UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

31 de julio de 2015

1° DE AGOSTO - CELEBRACIÓN DE LA PACHAMAMA EN LA COMUNIDAD DIAGUITA KALLCHAKI EL DIVISADERO – TERRITORIO ANCESTRAL DEL PUEBLO NACION DIAGUITA



INVITADOS A CELEBRAR LA PACHAMAMA HERMANOS!!!

Comunidad Diaguita Kallchaki “El Divisadero”
Personería Jurídica N°087/11 Re Na Ci – INAI – Relevamiento Territorial Ley 26.160.-
Miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita UPND – Salta
Miembro - Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO


Gacetilla de prensa:
La Comunidad Originaria Diaguita Kallchakí “El Divisadero” convoca e invita a participar de la celebración de nuestra Madre Tierra “Pachamama”, a realizarse el día 01 de agosto de 2015 en el espacio colectivo “Lugar de Encuentro Isabel Pallamay” ex camping El Divisadero.
 
Invitamos a todos los hermanos y hermanas Diaguitas Kallchakíes, copleros, bagualeros, hilanderos, artistas locales y a los medios de comunicación con identidad, en particular a las radios Diaguitas FM Ambrosio Casimiro de la Comunidad Diaguita Kallchakli "La Aguada" (Cachi) y FM Libertad del Valle de Lurakato (Molinos) a compartir una radio abierta con la FM Itay Kaimen de la Comunidad Diaguita Kallchaki "El Divisadero" (Cafayate), a los Pueblos hermanos y a la sociedad en general a compartir esta celebración ancestral que se realiza en nuestro Territorio Diaguita. 


Nos encontraremos para revivir y revalorizar nuestra cultura, nuestra identidad y cosmovisión, compartiendo momentos de hermandad, algarabía y celebración.

Actividad al aire libre sin costo de ingreso.

Cronograma de actividades


  • 8:00 Hs –Bienvenida, recibimiento con el Yosky y lanzamiento de la radio abierta.
  • 09:00 Hs -Flechada, apertura del Pachacho, Ceremonia y Convido.
  • 11.30 Hs – Lectura de postura como sujetos de derechos y situación actual del Pueblo Diaguita.
  • 12:30 HS –Almuerzo comunitario y presentación de las autoridades tradicionales, delegados, consejo de ancianos, consejo de mujeres y consejo de jóvenes. Apertura del escenario musical con la participación de artistas locales y consagrados, que nos acompañaran durante el transcurso de toda la jornada. Actuaran, ente otros: Jacinta Condori, Javier Giménez y el Duo Raíces Salteñas.
  • 13:15 Hs –Demostración de habilidades en hilado, huaylida, y hondeada como saberes ancestrales, con reconocimiento por parte de la comunidad.
  • 17:00 Hs - Chilcaneada
  • 18:30 Hs - Cierre del Pachacho y despedida.
Contacto: 03868 15404172
www.facebook.com/upnd.salta
www.upndsalta.blogspot.com.ar

“Soy Un Preso Político” - Cacique Pancho Chaile desde El Hospital

“En La Gaceta nunca pude salir ni haciendo cosas buenas. Siempre cuando uno va a buscar alguna nota, no le dan bolilla. Ahora me hacen aparecer como un tremendo malviviente."
El Cacique Pancho Chaile desde el Hospital: “Soy un preso político”
En diálogo exclusivo con APA!, el líder de la Comunidad India Quilmes, que se encuentra detenido desde el 6 de junio pasado, explicó su lucha por las tierras, denunció que fue golpeado cuando fue llevado preso, las dificultades que atraviesan los pueblos indígenas y la esperanza de que el Estado provincial finalmente les reconozca lo que es propio: los terrenos que ocupan ancestralmente.

Los hospitales son lugares fríos, oscuros, donde la muerte ronda los pasillos. Las paredes blancas, descascaradas por la humedad y manchadas por el abandono, disimulan una falsa pulcritud. Los rostros de las visitas, cansados, anónimos, parecen siempre esperar. El de Monteros no es la excepción.
Es de noche y una leve brisa nos recuerda que es invierno. Sin pedir permiso nos inmiscuimos, disimulando nuestra presencia. Un cartel exige respetar los horarios de visitas, que por lejos estamos incumpliendo. Caminamos con la seguridad de quién tiene permitido estar donde está. Al final del camino, entramos a una habitación donde tres pacientes esperan para una pronta cirugía. Una policía custodia la habitación al pie de una cama. De la cama de Francisco Chaile. De Pancho, el cacique de la Comunidad India Quilmes.

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El 11 de junio, La Gaceta publicaba una nota cuyo sugestivo título rezaba ‘A los tiros, intentaron tomar posesión de las ruinas de Quilmes’ y en la bajada explicaba que ‘una banda ingresó armada el sábado y atacó a los administradores’. Para el centenario diario, lo ocurrido cuatro días atrás se trataba de un asalto disimulado por la presencia del ‘ex’ cacique Francisco Chaile. Las únicas y privilegiadas fuentes de la nota eran policías. Sin nombres, sin cargos. Solo ‘fuentes policiales’.
Al otro día, el diario publicaba una Editorial, reservada para casos de importancia social. La empresa nunca se había pronunciado sobre un conflicto indígena de esta manera. Nuevamente se mencionaba a Chaile como ex líder de la Comunidad y se reforzaba la hipótesis de que ‘se habría tratado de un intento del ex cacique de quedarse con la administración del predio’. Toda la cobertura de días posteriores hará hincapié en la disputa interna, sin llegar al verdadero núcleo de la cuestión: quiénes son los verdaderos y legítimos dueños de las tierras.
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Francisco Chaile nos recibe en su habitación compartida del hospital de Monteros. En pocos días será sometido a una cirugía de vesícula, que se pospuso por una infección urinaria. Está tranquilo, relajado. “Ya varias veces me han operado”, nos dice. Tiene la piel curtida, no solo por sus 64 años recién cumplidos, sino por una lucha que le ha ocupado los últimos 40 años de su vida. “Estamos defendiendo nuestros derechos. Los pueblos indígenas estamos demostrando que realmente las cosas hay que lucharlas porque sino no vamos a conseguir nada”.
Está contento porque siente que su pueblo se despertó, porque han podido romper el silencio pues su detención ha hecho mucho ruido. “En La Gaceta nunca pude salir ni haciendo cosas buenas. Siempre cuando uno va a buscar alguna nota, no le dan bolilla. Ahora me hacen aparecer como un tremendo malviviente. Si Tata Dios y la Pacha me dan tiempo, voy a demostrarles que no es así”.
Su anhelo, lo que lo motiva a seguir adelante, es “recuperar lo que estamos perdiendo”, sus tierras, esas en las que se han criados sus abuelos, sus padres, donde han desarrollado sus vidas, han conocido amores y dolores, donde se han ilusionado y decepcionado, donde han pasado hambre y atracones.
“Mi tierra que tengo es la que ha cultivado mi padre. No tengo deseo de adueñarme de nada, sino de acompañar hasta donde más pueda a mi gente”.

