UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

28 de diciembre de 2012

Territorio Diaguita-Huascoaltino - Chile - Más de 400 glaciares, varios afectados por la minería de Pascua Lama (Barrick Gold) y El Morro (Goldcorp)

Chile - Diciembre 2012
Informe de Glaciares y del Ambiente Periglacial en Territorio Indígena Diaguita-Huascoaltino, 
Hay más de 400 glaciares en el territorio Diaguita-Huascoaltino, muchos afectados por la minería de Pascua Lama (Barrick Gold) y El Morro (Goldcorp), según revela el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) en su Informe de Glaciares y del Ambiente Periglacial en Territorio Indígena Diaguita-Huascoaltino.
El Territorio Diaguita Huascoaltino es rico en recursos glaciales.
Estos incluyen glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de roca y ambiente periglacial. Todos estos recursos son importantes reservas hídricas y reguladores de cuencas. 

Estos recursos están en riesgos por tres motivos principales: 
  • El calentamiento global antropogénico
  • La actividad industrial como la actividad minera
  • El desconocimiento sobre la existencia y valor hídrico de estos recursos. 
Sabemos que el cambio climático amenaza a la humanidad hace varias décadas y las alteraciones de temperatura y el desequilibrio que causa nos está afectando de manera preocupante. Un dato que sorprende a muchos es que tan solo el 2% de toda el agua del planeta es agua dulce. Y de esta agua, el 75% está en los glaciares y casi todo está en los polos. Esto implica que lo que queda para el consumo humano es mínimo.
Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestro recurso hídrico. Debemos protegerlo, conservarlo, y asegurar que lo tengamos disponible por muchos años más.
Las regiones especialmente áridas y secas, como los Andes Centrales son especialmente sensibles a los cambios climáticos. Vemos un retroceso generalizado de los cuerpos de hielo de montaña. Es por esto que debemos tomar todas las medidas a nuestro alcance para proteger este delicado recurso. Podemos hacerlo, y sin embargo, hacemos poco al final del día para proteger a nuestros glaciares. 
Este informe es un intento de empezar a revelar información básica y central sobre estos recursos, su ubicación en primera instancia, y los principales riesgos que vemos que están incidiendo e impactando en el recurso. Es un primer paso hacia la protección del mismo. 
No existe hoy en Chile un marco jurídico para garantizar la protección del recurso de hielo. Tampoco las empresas mineras que han impactado y que hoy impactan en glaciares y en ambiente periglacial han tomado medidas para evitar este impacto. 
Si bien un inventario oficial de glaciares está en marcha, no existe en Chile un registro acabado de los glaciares del país, de los glaciares de roca o del ambiente periglacial. Aun peor, el ambiente periglacial está prácticamente ignorado por la legislación y las regulaciones. No hay un trabajo oficial de relevamiento del ambiente periglacial ni un trabajo oficial acabado de los glaciares del territorio Diaguita-Huascoaltino. 

Los glaciares y el ambiente periglacial representan un recurso hídrico fundamental para el Territorio Diaguita-Huascoaltino. Tanto el Estado, como empresas y organizaciones obrando por la protección de los recursos naturales, deben tomar conocimiento de este recurso y de los riegos que afrontan por la actividad antropogénica. 

1) En primer lugar recomendamos que se complete el inventario de glaciares que se está llevando a cabo actualmente, asegurando que el mismo incluya no solamente los glaciares descubiertos, pero además los glaciares cubiertos, de roca y el ambiente periglacial. 

2) En segundo lugar recomendamos que el Congreso Chileno vuelva a considerar la adopción de una ley de protección de glaciares. Chile ha sido pionero en la materia, presentando el primer proyecto de ley de glaciares del mundo, que lamentablemente no prosperó. Sería importante para la protección de este tan preciado recurso hídrico que los legisladores chilenos vuelvan a tratar esta materia en la legislatura. 

3) En tercer lugar, recomendamos a empresa mineras hoy operando en zona de glaciares y ambiente periglacial que establezcan voluntariamente políticas de protección de glaciares y de ambiente periglacial, que introduzcan sistemas de gestión para garantizar la protección de estos recursos hídricos, que publiquen toda información que tengan en su poder sobre el recurso, que reparen impactos pasados y eviten todo daño presente o futuro a glaciares y ambiente periglacial. 

4) Finalmente, queremos enfatizar que la comunidad Diaguita-Huascoaltino cuenta con un recurso importantísimo de hielo en sus glaciares y ambiente periglacial.

Toda la sociedad chilena y del mundo que tenga relación con este territorio debe ayudar a conservar este recurso por el bien de la comunidad y por el valor que representa para el ecosistema de la región.

Informe completo: 
Por Jorge Daniel Taillant
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
jdtaillant@cedha.org.ar
tel. + 54 9 351 507 8376

22 de diciembre de 2012

Tucumán - Nación Diaguita Movilizada - ¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!

El 12 de octubre de 2009, el líder Diaguita Javier Chocobar fue asesinado por el terrateniente y empresario Darío Amin. A 3 años de los hechos los responsables aún están libres.

JUSTICIA TUCUMANA, JUEZ Y PARTE.
El viernes 21 de diciembre la comunidad de Chuschagasta de la Nación Diaguita marcho a los Tribunales de Tucumán para exigir “juicio y cárcel para los asesinos de Javier Chocobar”. El Secretario de Derechos Humanos y un vocal de la Corte Suprema se comprometieron a dar seguimiento al caso hasta su esclarecimiento.
La plaza Independencia fue el punto de encuentro para la movilización de Chuschagasta, de la cual participaron más de 60 comuneros y muchos jóvenes de la comunidad, quienes marcharon junto a la familia de Javier.
La familia y autoridades de la comunidad fueron recibidos por el Secretario de Derechos Humanos, el Dr. Rabat, en una reunión donde expusieron sobre el caso Chocobar y denunciaron la complicidad de los jueces y fiscales, que en su accionar negligente favorecen a los asesinos Darío Amín, José Valdivieso  y Luis Gómez. Además, remarcaron la reincidencia de los atropellos por parte del terrateniente (asesino), quien con total impunidad, volvió a entrar al territorio de la comunidad, en esta ocasión con la complicidad de gendarmería nacional.
Se  presentó un documento por escrito al funcionario, quien se comprometió a coordinar acciones con el Ministerio de Seguridad para garantizar la seguridad territorial de los comuneros de Chuschagasta. Este compromiso deja, sin embargo, una sensación de amargura e impotencia en los miembros de la comunidad, quienes cotidianamente sufren la violencia y violación de sus derechos a manos de las mismas fuerzas de seguridad que deberían resguardarlos, siendo a su vez cómplices en la causa.
Tras la reunión con el Secretario de Derechos Humanos, la  movilización se dirigió por las calles del centro de la ciudad hasta los Tribunales civiles del Poder Judicial, donde  integrantes de Chuschagasta se entrevistaron con el Dr. Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema. El mismo se comprometió a realizar acciones para esclarecer el asesinato de Javier Chocobar. Por último se solicitó una audiencia en la Corte Suprema para exponer el caso y la situación actual de la comunidad.
Acompañaron a Chuschagasta comuneros del Pueblo Tolombón, Caciques de la UPND - Tucumán y estudiantes de la Universidad, entre otros adherentes que hicieron presente su apoyo a la Nación Diaguita.

