UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

22 de octubre de 2018

Este miércoles, el veredicto por el asesinato del comunero Javier Chocobar - A un paso de la sentencia


El juicio es contra el empresario Darío Amín y dos ex policías. La fiscalía pidió 18 años para Amín y 10 para los uniformados. La querella, tres perpetuas. Javier Chocobar era autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta, de Tucumán.
Por Carlos Rodríguez

Un día de reconstrucciones del crimen de Javier Chocobar, en Chuschagasta de Tucumán. Imagen: La Gaceta Tv

Entró en su etapa decisiva el juicio por el homicidio de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, con los pedidos de condena por parte de la fiscalía y los querellantes. Mientras la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira pidió 18 años para el empresario Darío Luis Amín, y 10 para los expolicías Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, los querellantes solicitaron la prisión perpetua para los tres. Los abogados defensores, por su parte, plantearon que los acusados deben ser absueltos porque actuaron en “legítima defensa”. Pablo Gargiullo, uno de los querellantes, sostuvo que “hay elementos que acreditan la existencia de una planificación” por parte de los autores del ataque a balazos contra miembros de la comunidad, en el que resultó muerto Chocobar y sufrieron heridas graves Andrés y Emilio Mamaní. En su alegato, Gargiullo recalcó que “los imputados se representaron la posibilidad de recurrir a la violencia letal en caso de ser necesario y fueron preparados para eso”, dado que portaban armas de guerra. 

El querellante argumentó que los tres imputados “fueron armados por una razón, la de llevar una acción que podía claramente desembocar en un resultado mortal y eso no fue casual, no fue espontáneo, y es por eso que nosotros hicimos un planteo distinto al de la Fiscalía, y solicitamos que se aplique la pena de prisión perpetua porque esta gente ha cometido homicidio agravado por haber premeditado su accionar sin ninguna duda”. Carlos Garmendia, otro de los querellantes, se manifestó crítico hacia la actuación de la fiscal Rivadeneira porque “estuvo permanentemente cuestionándonos a nosotros, cuando estábamos esperando que nos cuestionen las defensas, no la fiscal, porque estamos del mismo lado”. 

Otra de las querellantes, Julia Albarracín, dijo que en el juicio “se ha demostrado que se cometió un daño contra la comunidad”, para la que demandó una reparación económica, además de las condenas. En ese sentido, mencionó la declaración de uno de los testigos “el doctor Nieva, que dijo que la comunidad es ‘una cadena cuyos eslabones se rompieron’ y que están representados por Emilio, por Andrés, por la familia de Javier Chocobar. Por eso es necesario reparar la cadena rota, que es la comunidad”. 

Albarracín, a cargo de la demanda civil, pidió una indemnización por daños físicos, psicológicos y morales para Andrés Mamaní, herido de gravedad en los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2009, para Emilio Mamaní y para Antonia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar. La abogada recordó que a Andrés “le practicaron una traqueotomía y una colostomía” por las heridas recibidas. Por lo vivido “le quedaron secuelas físicas y psicológicas y para poder seguir adelante necesita que se haga justicia, para que él pueda volver a pensar en su salud”.

Los imputados, ese 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012. 

En esa oportunidad, según relató en el juicio el querellante Carlos Garmendia, llegaron al paraje El Chorro, en el territorio que pertenece a la comunidad, un camión con 20 gendarmes y la misma camioneta que usaron los imputados en 2009. Amín, su madre y una escribana, llevaban un oficio firmado por el conjuez Mario Leiva Haro, que los autorizaba a entrar a la cantera de los comuneros. Lo que hicieron, en realidad, fue “meterse en las casas de los comuneros y pedirles los datos, en un claro acto de intimidación”, precisó Garmendia. “Cuando nos estábamos yendo, veo que en el mismo lugar donde habían asesinado a Javier Chocobar habían hecho un asado”, señaló el querellante, que había sido convocado de urgencia, ante la presencia de Amín y los suyos. 