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El 6 de junio Pancho Chaile fue detenido junto a otras 12 personas. Fueron acusados por ‘robo agravado, uso de armas y amenazas’, motivos por los cuales se les dictó prisión preventiva, usualmente reservada para causas graves o donde el acusado pueda escaparse. A pesar de su delicado estado de salud, el juez Mario Velázquez del Juzgado de Instrucción del Centro Judicial de Monteros rechazó el pedido de andhes para que Chaile cumpla la medida en su casa, aunque lo autorizó a internarse hasta tanto se le otorgue el alta hospitalaria cuando deberá ser alojado nuevamente en la comisaria monteriza.
“Soy enfermo yo. Tengo una enfermedad del riñón. Quería contarle eso al médico (judicial), que cada tanto me agarran unos ataques. Dos o tres días que duermo en el suelo me enfermo. Cuando llegué al hospital, no podía dar vuelta la cama. Era por la vesícula, tengo un quiste de 10centímetros. Tenía la vesícula muy inflamada. Lo más grave es lo del riñón, que hace muchos años tengo ataques”, nos relata Pancho sin desánimo, como quién cuenta algo por compromiso.
Pero reconoce que en la cárcel “la pase bastante mal “porque no tenía atención médica. Aunque tiene confianza en que podrá revocar la prisión preventiva, dice que “si tengo que volver al calabozo, no sé si volverá a chaparme la enfermedad”.
Pancho es un optimista sin cura. Cada palabra se afirma sobre la premisa del triunfo de los justos. Por eso está “con mucho ánimo” aunque preocupado mucho por “la familia de los chicos que están presos”. A sus hermanos comuneros les pide que no se callen en las marchas. Sabe que, aunque el hospital insista, el silencio no es salud.

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La Comunidad India Quilmes se encuentra en la provincia de Tucumán,en el valle de Santa María, situado entre las sierras de El Cajón y del Aconquija. Pertenecen a ella aproximadamente 600 familias (más de 2.500 personas) de 14 comunidades de base. De 1973 datan los primeros intentos de reorganizar la Comunidad, en aquél momento el nombre de Federación Indígena. La Dictadura cívico-militar, que contó con el respaldo de la misma Iglesia Católica que avaló el genocidio indio realizado por los colonizadores europeos en América, obturó todos los procesos sociales organizativos que ponían en peligro sus intereses. La CIQ no fue la excepción. Quedó desmantelada.
Con el regreso de la democracia institucional, la Comunidad vuelve a organizarse, con el principal objetivo de lograr la personería jurídica, cuestión que logran en 1984 con el reconocimiento de los Estados nacional y provincial. Todos esos años, negros para historia del país, encontraron a Pancho Chaile recorriendo los valles para conocer los problemas de sus hermanos comuneros. Esa experiencia le sirvió para empezar a contactarse con organizaciones indígenas de Chaco, de Buenos Aires y otros lugares, preparándose para pelear por una ley nacional que los protegiera. Así lograron que el alfonsinismo promulgara la ley 23.302 de apoyo a las comunidades aborigenes. “Era un instrumento con qué defendernos”, nos explica.
En medio de ese proceso de reorganización, se cumplían 500 años del genocidio contra los pueblos originarios. La CIQ organizó un acto con la presencia de más de 500 personas en el año 1992, para repudiar la llegada de Colón a nuestra América. También ese año, Francisco Chaile es elegido como presidente de la Comunidad. En 1994, la Constitución Nacional, que fue reformada como fruto del Pacto de Olivos entre el entonces presidente Carlos Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín, incluye en su artículo 75 el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, lo que refuerza la lucha de las comunidades de todo el país.
En el año ’97, la comunidad empieza a discutir su forma organizativa. La búsqueda tenía que ver con referenciarse en algo que tuviese que ver más con la historia de los Quilmes, donde haya un cacique y un consejo de Delegados donde estén representadas las 14 bases que contiene la Comunidad. Siempre con la premisa de defender las tierras cuando se metía “gente de afuera”. A partir de acordar la forma de organizarse, se hace una asamblea un año después, donde se postulan cuatro candidatos. Pancho es elegido cacique de la Comunidad, elección que volverá a ganar en el 2004, 2008 y 2013. Aunque siempre ganaba por amplia mayoría, comienza a gestarse una minoría opositora dentro de la propia comunidad, encabezada por Santiago Santos, quien a la larga se aliaría con empresarios y políticos en contra de sus propios hermanos.
Fortalecer la organización interna es lo que permitió a la Comunidad India Quilmes avanzar en recuperar y ganar lo que es propio. En ese contexto se da la lucha por la restitución del sitio Arqueológico Ruinas de Quilmes o Ciudad Sagrada, que desde 1992 hasta el 2007 estuvo en manos del empresario Héctor Cruz.

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El día que cayó preso, Francisco Chaile tenía como meta recuperar la Ciudad Sagrada de Quilmes, que había sido nuevamente usurpada el 7 de marzo por Santiago Santos con el apoyo de Cruz. Junto a otras 9 personas, se tomaron dos remises con la idea de ir al sitio y “pegarles” a los usurpadores “una susteada, una gritada, una apurada. Siempre mi intención ha sido no pegar, no matar no hacer ningún salvajismo. Lo que sí nada más un susto”.
Sabían que a la hora en que iban a ir no quedaba prácticamente nadie en el lugar. La llegada del ocaso disipaba los turistas y también a los empleados.
Cuando llegaron al lugar, uno de los autos quedó en la entrada y el otro se fue para arriba, a unos 300 metros de distancia. Aunque no lo sabían entonces, ahora no tienen dudas. “Nos han hecho una cama. Ya estaba hecha y fuimos a caer. No llevamos más gente para no hacer ruido. íbamos a llamar más gente cuando ya estemos ahí. Pero no lo logramos. Rápido llegó la cana”.
Todo fue en cuestión de minutos. “Parece que la tenían escondida a la gendarmería, porque no había tiempo para llegar de Colalao del Valle”, donde está asentada la base de la fuerza. Pancho y los que lo acompañaban quedaron rápidamente reducidos.
Sospecha que tenían los celulares intervenidos o tal vez alguien del grupo “cantó la movida”. No imaginaba que un desesperado intento de recuperar las tierras de su comunidad lo llevaría a la cárcel. “Nos acusan de haber estado armados, haber robado, tentativa de muerte, robo en banda. La directiva no era robar, sino ahuyentarlos, corretearlos a los de ahí. Y habían estado esperándonos escondidos. Yo no estaba armado”.
Para las comunidades, la justicia siempre tarda en llegar. El cacique es sabio. “Esto de alguna manera nos hace poner de pie. Desgraciadamente, tiene que haber un inconveniente para que uno salga a la calle, para que uno vea que nuestro propio destino hay que lucharlo para conseguirlo”.

