UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

15 de octubre de 2019

SALTA ORIGINARIA

"Encuentro de Pueblos Originarios, Juntos por Memoria, Identidad y Territorio” 




Durante los días 10 y 11 de octubre del corriente, en las instalaciones de la Universidad nacional de Salta, las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, reunidas en el “Encuentro de Pueblos Originarios, Juntos por Memoria, Identidad y Territorio”, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre como el ULTIMO DÍA DE LIBERTAD de los Pueblos Originarios en Amerika, haciendo ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios y colectivos, asumiendo la palabra y la vocería en primera persona a través de nuestras autoridades tradicionales, con el mandato de nuestras instituciones organizativas; visibilizamos frente a la sociedad nuestra realidad territorial, cultural y política como Pueblos Originarios preexistentes. Autoridades y miembros de Pueblos y cuerpo de C.P.I. consensuamos el desarrollo de acciones concretas en respuesta a los distintos conflictos territoriales que nos afectan, acordando un posicionamiento político que exija el pleno cumplimiento de nuestros derechos reconocidos, fruto de la lucha histórica de nuestros pueblos. 


Exigimos: 


• La DECISIÓN POLÍTICA DEL ESTADO para atender el reclamo de los Pueblos sobre la posesión ancestral, acelerando los procesos de ejecución y continuidad permanente de la Ley de Relevamiento Territorial, N° 26.160 y prórrogas correspondientes, que se encuentran hoy paralizados. 

• El DIÁLOGO directo entre el Estado y las Instituciones legítimas y representativas de los Pueblos Originarios, sin intermediarios y garantizando la participación plena y efectiva. 

• Una LEY NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN a los Pueblos Originarios, proceso fundamental para la puesta en práctica del dialogo Intercultural con el objetivo de resolver la conflictividad territorial en el marco de los Estados plurinacionales, respetando la diversidad cultural y el Derecho originario a decidir con autonomía y libre determinación sobre todo aquello que nos afecta, partiendo de la implementación del protocolo de consulta y participación elaborado y presentado por las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios en el año 2014 ante el Congreso de la Nación. 

• El urgente tratamiento del ante proyecto de la LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA elaborado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios y presentado en el Congreso de la Nación. 

• En materia de VIVIENDA Y HÁBITAT, respetar los sistemas propios de los Pueblos, teniendo en cuenta al sujeto de derecho y validando sus conocimientos y saberes sobre un hábitat sustentable. 

• La plena aplicación de la LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR, N° 27.118, con su presupuesto correspondiente y el establecimiento de políticas públicas específicas para el sector que garanticen el acceso a territorios sustentables y al Buen Vivir. 

• La urgente RESTITUCIÓN de los Niños de Llullaillaco por parte de la provincia de Salta, prohibiendo la exhibición de cuerpos humanos. 

• La inmediata REFORMA Y ACTUALIZACIÓN de la Ley N° 7.121 de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta y su correspondiente reglamentación. 

• Que la calidad de atención en materia de SALUD responda a nuestras necesidades como Pueblos y a las condiciones de vida en cada uno de los territorios. Por ello se exige al ejecutivo provincial la urgente reglamentación de la Ley Provincial N° 7.856. 

• El pleno cumplimiento de nuestro derecho a una EDUCACIÓN propia. Es evidente la necesidad de transformar la Legislación de Educación Intercultural y superar la figura del Auxiliar Bilingüe Intercultural, efectivizando la “pareja pedagógica” de forma tal que los docentes de Pueblos puedan definir la selección de contenidos para su enseñanza. Exigimos la presencia de docentes idóneos en las Escuelas de cada territorio originario. 

REPUDIAMOS y denunciamos los hechos de violencia contra nuestros Pueblos Originarios que se vienen generando en todo nuestro Abya Yala, en particular hoy en el Estado ecuatoriano, y llamamos a que se inicie un verdadero diálogo intercultural, atendiendo a las demandas de un Pueblo movilizado. 


Como Pueblos Naciones preexistentes valoramos y reconocemos el espacio de articulación que se ha consolidado durante el Encuentro entre las Instituciones de Nuestros Pueblos y la Universidad. 

