UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

11 de marzo de 2016

Buenos Aires: Apareció muerto un referente de la comunidad senegalesa en Argentina

Massar Ba era uno de los referentes más conocidos de la comunidad senegalesa en Argentina. 

El martes murió en el hospital Ramos Mejia, en la ciudad de Buenos Aires. Unas horas antes, una ambulancia lo había recogido en México y San José, donde apareció tirado con múltiples golpes.

Massar fue uno de los primeros senegeleses que llegó a la Argentina en los 90. Participó de casi todas la organizaciones de senegaleses en el país. Ahora formaba de la agrupación Xangó. No era vendedor ambulante, pero fue uno de los primeros en salir a defenderlos: en la redes sociales se lo ve en varios videos, incluso haciéndole frente a la policía. Cuando algún senegalés llegaba al país, él era al primero que conocían. Él los ayuda a conseguir un lugar e integrarse.

En Buenos Aires no hay embajada de Senegal. Allá, los medios dicen: mataron al embajador. En Argentina todavía ningún medio se hizo eco de la noticia.

El 4 de febrero había sido desalojado por la policía. Era una casa colectiva y habían aumentado el alquiler al doble: de 14 mil a 30 mil pesos. Massar tuvo que batallar para que lo dejaran sacar sus cosas.

Sus amigos más cercanos, con los que estaba organizando un concierto de música africana, en las últimas dos semanas no supieron casi nada de él. “Hace quince días que queríamos encontrarnos con él y no podíamos. De algo se estaba escondiendo. No sabemos que dé”, dijo uno de ellos.


El domingo, uno de sus amigos lo llamó. Massar estaba mirando un partido de fútbol. Unas horas más tarde apareció tirado en la calle. Cuando falleció -un día y medio después de haber entrado al hospital- alguien revisó su billetera y llamó al primer número que encontró en una tarjeta. La noticia corrió por las redes sociales: Massar Ba estaba muerto.

La primera versión es que el lunes a las 4 AM lo recogió una ambulancia en México y San José. Tenía politraumatismos en la cabeza y la cadera, sobre todo en la parte del bajo vientre. En el hospital lo operaron dos veces. Murió en la segunda, por la cantidad de sangre que había perdido.

Hoy a las 11, varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes se harán presentes en la fiscalía 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Justo Rovira, quién encabeza la investigación.

Fuente: Cosecha Roja
Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

5 de marzo de 2016

Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista, asesinada en Honduras



Berta Cáceres, indígena lenca, obtuvo en 2015 el prestigioso Goldman Environmental Prize por su defensa del medioambiente en Intibucá, Honduras. CreditGoldman Environmental Prize

Berta Cáceres, de 44 años, una de las defensoras más reconocidas de los derechos humanos, los pueblos indígenas y el medioambiente y, al mismo tiempo, de las más amenazadas de Honduras, fue asesinada por hombres armados que entraron en su casa, en el departamento de Intibucá, al oeste de Tegucigalpa, la noche del miércoles.

Cáceres, indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso Goldman Environmental Prize, había denunciado en numerosas ocasiones que había sido amenazada y que temía por su vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección. En el momento de ser asesinada ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente.

Berta Cáceres fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH). Cáceres lideró la oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que afectaba varios ríos en el departamento de Intibucá. Fue también una conocida opositora al golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya.

En rueda de prensa la mañana del jueves, el ministro de seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, dijo que la unidad de derechos humanos de la policía mantenía comunicación permanente con ella y explicó que si en el momento de ser asesinada no tenía protección, fue porque “la residencial donde perdió la vida no había sido reportada como su domicilio”.

El ministro también informó de la detención de un guardia de seguridad de la colonia en la que vivía.

El hermano de Berta Cáceres, Gustavo Cáceres, dijo en declaraciones a medios locales que la muerte podía haberse evitado. “La policía era responsable de darle seguridad a mi hermana aquí en la ciudad, ella no andaba escondida”.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que “no importa quién sea ni de quién se trata, caiga quien caiga, nadie está por encima de la ley. El mensaje del Estado de Honduras es contundente, esto no va a quedar impune”.