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En 1992, el entonces gobernador Ramón ‘Palito’ Ortega cedía la concesión del sitio Arquelógico al empresario Héctor Cruz, por un período de 10 años. Sin autorización de la comunidad ni estudios de ninguna índole, Cruz construyó en el lugar un hotel con piscina incluida. Vencido el plazo del contrato, la Comunidad India Quilmes, fortalecida y reorganizada, presentó un amparo ante la justicia exigiendo la restitución del sitio a sus legítimos dueños. Aunque el amparo fue favorable, demoraría 5 años en ejecutarse.

“En julio del 2007 sale un decreto del gobernador Alperovich para desalojarlo al señor este del sitio Arqueológico Ruina de Quilmes. Hacen dos intentos muy light, con poca fuerza de parte de la policía y no los desalojan. Cuando conocimos este decreto y que no pasaba nada, hicimos cortes de ruta en la entrada del sitio. El corte se hace el 28 de noviembre. El 13 de diciembre, se presenta el fiscal de Estado de Tucumán acompañado por 50 efectivos de la policía y se lo desaloja al hombre (a Cruz)”.
A partir de allí, comenzaría una nueva etapa de negociación entre la CIQ y el Estado provincial para definir cómo gestionar el sitio. Como el Ente Turismo no proponía ninguna salida viable, la Comunidad continuó con los cortes de ruta hasta el 9 de enero del 2008, cuando recuperaron sus tierras sin pedirle permiso a nadie.
Los siguientes años transcurrirían entre la novedosa gestión del sitio por parte de sus legítimos dueños y una oposición interna encabezada por Santiago Santos que, enojado por las sucesivas reelecciones de Chaile como cacique, se iría aliando con el empresario Cruz y políticos desde las sombras. “Con la plata que nos daba el sitio, ayudábamos a la gente, hacíamos trabajos allí, porque cuando lo agarrábamos estaba bastante deteriorado. Permanentemente había un tipo de ayuda social hacia las distintas comunidades de base que tenemos”, nos explica el cacique.
Cuando en el 2013, Francisco Chaile es nuevamente refrendado por sus hermanos como líder de la comunidad, Santos y Cruz deciden usurpar la rebautizada Ciudad Sagrada de Quilmes con el apoyo de entre 30 y 40 personas. “Conversando con la gente, vi que ir a una guerra no era la solución. Pongo un amparo a la simple tenencia que me sale favorable. Recién se desaloja el 5 de marzo del 2014”, recuerda Chaile.
Sin embargo, dos días después los usurpadores volverían. “Cayeron 70 personas con tumberas, fierros, cadenas, látigos y masacran a esas 8 personas de la comunidad (que habían quedado custodiando el lugar) y ocupan de nuevo el sitio. Sergio Condorí es herido de bala y también hicieron otros disparos al aire. A algunos han visto quienes eran y a otros no los han reconocido porque tenían los rostros tapados. Pusimos la denuncia y empezamos a caminar atrás de esa denuncia durante un año y cuatro meses, hasta llegar a la situación mía”.

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El hospital de Monteros se pone cada vez más frío. El preludio de una cirugía pone a prueba el temple de hasta el más valiente. Pancho sabe que no hay nada para temer. Es la confianza en sus propias fuerzas lo que lo sostiene.
Le preguntamos por qué está preso. “Pienso que porque les molesto. Durante 14, 15 años tuve esa oposición que fue financiada por ese señor Cruz”, lanza con simpleza.
En realidad, no se le escapa que el conflicto real es la posesión de las tierras, esas que vienen reclamando hace años, que les quitaron sin pedirles permiso, que les amenazan con sacarlos. Hace dos años culminaron con el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160 y reclaman como propias cerca de 70 mil hectáreas. Pero están elaborando un proyecto para que las tierras fiscales que están dentro de los terrenos indígenas vuelvan a las comunidades. Son más de 7 mil hectáreas, que incluirían el Sitio Arquelógico o Ciudad Sagrada de Quilmes.

La voz de Chaile se va poniendo grave. Son muchos los interesados en que los ‘indios’ fracasen. El despojo histórico del que han sido víctimas se perpetúa en cada desalojo, en cada usurpación, en cada comunero preso. Sabe que sus tierras son atractivas para empresarios y políticos que son empresarios o que se alinean con empresarios. Es que esos terrenos son aptos para las viñas, los nogales y son muchas hectáreas que están vacías porque la comunidad no tiene capital para hacer inversiones.
“Tenemos que ver que el Estado o quien fuera nos brinde recursos pero que no nos la quiten porque vamos a ser unos parias en nuestras propias tierras”, reclama Pancho.
A pesar de que tienen una cédula real de 1716 que les reconoce la posesión del territorio en el que aun vivían los Quilmes y los Amaichas, no cree que la legitimidad surja de un papel. “La mayoría hemos nacido en la tierra. Y nacer en la tierra tiene muchísimo valor. Más que cualquier papel. Yo nací en esta tierra. Ahí nació mi abuelo, mi papá. ¿Cómo puede venir a reclamarme mi tierra un tipo que ha nacido en otro lado? Andá a reclamar adonde has nacido vos”, dice casi gritando.
El hospital será su cárcel hasta que esté le den el alta. Lejos de su pueblo, aprovecha la charla para mandarle un mensaje a su comunidad. “Aquí hay muchos factores que vienen jugando en contra de nosotros, desde hace muchos años. Ahora se sabrá quién es quién. Por otro lado, veo que estamos más cerca de solucionar nuestros problemas. No solo de la Comunidad India Quilmes, sino de otras comunidades hermanas que están apoyando la lucha. Esto de alguna manera nos hace poner de pie. Desgraciadamente tiene que caer preso un hermano para que se destape la olla. Mi anhelo es recuperar lo que estamos perdiendo, que son nuestras tierras”.

