UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

27 de marzo de 2017

Los primeros desaparecidos


Lo ocurrido durante la Dictadura Cívico Militar Eclesiástica de 1976 de desaparición de personas, secuestro y sustitución de identidad de niños, abusos sexuales, apropiación de bienes y utilización de una red de campos de concentración tuvo un antecedente que guarda una siniestra similitud con lo padecido por los indígenas en el ultimo cuarto del siglo XIX. Por Marcelo Valko*

Lo ocurrido durante la Dictadura Cívico Militar Eclesiástica de 1976 de desaparición de personas, secuestro y sustitución de identidad de niños, abusos sexuales, apropiación de bienes y utilización de una red de campos de concentración tuvo un antecedente que guarda una siniestra similitud con lo padecido por los indígenas en el ultimo cuarto del siglo XIX. Como expuse al comienzo de Pedagogía de la Desmemoria “Todo genocidio es heredero de un genocidio anterior. Matanza hereda matanza. La desmemoria hereda olvido. La impunidad traslada el espanto una y otra vez y la invisibilidad se instala”. Precisamente eso es lo que acontece en nuestro país que profesa un culto del olvido, un catecismo de la desmemoria y una celebración de la impunidad mediante una historia oficial creada para justificar hasta las pretensiones más inadmisibles de la elite de turno.

Dado el espacio, me limitaré a establecer una serie de puntuaciones para que se adviertan las relaciones entre ambas atrocidades cometidas por el Estado y sus mandantes y demostrar como las desapariciones de personas comenzaron hace mas de un siglo. Incluso encontramos una analogía semántica, un correlato simbólico que se expresa con nitidez en el lenguaje castrense de la Conquista del Desierto y de los generales que se propusieron “aniquilar la subversión”. Mientras en el caso de Alsina y Roca se habla de “Barrer toldos” y se cataloga al enemigo como “indios salvajes chilenos” en 1976 los comunicados expresan la necesidad de “desterrar el cáncer de la subversión” calificando a sus integrantes como “terroristas apatridas de ideología extranjera”. Mientras Roca ordena “expulsarlos de sus madrigueras” Videla dispone “limpiarlos de universidades y fabricas”, en ambos casos, se escudan tras la mascara de la Patria.

Resulta interesante observar como guarda un paralelismo hasta en lo que aparenta ser diferente. Veamos un ejemplo. Estanislao Zeballos, publicista de la campaña roquista crea un slogan que se cumplirá a la perfección: “La barbarie está maldita y no quedará en el desierto ni el despojo de sus muertos”. Despueblan Pampa Patagonia. Desocupan el desierto. Un absoluto contrasentido. El desierto que conquistan no estaba tan desierto, en realidad construyen uno a medida de los intereses de los ganaderos. Las vacas necesitan pasto y los indios sobran. Por su parte, el golpe de 1976 se hace en aras de salvaguardar la Constitución y la Democracia instaurado un orden de facto que impide ejercer los derechos ciudadanos en beneficio de los grandes grupos económicos. En ambos casos, conquistar un desierto para despoblarlo o instaurar un Golpe de Estado para proteger la democracia, se trata de un accionar esquizoide y una comunicación patológica que se instauró como una verdad revelada por los escribas de turno.

Veamos lo que sucede con los indígenas y el porque del titulo de esta nota. En aras de despoblar el desierto, los indígenas son arriados por millares a Buenos Aires. Roca es tucumano y más que hacerse conocer, necesita demostrar poder a la díscola ciudad porteña, única forma de obtener luego la presidencia. Ese es uno de los motivos de los traslados a los “depósitos de indios” tal como en ese entonces se conocía a lo que hoy se denomina campo de concentración. Existen “depósitos preliminares” en Viedma, Carmen de Patagones, Junín y Bahía Blanca. En Buenos Aires tenemos datos de los que estuvieron ubicados en la actual calle Hipólito Irigoyen y Sánchez de Loria, en el Retiro, en los arsenales Navales del Tigre y sobre todo en la isla Martín García, que será el mayor campo de concentracion de la historia nacional, incluso superior a la ESMA en cantidad de detenidos. Si bien durante la Dictadura de 1976 los desaparecidos son invisibles, aquellas “entelequias que no están” como los catalogo Videla, durante la Conquista del Desierto trasladan 19.000 prisioneros a Buenos Aires, se los muestra, se los exhibe, pero luego se los difumina entregando una buena cantidad de niños y mujeres para mandaderos, peones de antecocina y sirvientas para todo uso y el resto a Martín García donde la mayoría encontrara la muerte.

