Organizaciones argentinas elevarán un informe ante la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación de ONU, ya que Argentina está en el tercer lugar de países con mayor uso de agrotóxicos, y en el primero en relación a los litros aplicados por habitante.
El próximo 2 de diciembre de 2016 se presentará ante la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe argentino sobre las graves falencias en las autorizaciones para los registros de agrotóxicos, resaltando la desidia del organismo de Control (SENASA) en la revisión de los registros ante evidencias inobjetables sobre los riesgos que aquellos representan para la salud humana, como son los casos del Glifosato, Diazinón, Malatión y 2,4-d (declarados por el IARC como agentes probables y posibles cancerigenos).
Las organizaciones Naturaleza de Derechos y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados elevarán el informe argentino ante la Relatoría para que la situación nacional esté presente en su análisis y evaluación, ya que Argentina se encuentra en el tercer lugar de países con mayor uso de agrotóxicos, detrás de Estados Unidos y Brasil, aunque encabeza la tabla en relación a los litros aplicados por habitantes. El informe se encuentra en su etapa final de elaboración y será acompañado por decenas de organizaciones y asambleas del país.
También se denunciará que la casi totalidad de las hortalizas y frutas que consumen millones de Argentinos, son expuestas a un número indeterminado de agrotóxicos, muchos de lo cuales han sido prohibidos como domisanitarios, a nivel local y/o en otros países. Con ello se adjuntaran investigaciones y estudios realizados por investigadores inorgánicos del INTA, la ONG Bios de Mar del Plata y otros entes de contralor provinciales, sobre muestras de hortalizas y frutas que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en valores significativos (trabajos que fueron difundidos por algunos medios de comunicación, pero que sin embargo las autoridades no expresaron respuesta).
El informe técnico obedece a una requisitoria de la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación que en su próximo informe anual en el 34º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo centrará sobre las consecuencias para los derechos humanos del uso generalizados de plaguicidas peligrosos en los derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación.
Por invitación del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación el informe será redactado conjuntamente con el Relator Especial sobre Derechos Humanos y sustancias y desechos peligrosos de la ONU. Para ello, los Relatores Especiales han solicitado contribuciones para ayudar a determinar en qué medida el derecho a la alimentación informa a las políticas gubernamentales sobre el uso de plaguicidas.
El informe Argentino también da cuenta del aumento exponencial del uso de agrotóxicos en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos, la omisión deliberada de los Ministerios de Salud (Nacional y provincial) en la realización de políticas que atiendan la problemática. Asimismo se denuncia la complicidad del poder político o bien con no tratamiento de soluciones legislativas concretas o bien legislando normas burdas de flexibilización en el uso de agrotóxicos, y los casos de puertas giratoria/tranqueras abiertas.
Por último, y siendo que es una solicitud concreta y específica de las Relatorías, se detallan en la presentación los 18 casos judiciales donde los poderes judiciales de distintas provincias han dado respuestas efectivas y oportunas a los reclamos de los vecinos y asambleas contra el agronegocio, desde la perspectiva de la precaución, no regresión ambiental y la penal.
Fuente: El Federal
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