Demandamos la continuidad de estas instancias de diálogo intercultural y la presencia de Instituciones y Organismos de aplicación del derecho indígena, tanto nacionales como provinciales. Les exigimos a los funcionarios de turno que se hagan cargo del rol asumido y trabajen realmente en políticas públicas para los Pueblos Originarios y sus comunidades. 

En el marco de la coyuntura electoral es necesario que los distintos frentes políticos asuman la agenda originaria y recepten nuestras propuestas de políticas públicas como mandato de cada uno de nuestros territorios. 

Saludamos a los cuatros vientos de cada uno de los territorios organizados, a sus autoridades y espacios comunitarios. 

Acá estuvimos, estamos y estaremos por siempre en nuestros Territorios, luchando por lo nuestro, como lo hicieran nuestros mayores. Honramos su memoria continuando el legado de Identidad, Autonomía y Territorio. 

¡EN DEFENSA DE LA VIDA, LA IDENTIDAD Y EL TERRITORIO! 


¡DEFENDER EL TERRITORIO NO ES TERRORISMO! 


¡LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA YA! 


¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN! 



Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta 
Red del Pueblo Atacama 
Qullamarka 
Consejo de Organizaciones Wichí zona Bermejo 
Consejo de Caciques Wichí de Metan – Anta 
Consejo de Caciques del Pueblo Weenhayek 
Organización del Pueblo Chorote – Tartagal 
CCOPISA – Organización de Pueblos Guaraní, Wichi, Chorote, Qom - Toba, Chulupí, y Tapiete 
Agrupación de Comunidades Indígenas del Departamento San Martin 
Honat Leles 
Pueblo Iogys 
Consejo del pueblo Tastil 
Pueblo Lules 
Federación Wichi Cuenca del Río Bermejo 
Y demás comunidades participantes,


Contacto Prensa: 387 5886761/387 4892412





5 de octubre de 2019

“Juntos por memoria, identidad y territorio”

Encuentro de pueblos originarios en Salta

Organizaciones indígenas se reunirán para debatir sobre territorio, salud, educación y patrimonio. Será el 10 y 11 de octubre en la Universidad Nacional de Salta.
Por Claudia Alvarez Ferreyra

Encuentro en la UNSa Imagen: UPND

El encuentro busca generar un espacio de debate, propuestas y consensos sobre las políticas específicas que necesitan los pueblos indígenas. Las actividades tendrán lugar por dos días en jornadas que se extenderán desde las 9 de la mañana hasta la tarde. Están destinadas a las organizaciones territoriales originarias y se abre a la participación intercultural para quienes quieran compartir espacios de construcción colectiva.

David Pastrana, delegado de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) contó a Salta/12 que este encuentro será continuidad de otros que se realizaron en la provincia y a nivel nacional. En 2017 se hizo el primero de forma ampliada que invitaba a toda la sociedad a participar en la sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Este año se concretará en Salta Capital. Hasta el momento confirmaron su presencia 15 organizaciones indígenas.

Pastrana dijo que en la provincia tienen un registro de 800 comunidades indígenas, con y sin personería jurídica. Desde el encuentro fomentan la participación de las organizaciones con mandatos en los territorios, como instituciones propias de los pueblos, y que desde sus propios procesos lleven la vocería. Pastrana enfatizó que quieren “fortalecer los procesos organizativos”.

Señaló que unidos deben forzar a que se cumplan sus derechos ya consagrados porque ni el Estado provincial ni el nacional los están garantizando. El delegado dijo que los pueblos originarios están requiriendo un cambio profundo y urgente en las políticas que se implementan. En Salta, Pastrana consideró que la mirada del gobierno sobre los y las indígenas se da "desde el asistencialismo, desde la necesidad, o como un problema. Nunca como sujetos de derechos. También le servimos para fines turísticos como folklore".
“Que nos dejen de avasallar”

"Es importante empezar a proyectarnos en nuestro territorio con identidad. Salir del estado de resistencia que tenemos hoy". Para lograr eso, dijo que es prioritario que se resuelvan las titularizaciones de las posesiones comunitarias y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) termine con los relevamientos territoriales.