Más del 90 por ciento de los delitos en Honduras permanecen impunes, según datos facilitados al Congreso de la República por el anterior Fiscal General Luis Rubí.

La noticia ha causado impacto en Estados Unidos. El representante Eliot L. Engel, miembro de más alto rango del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, dijo: “El embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, ha ofrecido asistencia para la investigación, y exijo a las autoridades hondureñas que la acepten”.

Engel agregó que “tenemos que recordar que nuestra asistencia a Honduras no es un cheque en blanco” y que “no era un secreto que había recibido múltiples amenazas antes de su asesinato. El gobierno debe hacer un trabajo mejor en el futuro para garantizar que líderes como Berta tengan acceso a los mecanismos de protección del Estado que estén disponibles”.

La Coalición contra la Impunidad, que agrupa a varias organizaciones hondureñas defensoras de los derechos humanos, hizo público un comunicado en el que denuncia que “desde hace mucho, Berta Cáceres fue amenazada y perseguida por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de capital hondureño y chino”. Criticó también las declaraciones del Ministro Pacheco e insistió en que cuando un defensor de los derechos humanos goza de medidas cautelares internacionales para su protección, la responsabilidad de su muerte recae sobre el Estado.

El informe anual de Amnistía Internacional publicado en febrero denuncia que el gobierno de Honduras “no aplicó las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni investigó los diversos abusos cometidos durante los últimos años contra dirigentes de la comunidad indígena”.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial para los derechos indígenas de Naciones Unidas, que se reunió con Cáceres en noviembre, dijo que “es muy probable que su asesinato esté vinculado con su trabajo de protección de los derechos humanos y el territorio del pueblo lenca”.

Durante las protestas contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, y según Amnistía Internacional, Berta Cáceres fue hostigada por las autoridades hondureñas.

En mayo de 2013, fue detenida y acusada de portación de arma sin licencia. Ella argumentó que el arma había sido “plantada” por los militares que la detuvieron en un puesto de control. En julio del mismo año, el ejército mató durante una protesta a otro de los líderes del COPINH, Tomás García, e hirió de gravedad a su hijo. En agosto de 2013, fue denunciada junto a otros dos dirigentes, Tomás Gómez y Aureliano Molina, por usurpación, coerción y daños continuados contra la empresa que desarrollaba el proyecto de la presa.

Entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, la justicia hondureña dictó prisión para Cáceres. No llegó a ingresar en la cárcel pero tuvo prohibido salir del país y tenía que firmar cada semana en el juzgado.

Por aquel entonces, también la empresa privada hondureña cargó contra ella. Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dijo en una rueda de prensa el 29 de octubre de 2013 que los grupos liderados por Berta Cacéres estaban “boicoteando, invadiendo y poniendo a Honduras en mal a nivel internacional”. Agregó que era “triste” que Cáceres tuviera “protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional con fondos e impuestos de europeos y americanos”.

La Corporación Internacional de Finanzas, organismo crediticio del Banco Mundial para el sector privado, había aprobado una inversión para el proyecto de la presa de Agua Zarca. En diciembre de 2013 decidió suspenderla, según un informe del ombudsman de la institución.

Las protestas y con ellas las amenazas contra Cáceres habían comenzado con fuerza de nuevo. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos (DESA) había decidido seguir con el proyecto. El 20 de febrero más de 100 personas fueron detenidas en una manifestación contra la construcción de la presa.

Fue precisamente por esas actividades en defensa de los ríos del departamento de Intibucá y su oposición a la hidroeléctrica de Agua Zarca que Cáceres ganó en 2015 el Goldman Environmental Prize que reconoce el trabajo de activistas que defienden el medioambiente en todo el mundo. Al recogerlo, dijo:

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta”.

4 de marzo de 2016

Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China

"Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río"

I
Berta Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo para ambientalistas. Su campaña logró que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico.

La ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada este jueves en la madrugada en La Esperanza, en el oeste del país.

Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen.

La madre de Cáceres reveló que la policía dice que se trató de un intento de robo."Pero todos sabemos que fue por su lucha", agregó en declaraciones recogidas por la agencia AFP.


En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.