14 de diciembre de 2012

SALTA - PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES

SALTA, JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2012

Las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, sus respectivas Autoridades Tradicionales, Voceros y Delegados, miembros en el Consejo de Participación Indígena (CPI), reunidos en asamblea en la ciudad de Salta Capital durante los días 13 y 14 de diciembre de 2012, a toda la sociedad, a los medios de comunicación, a los organismos gubernamentales provinciales y nacionales y a los organismos de Derechos Humanos, expresamos:

Los Pueblos Originarios somos preexistentes al Estado Argentino, y en consecuencia a los Estados provinciales y a cualquier institución ajena a las nuestras, así como lo establece la Constitución Nacional en el Artículo 75, Inciso 17, adoptado en el Artículo 15 de la Constitución de la provincia de Salta.

Exigimos al gobierno de la provincia de Salta, a los legisladores de ambas Cámara y al Poder Judicial el reconocimiento pleno y efectivo de las identidades culturales de los Pueblos Originarios TASTIL, LULES, IOGYS, ATACAMA y sus COMUNIDADES, dando cumplimiento al marco legal que establece la Constitución Nacional en su Art. 75, inciso 17 (“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos…”), plasmado en el Artículo 15 de la Constitución de la provincia de Salta.

Condenamos los actos de desalojos y desplazamiento de las comunidades de sus territorios tradicionales con la complicidad de los jueces que desconocen y violan el mandato constitucional reglamentado en la Ley 26.160 y su prórroga 26.554 que prohíbe todo tipo de desalojo, en este sentido como Sujetos de Derechos, exigimos la plena participación de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios para garantizar y llevar a cabo el nuevo programa de relevamiento territorial en la provincia.

Convocamos a los organismos provinciales que tienen competencia para la implementación de las políticas públicas dirigidas a los Pueblos Originarios, que respeten la Libre Determinación de los Pueblos Originarios y sus comunidades, garantizando la plena y legítima participación de los delegados, “congresales” designados para la asamblea eleccionaria que se llevará a cabo este sábado 15 de diciembre en la localidad de Tartagal, en el que cada Pueblo Originario elegirá y designará al Vocal que será parte del Consejo político que velará por los intereses de los Pueblos Originarios en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

Exigimos el estricto cumplimiento del Artículo 6, Inciso b, del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que dice: establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”, ratificado por el Estado Argentino – Ley 24071.
REPUDIAMOS los actos de cooptación de “congresales” y delegados mediante dádivas y asistencialismo “barato” efectuados por funcionarios públicos de la provincia de Salta para favorecer a determinados candidatos.

Convocamos a los hermanos electos a trabajar en función del desarrollo de la identidad cultural de los Pueblos Originarios y sus comunidades para su reconocimiento pleno en la provincia de Salta, en autonomía y libre determinación, haciendo ejercicio pleno de los Derechos consagrados en la Constitución Nacional, Convenios Internacionales, en las Cartas Orgánicas Municipales y la Constitución de la Provincia de Salta.

Exigimos a la Junta Electoral el cumplimiento pleno del Derecho Indígena, garantizando la efectiva participación de los Pueblos originarios, dando transparencia al acto electoral en el marco de un pleno ejercicio de la vida democrática y no se preste a la manipulación del mismo. Que todos los organismos responsables de dicho acto electoral estén a la altura de las circunstancias y cumplan con su rol, los Pueblos Originarios vamos a estar alerta y movilizados ante cualquier incumplimiento y violación de nuestros Derecho colectivos.

UNIÓN de los PUEBLOS de la NACIÓN DIAGUITA - UPND (Salta)

AGRUPACIÓN de COMUNIDADES INDÍGENAS DTO. SAN MARTÍN (Salta)

ASAMBLEA del PUEBLO IOGYS de la RUTA 86 (Salta)

CONSEJO de CACIQUES WICHI de la RUTA 86 y34 (Salta)

AGRUPACIÓN COMUNIDADES WICHI Ruta 81, 34, 53 EMBARCACIÓN (Salta)

CONSEJO del PUEBLO TASTIL. Quebrada del Toro (Salta)

CASA de la CULTURA AWAWA. IRUYA (Salta)

PUEBLO LULE-COMUNIDAD las COSTAS (Salta)

RED de COMUNIDADES del PUEBLO ATACAMA (Salta)

ORG. PUEBLO CHOROTE (Salta)

ORG. “ÑEMBOATI GUASU TATA OGUE MBAE” (Asamblea del fuego que nunca se apaga)

CONSEJO DE CACIQUES WICHI de METÁN Y ANTA (Salta)

ORGANIZACIÓN WICHI TEWOC Sta. Victoria (Salta)

ORG ZONAL WICHI CHOT LHAME JENPE Ruta 81 (Salta Murillo)

