Bogotá D.C., mayo 17 de 2017
Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Ciudad
Ref. Carta abierta de las Organizaciones Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), por declaraciones recientes sobre la reglamentación de la Consulta Previa.
Señor Presidente, reciba un cordial saludo de las Organizaciones Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
Tal y como se ha expresado en diferentes pronunciamientos emitidos por los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la MPC, rechazamos, una vez más, la campaña de desprestigio ejercida por parte del Gobierno colombiano y su institucionalidad al Derecho Fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Libre e Informado.
Vimos con decepción que en diferentes medios de comunicación del país se publicaron declaraciones realizadas por usted el pasado viernes 12 de mayo, durante el Congreso Nacional de Minería en la ciudad de Cartagena, en las que públicamente se refirió a nuestro derecho fundamental como un “dolor de cabeza” y un “problema” para el desarrollo del país, lo cual, sólo muestra el enorme desconocimiento que usted y otros funcionarios del Gobierno Nacional tienen en relación con la Consulta Previa; también consideramos que es una falta de respeto a nuestros derechos y dignidad como Pueblos Indígenas, referirse a la Consulta Previa como un mecanismo extorsivo o de chantaje, incluso es un irrespeto a la sociedad en general desinformarla y transmitirle conceptos tergiversados sobre un derecho de los Pueblos Indígenas que actúa en pro de la humanidad. En este sentido, deseamos realizar las siguientes precisiones:
1. El carácter fundamental de la Consulta Previa la convierte en una garantía de exigencia de los derechos de los Pueblos Indígenas con el Estado, es decir, es un mecanismo que permite el diálogo de Gobierno a Gobierno, y no puede reducirse a una simple conciliación de intereses, en pro de una idea de desarrollo que como Pueblos Indígenas no entendemos, pues para nuestra cosmovisión, cosmología y cultura, la mayor parte de estos megaproyectos afectan en gran medida los recursos naturales, las fuentes de agua, los animales y por supuesto, a las personas que vivimos en los territorios más apartados del país, en un Estado Social de Derecho que es “pluriétnico” y “multicultural” por principios constitucionales.
2. Los Pueblos Indígenas entendemos la Consulta Previa como el mecanismo necesario y obligatorio para la participación activa y efectiva en la toma de decisiones que nos afectan y para contrarrestar el punto sin retorno en el que las prácticas del modelo de desarrollo nos están llevando.
3. Reiteramos que la MPC, creada mediante el Decreto 1397 de 1996, es un escenario político e institucional de alto nivel, donde se materializa el ejercicio del Derecho a la Consulta Previa, instancia que está siendo desconocida por parte del Gobierno Nacional; el cual ha demostrado no tener voluntad ni capacidad para desarrollar un diálogo político sobre los temas sometidos a consulta. Es de recordar que en el espacio acordado de la ruta de acercamiento con el Gobierno Nacional, en el marco de la MPC en octubre del 2015, se acordó la realización del Foro Internacional del Derecho fundamental a la Consulta Consentimiento previo libre e informado, el cual fue realizado los días 23, 24 y 25 de febrero de 2017 y, como resultado, las organizaciones indígenas con asiento en la MPC nos pronunciamos rechazando cualquier tipo de reglamentación sobre la Consulta Previa sin la participación y debidas garantías en derecho que como Pueblo Indígenas tenemos.
Por lo anterior, es inadmisible que el Gobierno Nacional pretenda entonces pasar por encima de los derechos de los Pueblos Indígenas, desconociendo la normatividad nacional e internacional existente que protege dichos derechos al presentar una propuesta de reglamentación de la Consulta Previa vía Fast Track, en el marco de las facultades extraordinarias del Presidente de la República, lo cual viola los acuerdos previos concertados en el marco de la MPC, constituyendo un hecho que corrobora la regresividad de derechos.
4. Exigimos al Gobierno Nacional cumplir la ruta metodológica para la Consulta Previa de las iniciativas normativas para la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el marco del mecnismo abreviado del procedimiento legislativo especial para la paz. Toda vez que se presentan hechos como la radicación del acto legislativo “Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018 – 2022 y 2022-2026” sin el debido cumplimiento de la ruta concertada.
5. Instamos al Gobierno Nacional a cumplirle a los Pueblos Indígenas los compromisos a los que se ha llegado en el marco de exitosas consultas previas, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, Decreto Ley de Victimas 4633, Decreto 1953, Decreto 2633. El nulo avance que se presentan en tan importantes instrumentos jurídicos evidencia que el verdadero “dolor de cabeza” del Gobierno Nacional es la incapacidad institucional de cumplirle a los Pueblos Indígenas. El incumplimiento del Gobierno Nacional no es algo nuevo, si bien el Estado ha aceptado según sus cifras el incumplimiento (según el DNP el anterior plan obtuvo un 34% de cumplimiento y según la Contraloría apenas un 7% de ejecución) no hemos visto progresividad en nuestros derechos y por el contrario nos hemos visto supeditados a concebir acuerdos tras acuerdos para ratificar lo ya pactado pero que en hechos concretos no se han materializado, ni siendo políticas de obligatorio cumplimiento.
En tiempos de implementación de los acuerdos de paz, se insta a la Corte Constitucional al cumplimiento de su papel en la defensa de los principios constitucionales y a la salvaguarda de la seguridad jurídica de la Constitución Política y se hace un llamado a la Comunidad Internacional en su papel de garantes del cumplimiento del Acuerdo Final y de la salvaguarda de derechos de los grupos étnicos, a estar atentos en la implementación del mismo y denunciar toda forma de regresividad de derechos que atentan contra la integridad de los pueblos y de la sociedad colombiana en general.
Invitamos al Sr. Presidente a sentarse con nosotros en este escenario de diálogo de Gobierno a Gobierno, al igual que se sienta con el gremio minero, para que revisemos las visiones de desarrollo, ya que no se puede seguir promulgando que el país se ve beneficiado a costa del sacrificio de la Madre Tierra.
¡Con el bastón de la paz en alto!, ¡En defensa de nuestros derechos, la vida y la Madre Tierra!
Fuente: mpcindigena.org
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