Los avances y retrocesos que hubo en estos últimos años serán analizados en el encuentro. "Que no tengamos que estar todos los días peleando para sostener nuestra posesión en los territorios, que nos dejen de avasallar. Muchas veces no se entiende un desalojo porque dicen que no invaden nuestras casas, sino los bosques donde desmontan y plantan soja, pero para nosotros es un desalojo porque ya no queda donde ir a cazar, a recolectar frutos y hay que trasladarse a los conurbanos de las ciudades, (relegados a) la pobreza absoluta, a ser mano de obra barata o vivir del asistencialismo ", acotó Pastrana.

La Universidad ofreció el espacio y la comida para que se pueda realizar el encuentro. Pastrana dijo que están gestionando el hospedaje en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) para quienes se trasladan del interior. No hay apoyo económico del Ministerio de Asuntos Indígenas, es "un desgaste ir a pedir porque quieren capitalizar todo de forma política". "Nos faltan los traslados", contó el referente, aunque aclaró que es una autoconvocatoria y que el encuentro es autónomo. Las organizaciones originarias deben viajar desde diferentes puntos de la provincia como Aguaray, Tartagal, Embarcación, Orán, Pichanal, Iruya y Santa Victoria, "cada una está viendo cómo llegar".

En tiempos electorales, Pastrana dijo que van a invitar también a candidatos y candidatas: "Hoy no toman la cuestión política de los temas indígenas. Queremos hacerles ver que venimos trabajando en los territorios y que es necesario que haya políticas públicas. Forzar a hacerles hablar sobre qué van a hacer con los desalojos, con la ley de propiedad comunitaria indígena".

"Esperamos la participación de la sociedad, indígena o no, y que los candidatos se hagan presentes para dialogar las propuestas que tienen para nosotros si es que las tienen. En pos de la implementación de los derechos y el buen vivir".

La Justicia ratificó los derechos ancestrales de Los Chuschagasta

Viernes 04 de Octubre de 2019

Ismael Chocobar se funde en un abrazo con su familia tras conocer el fallo absolutorio del juez Mendilaharzu./Foto: Carolina Lescano. 

El juez Marcelo Mendilaharzu absolvió a los dos comuneros acusados de usurpar sus propias tierras. La denuncia la había interpuesto la madre del asesino de Javier Chocobar, dos años después de que su hijo matara al referente de la comunidad.


La comunidad indígena Los Chuschagasta vivió una nueva jornada histórica en Tribunales, luego de que el año pasado el Tribunal integrado Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, condenara al terrateniente Darío Luis Amín (22 años) y a los ex policías, Luis Humberto Gómez (18 años) y Eduardo José Valdivieso (10 años), del asesinato de Javier Chocobar.

Este viernes, el juez Correccional Nº 1, Marcelo Mendilaharzu, decidió absolver a Ismael Chocobar, sobrino del referente originario asesinado, y al ex cacique Demetrio Valderrama, de la denuncia interpuesta por Sofía Herrera, madre del asesino Darío Amín, por usurpar las tierras donde ellos mismos viven y que se encuentran dentro de los territorios que fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como patrimonio ancestral de los Chuschagasta. Los fundamentos del fallo se conocerán el 21 de octubre al mediodía.

La acusación, iniciada por Herrera en el 2011, sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda que colinda con el lugar donde habían colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas. En tanto que Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia. La demandante sostiene que los terrenos en donde está emplazada la casa le pertenecen a su familia desde 1959 y que ella los heredó. 

Más allá de la situación de los comuneros acusados, la comunidad entiende que el fallo de Mendilaharzu es una ratificación de los derechos sobre las tierras que ocupan desde el tiempo de sus ancestros y, en consecuencia, puede contribuir a poner punto final a una disputa de vieja data. “Esta sentencia favorable puede ser el impulso que necesitábamos para que el Estado avance en la titularización formal de nuestra propiedad colectiva”, expresó Ismael Chocobar, tras conocer su absolución.

“El fallo se tenía que resolver de esta manera, después de un proceso que ellos no pudieron sostener, porque estaba claro que era un ataque institucional hacia nuestra comunidad. Creemos que la nueva creación de una nueva sociedad más inclusiva y democrática no se puede hacer desconociendo los derechos indígenas y atacando al otro cultural, que somos nosotros los originarios”, subrayó.