Los niños que son arrancados a sus padres ni bien llegan al puerto, son repartidos por las Damas de la Sociedad de Beneficencia a “gente de bien” que obviamente los mandan a bautizarse cambiándoles el nombre salvaje por uno decente occidental y cristiano. En el puerto hasta se producen bataholas entre quines exhiben las papeletas donde se les adjudica legítimamente algún chinito o chinita. Durante Videla los 500 niños secuestrados serán repartidos solapadamente aunque también de manera “legal”. Si bien en la actualidad fueron recuperados más de un centenar de niños dados en adopción durante la Dictadura, en el periodo roquista fueron entregados miles de “pequeños e infelices salvajes” que pierden sus nombres, familias, su grupo de pertenencias, sus vidas. Ninguno fue restituido. Los convierten en ausencias. Ausentifican sus presencias.

Con respecto a los bienes, en muchos casos a los desaparecidos les obligaron a firmar bajo tortura la venta de sus departamentos, a los indígenas no les hacen firmar nada, simplemente les quitan las tierras que necesitan las vacas. Las violaciones masivas de mujeres que se producen durante la Expedición al Desierto mencionadas en innumerables fuentes, nos recuerdan los abusos sexuales que las detenidas padecieron en los centros clandestinos. Desgraciadamente, la Historia Oficial premió con pedestales a quienes merecen prontuarios, y de ese modo resulta una consecuencia natural que los delitos de lesa humanidad se repitan en un país que a fines del siglo XIX se consideraba blanco y europeo y que durante 1976 se pensaba como un baluarte de la civilización occidental frente a la subversión.

Sin embargo, más allá de intoxicarse creyendo que todos los argentinos descienden de los barcos, Argentina actualmente posee mayor cantidad de indios que Brasil. Los datos son incontestables aunque los escribas oficiales continúen predicando la perdida de identidad latinoamericana, la amnesia de nuestros orígenes y haciendo de la tergiversación de los hechos su máximo catecismo. Esa es la madrastra de nuestro imaginario como país. La que lo hizo chiquito, mezquino, enquistado en el puerto de Buenos Aires dándole la espalda al interior y al resto de Latinoamérica.

Para los desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura de Videla hubo reparaciones con las que se puede acordar o disentir, se realizaron juicios, existen condenas. Incluso tenemos el famoso caso del cuadro de Videla que se quita de la Escuela Militar de la Nación. No ocurre nada parecido con los indígenas. No hay juicios, reparaciones o condenas. Incluso el cuadro de Roca sigue allí, en el mismo pasillo de donde bajaron al máximo exponente de la Dictadura. Ninguna autoridad democrática solicitó descolgarlo. Del mismo modo que existe un Nunca Más para los detenidos desaparecidos, para los indígenas es Siempre Más como lo demuestra entre otros ejemplos, el caso de los qom en Formosa. Sin embargo, les estamos dando batalla y avizoramos un nuevo tiempo recuperando los ideales de Mayo de una Patria Justa, Inclusiva y Fraterna. Es lento, pero viene...

* Marcelo Valko es psicólogo especialista en etnoliteratura y en investigar genocidio indígena. Docente universitario, titular de la cátedra “Imaginario Étnico”, dictó conferencia en EE.UU, Europa y América Latina. Autor de numerosos textos entre ellos: Ciudades Malditas Ciudades Perdidas; Pedagogía de la Desmemoria; Desmonumentar a Roca y Los indios invisibles del Malón de la Paz.

Evitaron el paso de máquinas topadoras por territorio Lule

CONFLICTOS TERRITORIALES

Los integrantes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas decidieron frenar ayer el paso de tres máquinas que ingresaron a desmontar en el territorio que reclaman como ancestral haciendo el desmonte de una presunta senda.

Una mujer decidió sentarse en la pala de una topadora para detener su paso por el territorio Lule.

Así lo indicó uno de los voceros de la comunidad, David Torres, al indicar que las acciones fueron realizadas por el empresario Carlos Bellini, quien también tiene parte de sus tierras en la zona, aunque a 100 metros de los catastros que la comunidad reclama como territorio.

Los problemas con Bellini se arrastran desde 2014, cuando este quiso disponer una casilla de madera en las tierras de los Lules. En aquel momento se logró una medida de no innovar que prohibía a Bellini y a los Lules a generar acto posesorio alguno.

Ayer cerca del mediodía los problemas resurgieron cuando el empresario, que tiene un loteo en las tierras que le pertenecen, dispuso dos retroexcavadoras y una pala para “voltear el monte”, dijo Torres.

