DIALOGO INTERCULTURAL SOBRE NUESTRAS VASIJAS ANCESTRALES

El jueves 26 de abril. autoridades y delegados territoriales miembros de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta, participamos de una charla taller en el centro cultural Casa Tedín en Cachi.

Junto a estudiantes, docentes de la carrera terciaria de Turismo y de personal del museo, intercambiamos conocimientos y saberes sobre el uso ancestral y actual de nuestras tinajas, yuros, coajadas y virques en los territorios Diaguitas.

El Equipo de Comunicación con Identidad Diaguita presento el material audiovisual que se va generando y produciendo en los territorios, y que son el corolario del propio proceso como Pueblo Nación.

Como organización territorial se hizo entrega del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada al  director del Museo. Material elaborado por las organizaciones que articulan en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO como aporte para un dialogo real y entre iguales, siempre respetando la diversidad cultural. 

Concluimos la charla, reafirmando sobre el valor y la importancia del resguardo del legado ancestral heredado de nuestros mayores garantizando nuestra continuidad como Pueblo Nación.

Juntos construyendo Memoria, Identidad y Territorio.

Un mismo verdugo

Tras la publicación de Cuarto Poder en la que se reveló que Marcelo López Arias es también director de la empresa imputada como responsable por la muerte de un estudiante de la UNSa en 2016, los diaguitas cuestionan la investigación y se solidarizan con la familia de Lucas Salberría. Esta semana la jueza Ada Zunino deberá resolver si sobresee al socio del ministro. 

Por Kolla Baltasar

Las consecuencias del caso Lucas Salaberría va tomando caminos inesperados. Se trata del joven estudiante de Geología de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) que falleció en noviembre de 2016 en una expedición de exploración minera en un sector del Nevado de Cachi. Lucas, de 27 años, fue contratado por la empresa Cardero S.A para ir a trabajar a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, de una manera totalmente irregular. Sin estudios médico-físicos, sin cobertura de ningún seguro, sin avisar a ninguna autoridad competente y sin equipos sanitarios para trabajar en las condiciones de altura que imponen las montañas. Su deceso fue tras cuatro días de padecer el denominado “mal de altura”, por la inercia del jefe de la expedición, un geólogo peruano que sólo le dio un Tafirol, que nada hizo ante el edema pulmonar.

El andino John Huaman Canchaguía, quien estaba al frente de la expedición, fue imputado por la Justicia por la investigación llevada a cabo por el titular de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz. La Fiscalía le imputó el delito de “homicidio culposo” al guía. Loa padres de Lucas lucharon y lograron que en febrero de este año se amplíe la imputación para el titular de la firma Cardero S.A., Mario Luis Castelli, por haber contratado y organizado una expedición minera en total irregularidad. Ahora bien, los padres de Lucas avanzaron otro paso y descubrieron que el otro “director titular” de la firma es el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Marcelo Eduardo López Arias, tal como se reseñó en la edición del 7 de abril último de este semanario. El jefe de los ministros de Juan Manuel Urtubey está implicado en la muerte de un chico y nadie dice nada.

En el Boletín Oficial 20.184 la mamá de Lucas descubrió que el histórico referente del Partido Justicialista (PJ), es el director titular de la firma que llevó a su hijo a la muerte. No se explica cómo Castelli está imputado y el ministro López Arias no, ya que ambos tienen el cargo de directores en la empresa hallada responsable por la muerte del joven.

Por el lado judicial, Norma, madre de Lucas, tiene ahora una urgencia. Los abogados de Castelli ahora pidieron el sobreseimiento ante el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Ada Zunino, quien durante esta semana debe definir la situación procesal. “Si lo sobreseen a Castelli se nos cae todo. Nosotros vemos como las estructuras del poder en Salta se tocaron con el caso de la muerte de mi hijo”, le dijo Norma a este semanario.