El abogado de la comunidad, Dr. Carlos Garmendia, coincidió con la apreciación del originario y consideró que el fallo marca un antecedente importante para todas las comunidades, "ya que conjuga una nueva herramienta jurídica para luchar por sus derechos y quizás sentirse más protegidos".

Con esta nueva herramienta jurisprudencial, Los Chuschagasta esperan que el Estado “dé un salto de calidad en el derecho de los pueblos y empiece a trabajar para resolver estos conflictos, cuya salida no es otra que la ley de propiedad comunitaria indígena”, una herramienta creada a los fines de poner freno a los ataques físicos y judiciales que constantemente sufren los pueblos originarios, pero que lamentablemente nunca superó la instancia de anteproyecto. “Sin esta ley, el resguardo de los derechos comunitarios y de las personas que integran las comunidades va a ser imposible”, remarcó Chocobar.

Sobre la implicancia que la sentencia puede tener en materia normativa, Garmendia fue cauteloso y sugirió esperar a conocer los argumentos del fallo. Sin embargo, sostuvo que “es muy importante para la lucha de las comunidades originarias. Es una costumbre de los terratenientes denunciar por usurpación a quienes siempre han vivido en los territorios que quieren explotar, que son las comunidades originarias. Este fallo es un buen antecedente para poner freno a las pretensiones de los terratenientes”.

“Hoy la comunidad de Los Chuschagasta está muy fortalecida porque la justicia reconoció los derechos que tienen sobre sus territorios”, sentenció.




El crimen de Javier Chocobar aún sin sentencia firme

A casi un año de la condena de Amín, Gómez y Valdivieso Sassi, aún no quedó firme la sentencia debido a que se tramita un recurso de casación presentado por las defensas de los asesinos del comunero. Por este motivo, el Pueblo de la Nación Diaguita marchará el próximo 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), cuando se cumplan 13 años del asesinato de Javier Chocobar, para exigir celeridad en la resolución del tribunal de segunda instancia. “No tenemos dudas de que la condena va a quedar firme, pero queremos que no se dilate más”, expresaron.

Un fallo llevó alivio a la comunidad de los Chuschagasta


La Justicia absolvió a dos comuneros denunciados por usurpación. “Este juicio no se hizo contra dos individuos, es un ataque a toda la comunidad”, consideró Ismael Chocobar
 
Por Valeria Totongi


PRESENCIA. Unos 20 miembros de la comunidad viajaron desde El Chorro para presenciar el final del juicio.

Ismael Chocobar y Demetrio Valderrama regresaron al territorio de su comunidad, Los Chuschagasta, en el paraje El Chorro, absueltos del delito de usurpación. Los había acusado Sofía Herrera, madre de Darío Amín, preso por el crimen del dirigente comunitario Javier Chocobar, en 2009.

Valderrama era cacique en 2011, cuando Herrera inició la denuncia, y Chocobar, sobrino del dirigente asesinado, es el trabajador social de esa comunidad diaguita, que volvió a vivir en El Chorro después del asesinato.

La acusación sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda ubicada junto al lugar donde había colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas.

Herrera sostiene que los terrenos donde está emplazada la casa fueron adquiridos por su familia en un remate, en 1952, y que ella los heredó. Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia.

La casa del conflicto -según surgió en el juicio- fue construida por Fortunata Díaz, la abuela de Ismael. Así lo ratificó Néstor Chocobar, padre de Ismael, cuando declaró en el juicio, que comenzó el 9 de agosto y terminó ayer. Así, el fallo del juez Correccional Nº 1, Marcelo Mendilaharzu, ratifica, según considera la comunidad diaguita Los Chuschagasta, sus derechos sobre las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, entre las que se encuentran las bases territoriales de El Chorro, La Higuera y Ñorco.