9 de diciembre de 2012

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

PRONUNCIAMIENTO POR LA DEMOCRACIA Y LA PLENA APLICACIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL - 26522
En 2009, más de doscientas autoridades tradicionales de diversas Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios, nos reunimos para establecer un espacio de articulación y coordinación política, dando vida al Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios – ENOTPO. A partir de nuestro legado ancestral, nos unimos para fortalecer a nuestros Pueblos, generando políticas indígenas emanadas desde los territorios. 
Nuestras propuestas se plasmaron en un documento denominado “Construyendo  el Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado: una política de interculturalidad”. Allí se estableció como política y demanda histórica de los Pueblos, “Retomar la palabra en primera persona” y se definió como prioridad el desarrollo de la “Comunicación con Identidad” como eje central de nuestra lucha y fortalecimiento. 
A partir del proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, hemos participado en todas las instancias de debate y movilización, con el objetivo de visibilizar la realidad territorial y fundamentar la necesidad de contar con espacios de comunicación de los Pueblos Originarios. 
Con nuestra participación y construcción política se logró incidir en la creación e inclusión de una nueva categoría de medios en el TITULO IX - Servicios de comunicación audiovisual de Pueblos Originarios de la actual Ley Nº 26.522. Esto es un logro histórico, que sentó precedente para los Pueblos Originarios de todo el continente. Esta Ley reconoce el derecho a la comunicación de los Pueblos Originarios  y nos identifica como sujetos políticos de “derecho colectivo de carácter público- no estatal”.
Desde la sanción de la Ley diferentes sectores de poder, ligados a los medios monopólicos, han intentado deslegitimar nuestros derechos, burlándose desde una mirada occidental y eurocéntrica, a partir de palabras tales como, “¿Quien carajo va a escuchar la radio de los Wichi?”. Detrás de esta “burla” se esconden los intereses del poder oligárquico y terrateniente, que no solo ven en los medios una forma de obtener ganancias, sino también de instalar el pensamiento único representado por la ideología de los sectores dominantes que históricamente han negado nuestros derechos. No tenemos dudas sobre las intenciones económicas y políticas que hay detrás de los medios de información monopólicos que se esconden tras una pretendida “objetividad e independencia”.
Los medios de comunicación propios, generarán condiciones para los Pueblos Originarios que permitan desandar el camino de la colonialidad en la que estamos inmersos. Esto implica un gran desafío a la hora de concretar la puesta en marcha de nuestros medios, en la gestión, instalación y administración. Tarea que hemos comenzado a abordar a partir de la formación de un grupo de comunicadores originarios que vienen produciendo contenidos desde los territorios, garantizando así nuestro derecho a la Comunicación con Identidad, tal como refiere la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las organizaciones de Pueblos Originarios, manifestamos nuestro repudio ante los jueces que a través de una decisión arbitraria y contraria a derecho, silencian a los legisladores, organizaciones sociales y políticas que durante meses han debatido y consensuado la redacción de una Ley aprobada con el aval de diferentes sectores políticos. 
Como organizaciones políticas de Pueblos Originarios, hemos asumido la responsabilidad de hacer presente nuestra voz y ser protagonistas de nuestro destino. En este sentido, decimos que el 7D es para todos y todas, es deber del Estado en todos sus poderes garantizar la aplicación de la Ley y el Derecho a la Comunicación con Identidad.
Las 45 organizaciones territoriales nucleadas en el ENOTPO convocamos a todos los sectores políticos y sociales a reafirmar este proceso colectivo, uniéndonos para frenar los intentos de los monopolios mediáticos, de absorber o manipular nuestras luchas. 
Reafirmamos nuestro compromiso de lucha para la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Con pluralidad de voces, avanzaremos en la construcción de nuestros medios, fortaleciendo nuestra cultura, nuestros idiomas, dando pasos firmes hacia la construcción de un Estado Pluricultural.
Todos los tiempos históricos son importantes para quienes los viven en constante cambio y transformación. Este tiempo histórico es importante para los Pueblos originarios y para la humanidad toda en la búsqueda de una sociedad más justa y armónica, que respete a la madre tierra y a todos los seres y elementos de la naturaleza, todos nuestros bienes naturales para alcanzar el “Buen Vivir”.
¡Por una comunicación con Identidad, democrática y plural!
¡Por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual! 
Fuente: www.enotpo.blogspot.com

5 de diciembre de 2012

PUEBLO DIAGUITA CACANO - JUEZA ORDENA EL DESALOJO DE FAMILIA INDÍGENA DEL TERRITORIO DE SU COMUNIDAD

Comunicado de Prensa 
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano. Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re Te CI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó elComité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectares también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.

UNIÓN SOLIDARIA DE COMUNIDADES
USC

26 de noviembre de 2012

Nuevo ataque de la Justicia tucumana

Pronunciamiento ante la nueva intromisión terrateniente con intervención de la Gendarmería Nacional, en Chuschagasta, Territorio Diaguita 
21 de noviembre de 2012
ENOTPO
El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, manifiesta su repudio ante la intervención en el territorio ancestral de la Comunidad Chuschagasta de la Nación Diaguita, por parte de la Gendarmería Nacional, en conjunto con jueces que desoyen las normas constitucionales y avalan los intereses personales de los terratenientes locales.

El día 20 de noviembre de 2012 se presentaron alrededor de 20 oficiales de la Gendarmería Nacional junto con el terrateniente, empresario tucumano Darío Amin con una orden judicial del Juzgado Federal Nº 2, firmada por el juez, Dr. Fernando Luis Poviña, en la que autorizaba a realizar una “inspección” en la actual localidad de El Chorro, Departamento de Trancas en Tucumán. Una vez más, las fuerzas de seguridad defienden intereses sectoriales (los privados) en lugar de velar por la defensa de todos los ciudadanos.

Darío Amín (aliado de Bussi -ex funcionario de la dictadura-) desde hace tiempo viene persiguiendo y hostigando a la comunidad Chuschagasta, dado los intereses económicos que tiene en la zona. Su objetivo es continuar con el saqueo de los bienes naturales, para lo cual obtuvo la venia de la justicia local para intervenir e inspeccionar el Territorio ancestral de la comunidad.

Los conflictos en esta zona, tienen larga data y los abusos cometidos por parte del terrateniente, llevaron a una escalada de violencia que culminó con el asesinato de Javier Chocobar el 12 de diciembre de 2009, autoridad de la Nación Diaguita, y varios heridos (entre ellos un menor de edad). Esta muerte se hubiera evitado si la justicia tucumana hubiese reconocido y aplicado el derecho vigente en nuestra Constitución Nacional. Pero el poder político y judicial de Tucumán decidió mirar para otro lado.