El pedido de condena de la fiscalía fue por homicidio, en el caso de Amín, señalado como autor de los disparos mortales, y como partícipes secundarios a los dos policías que lo acompañaban. La querella pidió la prisión perpetua por entender que se trató de un homicidio agravado del que hicieron responsable principal al empresario, mientras que señalaron que los otros dos imputados fueron “participes necesarios”. También pidieron que se los condene por portación ilegal de armas de fuego. 

Los defensores, a su turno, afirmaron que los tres imputados ejercieron “la legítima defensa” para responder a la “agresión” que sufrieron de parte de los miembros de la comunidad, que sólo arrojaron algunas piedras. 

El juicio finalizará este miércoles, cuando los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, escucharán por la mañana las últimas palabras de los acusados, para luego pasar a un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en horas de la tarde.

9 de octubre de 2018

NO A LA PATRIMONIALIZACION DE NUESTROS TERRITORIOS



NACIÓN DIAGUITA - PRONUNCIAMIENTO ANTE LA UNESCO 

La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, reunidos en Asamblea en nuestro Sitio Sagrado “El Tero”, en el marco del Proyecto de Extensión, “Fortalecimiento jurídico de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta, en un marco interdisciplinario e intercultural”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Salta, Resol. N° 1047/17, en ejercicio pleno del derecho a la Libre Determinación como pueblos preexistentes, nos PRONUNCIAMOS en CONTRA de la PATRIMONIALIZACION de nuestros TERRITORIOS, y en REPUDIO a las pretensiones de organismos e instituciones estatales que pretendan hablar y decidir sobre nuestros bienes culturales y naturales, nuestros espacios territoriales son el resguardo ancestral que nuestros mayores cuidaron y preservaron por miles de años para nuestro Buen Vivir como Pueblos Libres. 

Los Pueblos Originarios ante la patrimonialización de nuestros Territorios decimos que nuestros espacios y sitios sagrados NO son patrimonializables, nuestra Cultura y Territorios ancestrales NO son recursos mercantiles NI comerciables. 

Denunciamos la NO CONSULTA y la falta de PARTICIPACIÓN de las innumerables actividades llevadas a cabo por los entes gubernamentales en la ejecución de programas nacionales e internacionales como el Qapac Ñan, Plan estratégico de turismo sustentable de la Provincia de Salta, Paisaje y/o Áreas Protegidas, entre otros. Las aéreas que impulsan estas actividades han desconocido y violado el derecho de los Pueblos Originarios a la Consulta Libre Previa e Informada. Rechazamos todo lo avanzado en materia de patrimonialización en nuestros territorios. 

Es por eso que, como pueblos originarios entendemos al territorio como la memoria que nos cohesiona y nos une en una relación umbilical, es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve todo, es un ámbito espacial de nuestras vidas donde nacemos y nos desarrollamos. Territorio que debe ser protegido por nuestros pueblos, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad, en una relación de reciprocidad entre nuestra madre naturaleza y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que nos permite un aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos que nos provee. Equilibrio que debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones un espacio libre, sano y diverso en bienes naturales y culturales, llenos de memoria e identidad. 

Los Estados deben reconocer nuestros territorios y nuestras culturas preexistentes pues son ellos los que se instalaron en nuestros espacios territoriales. Nuestra preexistencia se traduce en estar desde siempre en nuestros lugares y en el uso cotidiano que hacen nuestras familias de cada uno de los espacios ancestrales que nos legaron nuestros mayores. 

Desde la “ciencia” se justifica y se pretende avalar el DESPOJO una vez más. Se desconoce e invisibiliza el gravísimo daño ambiental, los impactos sociales, económicos y políticos que se producen con la patrimonialización de nuestros territorios. 

Las instituciones internacionales, estatales, ONG y “especialistas”, contextualizan el término patrimonio desde una mirada hegemónica con una visión esencialista como la apropiación material con el énfasis en el objeto, grandioso y espectacular, en la búsqueda de la conservación de la autenticidad, definida desde ópticas externas a la de los sujetos de derechos que nos constituimos como Pueblos Originarios. 