Las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, que incluyen la cantera de laja y la casa que son parte del conflicto, son parte de una disputa que tuvo su pico el 12 de octubre de 2009, cuando Amín, acompañado por Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, llegó armado a la base territorial comunitaria de El Chorro. Ese día, Gomez sacó una pistola y se inició un tiroteo que terminó con la muerte de Chocobar y que causó graves heridas a Andrés y a Emilio Mamaní.


EMOCIONES. Chocobar recibió los saludos de sus familiares y amigos.

Pero el conflicto por esas tierras no comenzó ese día, sino que tiene más de 40 años, y así lo expresó Valderrama en sus últimas palabras, antes de escuchar el fallo.

“Desde el año 77 venimos con estos juicios (por la propiedad de las tierras). Primero fue mi padre y ahora yo, a mis 75 años, tengo que seguir con estas denuncias”, dijo el ex cacique de la comunidad. Para él, la defensa y la fiscalía habían pedido la absolución porque no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el hecho de la denuncia.

Chocobar se extendió más en sus últimas palabras, y se refirió al pedido que había hecho el fiscal Ernesto Salas, de que se lo condene a la devolución de la casa en conflicto. “No podría devolver algo que es de mi familia”, dijo.

También defendió la plena vigencia de las leyes que establecen derechos de las comunidades indígenas, como la ley 23.302, que crea del INAI, y la ley 26.160, que declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes”. La vigencia de esta última fue prorrogada hasta noviembre de 2021, por la ley 27.400.

Esa normativa “no es una ilusión, como dijo el fiscal”, argumentó Chocobar, antes de volver sobre dichos del fiscal Salas: “El fiscal se refirió al crimen de mi tío como ‘el incidente’ o el ‘hecho desafortunado’. No fue un incidente, fue un asesinato, y Salas lo nombra así solamente porque es la muerte de un Diaguita”, señaló.

Se dirigió también al abogado Juan Robles, representante de Herrera, quien en su alegato dijo que la familia Amín va a estar de nuevo en el territorio. “Ya hubo una muerte y a la comunidad le costó mucho salir del miedo que dejó ese crimen”, insistió.

26 de agosto de 2019

«VAMOS CON LA VERDAD»

Un juicio por usurpación a los habitantes de los Chuschagastas

POR EL COHETE A LA LUNA AGO 25, 2019 

La comunidad de Chuschagastas es parte del pueblo diaguita. Sus tierras están ubicadas en el valle de Choromono, del departamento tucumano de Trancas. El territorio está dividido en cuatro bases: el Ñorco, el Chorro, la Higuera y Chuscha donde viven unas cien familias. Desde 2007, una de esas cuatro bases, el Ñorco, es territorio de disputa con una familia terrateniente de apellido Amin por la explotación minera de una cantera de laja.

En 2009 cuando mediaba un amparo judicial de no innovar sobre las tierras, Dario Luis Amin con dos sicarios ex policías intentaron un violento desalojo en el que asesinaron al comunero de Chuschagastas, Javier Chocobar. En 2018, la justicia tucumana condenó a Amin y a los ex policías Luis Humberto Gomez y José Valdivieso Sassi a 22, 18 y 10 años de prisión, respectivamente. Mientras la condena que marcó un hito al establecer el derecho indígena sobre la propiedad aguarda la sentencia firma de la Corte tucumana, la comunidad volvió a ser blanco de una nueva embestida: los Amin ahora impulsan un juicio por usurpación contra el hijo de Chocobar para despojarlos del territorio.

Javier Chocobar.



«Mientras estamos a la espera de la sentencia firme, la misma familia nos acusa de haber usurpado el lugar donde se encuentra la casa perteneciente a la familia Ismael Chocobar, que fue de sus mayores, sus abuelos Amadeo Chocobar y Fortunata Díaz de Chocobar y que está dentro del territorio de la comunidad», explica Mariel Tejeira, vocera de la comunidad.

Ismael es uno de los referentes políticos de la comunidad. El juicio bajo la figura de usurpación en su contra, es impulsado por el propio autor del asesino de su tío, Dario Luis Amín, por su madre Maria Sofia Herrera de Amín y su hermano Santiago Amín.

