COLALAO CONTINUA EN ASAMBLEA PERMANENTE EN DEFENSA DEL TERRITORIO ANCESTRAL

“Denunciamos públicamente el atropello que sufrimos en nuestro territorio comunitario llamado Monte Bello, donde 21 familias fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán el día 06 de febrero del corriente año”

Colalao, 26 de Febrero de 2.015

La Comunidad Indígena Colalao continúa en Asamblea permanente: 

El día 17 de febrero del corriente año las Autoridades y Comuneros de Colalao, movilizaron en el Territorio de la Comunidad, comenzando con una Ceremonia a la PACHAMAMA "Madre Tierra" en nuestra Apacheta (vientre de nuestra Madre), con el acompañamiento de hermanos del Pueblo Tolombón y las Organizaciones Nacionales ONPIA y ENOTPO; con presencia del Director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente de la Nación - Hermano Roberto Ñancucheo; el Secretario de la Agricultura Familiar de la Nación Emilio Pérsico; Técnicos de la Delegación de la Agricultura Familiar de Tucumán y sociedad en general,

La Movilización se inició con un homenaje a la Pachamama y luego se realizo un Acto en la Plaza del Pueblo donde los comuneros damnificados expusieron con sus propias palabras lo sucedido el día del desalojo, cada una de las autoridades y delegados de Pueblos Originarios presentes dejaron su acompañamiento y palabra, de la misma manera que los referentes políticos.

La Movilización recorrió el pueblo de Colalao con paradas en:

• La Comuna Rural de San Pedro de Colalao a cargo del Sr. Julio Cesar Contino y Sub-delegado Walter Ricardo Mamani, donde los comuneros damnificados al día de la fecha no recibieron ningún apoyo por parte de éstos representantes del Estado.
• El Juzgado de Paz de la Localidad de San Pedro de Colalao a cargo del Juez Arandía, quién hace oídos sordos a los reclamos de los Pueblos Originarios.



Comuneros repudiando frente a la Comisaría de San Pedro de Colalao.-

PEDIMOS JUSTICIA POR NUESTROS HERMANOS COLALAO!!!

• Para terminar la manifestación terminó el recorrido en la Comisaría de San Pedro de Colalao Unidad Regional Norte Zona I, la cual está a cargo del Sub-comisario Juan José Alcocer, a quién los comuneros denuncian como"el mano derecha de la supuesta dueña ANA ALEJANDRA GARCIA MASCOFF, quién actúa en complicidad con un policía que trabaja de CIVIL llamado Carlos Darío Marcial alias “CHUPETE", sujeto acostumbrado a amenazar a comuneros y a COIMEAR de esto VIVEN, parece que el sueldo que cobran no les alcanza para que vengan hacer esto, por eso los REPUDIAMOS”.

El Video de la Movilización por la represión y el desalojo de la Comunidad Indio Colalao

A raíz de la masiva Movilización, y la repercusión de las denuncias nacionales en repudio al ataque sufrido, se abre una mesa de diálogo con el auspicio del Compañero Emilio Pérsico, quién convoca a las partes a una reunión en San Miguel de Tucumán. Llevada a cabo el día 18 de febrero del corriente año, las Autoridades de la Comunidad Indio Colalao el Cacique Manuel Cata y el Secretario asisten a la misma con el acompañamiento de las Autoridades de la Comunidad Indígena del Pueblo de Tolombon, el Cacique Rufino Morales; las Organizaciones Nacionales ENOTPO y ONPIA; el Delegado de la Unión de Pueblo de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS). Además estuvieron presentes en la mesa de diálogo; el Secretario de la Agricultura Familiar de la Nación Emilio Pérsico; el Director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente de la Nación - Roberto Ñancucheo; el Delegado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI Regional de Tucumán) el Sr. José Ramos; el Abogado de la Delegación de la Agricultura Familiar de Tucumán Dr. Bernardo Lobo; el Delegado Regional de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de la Agricultura Familiar de la Nación el Hno. David Pastrana, el subsecretario de la Agricultura Familiar Ramiro Fresneda, Técnicos de la Delegación de la Agricultura Familiar de Tucumán, la Abogada de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar de la Nación Dra. Victoria Gauna – Directora de Tierras; técnicos de DDHH, entre otros.