Fue entonces cuando BBC Mundo la entrevistó y publicó el siguiente artículo.

Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.

Nada ha podido detener la lucha de una mujer hondureña.

La vivienda de Cáceres amaneció bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.

Una madre de cuatro hijos cuya campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió esta semana uno de los premios ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman.

Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.

Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no han cesado en el país centroamericano, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.

Asesinatos

El informe titulado "¿Cuántos más?" señala que en 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per capita de defensores del ambiente en todo el mundo.
Ceremonia para recordar a los tres líderes lenca asesinados durante la campaña contra la represa de Agua Zarca.

De las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado –el número real puede ser mayor– casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.

En el caso de Honduras, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. "Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en una región, Bajo Aguán", dijo Chris Moye, de Global Witness, a la BBC.

La ONG cuestiona que mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional.

Para Chris Moye, el caso de Berta Cáceres es representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.

¿Cuál es la historia de esta mujer cuyo pueblo se considera guardián de los ríos?

"Aprendí de mi madre"

Cáceres asegura que aprendió de su madre el sentido de la justicia.

Cáceres junto a su madre doña Berta, partera y enfermera que asisitió a refugiadas salvadoreñas. "Somos de una familia de muchas mujeres a las que le ha tocado luchar solas".

"Crecí en un hogar dirigido sólo por mi mamá y desde temprano ella trabajó en la defensa de los derechos humanos".

Su madre, doña Berta, fue partera, enfermera y alcaldesa y en la peor época de la represión de los 80 se dedicó atender la salud de refugiadas salvadoreñas.

"A mi madre le tocó vivir dictaduras, golpes de Estado, y hasta hoy en día me motiva para continuar con esta lucha".

La actitud frente a la vida de doña Berta marcó profundamente a su hija. De niña ayudó a su madre, participó luego activamente en organizaciones estudiantiles y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

"Pueblo milenario"

La defensa de la naturaleza es parte del ADN de Cáceres y está enraizada en su identidad lenca.
Río Gualcarque, sagrado para los lencas y vital para su supervivencia.

"Actualmente somos más de 400 mil lencas. Somos un pueblo milenario en Honduras y el oriente de El Salvador".

"Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos", dijo Cáceres a la BBC.

En la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas.

Una de las mayores luchas por esos ríos ha sido de Agua Zarca.

La represa de Agua Zarca

Fue en 2006 que la comunidad lenca de Río Blanco buscó la ayuda de la organización fundada por Cáceres.

"Comenzó a ingresar maquinaria pesada al lugar. Ahí se dieron cuenta que era un proyecto hidroeléctrico, nadie del gobierno les había comunicado nada".

Cáceres ha sufrido múltiples amenazas de muerte y secuestro. También demandas judiciales con "cargos fabricados", según Global Witness.

El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohydro.

La organización que concedió el premio a Cáceres señala que a partir del golpe de estado de 2009, Honduras vio un aumento explosivo de megaproyectos, especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras.

La represa de Agua Zarca "hubiera significado desplazamientos y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas. No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda", dijo Cáceres a la BBC.

En esos proyectos "el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas".

Bloqueo y "hostigamiento militar"

En más de 150 asambleas indígenas las comunidades lencas expresaron el rechazo a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque.

El proyecto hidroeléctrico negó, según Cáceres, el derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.


Amenazan con construir en otro punto, aguas arriba. Y también está Blue Energy, otro proyecto sobre el río Cangel, con capitales estadounidenses y canadiensesBerta Cáceres

Ante la falta de respuesta del gobierno, en 2010 Cáceres llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa, para exigir al Congreso el rechazo al proyecto hidroeléctrico.

"Pero otorgaron los ríos a empresas privadas por más de 30 años".

Finalmente, en 2013, el pueblo lenca comenzó una toma indefinida de carreteras para impedir la entrada de maquinaria.

El bloqueo duró más de un año y fue según Cáceres uno de los períodos más difíciles.

"Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados, sicarios. Incluso la policía hizo acciones en que apuntó los cañones de sus fusiles a las cabezas de niños y niñas y ancianos de Río Blanco".

Tres líderes lenca fueron asesinados durante la campaña de Agua Zarca, según Global Witness.

Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó durante el bloqueo fue detenido por unos días y luego puesto en libertad.

El retiro del gigante chino

A finales de 2013, Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria.

La Corporación Financiera Internacional retiró posteriormente su financiación citando inquietudes sobre violaciones de los derechos humanos.

Y organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra instan ahora a otra empresa, la alemana Voith Hydro, a que abandone su respaldo al proyecto.

Derechos humanos

El proyecto de Agua Zarca está detenido por el momento.

"Pero amenazan con construir en otro punto, aguas arriba. Y también está Blue Energy, otro proyecto sobre el río Cangel, con capitales estadounidenses y canadienses", por el que Cáceres asegura haber recibido múltiples amenazas.

El proyecto negó, según Cáceres, el derecho de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.

"Sabemos que es muy duro y que es una situación que se va a agravar".

Luego de una visita a la región en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció "reportes que apuntan a una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos (…) a pesar de patrones de violencia identificados por organizaciones campesinas en relación a la posible participación del Estado en los presuntos incidentes".

El país fue retirado de la lista negra de la Comisión, algo que según la misma sólo implica un sistema de monitoreo distinto.

El gobierno hondureño recogió la medida el 27 de enero de 2015 con una declaración en el sitio presidencial: "Por primera vez, después de cinco años, un gobierno logra que Honduras sea excluida de la Lista Negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que demuestra el firme compromiso del presidente Juan Orlando Hernández en garantizar que se respeten los derechos humanos de los hondureños".

"Me lo dijo el río"

Dos de los hijos de Cáceres ya abandonaron Honduras por temores de seguridad.

"Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río".

"Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino con otras organizaciones con la esperanza de cambiar la situación en nuestro país", dijo Cáceres a la BBC.

"No nos queda otro camino más que luchar".


Fuente: Alejandra Martins - BBC Mundo

2 de marzo de 2016

PROCURACIÓN GENERAL - La Veloz del Norte: dictaminaron considerar como delitos de lesa humanidad al resto de los hechos por los que está acusado el empresario Levín

Lo dispuso el procurador fiscal ante la Corte Eduardo Casal


Se trata de otros 14 casos además del que es juzgado el empresario del transporte ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, en el marco del primer proceso de la jurisdicción por complicidad civil con la última dictadura. El procurador Casal indicó que las víctimas no sólo fueron detenidas y torturadas por su presunta responsabilidad en un fraude, sino también por su conocimiento de la actividad gremial que desempeñaban, en el contexto de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” dirigido por el propio Estado.

El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, dictaminó que correspondía considerar como crímenes de lesa humanidad la aplicación de tormentos en sede policial a varios empleados de la empresa “La Veloz del Norte”, entre diciembre de 1976 y enero de 1977, en el marco de la causa penal iniciada a raíz de la denuncia del propietario de la empresa, Marcos Jacobo Levín, referida a una presunta defraudación cometida por los detenidos; para apropiarse de dinero proveniente de la venta de pasajes.

El dictamen se envió hacia la Corte ayer, misma fecha en que los fiscales generales de Salta, Francisco Snopek y Carlos Amad, reclamaron la pena de 18 años de prisión para el empresario Levín, a quien acusaron como instigador de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada y de tormentos agravados en perjuicio del ex chofer y delegado gremial de la firma Víctor Manuel Cobos.

De esta manera, Casal precisó que a ese caso también deberían sumarse los tormentos infligidos a otros 14 trabajadores de la empresa, revocando la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había resuelto que no se trataban de delitos de lesa humanidad, “en tanto no habrían integrado el ataque generalizado y sistemático contra parte de la población civil que las fuerzas de seguridad estaban ejecutando por entonces, sino que se habrían cometido en el marco de la investigación de delitos comunes”.

El procurador fiscal especificó que, a diferencia de lo considerado por la mayoría del máximo tribunal penal, “de la prueba aludida, […] derivan indicios de que las víctimas no sólo fueron detenidas y torturadas por su presunta responsabilidad en la defraudación denunciada, sino también por su conocimiento de la actividad gremial referida al trabajo que desempeñaban, o bien por sus vínculos con el respectivo sindicato”.

Por lo tanto, agregó, Casación “no podía, sin incurrir en arbitrariedad, resolver que sólo la investigación del caso de Cobos debía seguir tramitando en el fuero federal, ante la posibilidad de que los tormentos sufridos por las otras víctimas también hubieran estado dirigidos a la obtención de información relevante para los objetivos del plan de represión ilegal elaborado por la junta de gobierno. O por lo menos no podía hacerlo sin fundamentar por qué la prueba citada por el recurrente y valorada en el voto en disidencia, [de la juez Ana María Figueroa], debe considerarse totalmente refutada por la otra colectada en la causa, a punto tal de poder asegurar, a pesar del incipiente estado de la investigación, que la hipótesis de la acusación debe ser desechada sin más”.

En ese voto, Figueroa había expresado que “(i) todos los detenidos, al ser interrogados bajo tortura en sede policial, fueron preguntados por la identidad de quienes asistían a las reuniones gremiales y su pertenencia a la agrupación ‘Montoneros’; (ii) según la prueba reunida hasta el momento, los imputados se habrían referido a los damnificados con diversos apelativos que los identificaban con el sindicato (‘ahí están los sindicalistas fuleros de Tucumán’; ‘ahí están los picaritos sindicalistas de Tucumán’; ‘ahí vienen los sindicalistas tucumanos gatos’); (iii) uno de los imputados, José Antonio Grueso, habría confeccionado una lista de personas que la policía debía trasladar desde Tucumán a Salta para torturarlas, y entre ellas se encontraban los nombres de los damnificados, pues habrían tenido buenas relaciones con el gremio”.

Esos argumentos fueron luego desarrollados en el recurso federal interpuesto contra la sentencia de Casación, donde además se reiteró que “ni la calidad de sindicalista de la víctima, ni la finalidad del agente de lograr su exclusión de una empresa, como habría ocurrido en el caso de Cobos, son elementos típicos del delito previsto en el artículo 7.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, por lo que no pueden justificar la decisión cuestionada, la que resulta entonces arbitraria”.

Elementos típicos de los delitos de lesa humanidad

Asimismo, Casal destacó que el argumento de la mayoría de la Sala III de Casación, que entendió que los tormentos sufridos por los otros 14 trabajadores no constituyeron crímenes de lesa humanidad, “desconoce doctrina reciente acerca del criterio decisivo para establecer el vínculo o nexo entre el delito individual y el ataque generalizado o sistemático que determinaría su calificación como delito de lesa humanidad, que llevaría a la adopción de una decisión contraria”.

En efecto, detalló, “en la misma línea de los fundamentos brindados por esta Procuración General en el dictamen del caso ‘Derecho’ […], se ha explicado, en primer lugar, que la razón por la cual se considera a los delitos de lesa humanidad como crímenes internacionales no es sólo su extrema gravedad, sino también la intervención en ellos de las autoridades estatales o su incapacidad para reprimirlos. Por eso, según la misma opinión, esos delitos son concebidos como violaciones sumamente graves de los derechos humanos cometidas por el Estado, o bien por organizaciones no estatales que suelen contar con su aquiescencia o su imposibilidad de detenerlas”.

Luego, el representante de la Procuración General indicó que el llamado “elemento de contexto”, es decir, “el ataque generalizado o sistemático contra la población civil al que debe vincularse el delito de lesa humanidad, es lo que lo distingue de la misma conducta cometida de forma aislada o aleatoria, porque aumenta su peligrosidad”. Y puso como ejemplo que “la tortura cometida como parte de un ataque de tales características es más grave que aquella cometida de forma aislada o aleatoria porque sus responsables están normalmente fuera del alcance de la justicia penal, lo que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas”.

Y citando doctrina internacional específica en la materia, el procurador fiscal puso de relieve que “el riesgo específico para la víctima de una agresión puede aumentar debido a que ella no tiene la posibilidad de pedir ayuda a la policía, justamente porque el acto criminal es parte de un ataque más amplio dirigido por el Estado [state-directed allack]. Si la víctima es asesinada en el curso de esa agresión, el asesinato es parte del ataque. Por el contrario, una persona asesinada en el curso de un robo ordinario no sería víctima de un delito de lesa humanidad si la policía hubiera tenido la voluntad de protegerla”.

Por lo tanto, señaló, “un test adecuado para determinar si un cierto acto fue parte de un ataque es analizar si habría sido menos peligroso para la víctima en caso que ese ataque y la política en la que se basó no hubieran existido”. Así, Casal resaltó que este criterio “brinda amparo a las víctimas de delitos gravísimos cometidos en contextos donde ellas fueron dejadas a merced de sus victimarios por parte del Estado, el cual, como habría ocurrido en el caso […], por lo menos omitió observar su más elemental obligación para con sus ciudadanos, es decir, la de protegerlos contra agresiones a su libertad y su integridad física”.

Una provincia argentina en el ranking mundial de desmontes

En las últimas décadas allí se perdieron 4 millones de hectáreas de bosques nativos, a tasas superiores a las del resto del planeta. Un informe de la FAUBA pide aumentar los esfuerzos en la aplicación de la Ley de Bosques.
A partir de la sanción de la Ley Provincial de Bosques, se redujeron la superficie y las tasas de deforestación en Santiago del Estero. Sin embargo, se permitió desmontar en zonas de categoría II (amarillo) que la legislación nacional no admite.
POR: JUAN MANUEL REPETTO 
(SLT-FAUBA) La expansión de la frontera agrícola aceleró la deforestación en la ecorregión del Chaco semiárido, que representa la segunda cobertura boscosa más grande y continua de Sudamérica después del Amazonas, hasta alcanzar un record poco feliz: la mayor tasa de desaparición de bosques nativos de todo el mundo. En este contexto, un estudio elaborado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierte sobre los desmontes y la aplicación de la Ley de Bosques en Santiago del Estero, la provincia argentina con mayor superficie perteneciente al Chaco semiárido y una de las más perjudicadas por este proceso.

“Durante el período 2000-2012 la tasa de transformación relativa de bosques nativos por cultivos de grano en Santiago del Estero fue mayor a la producida en la ecorregión entera, en Sudamérica e incluso en el mundo. Esto implica que si la dinámica de la deforestación en el mundo se comportara como en Santiago del Estero, la tasa de deforestación sería entre 12 y 17 veces más alta”, advierte el informe elaborado por Gonzalo Camba, técnico del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la FAUBA, quién investigó el caso en su tesis para recibirse de Licenciado en Ciencias Ambientales.
La conversión de superficies de cobertura original del suelo (bosques y pastizales) en áreas de cultivos agrícolas y pasturas, principalmente soja, disminuyó la provisión de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, el secuestro de carbono y la conservación de la biodiversidad.

En total, se calcula que en Santiago del Estero se desmontaron 4 millones de hectáreas entre 1976 y 2012. La tendencia se aceleró en la última década, puesto que el 50% de esa superficie (2 millones de hectáreas) se desmontó entre 2000 y 2012.

“La importante proporción de territorio que representa Santiago del Estero dentro del Chaco semiárido, sus características socioeconómicas, los conflictos territoriales existentes y las particularidades de su legislación en lo que refiere a la conservación de sus bosques, hacen necesario un análisis exhaustivo de los procesos de deforestación y su relación con la Ley de bosques, particularmente sobre su cumplimiento”, detalla el trabajo de la FAUBA, dirigido por el investigador José Paruelo en base a sistemas de información geográfica (SIG).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Sudamérica se perdieron unas 40 millones de hectáreas de bosques nativos durante la primera década del siglo XXI. Los cambios en la región ocurrieron principalmente sobre El Cerrado (Brasil), la selva de Chiquitanos (Bolivia) y el Gran Chaco Americano (que comparten Argentina, Bolivia y Paraguay) y fueron equivalentes al 76% de los desmontes que se produjeron en todo el planeta.

Lo cierto es que hacia 2012 cerca del 20% de la superficie del Gran Chaco Americano se transformó para dar lugar a la agricultura. Según el estudio de Camba, cuyo grupo de estudio de la FAUBA viene trabajando desde hace años en la temática, de aquí en adelante se espera que este proceso se intensifique, poniendo en jaque la estabilidad de los ecosistemas y afectando la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales la sociedad obtiene beneficios clave para su bienestar.

Se estima que con tasas similares a las actuales, tomará entre 30 y 100 años para que se invierta el paisaje. O sea, que los cultivos reemplacen por completo las coberturas naturales, compuesta por bosques y pastizales. Por esta razón, desde la FAUBA piden aumentar los esfuerzos en la aplicación de la Ley de Bosques.

Ordenamiento desordenado
El análisis de la información satelital estableció que entre 2000 y 2012, en Santiago del Estero se desmontaron aproximadamente 2 millones de hectáreas.

En 2007 se sancionó la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (Ley Nacional N° 26.331), a partir de cual le tocaba a cada provincia elaborar su propio ordenamiento territorial, caracterizando sus bosques nativos en zonas de alto, mediano y bajo valor de conservación.

Según los investigadores de la FAUBA, la categorización de bosques elaborada por las provincias del noroeste argentino habría resultado inconsistente, debido a que la información ambiental utilizada fue pobre y escasa. Además, las provincias del NOA interpretaron de forma diferente los criterios de sustentabilidad y zonificaron sus bosques de manera dispar. Por ejemplo, se asignaron categorías distintas a bosques a ambos lados de los límites provinciales, teniendo en cuenta sólo los aspectos políticos y no los ambientales o ecológicos.

Santiago del Estero reglamentó su Ley provincial de bosques en 2008, dividiendo a la provincia en 11 zonas en función de su potencial productivo y de conservación, y determinando las tres categorías de bosques. Al respecto, el informe de la FAUBA sostiene que tampoco en esta normativa existió un criterio de sustentabilidad.

El estudio de la FAUBA reconoce que a partir de la sanción de la Ley Provincial de Bosques, en 2009, se redujeron la superficie y las tasas de deforestación anuales en Santiago del Estero. Sin embargo, asegura que la efectividad de la legislación fue parcial porque se presentaron fuertes irregularidades en la determinación de las zonas de conservación, sobre las cuales no se permite desmontar. En concreto, se permitió deforestar en zonas de categoría II (amarillo) que la legislación nacional no admite.


Consecuencias negativas
La importante proporción de territorio que representa Santiago del Estero dentro del Chaco semiárido, sus características socioeconómicas, los conflictos territoriales existentes y las particularidades de su legislación en lo que refiere a la conservación de sus bosques, hacen necesario un análisis exhaustivo de los procesos de deforestación y su relación con la Ley de Bosques, particularmente sobre su cumplimiento.

La conversión de superficies de cobertura original del suelo (bosques y pastizales) en áreas de cultivos agrícolas y pasturas, principalmente soja, incrementó la producción de servicios ecosistémicos finales (como granos y carne), pero al mismo tiempo disminuyó la provisión de otros servicios como la regulación hídrica, el secuestro de carbono y la conservación de la biodiversidad.

“Cuando la superficie boscosa fue reemplazada por cultivos se evidenciaron cambios en la dinámica de las ganancias de Carbono, provocando una pérdida de capacidad buffer (amortiguación) ante cambios ambientales y un aumento en las emisiones de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. No es un dato menor, puesto que el desmonte sobre bosques chaqueños generó el 75% de las emisiones de Carbono del norte argentino (las Yungas y los bosques del Atlántico representaron el 25% restante).

Asimismo, la disminución en las tasas de evapotranspiración generadas por la conversión de bosques en cultivos anuales incrementó significativamente el drenaje profundo de los suelos provocando una mayor recarga en los acuíferos subterráneos que aumenta el riesgo de salinización superficial (afectando la fertilidad de los suelos y la calidad del agua).

El reemplazo de bosques en la ecorregión también provocó una disminución del contenido de materia orgánica, debido a las diferencias en la cantidad de residuos que se depositan sobre el suelo de un bosque y un cultivo, y desencadenó un proceso de compactación. Además, la pérdida del hábitat impulsada por los cambios en el uso del suelo tiene consecuencias sobre la biodiversidad.