Para nuestro Pueblo Nación Diaguita el término Patrimonio es la puesta en valor de cada uno de nuestros espacios territoriales, resguardando nuestros bienes naturales y culturales en una relación recíproca y continua; desde un conocimiento milenario trasmitido de generación en generación por nuestros ancestros, en clara pertenencia identitaria y cultural. 

La patrimonialización en pos del “desarrollo y el progreso” de unos pocos, pone en riesgo nuestros bienes culturales y naturales, ataca y atropella nuestras formas de vida que por siglos nuestros mayores supieron preservar y resguardar para nuestra continuidad como Pueblos preexistentes. 

¡¡¡ NO A LA PATRIMONIALIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS !!! 

¡¡¡ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN !!! 

¡¡¡ JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO !!!

Contactos:

3875119202-3874520651 









6 de octubre de 2018

COMIENZA LA INSTANCIA FINAL DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE NUESTRA AUTORIDAD COMUNITARIA JAVIER CHOCOBAR



Este vídeo refleja nuestro pensamiento colectivo, la búsqueda de justicia y el proceso que atravesamos Los Chuschagasta durante estos 40 días desde que inició el juicio oral. 

Convocamos a las organizaciones y comunidades de pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas y organizaciones de DDHH y a la sociedad en general a acompañarnos en el día de los alegatos (martes 9 de de octubre a las 9hs) como así también el día de la sentencia. Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. Calle España 430 piso 5. San Miguel de Tucumán. 

Contactos Comunidad Los Chuschagasta:

3815999189 Audolio Chocobar (Presidente de la Comunidad Los Chuschagasta)

1158396726 Nancy Chocobar (Vocera de la Comunidad Los Chuschagasta)

1133777684 Ismael Chocobar (Vocero de la Comunidad Los Chuschagasta)

1 de octubre de 2018

Ningún país protege de verdad a sus indígenas

La comunidad internacional clama que los pueblos originarios son los mejores defensores del medioambiente, pero los Gobiernos y empresas son los que menos respetan sus derechos

Nilson Tuwe Huni Kuĩ, líder indígena de la Amazonia brasileña, durante su intervención en un evento mundial sobre paz y diversidad religiosa en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, en febrero de 2013. 


"Por desgracia, no puedo. No puedo nombrar ningún país que esté proporcionando una protección real a los pueblos indígenas". Esta no se trata de una opinión cualquiera. Viene de labios de Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Adelanta sus impresiones durante una entrevista en el Foro de Bosques de Oslo, celebrado el pasado junio. Ahora las ha puesto por escrito y difundido en las páginas de su informe anual sobre la situación de estos pueblos. Bajo el título Deberían haberlo sabido antes, la relatora denuncia que los Gobiernos y las empresas de todo el mundo están haciendo cada vez más difícil, y letal, que las comunidades indígenas protejan las tierras y los bosques. Estas poseen consuetudinariamente más del 50% del territorio mundial, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos en el 10%, algo que da vía libre a los Gobiernos para declararlos ilegales en las tierras que han sido sus hogares durante generaciones.

Tauli-Corpuz difunde en su informe los datos de la organización Front Line Defenders, que sostiene que de los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran indígenas que protegían sus terrenos o sus derechos, casi siempre frente a proyectos del sector privado. De estos, el 80% ocurrieron en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas, aunque también se resalta la situación de Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Perú. La ONG británica Global Witness, por su parte, contabilizó al menos 207 asesinatos en su informe de 2017, presentado el pasado julio y que la relatora también menciona.

"Reconocer la importancia de proteger a los defensores de las tierras y del medioambiente es un tema que ha salido a menudo en el Foro. Pero en las sesiones a las que he asistido no he oído nada sobre la violencia y la intimidación que sufren rutinariamente estos grupos por empresas que quieren explotar sus territorios", señala Patrick Alley, cofundador de Global Witness, durante el encuentro en Oslo. Alley habla así durante una de las sesiones paralelas del Foro que él mismo modera. Bajo el título Abordar las causas de los ataques a los defensores del medioambiente y los indígenas, el investigador presenta a cuatro personas que han sufrido en sus propias carnes la pérdida de un ser querido de manera violenta por su militancia.