«Históricamente el Estado y la Justicia han sido funcionales a las familias oligárquicas de usurpadores-terratenientes», señala la comunidad en un comunicado distribuido en su página de Facebook. Las persecuciones generan «las condiciones para que sigan violentándonos con persecuciones individuales hacia nuestras comuneras y comuneros, tal como se evidencia en el uso de la figura de usurpación, modus operandi de los terratenientes en connivencia con la justicia para el despojo territorial».

El juez Marcelo Mendilaharzu del Tribunal Penal en lo Correccional de Primera Nominación de San Miguel de Tucumán sigue las audiencias del juicio oral que comenzaron el 12 de agosto y se extenderán hasta el 18 de septiembre.

Durante las audiencias declaró Elena Perrilli Colombres de Garmendia, quien se presentó, recuerdan en la comunidad como especialista de indios. «En la sala, nos remontó la nefasta época de la colonia. Repudiamos su relato donde en todo momento se refirió a nosotros y nosotras como indios mientras resaltó las bondades de los españoles para con nosotros«.

La comunidad está ubicada a tres horas de la sede judicial con familias localizadas en una montaña a ocho kilómetros de la ruta más cercana. Los días de audiencia, salen a las cinco de la mañana para subir a un tractor comunitario en dirección a la ruta, donde esperan el colectivo de las seis de la mañana para llegar a las audiencias a las ocho y media. El recinto tiene sólo espacio para unas diez personas pero eso no les impone ningún límite. Toda la comunidad viaja hacia el edificio de tribunales para quedarse en la puerta de la sala sólo a acompañar a los que están adentro, una práctica aprendida durante el juicio del año pasado que resulta fundamental.

«Hasta ahora llevamos seis días de audiencias en las cuales se puede ver la inconsistencia de los planteos y de las pruebas de la familia Amin», dice la joven vocera. «Se ve que tienen que mentir pero tan mal que se van pisando unos con otros, ni siquiera se pusieron de acuerdo. Nosotros salimos fortalecidos del juicio del año pasado porque nos tuvimos que enfrentar con tres asesinos y ahora volvemos a enfrentarnos con la misma familia, pero seguros que vamos con la verdad».

Durante el episodio de 2009, uno de los agresores hizo un registro de los momentos previos al disparo mortal. Necesarios para inscribir este nuevo episodio.

Los instantes previos al asesinato de Javier Chocobar
https://www.youtube.com/watch?v=xZq_mzJSO5M


Los Amin reclaman la tierra sobre la cual dicen poseer derechos de propiedad sostenidos en papeles cuya veracidad nunca pudieron demostrar. No es la primera vez que inician un juicio. Y de hecho, los episodios de violencia de 2009 se desataron después de largos procesos judiciales que incluyeron un amparo cuando los Amin iniciaba un permiso de minería para explotar la cantera. Para resumir, dice Tejeira, «todo esto se remonta a la época del padre del asesino Amín que ya venía a hostigar a la comunidad diciendo que era el dueño y reclamando el pago de un derecho de pasaje. Nunca el Estado los reconoció como dueños, pero siempre impulsaron juicios de desalojo para sacar a las familias. Y no lo lograron porque los juicios siempre fueron ganados por la comunidad».

Según los integrantes de la comunidad, los Amin lograron correr los límites de su propiedad para extenderse sobre la cantera. Uno de los temas de disputa en la audiencia. El jueves 15 de agosto declaró Audolio Chocobar, hijo de Javier y primero de Ismael. Al ser consultado por el abogado de la comunidad sobre la ubicación de la cantera de lajas y la casa de Ismael, respondió qué tanto la casa habitada por Ismael Chocobar como la cantera de lajas se encuentran dentro del territorio de Los Chuschagasta y que ambos fueron relevados mediante la ley N° 26.160 en 2013. Datos que se encuentran en la carpeta del relevamiento territorial.

«Para ellos el valor de la tierra es económico, nosotros no queremos el territorio para hacer explotación de la laja porque no es un recurso económico sino el cimiento de nuestras casas», continúa Tejeira. «Sabemos que vamos con la verdad y estamos fortalecidos, pero también sabemos que mas allá del resultado, la lucha por el territorio que no está saldado porque no hay una Ley que respalde la propiedad comunitaria que es el sentido de nuestra lucha».