Fuente: APA

29 de julio de 2015

La Noche y las Luces



Fuente: Felipe Pigna y María Seoane, La Noche de los Bastones Largos, Editorial Caras y Caretas, Buenos Aires, 2006.

Aquel 9 de julio, apenas 11 días después del golpe de Estado que derrocara al Doctor Illia y entronizara al dictador Onganía, el país conmemoraba los 150 años de la declaración de la Independencia nacional. La situación nacional podía verse claramente reflejada en dos discursos antagónicos que se dijeron el mismo día de la Independencia. Dijo en aquella ocasión el general Onganía: “No permitiremos que acosen a nuestra juventud extremismos de ninguna naturaleza. Si fijamos con claridad el rumbo, nadie podrá apartarla de su misión de grandeza.” Y dijo pocas horas después el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long: “En este día aciago en que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, hacemos un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria. La Universidad no es una máquina ni una razón; es una voluntad decidida a iluminar los caminos más difíciles del hombre”.

Veinte días después la historia los iba a juntar a golpes, a golpes de bastones largos.

Todo empezó un viernes. Estaba reunida la “mesa chica” de la inteligencia de la autodenominada “Revolución Argentina”. Allí estaban los generales Eduardo Señorans, jefe de la SIDE, y Mario Fonseca, jefe de la Policía Federal. Llegaron noticias de los servicios de que en la Facultad de Ciencias Exactas, en la Manzana de las Luces, la comunidad universitaria había resuelto resistir pacíficamente la violenta política educativa del Onganiato. 
Los generales ya se habían decidido a intervenir “contra los subversivos” cuando un estímulo extra alimentó sus furias. Fonseca y Señorans recordaron que hacía unos días mientras homenajeaban a su idolatrado General de la Nación Julio Argentino Roca en su notable monumento emplazado frente a la Facultad, y mientras leían y escuchaban alternativamente discursos sobre la valentía del general y las ventajas del fusil rémington sobre las lanzas, comenzaron a llover aquellas sólidas monedas de un peso moneda nacional sobre las gorras de los representantes de la reserva moral de la Nación y sus amigos civiles y eclesiásticos. La inusual emisión monetaria provenía de las ventanas de la Facultad de Exactas y era arrojada por entusiastas y certeros estudiantes. Fonseca recordaba con admiración la actitud decidida del general Ávalos, quien valientemente escoltado y armado irrumpió en la Facultad para pedir explicaciones. Fonseca y Señorans se aprestaban a darles una lección a aquellos apátridas que no respetaban ni al general Roca, que en paz descanse, y decidieron bautizar al operativo con el poético nombre de “Operación Escarmiento”.

En Exactas, mientras tanto, tras una masiva asamblea, Docentes y Alumnos decidieron tomar el establecimiento en demanda de la anulación del decreto 16912 de Onganía, que ponía fin a más de 40 años de Autonomía, Cogobierno y Libertad de Cátedra, los ejemplares postulados de la Reforma Universitaria de 1918 que recorrieron el mundo y honraron a la inteligencia argentina.

Los docentes y los estudiantes con más experiencia en la lucha invitaron a retirarse a los compañeros que tuviesen miedo o no estuvieran de acuerdo con la toma. Tanto el decano Rolando García, como el vice-decano Manuel Sadosky y aun el notable profesor visitante Warren Ambrose del MIT de Massachussets, creyeron que ante su presencia las tropas de Onganía se iban a abstener de reprimir la pacífica toma.

La lógica de los notables científicos no coincidía en nada con la de los represores. El general Fonseca mandó cortar el tránsito en torno a toda la Manzana, que empezaba a perder sus luces. Pronto unas voces metálicas intimaron a través de altavoces el desalojo inmediato del edificio. Desde adentro respondieron con una canción que se había estrenado en 1813 a pocos metros de allí, el Himno Nacional Argentino. Estudiantes y docentes salieron del edificio cantando la canción nacional con los brazos en alto. Nadie opuso resistencia. Pero la orden debía cumplirse claramente, Fonseca había dicho que había enseñarles a esos “judíos de mierda”, a esos “zurdos hijos de puta” que “acá se había acabado la joda”. Y la obediencia debida y generalmente sentida hizo el resto. La Guardia de Infantería no ahorró insultos, patadas, golpes de machetes y palazos que por “orden superior” y razones obvias debían apuntar a la cabeza, pero no sólo en la cabeza, como lo demuestra la querella criminal iniciada por el decano Rolando García contra el general Fonseca, en donde constan según el informe forense lesiones en el cráneo, la espalda y la fractura de parte de la mano derecha.

Al salir, los estudiantes debieron pasar por una doble fila de policías que golpeaban a los varones y, como buenos caballeros defensores de la moral occidental, golpeaban y manoseaban a las estudiantes.

En la facultad de arquitectura se repitieron las escenas de barbarie a pesar de que allí no se había preparado orgánicamente ningún acto de resistencia.

En total, en aquella noche nefasta ideada por Onganía y sus secuaces, se llevaron a 200 personas detenidas, aunque los partes oficiales hablaban de 140. Otras quince fueron llevadas a distintos hospitales públicos.

Todos los detenidos sufrieron vejaciones y muchos de ellos simulacros de fusilamiento. Todos aprendieron una lección inolvidable: las dictaduras odian la cultura, el estudio superador, liberador. Todos ellos recibieron, junto a los golpes, su graduación acelerada en una materia que comenzaba a impartirse en la Argentina y en América Latina por ordenes superiores de Washington, aceptadas con mucho gusto por los mercenarios locales y sus financistas de turno, que comenzaba a conocerse como la Doctrina de la Seguridad Nacional, y empezamos a saber que era correlativa y obligatoria.

A los pocos días, el general Onganía declaró ante la atónita prensa extranjera: “Infortunada y lamentablemente, la decisión del gobierno de hacer actuar a la Policía fue tomada porque los estudiantes resolvieron ocupar ilegalmente dos edificios de Facultades. Lamento la violencia. Si no lo hiciera, estaría avergonzado”.