Desde hace tiempo, es frecuente encontrar en la zona grupos paramilitares de Darío Amín, que han abierto el fuego contra la comunidad, amedrentándolos cotidianamente para que desistan en su lucha legítima y constitucional por el derecho a la preexistencia en el Territorio. La comunidad debe convivir cotidianamente con esta violencia física y psicológica, que tiene por objetivo desmovilizar y desorganizarlos, para lograr que abandonen el Territorio que habitan desde tiempo inmemoriales.

En esta nueva intervención en Territorio Diaguita, ha quedado en claro, que la interpretación de las normas por parte de la Gendarmería Nacional es siempre funcional a las oligarquías provinciales y a los terratenientes locales, legitimando la invasión, el saqueo y el despojo de nuestros territorios. No es novedad el accionar autoritario de muchos miembros de estas fuerzas que haciendo uso y abuso de su lugar de poder han cometido cruentas intervenciones que persisten en la memoria de los Pueblos, tal como ha sido la “Masacre de Rincón Bomba” en 1947 (también conocido como Genocidio Pilagá).

Frente a esta situación, instamos a la Ministra de Seguridad Nilda Garré, a que intervenga y que exhorte a las Fuerzas de Seguridad bajo su mando a que cumplan con el rol de defensa y protección de la ciudadanía. Asimismo convocamos al Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, para que vele por el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios, haciendo valer la política de Derechos Humanos promovida desde el gobierno nacional, garantizando la seguridad física y territorial de los Pueblos Originarios, sentando las bases de una reparación histórica por parte de las fuerzas de seguridad  para con los pueblos Originarios.

Frente a estos atropellos, la Nación Diaguita, junto con las organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios nucleadas en el ENOTPO nos encontramos hermanados, organizados, movilizados y en permanente alerta, con la férrea convicción y lucha por la reglamentación de nuestros derechos constitucionales. Por lo tanto ante una nueva intervención territorial que desconoce nuestros derechos como Pueblos preexistentes decimos que:

  • Las 45 organizaciones nucleadas en el ENOTPO, hacemos propio el grito de justicia de la comunidad Chuschagasta. Nunca más el Estado debe manipular las normas al servicio de los terratenientes.
  • Exigimos juicio y cárcel para los asesinos de Javier Chocobar y justicia para su familia y para el Pueblo-Nación Diaguita.
  • Exigimos el pleno cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios.
  • Demandamos que la reparación histórica y el diálogo intercultural se conviertan en políticas públicas que impulsen la reflexión actual, cotidiana y permanente sobre el presente histórico de los Pueblos Originarios.. 

22 de noviembre de 2012

17 de Noviembre 2012 - Pueblo Tolombón - Conmemoración de los 333 Aniversario del reconocimiento historio del Territorio

Pueblo Tolombón –Nación Diaguita -Tucumán
Comunicado de prensa -
El día sábado 17 de noviembre se llevo a cabo la Jornada Cultural del Pueblo Tolombón – Nación Diaguita en el Valle de Choromoros, pcia de Tucumán.

La misma se ha realizado con total éxito; concurrieron centenares de hnas/nos y publico en general que han acompañado la actividad de diferentes formas; con su canto, música, danzas, coplas.
El inicio fue a partir de las 11 de la mañana en la Comunidad de la Base Gonzalo con una ofrenda a la madre tierra, posteriormente las palabras de la autoridad tradicional, Rufino Morales en conmemoración de los 333 Aniversario del reconocimiento historio del Territorio Tolombón por parte del Gobernador Mercado Villacorta  a los Caciques Cristóbal Cerraman y Diego Titupa en representación de los Pueblos Tolombon y Colalao de la Nación Diaguita, para que fueran un Pueblo Libre del tributo a la Corona de España.

Rufino Morales autoridad tradicional del Pueblo Tolombón dijo en su discurso político a los presentes:
Hoy estamos homenajeando a los que nos dejaron el legado a continuar, como Chelemin, Kalchaqui, Cosme Morales, entre tantos millones de hermanos que dieron la vida por la causa indígena.
Agradecemos a todos por el acompañamiento y la solidaridad con el Pueblo Tolombón, saludo a las futuras generaciones para que conserven la conciencia  y  el orgullo de pertenecer a este territorio como Diaguitas que nunca han abandonado la lucha ni en los peores tiempos de sometimiento y esclavitud.
Que a esta generación nos toca la lucha desde otro lugar, desde la Democracia, desde los logros de los Derechos Constitucionales, que son el producto de las luchas de los que nos precedieron y en la que en este tiempo se esta llevando a cabo con propuestas. Nunca debemos dejar nuestro futuro en manos ajenas, solo unidos y organizados debemos seguir para hacer valer nuestros Derechos Constitucionales para que se regularice nuestra situación territorial para avanzar en la construcción de un país multilingüe  e intercultural para ir acortando las asimetrías de subordinación política y económica a las que nos han sometido los imperios colonialistas.
Los Pueblos Originarios de America siempre hemos tenido la propuesta del buen vivir, y queremos vivir dignamente, proyectándonos, desarrollándonos en  nuestra cultura en este territorio donde nacimos, donde vivimos y en donde queremos morir.
Hoy, en este tiempo nos encontramos trabajando con diferentes Pueblos Originarios de Argentina en un espacio de articulación política con el Estado Nacional para ir construyendo políticas publicas interculturales a través de la participación, para tener incidencia en las definiciones políticas que se toman para la vida cotidiana de todos los argentinos; ya los pueblos no estamos para seguir de esclavos de los terratenientes, ni para los intereses de unos pocos a costa del hambre de hermanos y hermanas, menos aun para que se nos ande persiguiendo como extraños en nuestros Territorios.
Debemos aprender de la sabiduría de nuestros abuelos que son nuestra biblioteca.
También debemos luchar para generar las condiciones, las oportunidades para que los chicos estudien solo como una herramienta para participar de la vida republicana, pero que esto sea solo un complemento de nuestra sabiduría ancestral, de los saberes de la vida, los valores, el trabajo comunitario, en la solidaridad entre hermanos como lo hacían los abuelos, no tenemos nada que copiarnos de los modelos de afuera que nada tienen que ver con nuestro pensamiento y sentimiento.
Por eso los Tolombones debemos estar siempre firmes en la lucha, con la solidaridad de otros Pueblos Originarios, en otros tiempos ya estaba esta interrelación de colindes y pasos naturales, hay muchos expedientes y documentos que dan cuenta de esa preexistencia y de la libre determinación que cada uno de los pueblos tenía, con organización y formas de gobierno propio.
Cada pueblo vivía de acuerdo a los usos y costumbres, de acuerdo a las pautas culturales de cada organización. Hoy, se retoman estos conceptos que tienen que ver con los Estados Modernos que toman el paradigma de los Pueblos Originarios para el desarrollo regional, desde las diferentes miradas para construir un país más justo, más equitativo. Sobre todo más humanizado, respetando las diferencias culturales.
En este sentido saludamos la apertura e integración de políticas más soberanas a nivel Sudamericano con la distribución de la riqueza, la restitución de la palabra, el Derecho a la Identidad. Ojala podamos seguir acompañando estas políticas dignificadoras de nuestros Pueblos.
El Cacique termina su discurso agradeciendo a todos los presentes por compartir este grato día  y conmemorando un hecho histórico -“y que no siempre nos reúna el hecho de algún conflicto territorial cuando hay que atender a la policía o a los jueces que no respetan nuestros Derechos”-

