Por Ramiro Barreiro
En el país hay más de 1000 comunidades, de unos 30 pueblos. En un congreso reciente que se hizo en Buenos Aires pidieron políticas de Estado. Pelean por sus tierras, por dejar de ser invisibles y por el cuidado del medio ambiente.
El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) realizó un congreso al que asistieron referentes de los más de 30 pueblos que habitan la Argentina. Fue un espacio que sirvió para discutir políticas de estado con las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero también para exponer las problemáticas más urgentes.
Los conflictos territoriales son el denominador común pero también están los daños al ecosistema y sus consecuencias fatales en indígenas. Sin embargo, existe otro problema que expone el estigma más acuciante: la invisibilización. Numerosas comunidades no pueden conseguir la personería jurídica y muchos de sus integrantes no tienen documentos. Son argentinos que no pueden acreditar su identidad.
Pasaron cinco años desde que la Ley 26.160 declarase “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. No obstante, muchos municipios y gobiernos provinciales se niegan a otorgar personerías jurídicas y los cuatro años que la norma estableció como plazo fueron prorrogados por otra ley (la 26.554) hasta 2013.
La ley que no puede ser trampeada es la madre de las leyes. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece en su inciso 17 el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y su personería jurídica así como también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras en las que habitan. El Convenio 169 de la OIT coincide.
Sin embargo, y si de leyes se trata, la de Medios Audiovisuales aportó una pizca de justicia, luego de más de mil años de muerte e indiferencia con la autorización para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM, así como de señales de televisión abierta.
La importancia de la tierra la explica con un ejemplo Walter Barraza, del pueblo tonokoté e integrante de ENOTPO: “Yo tengo guita y me compro 5000 hectáreas para invertir. Hago una casa, pongo un capataz y peones que vayan produciendo. Lo tomo como un rubro para defender mi plata y capitalizarme. Pero para la cosmovisión indígena el territorio es todo. Nosotros somos territorio. Todo es Pacha. Todo es tierra. La base es que yo soy planeta. Tener el territorio es poder vivir en convivencia con todo eso. Es vivir en armonía.” En un paralelo antojadizo, para la cosmovisión capitalista “es como no tener acceso a las cosas básicas. Vivir excluido. No tener acceso a la educación, a la salud. También no poder comprarte un auto o irte de vacaciones”.
La causa indígena es la mejor variable para explicar la extranjerización de la tierra y la contaminación del medio ambiente. Lorenzo Nolasco, del pueblo wichi de Tartagal, Salta, contó a Tiempo que “en nuestra zona están unos franceses pero también hay suizos que se quedaron con 28 mil hectáreas, chilenos que obtuvieron 36 mil, y coreanos; todos siembran soja.”
Manrique Iván Burgos, cacique de la comunidad Algarrobal y referente de la comunidad Los Paillas (ambas diaguitas), recordó que el 17 de diciembre sufrieron el desalojo de nueve familias, 39 miembros de la comunidad. “Entraron con topadoras derrumbando las casas y los sembradíos”, se lamentó, y denunció que “los terratenientes no permiten que la gente asista a las asambleas y hay nuevas amenazas de desalojo”.
Desdicación Caucota, de la comunidad ocloya de Jujuy, manifestó que “la comunidad de Tiraxi sufre cerramientos con alambrados en sus tierras por terceros que se están asentando e invaden el espacio y en La Candelaria entran a hacer la extracción de madera pero es un robo que ya denunciamos a la Dirección de Bosques”.
“En la comunidad tenemos tres terratenientes”, manifestó Ramón Jérez, de la comunidad tilquiza del mismo pueblo de Jujuy. El primero de ellos es de capitales franceses, que realiza extracción de madera en tierras de la comunidad. Para ello, firmaron un contrato con un administrador argentino llamado Carlos Otonello. Luego de presentar dos medidas cautelares, soportar un desalojo y enfrentar a la policía en medio de un corte de ruta, lograron permanecer en el territorio.
A través del sitio web se promociona a todo brillo un complejo de cabañas ubicadas en “una Reserva Natural Privada”. Se trata del eufemismo que un hombre de apellido Baldone encontró para ofrecer alojamiento a turistas en un área que también pertenece a tilquiza. La comunidad hizo una medida cautelar y denuncia que el propietario de las cabañas la viola en forma continua con el amparo de las autoridades locales.
Sin embargo, el atropello más grave corre por parte de Enrique Bersini, un criador de ganado que alambró los caminos que los indígenas usan desde tiempos ancestrales. El enfrentamiento llegó hasta amenazas de muerte que Bersini hizo contra los líderes de la comunidad con armas de fuego de grueso calibre y ante una escribana. Incluso, repitió las amenazas frente a un oficial de la policía que atestiguó en su contra. Sin embargo, ni el gobierno local, ni funcionarios de vialidad, ni los organismos de Derechos Humanos ofrecieron alguna respuesta o ayuda a estas 35 familias que están perdiendo su espacio.
Lorenzo Nolasco continuó: “Ya estamos apretados y vivimos bajo amenazas de nuevos traslados pero estamos a sólo 40 kilómetros de la frontera con Bolivia. Hoy tenemos un pie en Bolivia y otro en Argentina y posiblemente tengamos que entregar nuestros documentos y hacernos bolivianos. Ahí no corren a nadie y hay mucho campo pero, ¿por qué nos tienen que correr si siempre fuimos los que estuvimos presentes?”
Flora Cruz, del pueblo Guaraní en Jujuy, remite a la historia. “Desde tiempos remotos nuestros mayores analfabetos no sabían lo que hacían y los contrataron para deforestación. Hicieron el desmonte para el cultivo de caña de azúcar a cambio de casas a la orilla de los pueblos. Por eso nuestra población vive en contextos urbanos y estamos pidiendo que se nos devuelva al menos una parte de la tierra. Ahora conseguimos solamente para once comunidades pero son sitios muy alejados adonde vivíamos y ahí no hay agua ni nada para sobrevivir.”
Las preguntas no encuentran respuesta alguna por parte de las autoridades. El pueblo wichi sufre por ello continuas muertes por la desnutrición, generada en la mayoría de los casos por la deshidratación y otras enfermedades. Acusan que los médicos se niegan a atenderlos y que su fuente de nutrición se ve coartada por la falta de tierras. Nolasco también afirmó que “vivimos bajo la lluvia de químicos que tiran los empresarios para curar las plantaciones. Pasan con las avionetas y nos riegan a nosotros”.
La contaminación también afecta al pueblo Atacama que habita en el segundo lugar más desértico del mundo, motivo por el cual su ecosistema es muy sensible. René Calpanchay contó que, por ese motivo, el agua escasea y la poca que hay “está contaminada con arsénico y boro”. Se trata de un territorio codiciado por las empresas mineras y que arrastra resabios del conflicto entre la Argentina y Chile de 1980. “Los preparativos tácticos militares dejaron zonas minadas y no hay tecnología para removerlas” –afirma Calpanchay– “un funcionario de Vialidad Nacional perdió una pierna en un accidente y nuestras comunidades atraviesan el peligro como así también la hacienda y nuestras queridas vicuñas”.
