desde los puertos a su destino". Y los efectos perjudiciales de los agroquímicos llegan a la ciudad. Por caso, los habitantes de la zona sur de Rosario, lindante al puerto, denuncian "una concentración de un polvillo que produce alergias, contamina el agua y afecta a las plantas, ropa y ventanas de los vecinos. Por eso organizaciones ecologistas denuncian que también Rosario es un pueblo fumigado", completó el periodista.

Santiago Mayor

28 de noviembre de 2016

Nuevo episodio intento de desalojo a los puesteros de Punta de Agua


Juan José Bravo, denunció por Piuquén 90.5, un nuevo intento de usurpación o expropiación de las tierras de los puesteros del distrito y que esta vez el incidente fue protagonizado por Gustavo Abraham, hijo de un ex concejal demócrata del departamento de San Carlos, ya fallecido, quien estuvo a punto de quitarles la propiedad.

El hecho se habría registrado el martes de la semana pasada mientras Bravo y algunos otros locales, realizaban actividades con las familias campesinas que tienen problemas con sus tierras, acompañados por Oscar Rasguito, Director de Arraigo de la Municipalidad de San Rafael, repitiendo el problema anterior, que tuvieron con la señora Liliana Olguín.

Bravo señaló que en esos momentos, -aprovechando que no estaban en sus tierras- personas desconocidas, cuatro hombres, llegaron hasta el paraje Pozo Azul, finca La Celia, e una camioneta grisácea, donde reside su padre, Pedro Rodríguez, el puestero de quien es hijo único, que iba a salir a ver los animales, y directamente Gustavo Abraham le dijo que venían a ocupar la propiedad que le pertenecen y le advirtió también que volverá en 15 días con su hija que es una profesional, y que si lo encuentra en “su” finca, va a tener problemas.

“Yo tengo 41 años y me crié con todos los adelantos que hay en el puesto, los árboles, la casita, los animales, somos sólo tres personas, mis padres y yo, familia pusimos todo por progresar y que trabajamos por todo lo que hay en este lugar y que como herencia que tengo no estoy dispuesto a entregar ni a regalar bajo ningún costo ni presión”, afirmó Bravo.

Por otro lado, indicó que la situación la fue comunicada al Delgado distrital, al Director de Arraigo, y que también mantuvo contacto con Guillermo Yazle, a cargo del Ordenamiento territorial y en la provincia, como al Movimiento nacional indígena, que desde el departamento jurídico analiza la denuncias, en el destacamento policial de la zona.

Agradeció al comisario Centeno que lo recibe siempre, y que el móvil recorre el sector, agregando que su padre que ya tiene sus años, -70- y sufre mucho la tensión y el stréss, por lo que está pasando, y que le digan que le van a quitar todo lo que le costó tantos años lograr, por lo que está dispuesto a defender lo suyo, hasta hacer justicia por mano propia si fuese necesario.

Por último, Bravo cerró con esta reflexión: “En Punta del Agua no estamos dispuestos a entregar ni un metro de nuestras tierras y por ende la Justicia y el Gobierno deberán hacer algo por los campesinos de este lugar, si no es así nosotros vamos a ser justicia por mano propia y ya verán, y seremos noticias, porque seguramente a uno de estos terratenientes y usurpadores lo tendrán que sacar en un cajón”, y añadió que “Nada hicieron por nosotros ni para que nosotros viviéramos, antes la vida que entregar la tierra que les ha costado tanto”.

Salta: Denuncia a mineras por el estudiante fallecido

La acusación contra Cardero Argentina S.A., subsidiaria de Centenera Minig Corporation, es "homicidio culposo y abandono de persona" por la muerte de Lucas Salaberría.

Roberto Salaberría (izq), padre de Lucas, junto a autoridades de la UNSa. Juan Barthe

El dolor de Roberto Salaberría es indescriptible. Su hijo Lucas falleció en la ladera del Nevado de Cachi el 13 de noviembre y hasta ahora nadie le dio explicaciones.

El joven, de 26 años, estudiaba en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y fue a una expedición, contratado por un geólogo peruano, para una multinacional minera.

"Yo le dije que no se vaya, que no valía la pena el dinero que le pagaban y el par de botas que le prometieron, pero él era un apasionado. Ese fin de semana estuvimos todos mal en la casa, ya presentíamos algo. Cuando sonó el teléfono la desgracia ya estaba declarada", dijo Roberto Salaberría a El Tribuno.
Lucas fue contratado de manera irregular por Jhon Huaman Canchaguia para ir 20 días a tomar muestras de prospección para una futura extracción de minerales. El profesional peruano, siempre según la versión del padre del joven, contrató a cuatro baquianos con 10 animales de carga, a su hijo y a otra estudiante avanzada de la UNSa.

El papel que les hizo firmar a los chicos es prueba contundente de la falta de legalidad laboral. El ahora documento dice "Contrato de aprendizaje. Convenio de asistencia y colaboración en formación para estudiantes universitarios".
Según la versión de la familia de Lucas, los estudiantes tuvieron que buscarse por sus medios los equipos de posicionamiento global y brújulas.

Con el papel en mano, el abogado Pedro Oscar García Castiella dijo: "Ya iniciamos la denuncia ante la JUSTICIA contra la empresa Cardero Argentina S.A., que es la firma subsidiaria de Centenera Minig Corporation de Canadá, y al geólogo peruano. Los acusamos de homicidio culposo, abandono de persona y omisión de auxilio. La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas".

La presentación fue realizada el pasado 23 de noviembre. Desde la Facultad de Ciencias Naturales se aclaró que la casa de estudios es ajena a este tipo de contrataciones.

"La Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa respalda la presentación de la familia de Lucas porque no queremos más que nuestros chicos vayan a trabajar exponiendo sus vidas. El caso de Lucas es frecuente en esta facultad. Estos gigantes multinacionales vienen y se los llevan sin un control sanitario previo, sin instrumental, sin un contrato serio que fije seguros y riesgos de trabajo, sin equipos de primeros auxilios y, sobre todo, de manera secreta y sin avisar a las autoridades correspondientes sobre a dónde van a trabajar y qué van a buscar", aseguró la decana de la institución, Alicia Kirschbaum.

Si bien en un primer momento los medios publicaron la tragedia como la "del estudiante de la UNSa", las autoridades luego aclararon que Lucas estaba en la montaña por un trabajo particular y no por un viaje de estudios.

LAS DUDAS

"Nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó ahí arriba", dijo el papá. "Yo vi fotos que se hizo el 11 de noviembre y ya le veía la cara de enfermo. Cualquiera sabe que si alguien se descompensa por la altura tiene que bajar. ¿Por qué no lo bajaron? ¿Por qué no avisaron a dónde iban a la Policía de Cachi y al hospital? ¿A dónde está la ropa de Lucas que falta?", preguntó Roberto.
Desgarrado, describió que el médico legal dictaminó que su hijo murió de un paro cardiorrespiratorio tras un edema pulmonar. Sabe que fueron largas horas de agonía.

"Nosotros queremos que la muerte de Lucas no sea en vano. Que sea una bisagra para que no vayan más nuestros hijos a exponerse. Además, queremos que se sepa para qué vienen estas empresas. No queremos más muertes como la de mi hijo", concluyó.

Es que a Lucas solo le faltaba comenzar el trabajo de tesis para recibirse de geólogo.

El sepelio del chico fue muy concurrido y la familia se sorprendió por el enorme afecto que le tenían sus amigos. El 20 de noviembre hubiera cumplido 27 años.


La falta de equipos de los bomberos y la minería como un secreto.

Roberto Salaberría agradeció, en diálogo con El Tribuno, al personal policial y a los Bomberos Voluntarios de Cachi. También destacó la actuación del personal del hospital del pueblo y de toda la gente que le dio su total apoyo desde el primer momento.

En el pueblo, y entre los profesionales que trabajaron en la recuperación del cuerpo de Lucas, quedaron interrogantes que seguro se irán respondiendo a medida que avancen las investigaciones.

"Fue impresionante el apoyo de los Bomberos Voluntarios", dijo Roberto Salaberría. Sin embargo, el cuerpo no tiene los equipos para trabajar en rescates de montaña.

Desde hace algún tiempo que están trabajando en el marco legal para tener una contención normativa y para poner en marcha planes de contingencia. La cadena montañosa que tienen hacia el oeste hace que muchos turistas, escaladores e integrantes de expediciones como la de Lucas Salaberría lleguen a Cachi.

Sin embargo, no pueden hacer mucho sin equipos por los enormes condicionantes del tipo de terreno. Ya tienen realizados varios pedidos de equipamiento.

"El Municipio no puede hacer nada porque la Provincia no le otorga la personería jurídica", dijo el intendente local, Américo Liendro, con respecto a las carencias del cuerpo de bomberos.

Sin datos

Por otro lado, la comunidad Diaguita se mostró "preocupada" por los estudios que están realizando en su territorio.

El delegado de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en Salta y ahora director de Pueblos Indígenas de Cachi, Ulises Yañes, le confirmó a El Tribuno que no existe información sobre los estudios mineros que se realizan en la zona.

"Entraron en nuestras tierras desconociendo el artículo 169 de consulta al territorio. Es una situación preocupante porque nos afecta en el acceso al agua no solo de los originarios sino también del pueblo y de toda la cuenca del río Calchaquí", dijo Yañes.

El dirigente también afirmó que este tema ya está siendo analizado en una Asamblea de comunidades que se está realizando desde ayer en la localidad de Molinos.

Fuente: El Tribuno