1. Nosotros, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Grupo de los 77 y China, nos hemos reunido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, para conmemorar el cincuentenario de la creación del Grupo.
2. Conmemoramos la formación del Grupo de los 77 el 15 de junio de 1964 y recordamos los ideales y principios contenidos en la histórica Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países en Desarrollo, firmada al final del primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Ginebra.
3. Recordamos que, en su primera declaración, el Grupo de los 77 se comprometió a promover la igualdad en el orden económico y social internacional y a promover los intereses del mundo en desarrollo, declaró su unidad en el marco de un interés común y definió al Grupo como instrumento para ampliar el ámbito de la cooperación en la esfera internacional y para asegurar relaciones mutuamente benéficas con el resto del mundo.
4. Recordamos también la primera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 celebrada en Argel del 10 al 25 de octubre de 1964, en la que el Grupo aprobó la Carta de Argel, que estableció los principios de unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad de los países en desarrollo y su determinación de esforzarse por lograr el desarrollo económico y social, individual o colectivamente.
5. Ponemos de relieve que el Grupo de los 77 ha proporcionado los medios para que los países del Sur articulen y promuevan sus intereses económicos y sociales, ha mejorado su capacidad de negociación en el sistema de las Naciones Unidas, y observamos con satisfacción que el Grupo ha establecido una secretaría permanente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y capítulos en Ginebra, Nairobi, París, Roma, Viena y el Grupo de los 24 en Washington D.C., y que lo integran actualmente 133 Estados miembros.
6. Recordamos también el éxito de la primera Cumbre del Sur del Grupo de los 77 y China, celebrada en La Habana en abril de 2000, y de la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en junio de 2005, que elevaron la condición del Grupo de los 77 y China a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, y en las que se adoptaron importantes declaraciones y planes de acción que han guiado nuestro Grupo y constituyen la base fundamental para la construcción de un nuevo orden mundial y una agenda propia de los países del Sur para la creación de un sistema más justo, democrático y equitativo que beneficie a nuestros pueblos.
7. Nos comprometemos a continuar la tradición de nuestros países de consolidar el desarrollo nacional y unirnos en el plano internacional, en aras del establecimiento de un orden internacional justo en la economía mundial que ayude a los países en desarrollo a alcanzar nuestros objetivos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo, equidad social, suministro de bienes y servicios básicos a nuestro pueblo, protección del medio ambiente y vida en armonía con la naturaleza.
8. Nos enorgullecen el legado y los grandes logros del Grupo de los 77 y China en la defensa y la promoción de los intereses de los países en desarrollo en los últimos 50 años, que han contribuido poco a poco a incrementar su peso e influencia en las cuestiones económicas, sociales y ambientales. Nos comprometemos a consolidar esa base y seguir construyendo un orden mundial que sea justo, equitativo, estable y pacífico. Entre otros hitos importantes en ese sentido cabe mencionar la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional de 1974, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986, y varias otras declaraciones históricas que reconocen las necesidades y los intereses de los países en desarrollo y responden a ellos, y constituyen una de sus prioridades máximas.
9. Creemos en el arreglo pacífico de las controversias mediante el diálogo.
10. También observamos que, a pesar de cinco decenios de logros, aún existen graves deficiencias en el cumplimiento de los objetivos de nuestro grupo, y que nuestros países, individual y colectivamente, se enfrentan a desafíos emergentes y que continúan, como la desaceleración de la economía mundial y sus efectos en nuestros países, y la falta de medidas sistémicas y mecanismos de rendición de cuentas adecuados para abordar las causas y los efectos de las crisis financiera y económica mundial, que plantea el consiguiente riesgo de que se mantenga el patrón de los ciclos de crisis.
11. También tomamos nota de las limitaciones existentes en muchos de nuestros países a la hora de satisfacer las necesidades de empleo, alimentos, agua, atención de la salud, educación, vivienda, infraestructura física y energía de nuestro pueblo, así como la inminente crisis del medio ambiente, que acarrea los efectos negativos del cambio climático en los países en desarrollo, la escasez cada vez mayor de agua potable y la pérdida de diversidad biológica.
12. Destacamos que los desequilibrios de la economía mundial y la desigualdad de las estructuras y los resultados de los sistemas comercial, financiero, monetario y tecnológico dieron lugar a la creación de nuestro Grupo. No obstante, esos desequilibrios persisten hoy en algunos aspectos incluso con más efectos adversos en los países en desarrollo. Por lo tanto, nos comprometemos a continuar e intensificar nuestros esfuerzos para tratar de establecer un orden internacional imparcial, justo y equitativo, orientado a satisfacer las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo.
13. Ponemos de relieve que las razones para el establecimiento de nuestro Grupo hace 50 años siguen siendo reales y válidas, incluso más válidas que en ese momento. Por lo tanto, volvemos a comprometernos y a comprometer a nuestros países a fortalecer y ampliar los esfuerzos incansables del Grupo de los 77 y China en todos los ámbitos en pro de un mayor progreso y del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.
14. Afirmamos que el siglo XXI es el momento para que los Países y los Pueblos del Sur desarrollen sus economías y sociedades a fin de cumplir las necesidades humanas de manera sostenible, en armonía con la naturaleza y respetando a la Madre Tierra y sus ecosistemas. Convenimos en consolidar nuestros valores tradicionales y las prácticas de solidaridad y colaboración en beneficio mutuo y la fortaleza de nuestro pueblo, a fin de lograr progresos en nuestros países y en la cooperación Sur-Sur.
15. Hacemos hincapié en que nuestras principales prioridades son promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, mejorar los niveles de vida básicos; fomentar el desarrollo social equitativo y la inclusión; y promover una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, facilitando al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia del ecosistema frente a los desafíos nuevos y emergentes.
16. Reafirmamos que los puntos más fuertes del Grupo de los 77 han sido su unidad y solidaridad, su visión de las relaciones multilaterales justas y equitativas, el compromiso de sus Estados miembros con el bienestar de los pueblos del Sur y su empeño en promover una cooperación mutuamente beneficiosa.
17. Hacemos hincapié en que cada país tiene el derecho soberano de decidir sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, teniendo presente que no hay una fórmula que sirva para todos. Ponemos de relieve la necesidad de que las normas internacionales permitan que los países en desarrollo dispongan de espacio y flexibilidad en cuanto a las políticas, ya que dichas normas están directamente relacionadas con las estrategias de desarrollo de los gobiernos nacionales. Ponemos de relieve también la necesidad de que haya espacio político para que nuestros países puedan formular estrategias de desarrollo que expresen intereses nacionales y distintas necesidades que no siempre se tienen presentes al formular políticas económicas internacionales en el proceso de integración con la economía mundial.
18. Nos preocupa la situación actual de la economía mundial y el estado de la gobernanza económica mundial y la necesidad de una enérgica recuperación. Creemos que el mundo se enfrenta a la peor crisis financiera y económica desde la Gran Depresión, y nos alarman los efectos adversos que está teniendo esta crisis sobre todo en los países en desarrollo. Creemos que la crisis ha puesto de relieve puntos débiles y desequilibrios sistémicos de larga data de la economía mundial, y ha puesto más de manifiesto la insuficiencia y el carácter antidemocrático de la gobernanza económica mundial. Deben hacerse ahora nuevos intentos para establecer un sistema adecuado de gobernanza económica mundial, con la plena expresión, representación y participación de los países en desarrollo en los debates y la adopción de decisiones.
19. Reconocemos la gran importancia de mantener la protección social y fomentar la creación de empleo, incluso en tiempos de crisis económica, y tomamos nota con satisfacción de los ejemplos alentadores de políticas que han permitido a los países reducir la pobreza, aumentar la inclusión social y crear nuevos y mejores empleos en los últimos años.
20. Nos preocupa el aumento de la concentración de la riqueza y los ingresos en el mundo y su distribución asimétrica, que han creado grandes desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Este grado de desigualdad es injustificable y no puede tolerarse en un mundo donde la pobreza sigue prevaleciendo, los recursos se están agotando y la degradación del medio ambiente es cada vez mayor. Pedimos que se adopten medidas a escala mundial para reducir las desigualdades a todos los niveles. También nos comprometemos a hacer frente a la desigualdad en nuestros propios países.
21. Tomamos nota con preocupación de la influencia de las grandes empresas, principalmente de los países desarrollados, en la economía mundial, y sus efectos negativos en el desarrollo social, económico y ambiental de algunos países en desarrollo, en particular en lo que respecta a los obstáculos que esa influencia pueda plantear al ingreso de nuevas empresas en el mercado mundial. En ese sentido, pedimos que la comunidad internacional adopte medidas concretas para hacer frente a esos efectos negativos y promover la competencia internacional y un mayor acceso a los mercados para los países en desarrollo, en particular políticas que promuevan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en los países en desarrollo, la eliminación de las barreras comerciales que impiden la adición de valor en los países de origen, como las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, así como el fomento de la capacidad en materia de derecho de la competencia, la regulación de la política tributaria y la responsabilidad social de las empresas.
22. Ponemos de relieve que las empresas transnacionales tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos y deberían abstenerse de causar desastres medioambientales y afectar al bienestar de los pueblos.
23. Reconocemos los progresos logrados en el desarrollo sostenible a nivel regional, nacional, subnacional y local, y reafirmamos la importancia de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por erradicar la pobreza mediante el empoderamiento de los pobres y las personas en situación vulnerable, promoviendo el desarrollo de la agricultura sostenible, así como el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, complementados por políticas sociales eficaces, incluidos niveles mínimos de protección social.
24. Respetamos plenamente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independencia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y destacamos que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.
25. Somos profundamente conscientes de que decenios después de haber alcanzado la independencia política, algunos países en desarrollo siguen en las garras de la dependencia económica de las estructuras y los caprichos de la economía mundial y de los países desarrollados y sus entidades económicas. Esa dependencia, especialmente por parte de los países pobres y vulnerables, limita el alcance de nuestra verdadera independencia política también. Por lo tanto, nos comprometemos a aunar los esfuerzos encaminados a seguir tratando de alcanzar la independencia económica, y a reunirnos bajo la égida del Grupo de los 77 y China, así como de otras organizaciones del Sur, a fin de lograr avances a ese respecto.
26. Recordamos las decisiones adoptadas en la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en 2005, de cerciorarnos de que en las políticas y los programas concebidos en el contexto de la globalización se respeten plenamente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independencia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y de destacar que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.
27. También recordamos la decisión adoptada en la Cumbre del Grupo de los 77 y China celebrada en Doha en 2005 de colaborar para la realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que vivían bajo dominación colonial u otras formas de dominación u ocupación extranjera, lo que repercutía negativamente en su desarrollo social y económico, y de exhortar a la comunidad internacional a que adoptara todas las medidas necesarias para poner fin a la continuación de la ocupación extranjera, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
28. Reafirmamos que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. A este respecto, ponemos de relieve la necesidad de respetar y salvaguardar las identidades culturales, los conocimientos y las tradiciones indígenas de nuestros países.
Parte II: Desarrollo en el contexto nacional
Estrategias de desarrollo sostenible
29. Hacemos hincapié en la necesidad de incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando los aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, a fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.
30. Reafirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que es nuestro objetivo general (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible). En algunos países existe el enfoque del “Vivir bien” con un desarrollo integral encaminado a alcanzar las necesidades materiales, culturales y espirituales de las sociedades en el contexto de la Armonía con la Naturaleza.
31. Reconocemos que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y estamos convencidos de que, para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. También reconocemos que “Madre Tierra” es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos.
32. Acogemos con beneplácito que en 2011 se celebrara el vigésimo quinto aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que es un importante documento histórico que establece el derecho de los países en desarrollo a actuar con miras a lograr el desarrollo y el derecho de los pueblos a participar en el desarrollo y beneficiarse de él.
33. En este contexto, reafirmamos que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político de carácter global que tiende al mejoramiento constante del bienestar de la población en general y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan, como se reconoce en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
34. También reafirmamos la proclamación de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales para contribuir a ese desarrollo y para disfrutar del él, como se reconoce en la Declaración.
Mejoramiento de las prácticas de la democracia
35. Consideramos que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Reafirmamos que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no existe un modelo único de democracia, y que la democracia no pertenece a ningún país o región, y reafirmamos además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, la unidad y la integridad territorial y el derecho a la libre determinación, así como el rechazo de cualquier intento de desestabilizar los sistemas constitucionales y democráticos legítimamente establecidos por los pueblos.
36. Pedimos que los medios de comunicación dejen de utilizarse de modo que puedan difundir información distorsionada contra los Estados miembros del Grupo de los 77 haciendo caso omiso del principio del derecho internacional.
37. Expresamos nuestra profunda indignación y desaprobación por los hechos relacionados con el retiro sorpresivo de permisos de sobrevuelo y aterrizaje del avión presidencial en que viajaban el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Evo Morales Ayma, y su grupo el 2 de julio de 2013. Estos hechos constituyen actos hostiles e injustificables que además pusieron en grave riesgo la seguridad del Presidente Morales. Hacemos pública nuestra máxima solidaridad y exigimos que se aclaren los hechos.
Soberanía nacional sobre los recursos naturales y beneficios de esos recursos
38. Afirmamos que los Estados tienen, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
39. Reafirmamos también que el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.
40. Si bien hacemos hincapié en la soberanía de nuestros países y pueblos sobre sus recursos naturales, somos conscientes de que tenemos el deber de conservar, gestionar y utilizar esos recursos de manera sostenible, y de crear condiciones para que la Naturaleza y los ecosistemas puedan regenerarse, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. También reconocemos que el uso sostenible de los recursos naturales es un medio eficaz de lograr el crecimiento económico y reducir la pobreza y la degradación del medio ambiente.
41. Tomamos nota de las decisiones adoptadas por algunos países para nacionalizar o recuperar el control de sus recursos naturales con el fin de obtener mayores beneficios para sus pueblos, en particular para las personas pobres, y para invertir en la diversificación económica, la industrialización y los programas sociales, y respetamos esas decisiones.
42. Instamos a que se proporcione asistencia técnica y para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo a nivel internacional, regional y nacional, a fin de ayudarlos a obtener los máximos beneficios de la extracción y utilización de los recursos en consonancia con el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el pleno ejercicio del derecho soberano de nuestros países sobre sus recursos naturales.
Erradicación de la pobreza
43. Reconocemos que la pobreza es una afrenta a la dignidad humana y destacamos que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad, y concedemos la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, que debe apoyarse con medios efectivos y adecuados de aplicación y con una alianza mundial para el desarrollo fortalecida, y que entre otros objetivos entraña la promoción del empleo y el trabajo decente para todos, el mejoramiento del acceso a los servicios sociales, la erradicación del analfabetismo y las enfermedades, y la aplicación de estrategias nacionales y regionales integradas, coordinadas y coherentes.
44. Expresamos nuestra profunda preocupación por los problemas que afectan la lucha contra la pobreza como consecuencia de las crisis, en particular la crisis financiera y económica mundial, la continua inseguridad alimentaria, la volatilidad de las corrientes de capital y la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos, el acceso a la energía y los problemas que plantea el cambio climático para los países en desarrollo.
45. Subrayamos también que, a fin de que los gobiernos de los países en desarrollo puedan erradicar efectivamente la pobreza, los países en desarrollo deben garantizar la implicación nacional en sus propios programas de desarrollo, lo que conlleva la preservación de sus propios márgenes de acción en materia de políticas respaldados por un firme compromiso político para reducir la pobreza de conformidad con sus prioridades y circunstancias nacionales. En consecuencia, los gobiernos de los países en desarrollo deben formular sus propias estrategias de desarrollo para ayudar a los pobres con políticas y medidas, entre las que cabe mencionar el fomento de un fuerte crecimiento económico sostenido e inclusivo, la concesión de prioridad a la generación de empleo, en particular para la población joven, el suministro de un mejor acceso universal y asequible a los servicios básicos, el establecimiento de un sistema de protección social bien concebido, el empoderamiento de las personas para que puedan aprovechar las oportunidades económicas y la adopción de medidas para garantizar la protección del medio ambiente.
46. Recordamos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento más completo y universal sobre la corrupción, y reconocemos la necesidad de seguir promoviendo la ratificación o la adhesión a la Convención y su plena aplicación. También reconocemos que la lucha contra la corrupción a todos los niveles es una prioridad, que la corrupción es un serio obstáculo para la movilización y asignación efectivas de recursos y que desvía recursos de actividades que son vitales para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
47. Tomamos nota con aprecio de los valores tradicionales y ancestrales de algunos de nuestros pueblos, como los principios andinos de ama suwa (“no seas ladrón”), ama llulla (“no seas mentiroso”) y ama qhilla (“no seas perezoso”) y que, de conformidad con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyen a los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.
Reducción de la desigualdad
48. Hacemos hincapié en que el problema de la desigualdad es más grave que nunca debido a la prevalencia de la riqueza extrema mientras se sigue padeciendo hambre y pobreza, y en que esta situación se agrava, entre otras cosas, por unas pautas de consumo y producción insostenibles, principalmente en los países desarrollados. Afirmamos que todo beneficio del crecimiento económico tiene que distribuirse de manera equitativa y debe beneficiar a las personas en situaciones vulnerables en nuestras comunidades, por lo que pedimos una vez más que se tomen medidas concertadas para reducir las desigualdades a todos los niveles.
49. Estamos profundamente preocupados por la insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir la disparidad cada vez mayor que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como dentro de los países, que ha contribuido, entre otras cosas, a agravar la pobreza y ha menoscabado el pleno disfrute de todos los derechos humanos, particularmente en los países en desarrollo.
50. También tomamos nota con preocupación de que el alto grado de desigualdad dentro de los países y entre ellos sigue repercutiendo negativamente en todos los aspectos del desarrollo humano y es especialmente perjudicial para las personas en situaciones vulnerables, quienes resultan afectadas por desigualdades interrelacionadas. Por lo tanto, instamos a los países a que, con el apoyo de la cooperación internacional y otros medios, intensifiquen los esfuerzos por ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades y los resultados a todos los sectores de la sociedad, de conformidad con las políticas nacionales.
51. Entendemos que el desarrollo sostenible entraña un cambio en el orden de las prioridades de la generación de riqueza material a la satisfacción de las necesidades humanas en Armonía con la Naturaleza. La excesiva orientación hacia los beneficios no respeta la Madre Tierra ni tiene en cuenta las necesidades humanas. La continuación de este sistema desigual aumentará las desigualdades.
Crecimiento económico sostenido e inclusivo
52. Afirmamos que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo es necesario para erradicar la pobreza, generar empleo y elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y generar ingresos públicos para financiar las políticas sociales. Observamos que los datos históricos han demostrado que ningún país ha logrado mejorar de modo constante las condiciones de vida y el desarrollo humano sin mantener un ritmo de crecimiento económico regular. Por lo tanto, instamos a la comunidad internacional y las Naciones Unidas a que ayuden a los países en desarrollo a lograr un crecimiento económico elevado y adecuado durante un período prolongado.
53. También somos conscientes de que un elevado crecimiento económico, aunque necesario, no basta por sí mismo. Somos conscientes de que el crecimiento económico debe ser sostenido e inclusivo generando puestos de trabajo y aumentando los ingresos de las personas en situaciones vulnerables, especialmente los pobres y los más necesitados. El crecimiento económico también debe ser racional desde el punto de vista ecológico y social, y para lograrlo, los países en desarrollo necesitan, entre otras fuentes, apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados con arreglo a los planes nacionales
Creación de empleo
54. Expresamos la opinión de que la capacidad de generar empleo pleno y trabajo decente está fundamentalmente relacionada con la revitalización y el fortalecimiento de estrategias de desarrollo productivo, mediante la aplicación de políticas adecuadas en materia de financiación, inversión y comercio. A este respecto, reafirmamos la necesidad de movilizar una considerable cantidad de recursos procedentes de diversas fuentes y utilizar eficazmente los fondos a fin de apoyar firmemente a los países en desarrollo en sus iniciativas para promover el desarrollo sostenible. También subrayamos la necesidad de mantener la coherencia entre las políticas macroeconómicas y de creación de empleo para asegurar un crecimiento económico mundial inclusivo y resiliente.
55. Expresamos profunda preocupación por la persistencia de los altos niveles de desempleo y subempleo, en particular entre los jóvenes, y afirmamos nuestro compromiso de reducir el desempleo mediante políticas económicas y de desarrollo orientadas a generar un gran número de puestos de trabajo. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, a fin de incluir la cuestión del empleo de los jóvenes y las inquietudes de los jóvenes en el actual proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015. Afirmamos también la importancia de asegurar unos medios de vida dignos para los agricultores de nuestros países.
56. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, para elaborar una estrategia mundial dirigida a mejorar la formación para el empleo y crear empleo para los jóvenes.
Prestación de servicios básicos para nuestros pueblos
57. Nos preocupa que sigan existiendo diferencias sustanciales y cada vez mayores entre los ricos y los pobres del mundo, diferencias que no obedecen únicamente al reparto desigual de la riqueza, sino también a las disparidades en materia de acceso a los recursos y servicios básicos, lo que impide que se creen oportunidades económicas para todos.
58. Reconocemos la importante función que corresponde desempeñar al Estado para velar por que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos y buscar soluciones a las desigualdades y la discriminación relativas a la distribución de esos servicios y el acceso a ellos.
59. También reafirmamos nuestra determinación de adoptar medidas que hagan efectivo el derecho de nuestros pueblos a acceder a los servicios básicos.
60. Reafirmamos nuestros compromisos respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, que debe materializarse y hacerse efectivo gradualmente en beneficio de nuestra población, respetando plenamente nuestra soberanía nacional.
61. Exhortamos a los países donantes y las organizaciones internacionales a que registren progresos en el suministro de recursos financieros, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología por medio de las actividades internacionales de prestación de asistencia a los países en desarrollo y de cooperación con ellos, a fin de intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso económico y en condiciones de seguridad al agua potable y el saneamiento.
Acceso a la salud pública y a los medicamentos
62. Reconocemos que la cobertura sanitaria universal implica que todas las personas tengan acceso, sin discriminación, a un conjunto de servicios médicos básicos de promoción, prevención, cura y rehabilitación que se ajuste a las necesidades y se determine a nivel nacional, así como a medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y de calidad, al tiempo que se garantiza que la utilización de esos servicios no suponga graves dificultades económicas para los usuarios, especialmente para quienes se encuentran en situación vulnerable.
63. También reconocemos que en muchos países en desarrollo no existen los recursos financieros ni humanos ni la infraestructura necesaria para hacer efectivo el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Por tanto, exhortamos a los países desarrollados y a las organizaciones internacionales competentes a que proporcionen a esos países recursos financieros y tecnológicos suficientes como complemento a sus esfuerzos para establecer políticas y medidas que proporcionen cobertura sanitaria universal y servicios básicos de salud para todos.
64. Observamos con gran preocupación que las enfermedades no transmisibles han alcanzado grandes dimensiones epidémicas que debilitan el desarrollo sostenible de los Estados miembros. En ese sentido, reconocemos la eficacia de las medidas de control del tabaco para mejorar la salud. Reafirmamos el derecho de los Estados miembros a proteger la salud pública y, en particular, a garantizar el acceso universal a los medicamentos y las tecnologías de diagnóstico médico, por ejemplo, utilizando de forma plena, si fuera necesario, las flexibilidades previstas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública.
65. Recordamos el contenido del párrafo 142 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno “reafirman el derecho a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo ADPIC, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, la decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 30 de agosto de 2003, relacionada con la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha, y, cuando concluyan los procedimientos formales de aceptación, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo ADPIC, que otorgan flexibilidad para la protección de la salud pública y, en particular, para promover el acceso universal a los medicamentos, y alientan a que se preste asistencia a los países en desarrollo a este respecto”. Afirmamos la importancia de aprovechar las flexibilidades que ofrece el Acuerdo ADPIC para promover la salud de las personas y el acceso a los medicamentos. Exhortamos a los países desarrollados a que respeten plenamente el derecho de los países en desarrollo a aprovechar al máximo las flexibilidades previstas en el Acuerdo ADPIC y a que se abstengan de adoptar medidas, incluso de índole comercial, que impidan que los países en desarrollo ejerzan este derecho o que los disuadan de hacerlo.
66. Nos preocupa el creciente problema de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos, incluidos los fármacos existentes para luchar contra la tuberculosis y la malaria. Como consecuencia de esto, un número cada vez mayor de enfermos, especialmente en los países en desarrollo, puede morir a causa de enfermedades que pueden prevenirse o tratarse. Instamos a las autoridades y organizaciones internacionales de la salud, en especial a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que adopten medidas urgentes y a que, a solicitud de los países en desarrollo que no cuentan con los recursos adecuados, cooperen con ellos para solucionar este problema.
Desarrollo agrícola y seguridad alimentaria
67. Recordamos que la seguridad alimentaria y la nutrición son elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible y expresamos nuestra preocupación por el hecho de que los países en desarrollo son vulnerables, entre otras cosas, a los efectos adversos del cambio climático, que amenazan todavía más la seguridad alimentaria.
68. Reafirmamos que el hambre es una violación de la dignidad humana e instamos a que se adopten medidas urgentes en los planos nacional, regional e internacional para eliminarla. Reafirmamos también el derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos y nutritivos de conformidad con su derecho a una alimentación adecuada y su derecho fundamental a no padecer hambre, a fin de poder desarrollar y mantener su plena capacidad física y mental. Reconocemos también que la seguridad alimentaria y la nutrición son esenciales para el desarrollo sostenible y se han convertido en un desafío mundial apremiante y, a este respecto, reafirmamos también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las generaciones presentes y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con los Cinco Principios de Roma para la Seguridad Alimentaria Mundial Sostenible, aprobados el 16 de noviembre de 2009, especialmente en favor de los niños menores de 2 años, y mediante estrategias de seguridad alimentaria y nutrición nacionales, regionales y mundiales, según proceda.
69. Denunciamos que las subvenciones y otras distorsiones del mercado impulsadas por los países desarrollados han perjudicado gravemente al sector agrícola de los países en desarrollo, limitando la capacidad de este sector fundamental para contribuir significativamente a la erradicación de la pobreza y a un crecimiento económico sostenido e incluyente, al desarrollo sostenible y equitativo, a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Pedimos que se anulen de inmediato todas las formas de subvenciones agrícolas y otras medidas adoptadas por los países desarrollados que distorsionan los mercados y que no se ajustan a las normas establecidas por la OMC. Instamos a los países desarrollados a que demuestren la flexibilidad y la voluntad política necesarias para abordar debidamente estas preocupaciones fundamentales de los países en desarrollo en la Ronda de Doha de negociaciones comerciales.
70. Reiteramos nuestro compromiso de concluir disciplinas multilaterales sobre las subvenciones a la pesca que den efecto al Programa de Doha para el Desarrollo, de la OMC, y a los mandatos de la Declaración Ministerial de Hong Kong para hacer más estrictas las disciplinas sobre las subvenciones en el sector pesquero, incluso prohibiendo determinadas modalidades de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobrepesca, reconociendo que la negociación en la OMC de las subvenciones a la pesca debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y menos adelantados, teniendo en cuenta la importancia del sector para las prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza y las cuestiones relativas a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.
71. Ponemos de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de nuestros países, en especial mediante la cooperación internacional, para salvaguardar y mejorar la calidad de la nutrición de nuestros pueblos, promoviendo sus prácticas productivas, culturales y ambientales.
72. Ponemos de relieve también la urgente necesidad de intensificar en los planos nacional, regional e internacional los esfuerzos para alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola como parte fundamental de la agenda internacional para el desarrollo. Exigimos una financiación sostenida y más inversiones dirigidas concretamente a aumentar la producción de alimentos en el mundo, y pedimos recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para materializar el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria.
73. Ponemos de relieve además la necesidad de fortalecer el sector agrícola, en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015 y sus medios de aplicación, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria, destacando la importancia de que en las estrategias nacionales, regionales e internacionales dirigidas a alcanzar esa seguridad se incluyan los conocimientos, las prácticas y las tecnologías propias de los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los pequeños y medianos productores agrícolas.
74. Acogemos con beneplácito la adopción de las resoluciones de la Asamblea General
68/177 sobre el derecho a la alimentación y
68/233 sobre desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición. Acogemos con beneplácito también la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS, que tendrá lugar en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014, con objeto de aprobar el marco normativo sobre nutrición para las próximas décadas y definir las prioridades que regirán la cooperación internacional en el ámbito de la nutrición a corto y mediano plazos.
75. Acogemos con beneplácito la decisión del Director General de la FAO de nombrar por segundo año consecutivo al Sr. Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y a la Sra. Nadine Heredia Alarcón, Primera Dama del Perú, Embajadores Especiales ante la FAO para el Año Internacional de la Quinua, en reconocimiento de su liderazgo y compromiso en la lucha contra el hambre y la malnutrición, y de la labor realizada por los Gobiernos de Bolivia y el Perú para mostrar al mundo los beneficios y la calidad de esa fuente andina de alimento.
76. Reafirmamos que la biodiversidad y el valor nutricional de la quinua la convierten en un elemento clave para la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza, así como para promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas andinos; contribuir al logro de la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza; crear conciencia sobre su contribución al desarrollo social, económico y ambiental; e intercambiar buenas prácticas sobre la realización de actividades.
77. Llamamos a que se creen unas condiciones propicias para el surgimiento de oportunidades económicas provechosas para los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, los campesinos y los pueblos y las comunidades indígenas, y a que se establezcan vías para conectar a estos grupos con los consumidores, en el marco de las estrategias nacionales para hacer efectivo el derecho a la alimentación.
78. Reconocemos la función positiva que desempeñan los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, incluidas las mujeres, las cooperativas, los pueblos indígenas y las comunidades locales de los países en desarrollo, así como sus conocimientos y prácticas en la conservación y el uso sostenible de las semillas, la biodiversidad agrícola y la biodiversidad vinculada a la producción de alimentos de las generaciones presentes y futuras.
79. Destacamos la necesidad de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad excesiva de los precios de los alimentos, incluidas sus causas estructurales, en todos los niveles, y de gestionar los riesgos derivados de la inestabilidad excesiva de los precios de los productos básicos agrícolas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, así como para los pequeños agricultores y los pobres de las zonas urbanas.
80. Llamamos a que en la ronda de negociaciones de Doha de la OMC se conceda prioridad al desarrollo y, en concreto, a la seguridad alimentaria, de conformidad con el Programa de Doha para el Desarrollo. Llamamos a que se promuevan los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y el desarrollo rural en los países en desarrollo. En este contexto, instamos a los miembros de la OMC a que adopten, lo antes posible, una solución permanente para la cuestión de las existencias públicas de alimentos y la seguridad alimentaria en relación con los países en desarrollo, como se acordó mediante la Decisión Ministerial de la OMC aprobada en Bali (Indonesia) en 2013.
Agricultura familiar sostenible
81. Declaramos que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria (resolución
66/222 de la Asamblea General). En este contexto, debería prestarse apoyo a la actividad económica de la agricultura familiar sostenible, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales de los pequeños agricultores, a fin de mejorar su situación y promover su desarrollo, en particular facilitando su acceso a los servicios financieros, los recursos productivos y los insumos agrícolas, como las tierras, las semillas, los medios tecnológicos adecuados, el transporte y la información.
82. Fomentaremos la adopción de medidas exhaustivas y complementarias tanto a nivel nacional como regional en materia de producción, acceso y consumo sobre la base de una planificación integral, multisectorial y participativa, volviendo a evaluar y fortaleciendo la agricultura familiar sostenible, las pequeñas explotaciones agrícolas, y las prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
Industrialización e infraestructura
83. Afirmamos que el desarrollo industrial y la creación de valor añadido, junto con la ciencia, la tecnología y la innovación, son, entre otros, elementos esenciales para que los países en desarrollo alcancen mayores niveles de desarrollo de manera sostenida, dado que el proceso de industrialización puede generar una mayor productividad, más puestos de trabajo y competencias técnicas y efectos positivos indirectos en la economía. En consecuencia, instamos a los países desarrollados a que ayuden a los países en desarrollo a impulsar la industrialización en sus estrategias y políticas de desarrollo y a promover el desarrollo industrial sostenible con arreglo a sus intereses nacionales.
84. Observamos que muchos países en desarrollo aún dependen excesivamente de los productos básicos y hacemos notar que deberían estudiar estrategias de diversificación industrial mediante, entre otras cosas, el aumento de las capacidades productivas con valor añadido.
85. Exhortamos a las organizaciones internacionales competentes y pedimos a los mecanismos de cooperación internacional que presten una asistencia adecuada a los países en desarrollo, incluso mediante la transferencia de tecnología, para que puedan desarrollar su capacidad para formular y aplicar políticas y estrategias de industrialización, de conformidad con sus prioridades nacionales.
86. Pedimos que en el sistema comercial internacional se respete y consolide el margen normativo de los países en desarrollo para la promoción y el crecimiento de nuestro desarrollo industrial y para la formulación y aplicación de nuestras estrategias industriales. A ese respecto, pedimos que se haga una revisión de todas las normas del sistema comercial mundial que afecten al espacio normativo de los países en desarrollo.
87. Afirmamos que el desarrollo de infraestructuras fiables y económicas, la conectividad regional, y su apropiada interrelación a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidos el transporte, las carreteras, la energía y las telecomunicaciones, así como la promoción del acceso a los mercados para las exportaciones procedentes de los países en desarrollo, son elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y el desarrollo sostenible de nuestros países.
88. En ese sentido, instamos a los países desarrollados y las organizaciones internacionales a que, en consonancia con los compromisos asumidos en el plano internacional, proporcionen asistencia financiera suficiente para apoyar la transferencia de tecnologías fiables y de costo razonable y promover la creación de capacidad, teniendo en cuenta las prioridades nacionales.
89. Instamos a los países desarrollados a que proporcionen asistencia técnica, transferencia de tecnología y recursos financieros para que nuestros países puedan industrializarse y desarrollar la infraestructura por medios que sean sostenibles en el plano ambiental.
90. Ponemos de relieve a ese respecto la importancia que reviste la asistencia técnica para el desarrollo industrial de los Estados Miembros con el fin de adoptar modalidades de consumo y producción sostenibles menos contaminantes, basadas en los recursos y de alto rendimiento energético, que incluyan tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles.
91. Acogemos con beneplácito la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, en su calidad de Presidente del Grupo de los 77 y China, de organizar la Reunión de ministros de industrialización o autoridades equivalentes del Grupo de los 77 y China sobre la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales y la industrialización, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, reunión que se celebrará en Tarija en agosto de 2014.
92. Acogemos con beneplácito la Declaración de Lima: hacia un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, aprobada en el 15º período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI que se celebró en Lima en diciembre de 2013, como un paso importante en nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Inclusión de la mujer en el desarrollo
93. Recordamos el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, reafirmamos el papel fundamental de la mujer y la necesidad de lograr su participación y liderazgo plenos y en pie de igualdad en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, y decidimos acelerar el cumplimiento de nuestros respectivos compromisos en este sentido, que figuran en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como en el Programa 21, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración del Milenio y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.
94. Reconocemos también que el potencial de las mujeres para colaborar en el desarrollo sostenible, contribuir a este y beneficiarse de él como líderes, participantes y agentes de cambio no se ha hecho plenamente efectivo. Apoyamos que se asigne prioridad a las medidas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todas las esferas de nuestras sociedades. Resolvemos aprovechar el potencial de las mujeres como impulsoras del desarrollo sostenible por numerosos medios y nos comprometemos a crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en todas partes, especialmente en las zonas rurales y las comunidades locales, así como entre los pueblos indígenas y las minorías étnicas.
95. Estamos comprometidos a lograr la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en la adopción de decisiones políticas y económicas y la asignación de recursos, a otorgar a las mujeres iguales derechos que los hombres a los recursos económicos y a asegurar su acceso a la educación, las finanzas, las tecnologías de la información y las comunicaciones, los mercados, la asistencia letrada y otros servicios básicos, entre ellos los servicios de atención de la salud, incluidos los métodos modernos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación familiar.
96. Recordamos los compromisos respectivos que asumimos con arreglo a la resolución
61/143 de la Asamblea General y otras resoluciones sobre la cuestión, reconocemos que la violencia contra la mujer viola gravemente todos sus derechos humanos, y acordamos por tanto adoptar medidas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, incluidos el feminicidio y la discriminación de las mujeres y las niñas, mediante una respuesta más sistemática, amplia, multisectorial y sostenida, apoyada y facilitada adecuadamente por sólidos mecanismos institucionales y métodos de financiación, así como por planes de acción nacionales, incluidos los que se realizan con el apoyo de la cooperación internacional, y, según proceda, por planes nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de erradicación de la pobreza y los enfoques sectoriales y basados en los programas.
97. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos para formular una agenda para el desarrollo después de 2015 con perspectiva de género.
98. Instamos a que se haga frente a los problemas fundamentales que siguen teniendo las mujeres y las niñas mediante un enfoque amplio y con vocación transformadora y hacemos un llamamiento para que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas se recojan en un objetivo de desarrollo sostenible independiente y se incorporen por medio de metas en las políticas inclusivas para superar la pobreza y fomentar el desarrollo social y económico de nuestros países.
Pueblos indígenas
99. Instamos a trabajar en pro de la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, recursos naturales, identidad y cultura, de conformidad con la legislación nacional. Reafirmamos nuestros compromisos respectivos de cumplir nuestras obligaciones jurídicas, en particular, según proceda, el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de promover la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
100. Reafirmamos el valor y la diversidad de las culturas y las formas de organización social de los pueblos indígenas y sus conocimientos científicos e innovaciones y prácticas tradicionales holísticas, que contribuyen de manera significativa a fortalecer los medios de vida de la población local, garantizar la seguridad alimentaria y hacer frente al cambio climático.
101. Destacamos la importancia de los pueblos indígenas para el logro del desarrollo sostenible en los países en desarrollo y la función crucial que desempeñan en los procesos sociales, económicos y políticos de nuestros países, a la vez que fortalecen los puntos de vista y valores locales conocidos como visiones holísticas de la Madre Tierra.
102. Reafirmamos la importancia de la acción colectiva y los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales para conservar la diversidad biológica, teniendo en cuenta que contribuyen decisivamente a la ordenación y gestión sostenible de los recursos naturales renovables.
103. Consideramos que la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos dependen de los distintos contextos socioculturales, teniendo especialmente en cuenta a los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus sistemas de conocimientos y prácticas tradicionales, incluida su visión holística de la comunidad y el medio ambiente, como un importante medio de adaptación al cambio climático.
104. Pedimos que se fortalezca el diálogo intercientífico entre los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas y las ciencias modernas en el contexto de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y del marco conceptual “Vivir bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, aprobado por la Plataforma.
105. Acogemos con beneplácito que se haya convocado la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, que con el nombre de Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas se celebrará en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre de 2014, con el fin de intercambiar ideas y mejores prácticas sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El documento final de la Conferencia, que estará orientado a la acción, debe contribuir a la realización de los derechos de los pueblos indígenas y la consecución de los objetivos de la Declaración y promover el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.
106. Tomamos nota de la Declaración especial sobre la hoja de coca suscrita en La Habana el 29 de enero de 2014 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe reunidos en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que se reconoce la importancia de conservar las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos originarios, en el marco del respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes. En ese contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocen el masticado (akulliku o chacchado) de la hoja de coca como una manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina, que debe ser respetada por la comunidad internacional, y expresan interés en conocer los resultados de investigaciones científicas acerca de las propiedades de la hoja de coca realizadas por institutos y universidades de la comunidad internacional de reconocido prestigio en la materia.