Las autoridades indígenas fueron firmes en exigir el cumplimiento pleno y efectivo del Derecho Indígena, con la obligación del Estado en intervenir inmediatamente para culminar en la Comunidad Indio Colalao el Relevamiento Territorial que manda la Constitución Nacional y la ley 26160 y sus prórrogas, respetando la Autodeterminación de los Pueblo Originarios y sus Comunidades.

De esta reunión, se acuerda y consensúa que una comisión conjunta con las áreas correspondientes realice de manera urgente las visitas y los relevamientos del estado de situación de cada una de las familias atropelladas y desalojadas en el territorio de Monte Bello para poner en resguardo el territorio y garantizar la seguridad social y jurídica a los hermanos de Colalao.

El día 19 y 20 comienzan los trabajos de relevamiento de la Comisión, llegando a territorio de Colalao los responsables del INAI y luego se suma el equipo de Agricultura Familiar, con las áreas correspondientes para respaldar el informe del estado de situación en la comunidad.

El trabajo se vio dificultado por la intromisión policial a pedido de Ana Alejandra García Mascoff, quién dice ser titular registral de los territorios comunitarios de los Colalaos, los cuales denuncian, “no nos dejan pasar a nuestro territorio comunitario llamado Monte Bello para que podamos darle de comer a nuestros animales y ver nuestros sembradíos, donde a nuestros comuneros ya se les murieron y perdieron varios animales, y a ella no le importa nada solo ve en sus ojos el signo pesos pero nosotros vivimos de nuestro territorio comunitario con las cosechas y el trabajo del campo, la cría de animales, con esto alimentamos a nuestras familias”

Muchos de los comuneros están sufriendo persecución por parte de la Policía LOCAL, siendo hostigados permanentemente, no pudiendo retornar a su territorio comunitario y volver a sus viviendas para continuar con la vida cotidiana de apego a la tierra que los vio nacer, crecer y que los cobija desde siempre.

No es posible que en tiempos democráticos aún pervivan en las comisarías locales, policías corruptos que son capaces de coimear y venderse al mejor postor, dejando de lado sus funciones y obligaciones que todo funcionario del Estado debe cumplir y que son principalmente el resguardo de la seguridad de las personas. Por eso repudiamos y condenamos totalmente la presencia de personajes como el llamado "chupete" ya que no hace mas que retrotraernos a los años mas oscuros de nuestro país, es necesario que los organismos de DDHH vean este tipo de atropellos y consideren las graves violaciones a los derechos humanos que sufrimos los Pueblos Originarios.

Se espera en el corto plazo la intervención del Estado Nacional para abordar la aplicación de la ley de Relevamiento Territorial (ley 26160 y sus prórrogas)

Comunera Mabel Vargas una de la damnificadas por el desalojo expresando su repudio contra la USURPADORA

Hnos. de la Comunidad Indígena Pueblo de Tolombon ofrendando a la Madre Tierra junto a las Autoridades de la Comunidad afectada.

Autoridades comunitarias y comuneros pidiendo Justicia por los hermanos desalojados

REPUDIAMOS a la POLICÍA DE TUCUMÁN y a la "USURPADORA ANA ALEJANDRA GARCIA MASCOFF


Contactos comunitarios: (0381)- 155483458/155276860/154478893
E-mail: comunidadcolalao@gmail.com

Mexico: La victoria del Pueblo Rarámuri en Repechike.

El Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Secretaría de Economía, deberán desahogar la consulta respectiva dentro del ámbito regional, la cual deberá cumplir con los siguientes parámetros: 

a) previa (a la continuación de la construcción del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” 

b) culturalmente adecuada a través de los representantes o autoridades tradicionales del poblado indígena; 

c) informada y 

d) de buena fe. 