A continuación se hace entrega de reconocimiento a los hermanos mayores de 80 años por ser los baluartes que mantuvieron de pié nuestra causa y dignidad como Pueblo Originario, a los Delegados que estuvieron en el periodo anterior y a los técnicos en materia  jurídica que acompañan las causas judiciales del Pueblo Tolombón.
Al término de los discursos se dio inicio a la música, el canto y la danza con artistas locales en representación de las diferentes Comunidades Diaguitas en la zona.
Estuvieron presentes, Los Hnos. Ríos en representación de la Comunidad de Base de Hualinchay, del Pueblo Tolombón como así el grupo de folclore de Rearte Sur con el chango Nieva; Raíces Rodeñas  en representación de Rodeo Grande, Los Carperos de Chuscha en representación de Chuschagasta y los Hnos. Méndez, como el cuerpo de Danzas de la Higuera con el hermano profesor Fabián Fernández, el grupo de folklore Los Mamani, en representación de la Comunidad Chaquivil, el grupo de bandoneonístas de Chasquivil y  el grupo de Colalao, como también copleros de Amaicha del Valle y una banda de Sicuris.
Luego se proyecto una muestra audiovisual y se dio lugar para un momento de reflexión en memoria de la lucha Indígena, con los Hnos. Nancy Chocobar del Pueblo Tolombon y Chuschagasta respectivamente, los hermanos Santos Alankay de Molinos y Carlos Flores, delegados de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta, también acercó su saludo y acompañamiento el hermano abogado Miguel Casimiro del Pueblo Atacama.
De esta manera  fue cayendo la noche en Territorio Tolombón, mientras un manto de nubes se entrecruzaban y dejaban caer algunas gotas  como presagio del buen año agrícola  que el Pueblo Tolombón ansía tener.

12 de noviembre de 2012

Voces Diaguitas – Inclusión de la Propiedad Comunitaria Indígena

Salta 9 de noviembre de 2012
Nación Diaguita
Voces Diaguitas – Inclusión de la Propiedad Comunitaria Indígena - Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación.
Con masiva presencia de las organizaciones de Pueblos Originarios se llevó a cabo las audiencias públicas por la reforma  y unificación del código civil y comercial de la Nación, realizada en el Palacio Legislativo, sito en la calle Mitre 550, Salta Capital, provincia de Salta. Hubo 103 ponencias ingresadas a la Bicameral, de las cuales 39 fueron de las organizaciones de Pueblos Originarios.
Más de 50 vocerías originarias marcaron el ritmo de la audiencia llevadas a cabo en la provincia acompañadas de unas 200 autoridades indígenas de los distintos territorios del país.

La Nación Diaguita contó con presencia orgánica de las comunidades Diaguitas Kallchakí de La Paya, El Algarrobal, El Divisadero, Cholonka de Campo Belgrano, Juan Kallchakí, Potrero de Díaz, Las Pailas, Molinos (Base Hualfín, Tacuil), La Laguna, La Puerta, Tolombón del valle de Choromoros (Tucumán), entre otras.

El Palacio Legislativo de la provincia intentó negar el ingreso a la Audiencia pública.

Una vez más se evidenció el intento de negación al reconocimiento y la participación como Pueblos Originarios por parte de las autoridades provinciales cuando intentaron frenar el ingreso de las autoridades indígenas al recinto legislativo, bajando la orden de cerrar las puertas de ingreso, “son órdenes de arriba” gritaba uno de los responsables de apellido Figueroa, agregando, “váyanse porque vamos a traer más gente para que los saquen” en referencia a la fuerza policial que custodiaban e impedían el ingreso. En el recinto se comenzaba con las ponencias y nuestros hermanos inscriptos sin poder ingresar a las salas, mientras el gobernador de la provincia, Dr. Juan Manuel Urtubey asistía a la apertura de la misma. Ante las denuncias de las autoridades indígenas que pudieron ingresar al recinto, los responsables de la Bicameral pusieron orden a la convocatoria y bajaron para explicarles a los “porteros” responsables de la guardia de ingreso, “esto es una audiencia pública señores”. 
Esto evidencia en la provincia, el poco ejercicio de la vida democrática y el marco del derecho ciudadano ya que los inconvenientes se siguieron suscitando principalmente en el ingreso de la sala C, donde estaban la mayoría de nuestros hermanos expositores.

