SALTA
Jue, 09/10/2014 - 23:43
Frente a los dictámenes que surgieron de la Secretaría de Recursos Hídricos de cortar caudales de riego en la zona que reclaman como territorio, desde la comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas, en Cachi, se alertó la intención de dejarlos sin agua. Entendieron esta situación como un accionar "cómplice" entre la entidad provincial y Carlos Robles, el titular registral de las tierras con quien los originarios se encuentran en conflicto por el territorio. Desde la entidad oficial, en tanto, se aseguró que "no hay resolución" que ordene ningún corte de los caudales, aunque se reconoció que se había sugerido el corte ante el pedido de Robles.
"No sabíamos del conflicto", dijo el responsable del Programa Demanda de Irrigación, Atenor Alfredo Sulekic, quien había sugerido al presidente del Consorcio Río Cachi Adentro, el 29 de setiembre pasado, la suspensión de los caudales de agua para riego solicitado por Robles para la zona que sostiene, es de su propiedad. Esa fue la aclaración del funcionario ante la acusación de la comunidad de que lo suyo se había expresado en una "orden".
Al hablar con Nuevo Diario, Sulekic indicó que los propietarios son los concesionarios registrados para riego y según la Dirección de Inmuebles, Robles es el titular registral. "Él cursa nota de que no va a utilizar los caudales y solicita al consorcio de usuarios el cierre de las compuertas de acceso de los caudales a la propiedad", contó el funcionario al referirse al procedimiento. Indicó que ante ello, se emitió un dictamen desde el área legal a cargo de Rafael Ángel Figueroa, y luego al presidente del consorcio "sugiriendo que se corten los caudales". Pero aseguró que no existe resolución en ese sentido y que hasta ahora "no se han cortado".
Sostuvo que ya se interpuso una nota de la comunidad para que los caudales sigan bajando a su territorio, dado que es el agua que utilizan para sus cultivos. Ante ello, se frenó cualquier resolución y dijo que de ahora en más "la idea es mediar" entre las partes. Por otro lado, aseguró que la problemática por el agua en tierras con conflictos, es un problema recurrente.
Las intimidaciones
Esta no es la primera acción que toma Robles. El conflicto ya está judicializado y pese a una orden de sacar un portón que dispuso en las tierras, ésta aún no se cumplió.
La comunidad denunció que se realizan permanentemente "actos de intimidación, amenazas, y ataques a los comuneros, con varios intentos de usurpación en territorio comunitario". Indicaron que el empresario "pretende usar a los fiscales para que éste ordene a las fuerzas policiales realizar acciones intimidatorias a los comuneros", y de hecho el fiscal penal N° 10, Ramos Osorio, ordenó "de forma verbal el cese de toda actividad en territorio comunitario, de lo contrario procedería a la detención de los hermanos, violando derechos constitucionales". Ante ello se hicieron las denuncias pero se sigue a la espera de una respuesta.
Mientras, recordaron que no se cumplió aún la orden judicial de sacar un portón que se instaló en el territorio, que quedó en firme el 12 de junio pasado.
Fuente: NUEVO DIARIO
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