Por Javier Corral Jurado

En el corazón de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, se asienta la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechike, en el municipio de Bocoyna. 

Es una pequeña comunidad Rarámuri - la etnia mayoritaria que ocupa los territorios y las barrancas de la majestuosa serranía -, la habitan 66 familias que agrupan alrededor de trescientas personas. Al igual que el conjunto de los pueblos y las comunidades indígenas de mi Estado vive el abandono y la pobreza ahí detenidos. A esa condición de marginación, se le suman con frecuencia abusos y atropellos de las autoridades que en aras del desarrollo económico quieren pasar por encima de sus derechos territoriales, si no es que de francos intentos de despojo. Los suponen, esencialmente indefensos. 

Así por ejemplo, hace ya casi tres años, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal iniciaron la construcción de un aeropuerto en tierras del ejido de Creel y en parte del ancestral territorio de Repechike. No tomaron en cuenta a sus pobladores y desplegaron todas las obras para su concreción. Bloquearon el camino real y las veredas que han utilizado por años para llegar de las rancherías de Creel, San Ignacio, así como de Bocoyna, la cabecera municipal.

Al más puro estilo de háganle como quieran, diversos caminos fueron clausurados por una malla ciclónica, impidiendo el paso de niños y adolescentes que se trasladan a pie al albergue de San Ignacio y la escuela en Creel; se le cerró el paso al transporte familiar de material o mercancías y el traslado de enfermos, obligándolos a caminar hasta cuatro horas más por el rodeo. Las obras de construcción terminaron inutilizando uno de los manantiales más importantes para las comunidades, ya que fue tapado arbitrariamente con piedras y tierra sin el menor cuidado. De este manantial, se surtían dos rancherías. Se talaron árboles en forma indiscriminada de árboles. 

El pueblo se puso en pie de lucha, acompañados de sus autoridades tradicionales, los gobernadores indígenas Emilio Enriquez y Nicolás Torres Palma, asesorados por la Consultoría Técnica Comunitaria, A. C. (CONTEC), una organización que está encabezada por tres valiosas mujeres activistas - que valen cada una por diez - : María Teresa Guerrero Olivares, Alma Chacón y Diana Villalobos. 

El 1 de abril pasado interpusieron un amparo en contra de las autoridades responsables por las afectaciones y la falta de consulta en la construcción del aeropuerto regional de Creel. El 23 de ese mismo mes se les concedió la suspensión de la obra. Sobrevino una campaña de linchamiento mediático alentada por el gobierno del Estado, y lo de siempre, "se oponen al desarrollo", "lucran con el amparo", "se perderán muchos empleos" y en el colmo del cinismo quisieron asustar con el petate del muerto "se van a perder 200 millones de pesos previstos para esa obra". Conforme avanzaba el litigio judicial, el gobierno del Estado elevó la estrategia intimidatoria: inició una auditoría en contra de los asesores jurídicos, CONTEC, e interpuso una queja en contra del juez que suspendió las obras de construcción. 

Sin embargo, a pesar de la presión y del desprestigio que se quiso ocasionar a los promoventes del amparo judicial, al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Ignacio Cuenca Zamora, no le tembló la mano y ha dictado una histórica sentencia que confiere a la comunidad de Repechike una victoria política, jurídica y social de enorme trascendencia para la causa indígena en general, y en particular, para la reivindicación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. El juez concedió el amparo definitivo de la justicia federal y ha ordenado la realización de una consulta. Fueron vencidas las artimañas para detener la decisión, y ahora están afirmados en esa sentencia principios de gran valía.

De este modo el 25 de noviembre el Vocal Ejecutivo de la Coordinación Estatal de la Tarahumara convocó a CONTEC a una reunión con el coordinador jurídico del Gobierno del Estado, los abogados de la Secretaría de Obras Públicas y de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. Ahora sí están dispuestos a negociar no sólo la reparación material de daños, sino también la situación de fondo que aqueja a la comunidad.