El gobierno quiso dar la imagen de que nada había ocurrido. Fue nombrado Rector de UBA el autodenominado “juez de la Revolución Libertadora” Luis Botet (calificado por los diarios “serios” como eminente penalista). Renunciaron los decanos de Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Arquitectura. 
En Exactas de un total de 675 docentes renunciaron 330 (66 profesores, 87 Jefes de Trabajos Prácticos, 105 ayudantes y 72 técnicos). Institutos como los Biología Marina, Cálculo, Meteorología, Televisión Educativa (pionero en América Latina), quedaron desmantelados. En total presentaron su renuncia 1500 docentes de todo el país que continuaron sus brillantes carreras en el exterior.

Mientras tanto el premio Nóbel Bernardo Houssay declaró que debían rechazarse todas las renuncias y evitar que los científicos, investigadores y técnicos abandonaran el país. Houssay se encontraba en el VII Congreso de Filosofía reunido en Mar del Plata del cual se retiró la delegación peruana en solidaridad con los intelectuales argentinos perseguidos.

Mientras tanto el canciller argentino Nicanor Costa Méndez se defendía ante el New York Times: “El nuevo gobierno no es una dictadura militar: el único militar que hay en el poder es el presidente y el presidente es un militar retirado. No es una dictadura: no hay nadie en la cárcel ni se ha perseguido a nadie por sus ideas políticas; nadie ha sido excluido del gobierno por esa razón. El gobierno ha comenzado por corregir la situación en las universidades, en la industria azucarera; está corrigiendo la situación en los ferrocarriles, en los puertos, y la situación que se refiere a los llamados precios políticos. En cuanto a la política exterior, la Argentina es un aliado de los EE.UU. porque cree en lo que creen los EE.UU., en los derechos del hombre como individuo y en la defensa de la vida del hombre como forma de libertad”. 1

Roberto Roth, el secretario técnico de Onganía, prefirió recurrir a la ironía: “No ha de haber hecho falta ningún milagro de persuaSión para convencer a los bravos integrantes de la Guardia de Infantería a repartir palos aquella noche. Hacía varias décadas que no hacían buenas migas con los estudiantes. Encontrarlos servidos en un patio de donde ninguno podía escapar parecía una bendición caída del cielo. Con la tanda de palos que recibieron los estudiantes, los intervencionistas tuvieron su argumento; la Guardia de Infantería, su satisfacción; los estudiantes, su martirio; y los dirigentes que habían buscado el incidente, su atropello a la cultura. Quedaba entonces todo el mundo contento. El incidente, una trifulca universitaria más, no hubiera merecido mayor comentario, pero un genio de las relaciones públicas le encontró un nombre y la bautizó, con lo cual ‘la noche de los bastones largos’ entró en la historia”. 2

Pero el glorioso movimiento estudiantil argentino iba seguir con su tradición de lucha y vendrían duras y heroicas jornadas de resistencia en todas las universidades del país de Salta a la Patagonia y de Mendoza a Corrientes, y a Onganía y a sus socios se les acabó su dictadura “con objetivos y sin plazos”, porque estudiantes y obreros comenzaron a destruir sus objetivos y a emplazarlo.

29 de julio de 1966 - La noche de los bastones largos

El 29 de julio de 1966, las universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente en el episodio que se conoce como la “noche de los bastones largos”. Cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban varios de los edificios de las facultades de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, enviados por Onganía, quien decretó la intervención a las universidades nacionales y la “depuración” académica, es decir, la expulsión de las casas de altos estudios a los profesores opositores, sin importar su nivel académico. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas, que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. 



Carta del profesor Warren A. Ambrose
Buenos Aires, Argentina, 30 de julio de 1966

Carta al Editor
The New York Times
New York, N.Y.
Estimados señores:

Quisiera describirles un brutal incidente ocurrido anoche en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y pedir que los lectores interesados envíen telegramas de protesta al presidente Onganía.

Ayer el Gobierno emitió una ley suprimiendo la autonomía de la Universidad de Buenos Aires y colocándola (por primera vez) bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. El Gobierno disolvió los Consejos Superiores y Directivos de las universidades y decidió que de ahora en adelante la Universidad estaría controlada por los Decanos y el Rector, que funcionarían a las órdenes del Ministerio de Educación. A los Decanos y al Rector se les dio 48 horas de plazo para aceptar esto. Pero los Decanos y el Rector emitieron una declaración en la cual se negaban a aceptar la supresión de la autonomía universitaria.

Anoche a las 22, el Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Rolando García (un meteorólogo de fama que ha sido profesor de la Universidad de California en Los Ángeles), convocó a una reunión del Consejo Directivo, de la Facultad de Ciencias (compuesto de profesores, graduados y estudiantes, con mayoría de profesores) e invitó a algunos otros profesores (entre los que me incluyo), a asistir al mismo. El objetivo de la reunión era asistir al mismo. El objetivo de la reunión era informar a los presentes sobre la decisión tomada por el Rector y los Decanos, y proponer una ratificación de la misma. Dicha ratificación fue aprobada por 14 votos a favor, con una abstención (proveniente de un representante estudiantil).

Luego de la votación, hubo un rumor de que la policía se dirigía hacia la Facultad de Ciencias con el propósito de entrar, que en breve plazo resultó cierto. La policía llegó y sin ninguna formalidad exigió la evacuación total del edificio, anunciando que entraría por la fuerza al cabo de 20 minutos (las puertas de la Facultad habían sido cerradas como símbolo de resistencia –aparte de esta medida no hubo resistencia). En el interior del edificio la gente (entre quienes me encontraba) permaneció inmóvil, a la expectativa. Había alrededor de 300, de los cuales 20 eran profesores y el resto estudiantes y docentes auxiliares. (Es común allí que esa hora de la noche haya mucha gente en la Facultad porque hay clases nocturnas, pero creo que la mayoría se quedó para expresar su solidaridad con la Universidad).

Entonces entró la policía. Me han dicho que tuvieron que forzar las puertas, pero lo primero que escuché fueron bombas, que resultaron ser gases lacrimógenos. Al poco tiempo estábamos todos llorando bajo los efectos de los gases. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a los gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. El procedimiento para que hiciéramos eso fue gritarnos y pegarnos con palos. Los golpes se distribuían al azar y yo vi golpear intencionalmente a una mujer –todo esto sin ninguna provocación. Estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros estaba armado, nadie ofreció resistencia y todo el mundo (entre quienes me incluyo) estaba asustado y no tenía la menor intención de resistir. Estábamos todos de pie contra la pared –rodeados por soldados con pistolas, todos gritando brutalmente (evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo –se diría que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros). Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de diez pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifles y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Debo agregar que los soldados pegaron tan brutalmente como les era posible y yo (como todos los demás) fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo, y en donde pudieron alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros –mujeres, profesores distinguidos, el Decano y Vicedecano de la Facultad, auxiliares docentes y estudiantes. Hoy tengo el cuerpo dolorido por los golpes recibidos pero otros, menos afortunados que yo, han sido seriamente lastimados. El profesor Carlos Varsavsky, director del nuevo Radioobservatorio de La Plata, recibió serias heridas en la cabeza, un ex secretario de la Facultad (Simón) de 70 años de edad fue gravemente lastimado, como asimismo Félix González Bonorino, el geólogo más eminente del país.