El vocero Lule indicó que se hicieron las consultas a la Secretaría de Ambiente, en donde se le negó haber autorizado el paso de las máquinas por el lugar, aunque sí dijeron que Bellini estaba autorizado a realizar ese tipo de apertura de senda, pero en otra parte del terreno.

En principio, los Lules entendieron que Bellini quiere una salida de su loteo por las tierras de ellos, pese a que tiene la salida de su propiedad que colinda con villa Santa Rita.

Denuncian amenazas

Ayer el presidente de la comunidad, Mario Tolaba, se encontraba en la Comisaría 104 del barrio Palermo realizando las denuncias por presunta usurpación y amenazas en contra de Bellini. En la denuncia sumaron la presunta desobediencia judicial, dado que entienden que la orden de no innovar dictada desde el Juzgado Penal 1 sigue vigente. 

Mientras, la comunidad seguía en asamblea permanente para evitar el avance de las máquinas, cuyo paso fue primero evitado por María Saravia, la secretaria de actas de la comunidad.

Fuente: Nuevo Diario

El descubridor de la fosa dio detalles de cómo fue el hallazgo que permitió recuperar los restos de 117 desaparecidos.

Juan Carlos Díaz cuenta por primera vez cómo localizó el Pozo de Vargas


Foto de Atilio Orellana


TESTIMONIO INÉDITO
Por primera vez habla el ex guerrillero que descubrió el Pozo Vargas
Juan Carlos Díaz, ex guerrillero del movimiento de los Uturuncos, develó en exclusivo a Documento cómo se descubrió el Pozo de Vargas y habló de otros enterramientos clandestinos que estarían ocultos en la provincia

Juan Carlos Díaz tiene hoy 80 años y todavía recuerda con lucidez sus años de guerrillero en el movimiento de los Uturuncos (palabra en quechua que significa ‘hombre tigre’) en el marco de la llamada resistencia peronista, a fines de los años 50, cuando colocaban bombas, repartían panfletos y participaban de una radio móvil para lograr el regreso de Juan Domingo Perón al país, en ese entonces exiliado en España.

Al “ciego” Díaz, como le decían sus compañeros, también le tocó atravesar otra etapa de la historia que lo marcó para siempre: los sangrientos años de la última dictadura militar del ’76. Aferrado a su militancia, a comienzos del año 2000, Díaz inició una búsqueda que muchos ocultaban y otros temían: el lugar donde los militares habían arrojado los cuerpos de las miles de víctimas desaparecidas en la provincia, entre ellos sus compañeros de militancia peronista.

Por primera vez, después de 17 años de silencio, Díaz decidió dar su testimonio a un medio tucumano para contar cómo descubrió el ahora conocido como el Pozo de Vargas, y que en 14 años de investigación de la Justicia Federal se convirtió en una de las mayores evidencias de la masacre que los militares quisieron ocultar y no pudieron. Allí, ya se rescataron 117 cuerpos humanos, de los cuales 87 ya fueron identificados..

En una entrevista exclusiva con Documento, el comandante Uturunco –como le gusta que lo llamen- recuerda con precisión el momento en que dos hombres (un ex policía y un chofer de la gobernación de Tucumán durante el gobierno de Bussi), le pidieron que consiga dos millones de dólares a cambio de develar dónde estaba ubicado ese pozo, del que decían en ese entonces que “fue tapado por Bussi y en su interior había cerca de 800 personas”, según el propio relato de Díaz.

Lejos de concretarse la tan ansiada suma millonaria por parte de los informantes (aunque hubo algunos intentos de dirigentes peronistas de reunir ese dinero), Díaz acudió a una estrategia más casera para lograr que hablaran. Contó que un día “Tuty” Mansilla, uno de ellos, fue a su casa un poco ebrio, había tomado whisky, entonces se le ocurrió ofrecerle más de esa bebida. En esa “embriagada” conversación, Díaz logró saber la zona donde se encontraba ese pozo.

Así, el comandante Uturunco fue hasta la avenida Francisco de Aguirre al 4.000, donde conoció a Santos Molina, un changarín de la zona de la finca de Vargas, quien fue el que le reveló la ubicación exacta del pozo que luego se denominó Pozo de Vargas.