La sentencia del Juez Cuenca Zamora que reivindica y pondera el derecho internacional en favor de los derechos indígenas, establece que es procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal pues: “las autoridades responsables no efectuaron un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la comunidad Rarámuri denominada Bosque de San Elías Repechique antes de emprender o autorizar el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” […] puesto que tal como se obtiene del minucioso análisis de cada una de las constancias que integran el presente sumario, los actos encaminados a realizar la consulta no cumplen con los elementos mínimos para garantizar el derecho de participación, puesto que no revelan que las autoridades hubiesen establecido un procedimiento realmente efectivo con miras a consultar a las comunidades indígenas interesadas, […] a fin de determinar si sus intereses serian perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar la ejecución de la construcción de la terminal aérea.”

Por lo anterior la sentencia determina que las autoridades responsables, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Secretaría de Economía, deberán desahogar la consulta respectiva dentro del ámbito regional de la comunidad quejosa, la cual deberá cumplir con los siguientes parámetros: a)previa (a la continuación de la construcción del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” b)culturalmente adecuada a través de los representantes o autoridades tradicionales del poblado indígena; c) informada y d) de buena fe. 

Dicha consulta debe proceder en términos del artículo 7° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es decir, evaluar el impacto social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que la construcción del aeropuerto producirá. Asimismo, se establece que una vez concluida la consulta, las autoridades deberán tomar acciones inmediatas que resulten adecuadas para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones que incidan en la subsistencia de la comunidad indígena por la construcción del aeropuerto. 

La sentencia será un referente para otros casos, pero sin duda, tiene una importancia dentro del actual proceso legislativo que llevamos a cabo en el Senado de la República para impulsar una Ley General Sobre Derecho de Consulta Indígena, tomando como base la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007, en la que se señala entre los derechos indígenas fundamentales el “[...] conjunto de los derechos colectivos a la libre determinación, a la tierra y recursos naturales y derechos relativos a la conservación y desarrollo de su cultura y todos los derechos que, en la práctica, estos reconocimientos conllevan”.

El impulso de estos derechos resulta fundamental, pues tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicha garantía se relaciona directa y estrechamente con el derecho a la identidad cultural, de tal suerte que el Estado se encuentra obligado a respetarla, protegerla y promoverla “La obligación estatal de desarrollar procesos de consulta respecto de decisiones que afecten al territorio se vincula directamente, así, a la obligación estatal de adoptar medidas especiales para proteger el derecho la identidad cultural, basado en una forma de vida intrínsecamente ligada al territorio".

Al reconocer la sentencia del Juez Cuenca Zamora la personalidad jurídica de la comunidad indígena de Repechike, su interés jurídico y el interés legítimo basado en la figura del territorio ancestral, se ha dado un gran paso, que es obligado reconocer. Junto a decisiones judiciales como ésta, el Congreso de la Unión deberá hacer la homologación legislativa del marco normativo internacional que hemos suscrito. Si los jueces lo hacen valer, el Congreso no se puede quedar atrás. Entonces continuará el desarrollo económico y los distintos proyectos de inversión e infraestructura que atraviesan las zonas indígenas, pero ya nunca más podrán hacerlo sin tomarlos en cuenta y distribuir entre ellos realmente los beneficios. 

Fuente:

http://javiercorral.org/columna.php?id=9019

COLALAO: MARCHA Y MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL

Movilización de la Comunidad Indio Colalao - Pers. Juríd. 33/11 Re.Na.CI - Valle Choromoro - Pueblo Nación Diaguita Dpto. Trancas - Localidad de San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán, en repudio al brutal desalojo sufrido el 6 de febrero en el territorio comunitario denominado Monte Bello.