Entre ellas, Claudelice Da Silva, del estado brasileño de Pará, que es el lugar del mundo donde más crímenes de este tipo se cometen. "Siempre defendí los bosques, pero me volví más activista a raíz de que mi hermano fuera asesinado junto con su compañera. Los mataron como un recado para que quienes continuaran con la lucha supiesen que tendrían el mismo destino", clama Da Silva ante el auditorio. Se refiere a José Claudio Ribeiro da Silva y su mujer, Maria do Espírito Santo, ejecutados en 2011 de varios disparos de escopeta.

También se pronuncia Julio César López, coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. El líder comunitario explica que la disidencia de la FARC está allí presente y con intención de seguir operando en esos territorios, pero también existen otros actores armados que resguardan los intereses de narcotraficantes. Y los pueblos originarios están en medio de esta lucha, lo que les provoca "temor" e "incertidumbre".

De los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran indígenas

Para Tauli-Corpuz, el problema radica en que todo el desarrollo al que el mundo se ha adaptado es un modelo que continuamente extrae recursos, muchos de los cuales se encuentran sobre todo en tierras indígenas. "Da lo mismo que hablemos de oro, litio, cobalto o madera: si hay existencias, allí que van a por ellas. Los agricultores extensivos quieren expandir sus cultivos y van y cogen las que quieran aunque pertenezcan a los indígenas. Esa es la foto que tenemos en el mundo de hoy", reconoce a este periódico. "Se privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay detrás", denuncia, en relación con la expansión de proyectos de desarrollo de infraestructuras, agricultura y minería en tierras indígenas sin el consentimiento previo de los legítimos dueños.

Esta situación ha impulsado el drástico aumento de la violencia y del acoso legal contra los pueblos indígenas por parte del sector privado, que actúa en complicidad con los Gobiernos. Acoso por parte de quienes primero deberían protegerlos, indica la relatora en su informe, en el que incluye docenas de ejemplos (nueve en países de América Latina, cuatro en África y siete en Asia) de ataques físicos o legales perpetrados en rincones de todo el mundo. Se trata tan solo de una selección, asevera, porque a sus oídos llegan "cientos".

"Las empresas y los políticos corruptos a menudo se confabulan para otorgar concesiones y contratos. Esta corrupción asegura que las comunidades no puedan exigir responsabilidades a sus abusadores, ni que puedan acceder a los canales legales y democráticos que deberían abrirse a lo contrario. Los perpetradores de la violencia a menudo son la policía y el ejército", opina Alley. El investigador también recuerda que los asesinatos solo son la punta del iceberg: "los defensores del medioambiente se enfrentan a violencia física extrema, intimidación, criminalización… Y las mujeres están particularmente afectadas por la expansión de la violencia sexual".

El modus operandi

Estos asesinatos casi siempre ocurren en el contexto de continuas amenazas contra comunidades enteras. Primero, con campañas de difamación y discursos de odio que presentan a los pueblos indígenas como "obstáculos para el desarrollo", o en el peor de los casos, como “terroristas” o “matones”, subraya el informe de la relatora. Luego vienen órdenes de arresto por cargos inventados, que a veces se dejan deliberadamente pendientes para que las comunidades vivan bajo una amenaza perpetua. Cuando los líderes indígenas son detenidos, a menudo permanecen en la cárcel durante años en espera del juicio. En los peores casos, el militarismo, la legislación antiterrorista y los "estados de emergencia" se utilizan para justificar una creciente violencia física.

Victoria Tauli-Corpuz ha vivido en primera persona la persecución. Mujer y líder indígena del pueblo filipino kankanaey igorot, el pasado marzo el presidente Duterte pidió incluirla en una lista de 600 terroristas perseguidos por las autoridades del país en represalia por defender a los pueblos de la isla de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarización de una zona convulsa a causa de conflictos con la milicia islámica que opera en el territorio. El pasado agosto, su nombre fue borrado de tal lista.