Después de esto, fuimos llevados a la comisaría seccional en camiones, donde nos retuvieron un cierto tiempo, después del cual los profesores fuimos dejados en libertad sin ninguna explicación. Según mi conocimiento, los estudiantes siguen presos. A mí me pusieron en libertad alrededor de las 3 de la mañana, de modo que estuve con la policía alrededor de cuatro horas.

No tengo conocimiento de que se haya ofrecido ninguna explicación por este comportamiento. Parece simplemente reflejar el odio para mí incomprensible, ya que a mi juicio constituyen un magnífico grupo, que han estado tratando de construir una atmósfera universitaria similar a la de las universidades norteamericanas. Esta conducta del Gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país.

Atentamente,

Warren Ambrose
Profesor de Matemáticas en
Massachussets Institute of Technology
y en la Universidad Nacional de Buenos Aires


28 de julio de 2015

ENOTPO - NI OLVIDO, NI PERDÓN. RESTITUCIÓN!



En su reciente visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia, el Papa Francisco realizó una serie de declaraciones en su discurso que generaron una fuerte repercusión en la opinión pública mundial. Uno de los pilares de esta proclama se basó en el pedido de perdón en nombre de la Iglesia “por los crímenes cometidos contra los Pueblos Originarios durante la llamada conquista de América”, conquista llevada a cabo con la espada y con la cruz. Muchos sectores, de distintas extracciones, se han hecho eco de esto, catalogándolo como una conquista sin precedentes en el reconocimiento y visibilización de la lucha de los Pueblos Originarios en el continente.

Frente a esta situación sostenemos que la reparación histórica no puede quedar meramente en una declaración o pedido de perdón, sino por las acciones que conllevan las palabras. Sumado a ello, el Papa instó a "devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece" y consideró que "la propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos". Es en este sentido que la Iglesia, la cual se ha instalado históricamente en la región como socia plena y cómplice de la apropiación territorial y cultural de los Pueblos Originarios de la actual América, debería ser la primera en llevar a cabo la devolución de los territorios usurpados desde hace siglos para darle real entidad a sus palabras.

La misión evangelizadora emprendida en 1492 por la Iglesia Católica significó para los Pueblos Originarios el inicio de un largo proceso de apropiación territorial, el despojo de nuestra identidad, la prohibición de nuestros idiomas y creencias, la ruptura de nuestras instituciones políticas y sociales, el asesinato de nuestras autoridades tradicionales, el sometimiento a la esclavitud y el saqueo de nuestros bienes naturales. En los primeros 150 años de la conquista se registra un ingreso a las arcas de la corona española de 185.000 kilos de oro y 16.000.000 millones de kilos de plata, todos ellos producto del trabajo esclavo de los pueblos y naciones originarias en América. El genocidio de más de 100 millones de hermanas y hermanos fue promovido y justificado por la “Santa” Iglesia y los Reyes Católicos en nombre de la “civilización”. El genocidio y etnocidio cometido en América no puede seguir invisibilizado y negado.

Como Pueblos Originarios preexistentes en América entendemos que la Iglesia como institución debe reparar el ultraje a siglos de opresión e imposición cultural sobre nuestros territorios y retirar sus tropas evangelizadoras, para comenzar luego un camino de diálogo intercultural que permita generar los vínculos necesarios de convivencia y de respeto mutuo

Hoy los Pueblos Originarios estamos de pie y conservamos nuestras propias instituciones, nuestra propia espiritualidad y nuestra simbología. Somos culturas vivas y dinámicas, estamos organizados y no necesitamos mediadores ni voceros ajenos. Es por ello que rechazamos firmemente el pedido de audiencia con el Papa solicitado por el Encuentro de Coordinación Nacional del Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa) con el objetivo de “informar sobre la realidad de los Pueblos Originarios de Argentina”. Somos Sujetos de Derecho con voz propia y no queremos que nunca más la Iglesia hable por nosotros. Asimismo consideramos que pedir al máximo representante de la Iglesia Católica su intervención en nuestros asuntos es realmente un retroceso y una continuidad de la campaña COLONIZADORA Y EVANGELIZADORA que atenta contra nuestras propias pautas culturales e instituciones. 

El slogan que ha sostenido la Iglesia desde hace siglos de ser “la voz de los sin voz” ya no puede sostenerse más, especialmente en este contexto particular de los Pueblos Originarios en el continente, donde venimos afianzando y construyendo día a día el fortalecimiento de nuestra organización y de nuestra capacidad para incidir en los distintos ámbitos que nos competen. Tomar posición y rechazar estas intromisiones ajenas a nuestras prácticas forma parte de la aplicación de nuestro Derecho a la AUTONOMÍA y a la IDENTIDAD, derechos inalienables que no vamos a negociar ni delegar en ningún sector.

24 de julio de 2015

A 39 años de la Noche del Apagón: reclaman por juicio a Blaquier

Marcha en Jujuy

Agrupaciones de derechos humanos, sociales y políticas, marcharán esta tarde y pedirán una vez más justicia por las víctimas.Uno de los reclamos es que se juzgue la complicidad de Carlos Blaquier por el secuestro de 29 personas.


Por: Infojus Noticias

La Noche del Apagón fue un operativo en el que se secuestró a unas 400 personas -al menos 33 siguen desaparecidas- en las localidades jujeñas de Libertador, Calilegua y El Talar, donde tiene su ingenio y las mayores fincas cañeras el grupo Ledesma, propiedad de Carlos Blaquier. Hoy, a 39 años de ese día, distintas agrupaciones de derechos humanos, sociales y políticas, piden justicia por las víctimas.

Uno de los reclamos constantes de las marchas es que se juzgue la complicidad de Blaquier para detener a las personas durante la “Noche del Apagón”, que lleva ese nombre porque para dificultar la movilidad de las personas perseguidas se hicieron apagones de electricidad entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

Rita Cordero de Garnica lleva la mitad de su vida dedicada a "que se haga justicia" y que Blaquier responda por la desaparición de dos de sus hijos y unos 400 secuestros más."Yo lo que quiero es que lo traigan (a juicio) también a Blaquier, porque él fue el promotor de tantas cosas que pasaron", dijo Rita, de 83 años y una de las primeras Madres de Libertador y Calilegua, en una entrevista con Télam.