La participación como Pueblo Nación
El Pueblo Diaguita a partir de cada uno de sus voceros, fue dejando en claro el acompañamiento, la participación activa, propositiva y movilizada, para garantizar el Derecho Indígena en este hecho histórico que implica la Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial – Inclusión de la Propiedad Comunitaria Indígena como Derecho de incidencia Colectiva. Fue momento también para comunicar a las autoridades de la Bicameral la situación de emergencia Territorial que se vive en cada valle y la falta de aplicación en la provincia de la legislación en materia Indígena.
Personería Jurídicas
Una de las denuncias centrales fue la negación e inacción respecto al registro de las personerías jurídicas. La provincia desde el 2007 tiene la responsabilidad de registrar las solicitudes de inscripción presentadas por los Pueblos Originarios, el convenio firmado con el Instituto de Asuntos Indígenas – INAI, el cuál pretendía flexibilizar el trámite, dicho convenio solo ha generado más demoras y acrecentó la deuda del Estado con los Pueblos Originarios, tensando la relación de dialogo y de convivencia armónica.
La Justicia y el Derecho Indígena
Las audiencias permitieron a las autoridades Diaguitas denunciar las persecuciones Judiciales sistemáticas que se viven en los Territorios, con la visible connivencia de los sectores de poder en desmedro de los Pueblos Originarios, con la complicidad e inoperancia de las autoridades locales, responsables de brindar seguridad territorial y las garantías constitucionales de vivir en paz en nuestros Territorios.
La persecución de los jueces que violan la Constitución Nacional
Se dejo en claro la persecución de los jueces como-. MónicaFaber, responsable de emitir la orden de desalojo en la Comunidad OriginariaDiaguita Kallchakí “Las Pailas”, que provocó el ataque  más violento y “bárbaro” sucedido en Territorio de Cachi, en clara violación de  la Constitución Nacional, a la 26.160 y su prorroga 26.554 - ley de orden público, este ataque lo llevo adelante la fuerza pública, violentando las viviendas, sacando las pertenecías de los comuneros para cargar en móviles y vehículos contratados retirándolos fuera de territorio comunitario, mientras una topadora arrasaba con las viviendas y los sembradíos, al mando de Alancay tractorista de Carlos Robles, agente inmobiliario al cuál pretendió favorecer la jueza.
Las autoridades de El Divisadero, pusieron en evidencia la clara y manifiesta intención de desconocer el marco del Derecho Indígena por parte de la jueza Toranzo al firmar sistemáticamente ordenes en contra del derecho colectivo, y donde el pueblo Diaguita debe librar la lucha por vivir en paz en propio territorio, arriesgando la integridad física en defensa del patrimonio identitario y ancestral.
La comunidad El Algarrobal denuncio a Roberto Duran terrateniente de la zona, quien dice ser el dueño del territorio que habita desde siempre el Pueblo Diaguita, sosteniendo la posesión ancestral y actual del territorio. Duran, mediante aprietes, amenazas, persecución, hostigamiento, trabas jurídicas y amenazas de desalojos, impide la instalación de la Toma de agua que va a proveer de la misma a todo el resto de las comunidades y vecinos de la zona, este proyecto de agua potable a sido gestionado por la comunidad a través del área de Agricultura Familiar. “el agua es un derecho básico para la vida humana, es deber del Estado generar las condiciones para el acceso al mismo, por la tanto exigimos a las instituciones responsables la inmediata intervención para resolver esta grave situación”.
Dejando en claro además, “que existe un sector social al cual responden profesionales vinculados al sistema jurídico, quienes pretenden considerar como meras expresiones de deseos a los Derechos Indígenas reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados internacionales”.

Las  vocerías Diaguitas refrendaron el derecho como pueblo Nación Preexistente, con organización institucional y voz propia, hermanados a un irreversible proceso de autoreconocimiento y organización, que viven los Pueblos Originarios a nivel continental.

KOMUNIKACION KALLCHAKI

1 de noviembre de 2012

Pueblo Tolombon: 333 Aniversario del reconocimiento de nuestro Territorio Ancestral

NACION DIAGUITA
video


"Por la memoria de nuestros Iquines y Titaquines"
La Comunidad Indígena Pueblo de Tolombon, valle de Choromoros invita  a los Pueblos Originarios y a todos los espacios de la sociedad civil que trabajan día a día en la construcción de propuestas de políticas públicas para un Estado multilingüe y pluricultural, revalorizando  las Naciones preexistentes a la Conformación del Estado nacional en el camino de las reivindicaciones históricas en el marco de la legislación vigente tanto nacional e internacional.
El Pueblo de Tolombon es parte de la Nación Diaguita, cuya preexistencia ancestral es de más de 12.000 años en el noroeste de la actual Argentina y parte de lo que hoy es Chile.
Hoy, una  vez más los Tolombones levantamos nuestros símbolos identitarios para refrendar un hecho histórico, al conmemorarse los 333º Aniversario del reconocimiento de nuestro Territorio  Ancestral. En 1679 nuestras autoridades legitimas en representación de nuestro Pueblo adquieren el titulo justo del modo suficiente a través de las leyes de Indias para que el Pueblo fuera libre; y dejara de tributar a la corona de España.
Por lo tanto nuestro Pueblo homenajeara a aquellos grandes Iquines y Líderes que entregaron su vida defendiendo nuestra posesión territorial.
Honramos la memoria de nuestros próceres a lo largo de nuestra historia, Kalchakí, Chelemin, Diego Tulipa, Felipe Chachagua, Cosme Morales, Javier Chocobar, Anbrosio Casimiro, entre otros  héroes que nos dejaron el legado de continuar el camino de nuestra reivindicación histórica.
         PUEBLO TOLOMBON
Por Memoria, Identidad y Territorio!

15 de octubre de 2012

NACION DIAGUITA - KACHI: “Conscientes de que hoy nosotros somos la continuidad de la lucha inclaudicable de nuestros ancestros”