Una vez que Díaz y la antropóloga Patricia Cárdenas lograron precisar la ubicación del pozo y detectar la presencia de calcio en el lugar, el comandante Uturunco fue a contarle sobre este importante hallazgo a jueces federales, políticos y al propio gobernador en ese entonces, Julio Miranda, pero no tuvo apoyo de ninguno de ellos para realizar la denuncia. “No me dieron bolilla”, dijo en su propio relato.

Fue el dirigente peronista Enrique Romero, quien realiza formalmente la denuncia en febrero de 2002 en la Justicia Federal.

Otros enterramientos clandestinos

El ex guerrillero del movimiento de los Uturuncos también develó otros enterramientos clandestinos que estarían ocultos en distintos puntos de la provincia y de los que nadie se animó a hablar a 41 años del horror. Se trata de dos pozos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga: uno frente a la ruta nacional Nº9 y el otro en la parte trasera del predio militar; otro en el Barrio Oeste II y una fosa común en una localidad del sur de la provincia.

En este programa especial del 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, también te mostramos la síntesis de dos informes especiales que Documento realizó en diciembre pasado, en el Pozo de Vargas y en las fosas comunes del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, dos lugares emblemáticos de la masacre de la última dictadura militar.

Juan Carlos Díaz rompió el silencio a sus 80 años acerca de cómo se descubrió el Pozo de Vargas. El descubrimiento se concretó gracias a su aporte fundamental. Fue gracias a él, en definitiva, que se localizó la fosa en donde se arrojaron los restos de 117 personas.

Díaz fue guerrillero del movimiento de los Uturuncos durante la "resistencia peronista" de fines de los 50. Reveló en una entrevista al programa 'Documento' ─emitido por Canal 10─ cómo fue que encontró el lugar.

A comienzos del 2000, Juan Carlos inició una búsqueda que muchos ocultaban y otros temían: el lugar donde los militares habían arrojado los cuerpos de las miles de víctimas desaparecidas en la provincia, entre ellos sus compañeros de militancia peronista.

Después de 17 años de silencio, Díaz decidió dar su testimonio a un medio tucumano para contar cómo descubrió el ahora conocido como el Pozo de Vargas, y que en 14 años de investigación de la Justicia Federal se convirtió en una de las mayores evidencias de la masacre que los militares quisieron ocultar y no pudieron. Allí, ya se rescataron 117 cuerpos humanos, de los cuales 87 ya fueron identificados..

Díaz relató en su testimonio que se las ingenió para emborrachar a "Tuty" Mansilla, uno de los dos hombres (un ex policía y un chofer de la gobernación de Tucumán durante el gobierno de Bussi) que le pedían dos millones de dólares a cambio de develar dónde estaba ubicado ese pozo. Por disparatado que pueda sonar, fue con Whisky que consiguió sacarle la valiosa información que lo llevaría a Francisco de Aguirre al 4000. 

Junto con la antropóloga Patricia Cárdenas lograron precisar la ubicación del pozo, pero en ese momento, Díaz recibió indiferencia como respuesta “No me dieron bolilla”, dijo sobre el gobierno de Julio Miranda. La situación cambió cuando el dirigente peronista Enrique Romero realizó formalmente la denuncia en febrero de 2002 ante la Justicia Federal.

El sitio tucumano Documentotv.com realizó un informe en video por el 24 de Marzo que presenta una síntesis de dos informes; uno acerca del Pozo de Vargas y otro de las fosas comunes del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, dos lugares emblemáticos de la masacre de la última dictadura militar. Mirá el material en el video a continuación:


24 de marzo de 2017

¡GENOCIDIO ORIGINARIO NUNCA MÁS!

“Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio”.
Los Pueblos Originarios como protagonistas de nuestra lucha, historia y proyección como Pueblos Libres no dejaremos nunca más en manos ajenas las decisiones sobre nuestras vidas y territorios.
En el día de invocar a la memoria colectiva, las organizaciones territoriales de Pueblos Originarios levantamos las banderas históricas de emancipación continental que defendieron nuestros héroes y mártires Kallchakí, Kajfvkura, Chelemin, Viltipoco, Likar, Kipildor, Meguesoxochi, Lefxaru, Tomás Paniri, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Andresito Guacurarí, del mismo modo lo hicieran los héroes revolucionarios de mayo como Miranda, Belgrano, Güemes, Artigas, Castelli, Moreno, Juana Azurduy, Sucre, Bolivar, O´Higgins, y quienes reconocemos como hermanos indígenas y afrodescendientes, San Martín, Dorrego y Monteagudo. Todos ellos abrazaron el ideal de la libertad, la igualdad y la reparación histórica, dando su vida por nuestra Patria Grande Libre y Soberana.

Hoy más que nunca resulta fundamental profundizar en la revisión de la “historia oficial” con el fin de aclarar, condenar y reparar los actos que, en el marco de la conformación del Estado Argentino, atentaron y atentan contra los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.

El avance sobre nuestros territorios en la segunda mitad del siglo XIX y las campañas de exterminio y dominación contra los pueblos originarios llevadas a cabo por el Ejército argentino al mando de Roca y Victorica, fueron realizadas con la complicidad de la Iglesia, de la elite gobernante y cipaya, representada en la figura de Domingo F. Sarmiento, y financiadas por los terratenientes del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz.

Estos sectores oligarcas son los mismos que replicaron el Terrorismo de Estado durante la última dictadura, a partir del Golpe cívico militar de 1976, con un resultado de 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, saqueo, robo de bebés y de identidades; se beneficiaron con las políticas neoliberales de los ’90, y hoy se reciclan en frentes y alianzas  políticas, que asaltaron el poder engañando a un sector de la sociedad, para continuar enriqueciéndose con el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, con el apoyo de las corporaciones financieras y los monopolios mediáticos, que invisibilizan, tergiversan y criminalizan la lucha de nuestros pueblos.

Desde el ENOTPO denunciamos y condenamos el constante hostigamiento de las fuerzas represivas del estado nacional y los estados provinciales quienes, en una clara connivencia con un sector de la justicia, atacan nuestros territorios e intentan eliminar y desaparecer a nuestros hermanos, tal el caso de lo recientemente sucedido con la Lof Resistencia Mapuce de Cushamen y con la Comunidad Happo Pau del Pueblo Guaraní en Embarcación Salta. Todos estos hechos y actos son violatorios de los derechos fundamentales que nos asisten como Pueblos Originarios preexistentes y que el Estado debe garantizar.

Reiteramos la denuncia del estado de indefensión e inseguridad jurídica que vivimos los Pueblos Originarios en cada uno de los territorios en el país desde diciembre de 2015, ante la parálisis de las políticas públicas establecidas para los Pueblos en materia de Territorio, reconocimiento y fortalecimiento jurídico, biodiversidad, comunicación con identidad, educación intercultural, agricultura familiar, salud intercultural, desarrollo con identidad, con el agravante del cierre de los espacios propios de gestión.

Rechazamos todas las operaciones mediáticas llevadas adelante por seudo comunicadores públicos, serviles a la patronal corporativa, quienes con investigaciones falsas y marcos teóricos establecidos por la conquista hoy pretenden invisibilizarnos y desconocernos como Naciones milenarias para continuar replicando su modelo reaccionario, totalitario y oligárquico. Exigimos a los organismos del estado que tomen nota de esta constante persecución, hostigamiento, discriminación y xenofobia hacia nuestras familias y autoridades comunitarias.

Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar y por el Genocidio sufrido por nuestros Pueblos desde la conquista.

Nos declaramos movilizados en cada territorio y en estado de alerta permanente ante la constante violación de nuestros derechos territoriales.

¡EN DEFENSA DE LA VIDA, LA IDENTIDAD Y EL TERRITORIO!
¡DEFENDER EL TERRITORIO NO ES TERRORISMO!
¡LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!
















23 de marzo de 2017

El desmonte disminuyó 40% de los servicios ecosistémicos en Salta

Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono o evitar el ascenso de las napas.

deforestaciónAl poseer menos cobertura vegetal, las áreas desmontadas pierden capacidad para proveer el servicio de regulación hídrica. Esto causa un aumento en la recarga de los acuíferos, el ascenso de las napas freáticas y serios problemas de salinización. Foto: centromandela.com
(SLT-FAUBA) En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio.
José Paruelo
El IPSE puede ser usado como un indicador agregado del estado o las tendencias en la provisión de servicios ecosistémicos en escalas espaciales grandes.
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
Desmonte en Salta
El desmonte reduce drásticamente la cobertura vegetal. Esto resalta la necesidad de contar con situaciones de referencia para poder comparar, y revaloriza la importancia de constituir una red amplia de áreas protegidas que cubra los distintos ecosistemas del país. Foto: Greenpeace
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.

Los servicios ecosistémicos en la Argentina

modis sobre landsat
El uso de sensores remotos es clave para el estudio de la superficie terrestre en escalas de poco detalle.
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
mapa de provisión de SE
El mapa de tendencias en el IPSE muestra que, para el período 2000-2013, la mayor parte del territorio sufrió una disminución en el nivel de provisión de SE.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.