¿UN PRIMER PASO HACIA LA PROTECCIÓN REAL DE LOS INDÍGENAS?

PABLO LINDE

La víspera del comienzo de la Cumbre de Acción por el Clima, celebrada desde el pasado 13 de septiembre en San Francisco, 34 gobernadores de los cinco continentes firmaron un acuerdo con las comunidades tradicionales que habitan las selvas para luchar contra la deforestación y nueve fundaciones anunciaron que aportarán 459 millones de dólares (unos 395 millones de euros) para conseguirlo. 

Este anuncio se hizo prácticamente al mismo tiempo que se acordaban los Principios rectores para la alianza entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y comunidades locales. Uno de los objetivos de la cumbre de San Francisco ha sido involucrar a los gobiernos regionales con las acciones contra el cambio climático. Este es justamente la base del acuerdo que 34 gobernadores (equivalentes a presidentes de comunidades autónomas en España) de cinco continentes han comprometido con las comunidades indígenas que viven en sus territorios.

En este sentido, también se pronuncia Víctor Armando López Illescas de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una red de esta región formada por comunidades indígenas que se han asociado para manejar los bosques, el agua, sus tierras agrícolas, etc. "Hay varios ejemplos, como el del pueblo q’eqchí de Guatemala, que ha realizado un trabajo muy fuerte para recuperar sus formas de organización y los derechos sobre sus tierras, pero se enfrentan tanto a proyectos privados como al establecimiento de áreas protegidas".

Y se refiere al polémico caso del Parque Natural Semuc Champey, joya del ecoturismo en el país, establecido sobre tierras q’eqchí y que las comunidades tomaron por la fuerza, echaron a los empleados y gestionaron ellos mismos el complejo durante algo más de un año. "Sus tierras les fueron arrebatadas para establecer un área protegida que hoy es un destino turístico de primer nivel en el país", resume López. "Cuando estas comunidades decidieron recuperarlas, fueron expulsadas, catalogadas como invasoras, y hoy por hoy hay 15 personas bajo proceso por varios delitos como instigación para cometer delitos, usurpación de bienes del estado... ¿Dónde se ha visto que una comunidad de 200 personas tenga a 50 de ellas con órdenes de captura para ir a la cárcel por defender su territorio?, protesta, indignado.

Al mismo tiempo que los sistemas de justicia se utilizan como “armas” contra los pueblos indígenas, existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra ellos. "Unos meses antes de ser asesinado, Claudio me dijo que cualquier día amanecía con una bala en la cabeza. Él escribía cartas a ministros, hacía denuncias ante el Gobierno, y nunca hubo una investigación de qué les pasó. Nadie está preso, hay impunidad total", abunda Da Silva en una de sus intervenciones.

Otro sonado caso es el del asesinato de la llorada Berta Cáceres, indígena hondureña que llegó a ganar por su labor el máximo reconocimiento para activistas medioambientales, el Premio Medioambiental Goldman. A ella la mataron en su casa el 3 de marzo de 2016, presuntamente por su lucha para paralizar la construcción de una presa en un río de su país del que dependen varias comunidades de la etnia lenca. Pese a la presión internacional para que se investigase el crimen, pese a las pruebas reunidas por expertos y las palabras de un testigo presencial, no ha habido condena alguna.

"El caso de Berta muestra cómo se ha fallado deliberadamente en proteger la vida de las personas que están defendiendo sus recursos naturales, sus pueblos y en este caso, sus ríos. Esto es una cosa crónica en nuestros países, están siendo asesinadas, criminalizadas a veces comunidades enteras", asevera López. "Lo que hace falta es un compromiso de los Gobiernos de una protección mínima".

Los Gobiernos deben actuar

Para López, las demandas más urgentes son completar los procesos de devolución, demarcación y saneamiento de las tierras indígenas. "Hay legislación que en el papel es excelente, pero en la práctica no se aplica, al contrario, se ha mantenido un estado de abandono a la ley del más fuerte", afirma. En segundo lugar, reconocer y apoyar las formas propias de jurisdicción, organización y administración de tierras y bosques que las comunidades tienen. Y en tercero, coherencia en términos de políticas públicas: "que no establezcas por un lado una tierra protegida y estés por otro lado promoviendo la expansión del cultivo de la palma o de proyectos hidroeléctricos abusivos", detalla.

Se privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay detrás

Para César, el indígena colombiano es también importante brindar medidas de protección colectivas, y no individuales, como las que les ha ofrecido el Gobierno colombiano. "Lo que se está haciendo actualmente es otorgar medidas individuales como las que se dan a cualquier ciudadano colombiano, lo que ha hecho que muchos líderes que llevan procesos fuertes en territorios indígenas tengan que abandonar sus comunidades y sus propias luchas para irse a resguardar en las grandes ciudades. Ahí quedan totalmente aislados y abandonados, y estos procesos que llevamos en las comunidades se corten", denuncia.

"Ellos [los pueblos indígenas] necesitan que se respeten sus derechos sobre el papel y en la práctica. Incluso en los países donde la ley los contempla, no hay ninguna garantía de que no sean menoscabados por intereses económicos, que son los que prevalecen. Así que necesitan una protección real y una implementación real de las leyes nacionales e internacionales que ya existen y que ya se han votado y aprobado por muchos Gobiernos", recomienda Tauli-Corpuz en Oslo. Entre otras medidas, la Relatora exige en su informe a los Estados que realicen investigaciones prontas e imparciales de los crímenes, que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los dueños de las tierras sobre las que se realice cualquier proyecto y que la legislación vigente imponga obligaciones a las empresas cuando exista un riesgo de violación de derechos humanos, y revocar toda legislación que criminalice el modo de vida indígena.

24 de septiembre de 2018

Justicia Para Javier Chocobar


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LA FISCALÍA ARGUMENTÓ QUE AMÍN, GOMEZ Y VALDIVIESO FUERON A CHUSCHAGASTA CON LA INTENCIONALIDAD DE MATAR Y QUE EL AUTOR MATERIAL DEL CRIMEN DE JAVIER CHOCOBAR FUE EL TERRATENIENTE USURPADOR DARÍO AMÍN.
22/09/2018

Las últimas jornadas del juicio por el asesinato de Javier Chocobar fueron claves ya que se determinó que el autor material del crimen de Javier fue Darío Amín y que los tres imputados fueron al lugar con serias intenciones de quitarles la vida a los miembros de la comunidad.

La fiscalía argumentó que a partir de los testimonios y el cuerpo de pruebas presentados queda claro que fue Darío Amín el que disparó el arma que mató a Javier Chocobar. En su relato la fiscal Marta Ignacia Jerez manifiesta en relación a Amín que:

“…Usted soltando la cámara filmadora que colgaba de su cuello sacó de su cintura un arma de fuego (revolver calibre 32 largo, serie n° 070600) cuya tenencia y portación era indebida por carecer de la debida autorización legal, y con total desprecio por la vida humana, disparó contra la persona de Javier Cristóbal Chocobar, que se encontraba enfrente, a escasos metros, a la altura de la pirca de lajas, ocasionándole la muerte; sin cesar en su agresión realizó un disparo en contra de Emilio Mamani, produciendo el impacto una herida en la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla, para luego efectuar otro disparo en la persona de Andrés Mamani con serias intenciones de quitarles las vidas (ambos)…”

Durante las últimas sesiones, se analizaron los fotogramas correspondientes al vídeo en el cual se filmó el momento de las agresiones y el asesinato de nuestra autoridad Javier Chocobar. El Tribunal solicitó la participación de Delfín Cata y Emilio Mamani para identificar al resto de los comuneros que estuvieron en el lugar de los hechos del 12 de octubre de 2009. A medida que iban pasando las imágenes se pudo ir reconstruyendo cómo fueron los hechos.

Se observó cómo Humberto Gómez disparó a los pies de Delfín Cata y acto seguido le pegó un culatazo con la pistola en la cabeza. También se vió que la pistola que tenía Gómez voló sobre las lajas. En los fotogramas N° 1299, 1302 y 1326 se pudo ver la mano de Darío Amín empuñando la pistola.

Carlos Garmendia, abogado de Chuschagasta, solicitó ver algunos fotogramas específicos en los que se pudo observar las posturas corporales de Andrés Mamani, Delfín Cata y Emilio Mamani frente al ataque de Gómez. Por ejemplo, en el caso de Delfín, al momento que Gómez le efectúa el disparo, se lo ve levantando los brazos y pies en los pies y, ante el ataque de Gómez con la culata del arma, sólo atinó a levantar las manos tratando de cubrirse. Lo mismo que Andrés, que al presenciar esa situación retrocede. En el caso de Emilio, éste tenía sus manos entrelazadas. Este análisis dejó al descubierto que los tres comuneros fueron sorprendidos en el primer momento del ataque de Gómez y que sus reacciones fueron defensivas. También se observó detenidamente cómo Javier Chocobar llegaba por detrás de ellos a la escena, al igual que Orlando Mamani, quien presenció los forcejeos con las armas de fuego y también el asesinato de Javier (en ese momento era un niño de 13 años).

Luego se dio lugar a lectura del cuaderno de pruebas instrumental por parte de la fiscalía, la querella y la defensa. El listado incluye pruebas tales como actas policiales, croquis del lugar, pericias de los teléfonos celulares de los imputados, estudios de las armas y de los cartuchos encontrados, actas del secuestro de la cámara con la que se filmó el vídeo, actas sobre las ropas secuestradas de Javier, Andrés Mamani, Emilio Mamani, el informe forense realizado a los imputados, la copia del contrato comercial entre Amín y Gómez, resultados del dermo-test, antecedentes penales de los imputados, informes balísticos de los cartuchos y de las armas, informes de pericias de sangre realizada a los imputados y también a la gente de la comunidad, informe pericias realizadas a la camioneta, copias de las tarjetas de portación de armas (RENAR), la sentencia del caso de Chiarello y el informe del INAI, entre otras.

Respecto al informe del RENAR sobre portación armas de fuego se indicó que tanto Darío Luis Amín como José Valdivieso no contaban con licencia para portación armas de fuego y en el caso de Humberto Gómez era indebida la tenencia y portación de la pistola Taurus PT140 calibre 40, por carecer de la debida autorización por su carácter de arma de guerra.

Luego de que los abogados defensores realizaron una serie de requerimientos al tribunal relacionados con los informes y las pruebas presentadas, Darío Amín se dispuso a prestar declaración. Con voz temblorosa mencionó los hechos que tuvieron lugar el día 12 de octubre en la cantera entre los acusados y los integrantes de la comunidad. En su declaración admitió haber hecho dos tiros hacia el piso y negó haber visto a Javier Chocobar. Asimismo adujo haber ido al lugar para sacar fotos y filmar el camino, porque pensaban hacer una mejora para los trabajos en la cantera.

La fiscalía manifestó que el video presentado como prueba es contundente, ya que en él se observan claramente las responsabilidades de los acusados Amín, Gómez y Valdivieso, la tenencia y portación indebida de armas, las agresiones y disparos contra los miembros de la comunidad y el desprecio por la vida humana. Asimismo se ve que la comunidad estaba desarmada, que había mujeres y niños. Afirmó que hubo un homicidio y que el juicio tiene el fin de establecer quien fue el responsable y juzgar este hecho.

Por último, el Tribunal informó que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, perteneciente al Ministerio Público Fiscal, estará a cargo de la reconstrucción del hecho, la cual se llevará a cabo el martes 2 de octubre. Asimismo, informaron que el juicio finalizará en la semana del 11 de octubre.

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