Berta Cáceres, indígena lenca, obtuvo en 2015 el prestigioso Goldman Environmental Prize por su defensa del medioambiente en Intibucá, Honduras. CreditGoldman Environmental Prize
Berta Cáceres, de 44 años, una de las defensoras más reconocidas de los derechos humanos, los pueblos indígenas y el medioambiente y, al mismo tiempo, de las más amenazadas de Honduras, fue asesinada por hombres armados que entraron en su casa, en el departamento de Intibucá, al oeste de Tegucigalpa, la noche del miércoles.
Cáceres, indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso Goldman Environmental Prize, había denunciado en numerosas ocasiones que había sido amenazada y que temía por su vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección. En el momento de ser asesinada ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente.
Berta Cáceres fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH). Cáceres lideró la oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que afectaba varios ríos en el departamento de Intibucá. Fue también una conocida opositora al golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya.
En rueda de prensa la mañana del jueves, el ministro de seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, dijo que la unidad de derechos humanos de la policía mantenía comunicación permanente con ella y explicó que si en el momento de ser asesinada no tenía protección, fue porque “la residencial donde perdió la vida no había sido reportada como su domicilio”.
El ministro también informó de la detención de un guardia de seguridad de la colonia en la que vivía.
El hermano de Berta Cáceres, Gustavo Cáceres, dijo en declaraciones a medios locales que la muerte podía haberse evitado. “La policía era responsable de darle seguridad a mi hermana aquí en la ciudad, ella no andaba escondida”.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que “no importa quién sea ni de quién se trata, caiga quien caiga, nadie está por encima de la ley. El mensaje del Estado de Honduras es contundente, esto no va a quedar impune”.
Más del 90 por ciento de los delitos en Honduras permanecen impunes, según datos facilitados al Congreso de la República por el anterior Fiscal General Luis Rubí.
La noticia ha causado impacto en Estados Unidos. El representante Eliot L. Engel, miembro de más alto rango del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, dijo: “El embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, ha ofrecido asistencia para la investigación, y exijo a las autoridades hondureñas que la acepten”.
Engel agregó que “tenemos que recordar que nuestra asistencia a Honduras no es un cheque en blanco” y que “no era un secreto que había recibido múltiples amenazas antes de su asesinato. El gobierno debe hacer un trabajo mejor en el futuro para garantizar que líderes como Berta tengan acceso a los mecanismos de protección del Estado que estén disponibles”.
La Coalición contra la Impunidad, que agrupa a varias organizaciones hondureñas defensoras de los derechos humanos, hizo público un comunicado en el que denuncia que “desde hace mucho, Berta Cáceres fue amenazada y perseguida por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de capital hondureño y chino”. Criticó también las declaraciones del Ministro Pacheco e insistió en que cuando un defensor de los derechos humanos goza de medidas cautelares internacionales para su protección, la responsabilidad de su muerte recae sobre el Estado.
El informe anual de Amnistía Internacional publicado en febrero denuncia que el gobierno de Honduras “no aplicó las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni investigó los diversos abusos cometidos durante los últimos años contra dirigentes de la comunidad indígena”.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial para los derechos indígenas de Naciones Unidas, que se reunió con Cáceres en noviembre, dijo que “es muy probable que su asesinato esté vinculado con su trabajo de protección de los derechos humanos y el territorio del pueblo lenca”.
Durante las protestas contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, y según Amnistía Internacional, Berta Cáceres fue hostigada por las autoridades hondureñas.
En mayo de 2013, fue detenida y acusada de portación de arma sin licencia. Ella argumentó que el arma había sido “plantada” por los militares que la detuvieron en un puesto de control. En julio del mismo año, el ejército mató durante una protesta a otro de los líderes del COPINH, Tomás García, e hirió de gravedad a su hijo. En agosto de 2013, fue denunciada junto a otros dos dirigentes, Tomás Gómez y Aureliano Molina, por usurpación, coerción y daños continuados contra la empresa que desarrollaba el proyecto de la presa.
Entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, la justicia hondureña dictó prisión para Cáceres. No llegó a ingresar en la cárcel pero tuvo prohibido salir del país y tenía que firmar cada semana en el juzgado.
Por aquel entonces, también la empresa privada hondureña cargó contra ella. Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dijo en una rueda de prensa el 29 de octubre de 2013 que los grupos liderados por Berta Cacéres estaban “boicoteando, invadiendo y poniendo a Honduras en mal a nivel internacional”. Agregó que era “triste” que Cáceres tuviera “protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional con fondos e impuestos de europeos y americanos”.
La Corporación Internacional de Finanzas, organismo crediticio del Banco Mundial para el sector privado, había aprobado una inversión para el proyecto de la presa de Agua Zarca. En diciembre de 2013 decidió suspenderla, según un informe del ombudsman de la institución.
Las protestas y con ellas las amenazas contra Cáceres habían comenzado con fuerza de nuevo. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos (DESA) había decidido seguir con el proyecto. El 20 de febrero más de 100 personas fueron detenidas en una manifestación contra la construcción de la presa.
Fue precisamente por esas actividades en defensa de los ríos del departamento de Intibucá y su oposición a la hidroeléctrica de Agua Zarca que Cáceres ganó en 2015 el Goldman Environmental Prize que reconoce el trabajo de activistas que defienden el medioambiente en todo el mundo. Al recogerlo, dijo:
“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta”.
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