Lo aseguró Héctor Fabián, referente Diaguita.
DDN. La comunidad Diaguita Kallchaki la Aguada se presentó esta mañana en la Fiscalía Penal Nº 6, en barrio Solidaridad, en reclamo por la imputación de nueve miembros de la comunidad.
A inicios de febrero, la comunidad Diaguita Kallchaki la Aguada cortó el Camino a la Aguada, en reclamo por la construcción de “Bodega Puna” por parte de la empresa M. AGROPECUARIA S.R.L y fueron reprimidos por la policía de Juan Manuel Urtubey. Por ese hecho, nueve miembros de la comunidad fueron imputados por amenazas, cortes de rutas y usurpación. La comunidad se presentó esta mañana en la Fiscalía Penal Nº 6 del Barrio Solidaridad.
Héctor Fabián, referente de la comunidad, explicó que son perseguidos con la herramienta judicial y tratados de usurpadores en las tierras que poseen ancestralmente por beneficios inmobiliarios, vitivinícolas y usureros. El territorio se encuentra en el marco y la protección de la ley 26.160, pero el Estado “está mirando para otro lado”, y los funcionarios son “funcionales” a los intereses de la empresa.
“En todo esto hay una envoltura por parte de un testaferro que se hacen de representar pero sabemos muy bien por donde viene la mano de las intenciones de esta situación. Es lamentable y sabemos la complicidad del Gobierno nacional, provincial y municipal responsabilizamos a ellos por el atropello que estamos sufriendo tanto directa e indirectamente la persecución, amenazas, amedrentamiento”, manifestó Fiaban.
Cuando sucedió el corte de ruta y la represión, diversos medios de comunicación aseguraron que la comunidad ingresó a la Bodega y atacó a quienes estaban ahí. El referente señaló que eso no sucedió y están dispuestos a probar los hechos. También, remarcó que la prensa filmó la situación y la policía intentó llevarse los elementos de registro.
La comunidad inició una investigación minuciosa para saber quién es el dueño de la Bodega Puna, y sería Luis Javier Montero Alessanco. Realizaron diversas denuncias en la Fiscalía de Cachi, por usurpación, que fueron cajoneadas. “Se prestaron con este sistema de mediaciones que entendemos y sabemos que sus únicas intenciones son amedrentar a nuestros hermanos. No respetaron nuestra propia institucionalidad de cómo nos expresamos y defendemos el territorio”, dijo.
El referente sostuvo que hay una “cuestión muy cerrada” y favores que se están devolviendo desde el gobierno nacional, provincial y municipal, por lo que solicitan que los funcionarios “se hagan cargo” del lugar que tienen, garantizando los derechos y velar por la seguridad de cada miembro de la comunidad que permanece y seguirá permaneciendo en el territorio.
“Los pueblos originarios, el pueblo diaguita, vamos a estar de pie y vamos a hacer frente a cualquier situación. No por capricho, sino por convencimiento y por conciencia de que nuestro territorio es el modo de vivir y la continuidad de nuestros hijos”, finalizó Fabián.
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