“El único que se anima a publicar la vinculación del hombre fuerte del Gobierno con la muerte de Lucas es el Cuarto Poder. Nadie más quiere hablar del tema, mucho menos la gente de la Dirección de Minería”, reflexionó. La mujer no sabía que además de no salir a decir nada sobre la muerte de Lucas, López Arias y Castelli son socios de Wealth Minerals Argentina S.A., según el Boletín Oficial 20.041, publicado el 14 de junio de 2017. Se trata de otra firma dedicada a brindar servicios mineros con lo cual habría que al menos aclarar si no existen los ya conocidos “conflictos de intereses”, ya que es bien sabido que el superministro es el encargado de “invitar a invertir” a empresas mineras en Salta. En abril de 2017 estuvo reunido con empresarios suizos y antes, en septiembre de 2016, recibió a la embajadora de Sudáfrica también para mostrarle los beneficios de la provincia como potencia minera. Lo que no se aclarara en los partes oficiales es si López Arias además ofertó los servicios que prestan sus dos empresas.

Aliados

A los papás de Lucas les salieron unos compañeros de viaje inesperados. Los miembros de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, cercanas a Cachi, estuvieron reunidos en asamblea extraordinaria ante la información de este medio sobre las empresas de las que es propietario el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

“Ahora entendemos toda la trama del poder intocable que se teje en torno de las exploraciones mineras a escondidas que se realizan en nuestro territorio”, dijo Héctor Fabián que es el primer representante de la comunidad Diaguita Kallchaki de La Pailas y que además es delegado de la UPND Salta y vocal del Ippis (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas) por el pueblo diaguita.

“Cualquier acción, movimiento o expedición que se realice en territorio diaguita debe contar con aprobación mediante consulta. Eso lo dicen los tratados internacionales y no lo puede desconocer un ministro. Esa expedición que realizaron y en donde muere Lucas nunca estuvo consulta o informada por nadie. Tampoco informaron a la Policía, al Municipio ni al hospital. Entonces, López Arias oculta algo y eso para un funcionario es inaceptable. Si tiene todo en regla y tiene buenas intenciones de negocios hubiera organizado regularmente la expedición y nos habría consultado”, dijo Fabián.

Los Diaguitas desconfían del lugar en donde se estuvieron tomando las muestras minerales. “En el lugar que muere Lucas están las nacientes de una serie de arroyos y manantiales que van a desembocar luego en el río Calchaquí. Nosotros cuidamos nuestras nacientes porque son la base de la vida. Ya tenemos un antecedente de una mina que se llama El Apunao, donde por los años 40 se extrajo material y se usó como base un antiguo lugar sagrado. No vamos a permitir que usurpen nuestros lugares que son ancestrales y aseguran algo tan elemental como el agua”, dijo Fabián.

Los Diaguitas confirmaron que ya están en contacto con la familia de Lucas para compartir información y avances en la investigación.

Ahora se entiende algunos de los “por qué” de este nuevo avance pro-minero apoyado por todo el aparato estatal y la gran mayoría de los medios de comunicación. Nadie dijo nada sobre quién estaba por detrás de una expedición “trucha” y una muerte evitable. Habrá que ver qué dictamina la jueza Zunino. Para quien la recuerde, es la misma jueza que tenía 27 mil dólares, en abril del año pasado, en un despacho de Ciudad Judicial, y que luego nada se supo sobre el tema.

Fuente: Cuarto Poder

JORNADA DE DERECHO COLECTIVO en la UNSA

En el marco del día internacional de los campesinos y la semana de los Pueblos Originarios se llevo a cabo una Jornada sobre los Derechos de los Campesinos y de los Pueblos Originarios en la Facultad de Naturales de la Universidad Nacional de Salta.

La actividad fue organizada desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria en acuerdo con el Centro de Estudiantes. Se convocaron a los Sujetos territoriales a través de las instituciones orgánicas que representan al sector, para dar un relato y un estado de situación ante los distintos ataques y persecuciones que sufren en sus territorios, el marco jurídico, su aplicación y las demandas reglamentarias correspondientes.

La apertura estuvo a cargo de los responsables de la Cátedra, el Centro de estudiantes y la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales. Quienes remarcaron y reflexionaron sobre el estado coyuntural que vive el país, donde se evidencia un claro achicamiento de las políticas públicas para el sector más desprotegido de la sociedad, con ajustes y cierre de áreas específicas, como lo es el caso de los recortes y despidos de trabajadoras y trabajadores del ministerio de Agroindustria de la Nación que impacta directamente sobre el Sujeto de la Agricultura Familiar de Pueblos Originarios y de los Campesinos.

Para el dialogo intercultural se invitaron a la Coordinadora de Tierras de Morillo, MOCASE Vía Campesina, Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta - UPNDS, El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, la Alianza Latinoamericana de Pastoralismo y Alianza Mundial de Pastoralismo y el MNCI.

Algunas Vocerías, como el Referente Antolin Soraire de la Coordinadora de Tierras de Morillos remarco, “necesitamos la reparación histórica para los campesinos”, “no todo es llorar sino construir propuestas colectivas”, “nosotros resistiremos aunque nos manden la gabilla”.

La compañera Cristina Loaiza del MOCASE puso énfasis en el abandono de las políticas públicas para el sector.

El hermano H Fabián, Delegado de la UPNDS, refrendo el espacio legitimo como Pueblo Nación, saludando la construcción de ámbitos que permitan el dialogo entre iguales y donde cada sujeto pueda ejercer la vocería en primera persona. Ante la coyuntura que hoy sufren los Pueblos ante los ataques sistemáticos de los sectores oligárquicos del poder y de las elites dominantes en connivencia con un sector de la justicia, “los pueblos estamos unidos y organizados en instituciones legitimas”, “deben saber que no habrá método científico que detenga nuestro proceso legítimo como Pueblo Nación, porque es irreversible”

El Lonko Roberto Ñancucheo, referente nacional del ENOTPO, enmarco la realidad de los territorios organizados, las luchas reivindicativas históricas, los procesos constitutivos legítimos propios, la represión como método del gobierno actual, las propuestas y demandas que ejercen los Pueblos ante él y los Estados monoculturales, para su trasformación en estado plurales que den plena participación y contención a los más de 40 pueblos y naciones originarias que preexisten al país. 

Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios como espacio de articulación de los procesos propios como Pueblos, se viene trabajando por las reivindicaciones históricas, traduciendo en propuestas concretas cada una de las demandas territoriales, como lo es el caso de la reglamentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, deuda del Parlamento Argentino, para lo cual las organizaciones desde el 2010 construyeron el anteproyecto de ley para la Propiedad Comunitaria Indígena ingresado al Parlamento con expediente 5137-D-2017 para su pronto tratamiento, entre otras iniciativas legislativas.

La Alianza Latinoamericana de Pastoralismo y Alianza Mundial de Pastoralismo puso énfasis en las realidades del sector pastoril, sobre todo en Formosa donde se viven procesos de readaptación continua en los sistemas productivos de vida.

El referente Diego Montón del MNCI, remarca las desigualdades y el menosprecio hacia el sector de la agricultura familiar, donde, “el sector tiene regulado solo un 3 por ciento de la tierra, mientras produce para el 75 por ciento de la población a escala mundial”.

Desde el sector campesino se viene trabajando sobre la Declaración de los derechos de los campesinos, y que es documento a consolidar en las agencias y áreas atinentes al tema en Naciones Unidas-ONU.

Durante la jornada se presentaron productos de la agricultura familiar, producidos por hermanas y hermanos de pueblos originarios, de campesinas y campesinos, quienes ofrecieron su producción colectiva como aporte a la soberanía alimentaria.

En un Salón auditorio colmado de referentes de Pueblos Originarios, de organizaciones Campesinas, de referentes de organizaciones sociales y políticas, de catedráticos, de estudiantes y públicos en general se dio cierre a la actividad, intercambiando diálogos panel y público, con los compromisos conjuntos de profundizar dando continuidad a la propuesta de visibilizar en marcos de realidad territorial y de respeto a la diversidad cultural.

El ministro inimputable

Marcelo López Arias, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos fue parte del directorio de Cardero Argentina S.A. cuando ocurrió la muerte de Lucas Salaberría, estudiante de geología de la UNSa. Otro director fue imputado por la Fiscalía pero, hasta el momento, nada se dispuso al respecto del funcionario. 

La causa por la muerte del estudiante de Geología de la UNSa, Lucas Salaberría, ocurrida el 13 de noviembre de 2016, le pega en el pecho al Gabinete del gobernador Juan Manuel Urtubey.

El joven falleció tras días de agonía en una expedición minera al Nevado de Cachi en la que hubo serias irregularidades de contratación, sin ART, sin los equipos necesarios, sin revisiones médicas ni permisos de la Dirección de Minería y sin avisar a las autoridades ni mucho menos haber solicitado consenso de las comunidades originarias del lugar.

Lucas tenía sólo 27 años y sus padres son los que están luchando en la Justicia para definir las responsabilidades de la muerte de su hijo. “A nosotros nadie nos escucha porque el poder de Salta oculta a los verdaderos responsables. Uno de los dueños de la empresa que contrató a mi hijo para llevarlo a su muerte es el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias. Yo quiero que me responda y me diga cómo fue que armó toda esa expedición sin nada legal”, dijo Norma Lidia Sona, la mamá de Lucas.

Y mostró el Boletín Oficial de Salta Nº 20184, publicado el día 16 de enero de 2018, donde dice textual sobre la firma Cardero Argentina S.A.: “Directores Titulares: Dr. Mario Luis Castelli Temer, D.N.I. Nº 17.131.844 y Dr. Marcelo Eduardo López Arias, D.N.I. Nº 8.177.207”.

“Yo no quiero más Lucas Salaberría en Salta. Yo no quiero que sigan muriendo jóvenes por contratos basura. Si hay minería en la provincia que se haga con todas las de la ley. Por eso necesitamos respuesta del gobernador Urtubey, que nos diga qué hace su ministro de Gobierno contratando y armando expediciones ocultas a los cerros de Salta. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió la mamá.

La causa

Si bien Lucas murió por el mal de altura, los padres accionaron en la Justicia mecanismos para ver las responsabilidades por una serie de irregularidades que hubo durante la expedición.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, se puso al frente de la investigación y el 8 de noviembre de 2017 oficializó la primera imputación, por la muerte de Salaberría, al acusar formalmente al ingeniero geólogo peruano, Jhon Huaman Canchaguía, quien coordinaba la visita. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo al guía de la expedición.

En febrero de este año se avanzó en la causa y se amplió la imputación a la empresa que contrató al guía. Se trata de Cardero Argentina S.A., subsidiaria de una compañía canadiense. El nombre del presidente de la firma, Mario Luis Castelli, apareció en los diarios mientras que el de López Arias se mantuvo oculto.

Según consta en la investigación del fiscal Paz, Castelli le encomendó a Canchaguía que “se contactara con algunos estudiantes de Geología, proponiéndoles participar en la expedición. Posteriormente, celebró un contrato con aquellos, sin que surja, ni de las tratativas previas ni del contrato, el estado de salud de los estudiantes”.

“Tampoco se previó en dicho instrumento, ni consta de las declaraciones de los testigos entrevistados, que la empresa haya provisto elementos de seguridad o instrucciones de este tipo, en orden a garantizar la preservación de la salud y la vida de quienes fueron por él convocados para emprender la actividad”, agregó Paz.

Cuando llegaron a Cachi, el peruano no informó al destacamento policial del lugar, tampoco al hospital, ni tramitó el permiso para trabajar dentro del territorio diaguita. Realizaron una expedición para ir a tomar muestras mineras a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y no avisaron a nadie. El fantasma del uranio vuelve a rondar las comunidades originarias que son atacadas sistemáticamente por la prensa a favor de la explotación mega-minera. Nada es casualidad.

Lucas murió el domingo 13 de Noviembre de 2016 en el paraje “El Quemao”, en la zona de Palermo, Cachi. Ocurrió durante una expedición de exploración encomendada por Cardero Argentina SA a Canchaguía, quien a su vez contrató a Salaberría, quien falleció tras varios días de malestar.

Según, surge de la investigación del fiscal Paz, Salaberría murió como consecuencia de un paro cardiorespiratorio por falla cardíaca. Varios testigos, principalmente integrantes de la expedición, fueron coincidentes en sostener que Salaberría, días previos a su deceso, manifestó ciertos malestares físicos, síntomas que se intensificaron sin que recibiera auxilios médicos oportunos.

“Sólo le dieron un Tafirol”, dijo Norma y agregó: “No tenían equipo, no hubo control de salud, se peritó luego de un año el celular de Lucas para ver las fotos que fueron borradas, faltan las llamadas del teléfono satelital de Canchanguía, no se hizo autopsia, no hay coincidencias en la hora de muerte que dieron los que estuvieron con mi hijo. Todo está mal en esta causa y quizás sea porque está involucrado el más alto funcionario del Gobierno luego de Urtubey”, presumió Norma.

Fuente: Cuarto Poder