La orden de entrega provisoria llegó por una resolución del Juez Francisco Pisa y de la Fiscalía de 2da. Nominación, Fiscal Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, sujeto que pretende usurpar parte del Territorio y desalojar a familias de los lugares que habitaron desde siempre. 

El desalojo ilegal lo llevó a cabo la fuerza policial de Tucumán a cargo del subcomisario Juan José Alccorser, con presencia de infantería y policía montada los cuales no tuvieron piedad por los niños/as, mujeres y ancianos.

Se exige a los organismos nacionales responsables de la política indígena a intervenir de manera inmediata para garantizar la seguridad jurídica y territorial de los comuneros.

Se solicita la urgente intervención del ReTeCI para culminar con el relevamiento territorial que manda la Constitución Nacional, el Convenio 169 y la ley 26160 y sus prórrogas, Exp. ReTeCI - INAI-MDS Nº 50114/13-

Se convoca a los organismos de DDHH y Defensor del Pueblo de Nación a velar por cumplimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Originarios.

Se declara Asamblea permanente en resguardo del territorio comunitario y de todas las familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales.

¡RELEVAMIENTO TERRITORIAL YA!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA YA!

¡TODOS SOMOS COLALAOS!

Tucumán: Movilización de la Comunidad Indio Colalao por el desalojo de 21 familias

MANIFIESTO DE LA COMUNIDAD INDIO COLALAO

Colalao, 17 de febrero de 2015

La Comunidad Indio Colalao - Pers. Juríd. 33/11 Re.Na.CI - Valle Choromoro - Pueblo Nación Diaguita Dpto. Trancas - Localidad de San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán.

Reunidos en Asamblea permanente y movilizados para denunciar públicamente el atropello sufrido en nuestro territorio comunitario, donde 21 familias de nuestra Comunidad fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán el día 06 de febrero del corriente año.

A 11 días del brutal desalojo sufrido por nuestra comunidad y pueblo, nos movilizamos por el pueblo de Colalao con el acompañamiento de la Autoridades, delegados y miembros de la Comunidad del Pueblo Tolombón Nación Diaguita, de comuneros de la comunidad del Pueblo Chuschagasta, de autoridades y delegados de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios ENOTPO, de referentes de La ONPIA, Referentes de la Red del Pueblo Atacama de Salta, Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita UPND Salta, referentes de la Comunidad Aukajkuna del Pueblo tonokoté de Santiago del Estero, Werken de la Confederación Mapuce de Neuquén, con la presencia del referente del movimiento Evita y secretario de la Agricultura Familiar Emilio Pérsico, técnicos de la Agricultura Familiar Tucumán, junto a medios locales y sociedad en general, para denunciar el violento atropello sufrido en nuestro territorio ancestral.

El viernes a las 07 hs de la mañana llegaron al territorio comunitario denominado Monte Bello un grupo de más de 100 policías, pertenecientes al:

• GRUPO CERO;

• GRUPO DE LA REGIONAL NORTE;

• GRUPO INFANTERIA (en motos, caballería y camionetas)

• GRUPO de POLICIAS LOCALES (agentes).

Esta orden de entrega provisoria llegó por una resolución del Juez Francisco Pisa y la Fiscalía de 2da. Nominación, Fiscal Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, sujeto que pretende usurpar parte de nuestro Territorio y desalojar a nuestras familias de los lugares que habitaron desde siempre. El desalojo lo llevó a cabo la fuerza policial de Tucumán con presencia de infantería y policía montada los cuales no tuvieron piedad por los niños/as, mujeres y ancianos que se encuentran en nuestro territorio desde siempre.

Como Pueblos Originarios preexistentes repudiamos y denunciamos la violación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, y en especial la ley 26.160 y sus prórrogas la cuál establece: 

• Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que ocupan las comunidades indígenas 
• Se suspende los desalojos de las comunidades indígenas. 
• El INAI deberá realizar un Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de la situación de los Territorios de las Comunidades Indígenas 

Los Pueblos Originarios no somos ocupantes ilegales de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales.

