CONFLICTOS TERRITORIALES
El abogado Hernán Mascietti denunció penalmente al juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por haber violado un proceso de mediación penal entre dos ganaderos y miembros de las 9 comunidades originarias que disputan 6033 hectáreas en la jurisdicción de Embarcación.
Fernando Mariscal Astigueta, juez de Tartagal denunciado por haber violado un proceso de mediación penal en una disputa por tierras.
También denunció a los ganaderos Huberto Bourlon de Rouvre y Julio Ortega Velarde, por la violación de este proceso de mediación. Según precisó el abogado en la denuncia presentada el martes último en la Comisaría 43 de Embarcación, el 30 de enero, mientras seguía la mediación en la Fiscalía Penal de Embarcación, Bourlon de Rouvre hizo instalar tres portones en el camino de uso común y le pusieron candado, cuyas llaves solo tienen él y Ortega Velarde, con lo que, de hecho, prohibieron el paso en vehículos de cuatro ruedas a los habitantes originarios.
El abogado reseñó que a eso de las 18 del 30 de enero se llevó a cabo “un operativo policial de custodia de la camioneta VW modelo Amarok, con un acoplado de cuatro ruedas que transportaba elementos de construcción y un portón de hierro que fue instalado en el territorio de la Comunidad”. Se trataba de dos portones que “fueron efectivamente instalados por personal civil al mando de Huberto Bourlón de Rouvre”.
Un oficio
Mascietti inquirió a los policías sobre el motivo del operativo y quién estaba a cargo, y se le informó que era “el comisario José Cruz,que existía un oficio que estaban cumpliendo por el expediente 76816/16”. Sin embargo no le exhibieron el escrito, a pesar de que lo solicitó. Y Cruz le dijo estar cumpliendo órdenes del juez Mariscal Astigueta.
Por esto, Mascietti consideró que el juez puede estar incurso en los delitos de “abuso de autoridad, prevaricato, violación de deberes de funcionario público y/o usurpación” por “ejecución de un convenio de mediación penal” y “ejecución de un convenio de terceros”. Sostuvo que el magistrado “habría dictado en el expediente una orden extralegal” de ejecución de un convenio de mediación penal y de ejecución de un convenio de terceros, “lo que significaría desconocer todas las reglas del derecho”.
En cuanto a los finqueros, consideró que pueden estar incursos en los delitos de “usurpación o usurpación por turbación de la posesión”, y pidió que el fiscal interviniente “investigue quién fue o dio la orden de instalar un portón y quién lo cerró con candado y quién tiene la llave”. Del operativo fueron testigos miembros de las comunidades, entre ellos el cacique Luis Situe, Diana Situe y Evelina Veliz, y los periodistas Franco Fortunato (Radio Mágica) y Claudio Rojas (Radio Panamericana).
En la mediación penal (expediente 175/2016) el 30 de noviembre de 2016 hubo un acuerdo parcial por el que cuatro comunidades aprobaron que se instalara un portón y se cerrara el acceso en vehículos de 4 ruedas a la Loma Azul, no para vehículos de dos ruedas. Pero, advirtió Mascietti, dado que se trata de una “propiedad indivisible como la comunitaria”, el acuerdo quedó trunco porque (aunque luego otra comunidad lo firmó), cuatro comunidades mantienen hasta hoy su negativa a firmarlo.
Fuente: Nuevo Diario
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