Los testimonios coinciden en que al principio se creía que los apagones eran por reparaciones o desperfectos, pero en la oscuridad se escuchaban los gritos de las racias y cuando volvía el día se hacía evidente que, en estos pequeños pueblos, algunas personas habían desaparecido junto a la oscuridad.

Esta semana Rita llegó a Buenos Aires junto a familiares de otros dos hermanos desaparecidos en los '70, cuando trabajaban en el Ingenio Ledesma, para reclamarle al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la causa Blaquier vaya a juicio.

Los actos a 39 años del apagón

Los actos empezaron a las 9 en la Escuela Normal de Libertador, donde se recordó a los alumnos desaparecidos. A las 15 una marcha partirá desde Calilegua hacia Libertador, con la participación de integrantes el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Agredes, junto a diversos colectivos de derechos humanos, la red de organizaciones sociales y agrupaciones políticas de Jujuy.

A su paso por el Monolito a la Memoria, los manifestantes harán un alto para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en la plaza de Libertador San Martín, y después cerrarán la actividad con un festival solidario por la Memoria en esa localidad.

La complicidad civil y el proceso judicial

El 28 de julio de 1974, Blaquier denunció "una escalada izquierdista en la zona", como llamó a las demandas obreras, y pidió al gobierno nacional que les pusiera fin. Un mes más tarde -el 28 de agosto- fue detenido Guillermo Díaz, que pasó a ser uno de los primeros desaparecidos jujeños después de estar encarcelado en el penal de Gorriti. Ese mismo día de 1974 fue detenido Garnica y la embestida represiva descabezó al sindicalismo combativo de los obreros del ingenio y los cañaverales de los Blaquier.

En 2012 Blaquier fue procesado en el marco de una causa de lesa humanidad por la Noche del Apagón. En ese momento el empresario estuvo cerca de ir a juicio oral por su responsabilidad directa en el secuestro de 29 personas. Una prueba que lo podría complicar fue sumada tres años después, en marzo de este año, cuando la Sala IV de la Cámara de Casación acreditó que se usaron camionetas del mayor ingenio azucarero para el traslado de secuestrados. Sin embargo otorgó la "falta de mérito" a Blaquier y a Alberto Lemos, ex administrador del Ledesma.

Ese fallo de Casación bloqueó una causa que estaba abierta, con procesamientos aunque aún sin detenidos, mediante una falta de mérito que fue apelada e interpretada por fiscales, querellantes y víctimas como una extemporánea absolución encubierta. Los representantes del Ministerio Público Javier De Luca y Ricardo Wechsler presentaron dos recursos extraordinarios para que la Corte Suprema analice esta resolución.
Los centros clandestinos en Jujuy

En Jujuy funcionaron los centros clandestinos Jefatura de Policía, Guerrero y Servicio Penitenciario. Continúa la investigación de otros lugares que fueron señalados como puntos de fusilamiento, como Puesto Mendoza.

Algunos de los secuestrados fueron trasladados a cárceles y comisarías de Jujuy, y otros estuvieron dentro de las instalaciones del complejo de Ledesma. Entre los detenidos desaparecidos se encuentran Domingo Horacio Garnica, Miguel Angel Garnica, Rubén Carrazana, Guillermo Díaz, Carlos Díaz, Germán Córdoba, Leandro Córdoba, Domingo Faustino Reales, Salvador Cruz, Román Rivero, Miguel Arcángel Cortez.

Uno de los secuestrados esa noche, liberado y vuelto a secuestrar, fue el médico Luis Aredes, ex intendente de Libertador y esposo de Olga Márquez. Hasta sus últimos días de vida, Olga dio vueltas a la plaza todos los jueves pidiendo por su marido. También se recuerda a Juan Carlos Petrignani, Osvaldo Giribaldi y al sindicalista Jorge Weisz, entre tantas otras víctimas de la represión militar.

MM/MEL
Fuente: Infojus

22 de julio de 2015

Un juez federal rechazó aplicar ley antiterrorista a una toma de tierras

El territorio está ubicado sobre la Ruta 40, entre Cholila y Esquel

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La justicia había remitido la causa al juez federal Guido Otranto, porque entendió que las comunidades mapuches pusieron en riesgo la "seguridad interior" en la toma de un territorio que propiedad de la multinacional Benetton. Pero el magistrado la rechazó, y consideró que se trata de un reclamo amparado en la Constitución Nacional.


Noticias de Esquel.
Por: Gustavo Ahumada.

El juez federal de Esquel Guido Otranto, consideró que la Ley Antiterrorista no se aplica a las comunidades Mapuches que recuperaron tierras ancestrales al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40. La causa penal la recibió de la justicia provincial que entendía que se violaba esa ley, porque se afectaba “la seguridad interior”. El magistrado rechazó la competencia porque los hechos “no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que constituyen actos de terrorismo” y se enmarca en “el contexto de la reivindicación que realizan acerca del territorio que originariamente ocupaba el pueblo mapuche”.

El 13 de marzo pasado comunidades integradas por jóvenes y hasta niños de la “Comunidad de Resistencia del Departamento de Cushamen” recuperaron un territorio situado en la zona que se conoce como “Vuelta del Río”, en el cruce de la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. Se trata de territorios de la estancia Leleque, a nombre de Compañía de Tierras Sud S.A, una empresa, propiedad de la multinacional Benetton, que pesee con más de un millón de hectáreas en la Patagonia.

“Es de vital importancia el territorio para nuestra existencia como Pueblo, ya que el Mapuche sin territorio, no puede ser de manera íntegra, sobre todo en el contexto actual, donde, grandes terratenientes winkas concentran la mayor parte de nuestro territorio ancestral”, dijeron desde la Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP) tras la toma de las tierras.

“Fuera Benetton” y “territorio Mapuche”, decían las banderas que pusieron las comunidades sobre la ruta después de la toma. Ese día la policía provincial intentó desalojar a los mapuches pero no pudo. La empresa por su parte inició una causa por usurpación en la justicia provincial. Durante esos días, - 18 y 19 de abril-, las comunidades realizaron varios cortes de ruta en protesta. La causa por usurpación comenzó su camino y el 5 de junio pasado se realizó una audiencia ante el juez provincial Martín Eduardo Zacchino.

Después de la audiencia, la fiscalía provincial pidió que la causa pase a la Justicia Federal porque se habrían producido actos de terrorismo. El juez Zacchino se declaró incompetente y mandó el expediente al juzgado federal porque sostenía que las comunidades tenían vínculos con otras pertenecientes a la denominada “Resistencia Ancestral Mapuche, que se han atribuido la autoría de atentados en la Provincia del Chubut y en la Provincia de Río Negro” lo que “generaría una afectación de la seguridad interior”. Según el juez provincial, “existió un despliegue tendiente a obligar a las autoridades nacionales a reconocer derechos de modo cuasi extorsivo” y por ello debía aplicase la Ley Antiterrorista.

Un reclamo indígena amparado en la Constitución

El juez Federal Otranto en una sentencia firmada el viernes pasado desechó esta posibilidad –concordando con la fiscal federal subrogante Silvina Ávila-. “Los hechos que la justicia provincial deriva a la investigación y juzgamiento de este fuero, pretendiendo que sean encuadrados en los términos del art. 41 quinquies del Código Penal, no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que -según lo que se ha expuesto- constituyen actos de terrorismo”, explicó en la sentencia.

Para el juez “no hubo atentados a la vida ni lesiones de gravedad contra nadie” y que “por virulenta que sea la actitud de las personas que están ocupando el predio en disputa, no se aprecia en ello más que la intención de persistir en la ocupación y nada que tenga que ver con la finalidad de que el resto de la población resulte aterrorizada”. El magistrado destacó que las comunidades “hicieron referencia a que realizaron una recuperación de territorio en la zona concreta del conflicto, que consideran usurpada por la empresa multinacional Benetton”.

“La mención realizada en esa ocasión a que el “Puel Mapu” se extiende en varias provincias argentinas y en Chile sólo puede entenderse en el contexto de la reivindicación que realizan acerca del territorio que originariamente ocupaba el pueblo mapuche, rechazando las posturas públicas que los consideran extranjeros o foráneos en esta región”, explicó el juez federal para no aceptar la competencia de la causa.

“Los hechos que se investigan en el presente legajo sencillamente carecen de los elementos objetivos y subjetivos necesarios para definirlos como “actos de terrorismo””, concluyó el magistrado federal que recalcó que “aquí subyace un reclamo indígena por la propiedad o posesión de la tierra, amparado en el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, entre otros derechos, que garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas argentinos, como así también la entrega de otras aptas para el desarrollo humano”.
GA/LC

Fuente: Infojus

21 de julio de 2015

A 91 años de la Masacre de Napalpi, la justicia todavía intenta determinar la verdad

En 1924 en la localidad chaqueña de Napalpi murieron más de cuatrocientas personas durante la represión a un reclamo de las comunidades de los pueblos Qom, Moqoit y Villelas. Un grupo de fiscales de esa provincia intenta reconstruir los hechos y determinar si se trataron de delitos de lesa humanidad.



Bajo el supuesto de que podrían tratarse de crímenes de lesa humanidad, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco inició hace un año una investigación preliminar para reconstruir los hechos que dieron lugar a la denominada masacre de Napalpi, donde fueron asesinadas 423 personas –en su mayor parte integrantes de diversas comunidades originarias- bajo las balas de las fuerzas de seguridad de Chaco y grupos de civiles.

La investigación que es llevada adelante por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay –junto al fiscal federal de distrito Federico Carniel- y busca echar luz sobre uno de los capítulos más trágicos de la historia nacional y provincial y, en el caso de enmarcarse en crímenes de lesa humanidad, llevaría al Estado a la obligación ineludible de juzgarlos, en base a los compromisos ante la comunidad internacional.

Así, el trabajo llevado adelante por los fiscales podría llevar a promover un requerimiento de apertura de un juicio por la verdad, ya que no existen responsables con vida.

“En la reducción Napalpi eran mocovíes los que estaban, había unos cuantos paisanos, había hacheros y obrajeros. Mataron a muchos y los taparon en un pozo grande, un solo pozo”. El crudo testimonio reproducido por el portal de la Procuración General de la Nación pertenece a Pedro Balquinta, de 107 años y uno de los tres sobrevivientes .

La Masacre de Napalpi tuvo lugar el 19 de julio de 1924, cuando 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi, ambas localidades ubicadas en la provincia de Chaco, por orden del gobernador del territorio nacional de esa provincia, Fernando Centeno, para reprimir el reclamo de integrantes de comunidades de los pueblos Qom, Moqoit y en menor medida Vilelas y criollos. Entre las demandas que exigían, se encontraban una justa retribución por la cosecha de algodón o poder salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga. También pedían mejoras en las condiciones de sedentarismo forzado, de extrema pobreza y hambruna en la que vivían en la reducción, demandando una justa retribución por el trabajo que realizaban, y el pago en dinero y no en vales. La huelga contó con un nivel muy alto de participación de los indígenas.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos eran tobas y mocovíes. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregada como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir. Un avión sobrevoló el lugar aportando información y sin ninguna advertencia durante una hora la policía disparo miles de balas de fusil sobre las tolderías donde estaban asestadas y protestando las familias enteras.

“Vinieron dos camiones con policías”, continuó Balquinta. “Tenían un cuchillo en la punta”, dijo, sobre las armas empleadas, presuntamente una suerte de ballestas. “Murieron como 18 mujeres. Perdieron todos los caballos”, agregó en su testimonio.

De los relatos de los abuelos, de los documentos históricos y de análisis sociológicos, se revelan determinadas razones económicas y culturales en la represión a los pueblos originarios. La Reducción Napalpi tenía el objetivo de aglutinar a los pueblos originarios nómades del Chaco en un territorio determinado y controlado, para poder apropiarse los sectores aristocráticos de sus tierras para la plantación de algodón, considerado por entonces como el “oro blanco”. También existía una explotación económica en condiciones de esclavitud y miseria a la que eran sometidas las distintas etnias, desconociendo y avasallando la cultura de los pueblos originarios de carácter comunitaria, nómade y de convivencia y armonía con la Naturaleza.

Una vez finalizado, la Fiscalía deberá requerir – al no existir imputados con vida – la apertura de un juicio por la verdad con la pretensión de que sea oral y público; donde se reproduzcan todos los testimonios de los hijos de los sobrevivientes, de los historiadores e investigadores, los videos documentales con entrevistas a sobrevivientes y de reconstrucción de los hechos y toda la prueba que sea de interés.

Fuente: http://www.radionacional.com.ar/?p=68845