Las familias de la Comunidad Indígena de Colalao al igual que el Pueblo de Tolombón han mantenido una posesión ancestral en este territorio desde siempre, cuyos registros lo comprueba la cédula real del año 1679 entregada por la Corona de Española en reconocimiento territorial. En los expedientes constan los apellidos Cata (derivado del Catay) Condorí, Mamaní, Colque, Vargas, Cruz entre otros; hoy sus descendientes son los que han sido salvajemente desalojados el día 6/2/2014.

Esta más que claro que la justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno, por eso se explica la sistemática violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Originarios. 

En Colalao, luego del desalojo, la terrateniente Ana Alejandra García Mascoff se acomodó en el mejor hotel de San Pedro (Los Arcos) y montó su oficina móvil dentro de la misma comisaría, con la pretensión de que los comuneros desalojados les firmaran un contrato de arriendo para poder dejarlos estar en el territorio un año más. Mientras el subcomisario Juan José Alccorser le facilitaba la logística, haciendo pasar de a uno a los hermanos. Para presionarlos la terrateniente amenazo con quedarse con todos los bienes y los animales de las familias intentando la firma bajo coerción.

Las familias desalojadas a la fecha se encuentran en casas de familiares y de vecinos que viven cerca. Han perdido mucho de sus pertenencias por las lluvias ocasionadas después del desalojo porque los policías les vaciaron sus casas, dejándoles las cosas tiradas a la intemperie. Las familias son de 9 a 11 integrantes con varios niños pequeños, mujeres y ancianos. 

A causa del violento ataque policial, varios abuelos se descompusieron, algunos de ellos están en tratamiento permanente por su frágil estado de salud por la edad y los achaques de los años, en medio del desalojo tuvieron que ser llevados en ambulancias hacia el centro médico del pueblo.

El negocio inmobiliario y la avaricia humana son tan grandes que los terratenientes no respetan nada. A nadie le gustaría ser desalojado del lugar que vivió desde siempre, ni ser sacado del territorio que vivieron los abuelos, los bisabuelos y todas las generaciones anteriores, hombres y mujeres que trabajaron la tierra para mejorarla para que nos provea de los alimentos necesarios sin molestar ni pedir nada a nadie, para que hoy aparezca una aterrizada, bajada de los barcos, y pretenda quedarse con nuestro territorio comunitario.

EXIGIMOS a los organismos nacionales responsables de la política indígena a intervenir de manera inmediata para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial.

Solicitamos la urgente intervención del ReTeCI para culminar el relevamiento territorial que manda la Constitución Nacional, el Convenio 169 y la ley 26160 y sus prórrogas, iniciado en el año 2010, nuestra emergencia territorial los hace responsables de este incumplimiento.

Convocamos a los organismos de DDHH y Defensor del Pueblo de nación a velar por cumplimiento de nuestros derechos colectivos y garantizar nuestro derecho a vivir en paz en nuestro territorio.

Como Pueblo Nación Diaguita preexistente nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales.

¡RELEVAMIENTO TERRITORIAL YA!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA YA!

Contacto: 0381 5276860

Tucumán: ESTADO DE SITUACIÓN DESALOJO EN COLALAO:

ASAMBLEA PERMANENTE EN RESGUARDO DEL TERRITORIO COMUNITARIO

La Comunidad Indio Colalao - Pers. Juríd. 33/11 Re.Na.CI-Valle Choromoro - Pueblo Nación Diaguita Dpto. Trancas - Localidad de San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán

Denunciamos públicamente el atropello sufrido en nuestro territorio comunitario, donde 21 familias de nuestra Comunidad fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán el día 06 de febrero del corriente año.

El viernes a las 07 hs de la mañana llegaron al territorio comunitario denominado Monte Bello un grupo de más de 100 policías, pertenecientes al:

• GRUPO CERO;

• GRUPO DE LA REGIONAL NORTE;

• GRUPO INFANTERIA (en motos, caballería y camionetas)

• GRUPO de POLICIAS LOCALES (agentes).

Esta orden de entrega provisoria llegó por una resolución del Juez Francisco Pisa y la Fiscalía de 2da. Nominación, Fiscal Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, sujeto que pretende usurpar parte de nuestro Territorio y desalojar a nuestras familias de los lugares que habitaron desde siempre. El desalojo lo llevó a cabo la fuerza policial de Tucumán con presencia de infantería y policía montada los cuales no tuvieron piedad por los niños/as, mujeres y ancianos que se encuentran en nuestro territorio desde siempre.

Como Pueblos Originarios preexistentes repudiamos y denunciamos la violación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, y en especial la ley 26.160 y sus prórrogas la cuál establece: 

• Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que ocupan las comunidades indígenas 
• Se suspende los desalojos de las comunidades indígenas. 
• El INAI deberá realizar un Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de la situación de los Territorios de las Comunidades Indígenas 

Los Pueblos Originarios no somos ocupantes ilegales de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales.

Las familias de la Comunidad Indígena de Colalao al igual que el Pueblo de Tolombón han mantenido una posesión ancestral en este territorio desde siempre, cuyos registros lo comprueba la cédula real del año 1679 entregada por la Corona de Española en reconocimiento territorial. En los expedientes constan los apellidos Cata (derivado del Catay) Condorí, Mamaní, Colque, Vargas, Cruz entre otros; hoy sus descendientes son los que han sido salvajemente desalojados el día 6/2/2014.

Esta más que claro que la justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno, por eso se explica la sistemática violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Originarios. 

En Colalao, luego del desalojo la terrateniente Ana Alejandra García Mascoff se acomodo en el mejor hotel de San Pedro y monto su oficina móvil dentro de la misma comisaría, con la pretensión de que los comuneros desalojados les firmaran un contrato de arriendo para poder dejarlos estar en el territorio un año más. Mientras el subcomisario Juan José Alccorser le facilitaba la logística, haciendo pasar de a uno a los hermanos. Para presionarlos la terrateniente amenazo con quedarse con todos los bienes y los animales de las familias intentando la firma bajo coerción.

Las familias desalojadas a la fecha se encuentran en casas de familiares y de vecinos que viven cerca. Han perdido mucho de sus pertenencias por las lluvias ocasionadas después del desalojo porque los policías les vaciaron sus casas, dejándoles las cosas tiradas a la intemperie. Las familias son de hasta 11 integrantes con varios niños pequeños, mujeres y ancianos. 

A causa del violento ataque policial, varios abuelos se descompusieron, algunos de ellos están en tratamiento permanente por su frágil estado de salud por la edad y los achaques de los años, en medio del desalojo tuvieron que ser llevados en ambulancias hacia el centro médico del pueblo.

"El negocio inmobiliario y la avaricia humana son tan grandes que los terratenientes no respetan nada. A nadie le gustaría ser desalojado del lugar que vivió desde siempre, ni ser sacado del territorio que vivieron los abuelos, los bisabuelos y todas las generaciones anteriores, hombres y mujeres que trabajaron la tierra para mejorarla para que nos provea de los alimentos necesarios sin molestar ni pedir nada a nadie, para que hoy aparezca una aterrizada, bajada de los barcos y pretenda quedarse con nuestro territorio comunitario"

La situación es de extrema emergencia de todas las familias desalojadas, con el agravante de que los animales como las vacas, cabras, caballos, chanchos, gallinas quedaron abandonadas a su suerte y se están muriendo de hambre porque han quedado encerrados en los corrales y los sembradíos  sin poder cosechar ni cuidar.

Como Pueblo Nación Diaguita preexistente nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales.

¡JURY DE ENJUICIAMIENTO A LOS JUECES CORRUPTOS QUE VIOLAN NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS!

¡RELEVAMIENTO TERRITORIAL YA!

¡POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO - LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!

CONTACTO: 0381 155276860

Las imágenes del ataque policial: