Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013.
Desde el ENOTPO, espacio de articulación política que nuclea a más de 45 organizaciones territoriales de más de 26 Pueblos Originarios, con presencia en 20 provincias en Argentina y la COMISIÓN POLÍTICA de la MESA NACIONAL del CONSEJO de PARTICIPACIÓN INDÍGENA, Delegados designados por los Pueblos y Naciones Originarias en asambleas comunitarias ante el Estado Nacional, manifestamos.
Saludamos la aprobación de la prórroga de la LEY DE EMERGENCIA Y RELEVAMIENTO TERRITORIAL pues es una herramienta indispensable para ejercer nuestro derecho y debe ser una política pública permanente, manifestamos asimismo que la emergencia territorial es necesaria pues persisten estructuras represivas que no van a asumir pasivamente el cambio democrático. Este proceso deberá complementarse con instrumentos legales fundamentales que garanticen la aplicación plena y efectiva del Derecho Indígena a la posesión y Propiedad Comunitaria de los territorios.
Los Pueblos Originarios hemos asumido el compromiso histórico de no dejar nunca mas en manos ajenas las definiciones y decisiones sobre nuestros pueblos y territorios, por lo tanto es imprescindible nuestra efectiva participación en la aplicación del derecho indígena, por lo cual es necesario para garantizar una plena aplicación de la ley de relevamiento territorial la efectiva participación de nuestros Pueblos, a través de sus propias organizaciones territoriales y del cuerpo CPI (Consejo de Participación Indígena).
El Poder Judicial debe aplicar la ley en los términos en que esta es sancionada, en el marco de un entendimiento constitucional y amplio de los derechos que les son reconocidos a los Pueblos Originarios. Hasta la fecha hemos visto mas avances en la aplicación del derecho indígena gracias a la lucha y movilización territorial de los Pueblos Originarios, que por las decisiones judiciales. Salvo raras y valiosas excepciones, nuestra experiencia nos muestra que los jueces desconocen el derecho indígena, por simple ignorancia o por torva decisión. La justicia debe respetar una ley nacional de orden público, hasta ahora en la mayoría de los casos, somos los Pueblos quienes con nuestra sangre y con nuestras luchas los que resistimos los desalojos y los embates sobre nuestras vidas y territorios. La reforma judicial debe profundizarse para poder contar con un Poder Judicial democrático que respete la ley y no opere en resguardo de los intereses de los poderosos.
El Código Civil de Vélez Sarsfield sirvió como una sofisticada y fina herramienta de negación de la diversidad cultural, y de apropiación “legal” de nuestros territorios, de materialización simbólica del triunfo de un Sistema Opresor de Ideas centrados en el Individuo y la Propiedad Privada por encima de nuestra preexistencia como Pueblos Originarios. Es necesario contar con un Código Civil que responda a la construcción política del estado intercultural que ya ha sido receptada en nuestra constitución y que debe desplegarse en todos los ámbitos de lo público.
La posibilidad de contar con el relevamiento, el poder ejercer nuestros derechos sobre un territorio determinado, hace viable la aplicación de otras herramientas normativas, que como la ley de bosques, han comenzado a reflejar en sus disposiciones el marco de reconocimiento a la preexistencia de nuestros pueblos y el respeto a nuestra autonomía.
La deuda histórica del Estado para con los Pueblos Originarios es muy grande y las tensiones crecen rápidamente. En nuestros territorios sufrimos todos los días en carne propia los conflictos que surgen de las indefiniciones políticas. Por lo tanto, en esta coyuntura, es necesario avanzar con celeridad en la elaboración de legislación y normativas orientadas a profundizar el desafío de saldar y reparar esta herida histórica.
Hoy, los Pueblos Originarios, unidos y organizados en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, y la Comisión Política del Consejo de Participación Indígena, entendemos que es tiempo de afianzar los procesos colectivos, de organización, identidad y unidad, y avanzar juntos hacia un Estado que recupera soberanía y se reconstruye desde su Plurinacionalidad.
¡DEFENDER EL TERRITORIO ES DEFENDER LA VIDA!
* COMISIÓN POLÍTICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA
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