Posicionamiento de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta en relación al Evento "Encuentro de Miradas", realizado en el marco del Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, entre los días 6 y 8 de octubre de 2012, en el departamento de Cachi, Territorio Diaguita, provincia de Salta.
Como pueblos preexistentes sujetos de derecho, no hemos sido convocados en tiempo y forma,  nuestras autoridades y delegados no han sido informados debidamente sobre la actividad denominada “Encuentro de Miradas” por parte de sus organizadores, a saber: la Municipalidad de Cachi y la Comisión Patrimonio Cachi, con el auspicio de la Fundación Naturaleza para el Futuro, Basta de Demoler, PRHAS (Patrimonio Histórico de Sucre) y Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref/Aamnba. Comisión Patrimonio Cachi: Se ha accedido a esta información de una manera indirecta por publicaciones en periódicos y medios radiales. Las gacetillas de prensa convocantes decían, participarán el gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey y el Premio Nobel de la Paz, Arq. Adolfo Pérez Esquivel, amigo de Cachi, Mónica de Lorenzi de Ruiz Moreno, Graciela Viñuales, Maria Carmen Arias Usandivaras, Santiago Pusso, Roque Manuel Gómez, María Silva Pace, Silvia Fajre, Erland Ovando Leyton, Oscar Iriani, Elena Martínez Montiel, Silvia Katz y Mercedes Puló, Guadalupe Noble, entre otros destacados especialistas .
Mediante nota presentada el  4 de octubre del corriente, hemos exigido nuestra participación a la comisión organizadora para expresarnos como Pueblo Nación, entendiendo que tal evento repercute de manera directa  en nuestros territorios colectivos y en cada unas de nuestras comunidades, pues en dicho evento se estaba  hablando de nuestra cultura y nuestra identidad, utilizando imágenes y simbología de nuestro Pueblo para la convocatoria. En este escenario, es evidente que la comisión organizadora, una vez más no tenía intención de participar a los Pueblos Originarios, favoreciendo su invisibilización cultural, espiritual y territorial. Es por ello que tomamos la palabra, en resguardo del Territorio, el cual lo consideramos un espacio integral, conformado por nuestra cultura, identidad, patrimonio tangible e intangible, todo ello legado de nuestros mayores.
"Como Pueblo Nación preexistente exigimos que se cumpla con el derecho a la CONSULTA y PARTICIPACIÓN por parte de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, e instituciones privadas y públicas (ONG, fundaciones, asociaciones civiles, empresas privadas, instituciones académicas) ante cualquier acción que afecte de manera directa o indirecta sobre nuestros territorios y derechos colectivos”
En cada una de las exposiciones realizadas por los “expertos en la materia” pudimos apreciar visiblemente la réplica de los sistemas colonialistas, la imposición de un sistema de ideas cientificista que se auto-legítima desde su discurso positivista, con un claro sesgo discriminatorio hacia los conocimientos y saberes tradicionales de los Pueblos Originarios y negador de nuestra Preexistencia.
La licenciada Mónica de Lorenzi de Ruiz Moreno, directora del museo arqueológico de Cachi, dijo "Las comunidades son nuevas no cuentan con conocimiento científico"  mientras exhibía en un power point  la imagen de un cuerpo que fue arrancado del territorio de la Comunidad Diaguita Kallchakí "Las Pailas". Desconociendo con esta expresión la existencia milenaria de nuestro pueblo en territorio y pone en evidencia una vez mas la necedad, el desconocimiento, de cierto sector de la "ciencia" que se resiste a superar sus prejuicios culturales. Es tiempo de iniciar un camino reparador, de restitución, de propuestas, de diálogo real, constructivo, de interculturalidad, de des colonización para construir conocimientos desde la complementariedad de los saberes.
La intervención de los hermanos fue espontánea "con la imágenes que estamos viendo, cómo puede usted negar nuestra  preexistencia y que en la actualidad  seguimos viviendo en relación directa con nuestra ciudad sagrada, lo cual es de público conocimiento; porque siempre hemos ta’o aquí y seguiremos estando de generación en generación como lo hicieron nuestros mayores (…) Por otro lado le preguntamos a usted si tiene conocimiento sobre el marco vigente de la ley que regula el patrimonio arqueológico y de restitución de restos mortales".
A lo cuál, de Ruiz Moreno atinó a responder "eso también es nuevo; lo único que hicimos es conservarlo”. 
Y los hermanos concluyeron: "Si usted  a eso lo llama conservación para nosotros es destrucción y es un acto inhumano”.
En el desarrollo de las ponencias, también tuvo la palabra el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, la abogada Rosaura Gareca de la subsecretaria de promoción de protección de derechos humanos  quién  manifestó que, "los pueblos originarios tienen derechos al territorio, a los recursos naturales, a ser consultados,  a ser diferentes, a una identidad, cultura, idioma y formas propias de organizarse".
Ante sus palabras, un hermano presente, explicó: “Estas expresiones lucen bonito en el discurso pero en lo concreto y en la realidad no se ve reflejada en nuestros territorios, muchas veces ante la injusticia nos vemos obligados a exponer hasta nuestra propia vida en la defensa y reguardo de nuestros territorios".
Los delegados presentes de la UPND repasaron los acontecimientos sucedidos en estos últimos tiempos: "el 17 diciembre del 2010 en la Comunidad  Originaria Diaguita Kallchakí "Las Pailas" en plena vigencia de la ley 26160, los hermanos  han sido victima de un violento ataque por parte del terrateniente Carlos Robles y sus testaferros destrozando las casas, sembradíos y un impacto cultural irreparable. Otro ejemplo, el 1 de junio del 2012 en la Comunidad Diaguita Kallchakí ‘El Divisadero’ (Resolución  087 INAI- Re.Na.CI., que además cuenta con el relevamiento contemplado por la Ley de orden público Nº26160); Eduardo Tolaba, terrateniente de la zona,  en un intento de abrir camino con el fin de realizar un alambrado, arrasó con los huesos de nuestros ancestros, que luego fueron quemados. ¿Dónde estuvo el Ministerio de Derechos Humanos? (…)Es clara la  falta de voluntad y compromiso de hacer cumplir los derechos de los pueblos originarios y estamos lejos de un dialogo intercultural que usted hace mención” Concluyeron.

Al cierre de la jornada del día domingo se dio una reunión informal con la senadora Norma Morandini a solicitud  de la misma, quién llego invitada a la actividad. La senadora fue notificada acerca del proceso organizativo, representativo que nos damos como Pueblo Nación Diaguita y  las instancias de participación en los espacios nacionales de articulación de política indígena que plantea una propuesta propia hacia el Estado Nacional en un dialogo intercultural. Por último se le hizo entrega del posicionamiento de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios sobre la inclusión de la Propiedad  Comunitaria Indígena en la reforma de los Códigos Civil y Comercial.
Comunidades Diaguitas Kallchakí presentes: Las Pailas, Piul, Buena Vista, Las Trancas, El Algarrobal, El Divisadero, Juan Kallchakí, Molinos, La Aguada, entre otras.
La jornada del lunes contó con una movilización desde los territorio dejando presente que nuestro pueblo esta vivo y de pie en  el reguardo de nuestra memoria y territorio comunitario. La mayor parte del salón municipal se lleno con presencia Diaguita, donde la señora Fanny Flores de Guitian intendenta de Cachi  en su discurso de cierre de las jornadas dejó el saludo "a las autoridades tradicionales de los pueblos originarios".
No olvidamos que la intendenta de este departamento nos negó  en muchas oportunidades, intentando invisiblizar nuestro proceso de auto reconocimiento. Compartimos el encuentro con firme posicionamiento de  que nuestra esencia preexistente fue excluida, al no tener la participación plena y efectiva en este acontecimiento referente a nuestro patrimonio cultural y memoria colectiva como Pueblo Nación Diaguita Kallchakí.
 “Somos conscientes que hoy nosotros somos la continuidad de la lucha inclaudicable de nuestros ancestros ”
Los Pueblos Originarios hemos retomado la palabra en primera persona y pasamos de ser objeto de utilización a ser sujeto de derecho.
Denunciamos que  la provincia no cumple con la aplicación de ley 26.160 y su prorroga 26.554, ley de orden publico que tiene como manda relevar los territorios de posesión  actual, publico y tradicional de los Pueblos Originarios. 
KOMUNICACION KALLCHAKI

12 de octubre de 2012

Anselmo Sella: Garantizar a los pueblos el acceso y uso de las tierras significa garantizarles su propia supervivencia.

Día de la Diversidad Cultural Americana
Los derechos de los pueblos indígenas
"Nuestro país ha avanzado de manera importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años, y ese avance está relacionado con los progresivos cambios de paradigma en los ámbitos regional y universal. El nuevo paradigma, que supone la existencia de Estados plurales basados en la interculturalidad de las relaciones, incluye además de los derechos individuales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a elegir sus propios modos de vida, a mantener sus instituciones, y a participar y a ser consultados en las decisiones que les afecten."
Por: Anselmo Sella
El ordenamiento jurídico sobre los derechos de los pueblos indígenas marca un nuevo rumbo en las relaciones entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Existen importantes avances en nuestra normativa interna, pero aún existen retos y tareas pendientes para el ejercicio efectivo de esos derechos. Un elemento esencial en la construcción del Estado argentino y sobre todo en las fases de consolidación del mismo, ha sido la unificación territorial que se lograría, en buena medida, a través de los sucesivos avances sobre territorio indígena principalmente en la Patagonia y en el norte del país.
Las relaciones de aquel reciente Estado con las comunidades originarias eran de asimilación: en el afán de concretar el nuevo proyecto económico y político de país, se intentaba incorporar a los integrantes de las comunidades indígenas al Estado, pero habiéndoles ya despojado de sus territorios e instituciones. Este proceso implicó marginación, exclusión, descomposición de la cultura indígena e incluso exterminio físico.
Hacia mediados del siglo XX, las desigualdades entre la situación de los integrantes de comunidades indígenas y el resto de la sociedad eran muy marcadas, y las políticas públicas conducentes a corregirlas eran claramente integracionistas. Dichas políticas se orientaban a reducir los impactos de la exclusión social, económica y territorial sufrida históricamente, pero en ese esfuerzo igualador, quedaron incluidas también las diferencias culturales: la pretensión de alcanzar la igualdad y la integración social, afectó fuertemente sus lenguas, sus costumbres ancestrales, sus prácticas comunitarias y acentuó el ocultamiento de la propia identidad indígena.
Sin embargo, a pesar de la continua discriminación y aculturación sufridas por siglos, muchos pueblos han sido capaces de preservar sus culturas y cosmovisiones.
Esa misma perseverancia es la que han mantenido en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Nuestro país ha avanzado de manera importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años, y ese avance está relacionado con los progresivos cambios de paradigma en los ámbitos regional y universal. El nuevo paradigma, que supone la existencia de Estados plurales basados en la interculturalidad de las relaciones, incluye además de los derechos individuales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a elegir sus propios modos de vida, a mantener sus instituciones, y a participar y a ser consultados en las decisiones que les afecten.
Ese cambio de paradigma, se plasmó en nuestro país en la reforma constitucional de 1994, en la ratificación por ley del Convenio 169 de la OIT en el año 2000, y en la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas, en 2007. Se trata de un marco jurídico amplio y consistente, los derechos allí reconocidos son definitivamente exigibles y constituyen claros mandatos para los poderes públicos que deben implementarlo.
Asimismo, el derecho nacional sobre los pueblos originarios es completado por un conjunto de herramientas e instituciones, que permiten canalizar los reclamos frente a situaciones de vulneración de derechos, sean estos específicos de los pueblos o derechos sociales. Un paso importante en este sentido lo constituye la aprobación en 2006 de la Ley Nº 26.160 de "emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país", y su prórroga.
Esta ley ordena, en primer lugar, la suspensión hasta 2013 de la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos, que tengan por objeto el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias de nuestro país (tanto las registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, como las comunidades preexistentes que ejerzan posesión actual acreditada, tradicional y pública) y, en segundo lugar, establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, deberá realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por dichas comunidades indígenas.
Es relevante señalar que la importancia de la Ley Nº 26.160 reside en que implica un claro reconocimiento de la especial relación que los pueblos indígenas tienen con su tierra. El territorio es un pilar fundamental de su identidad, de sus cosmovisiones y de su existencia; es el lugar en el que están sus ancestros y en el que a su vez, pueden asegurar la vida de las generaciones futuras.
En tal sentido, la aprobación de dicha ley significa un paso primordial en el camino del reconocimiento del derecho constitucional a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. El ejercicio efectivo –y colectivo– del derecho a la tierra les permite disfrutar de sus derechos básicos e individuales tales como el derecho a acceder al agua y otros recursos naturales, a vivir en sus comunidades, a mantener sus prácticas de alimentación, de salud, de educación, a conservar su integridad cultural y su identidad.
Por ello, es perentorio que el INAI, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.160, redoble los esfuerzos que ya está realizando y acuerde, con los organismos responsables en las provincias, las medidas necesarias para poder cumplir con los términos y los plazos que la misma prevé. Asimismo, es preciso que los jueces presten especial atención a las actuaciones que pretendan modificar el estado actual de la ocupación de las tierras y que realicen constataciones precisas sobre las realidades de cada comunidad indígena, en orden a evitar los desalojos prohibidos por la Ley 26.160 en que se traducen algunas de sus medidas.
Es igualmente preciso, facilitar y garantizar a los pueblos originarios el acceso a la justicia y a la protección judicial, evitando la criminalización de la protesta indígena. Esa protesta suele llevarse a cabo de manera pacífica y como corolario de una larga lista de acciones sin respuesta y de la desidia y ceguera de muchos de los canales institucionales existentes para encauzar sus reclamos.
Fuente: