UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

29 de marzo de 2015

Reconocimiento del Estado al derecho territorial del Pueblo Diaguita Cacano


Tito Zurita, Atuniyku Ñauke del Pueblo Diaguita Cacano, recibe la carpeta de manos del Jefe de Gabinete, Elías Suárez
El 26 de marzo del corriente año el Pueblo Diaguita Cacano junto a los Pueblos Tonokoté, Lule, Vilela, Lule Vilela y Guaycucúes recibieron el reconocimiento de sus territorios. En un acto presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Santiago del Estero, Elías Suárez y el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernandez.

Los Ayllus del Pueblo Diaguita Cacano que recibieron las carpetas técnicas del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de sus territorios relevados en el marco del cumplimiento de la Ley nacional 26.160 y sus prórrogas son: Ayllu Puncu Atun, Ayllu Cacán de Mochimo, Ayllu de San Dionisio, Ayllu Taa Ayllus Kuska, Ayllu Cacán Ashpa Súmaj, Ayllu Túkuy Sujllayaj, Ayllu Kemikuy y, Ayllu Cacán Ashca Caycu.
Estas carpetas se suman a las ya entregadas a los Ayllus Ashpa Nockayshpa, Ancocha, Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúm manta, Atamisqui, Yacu Chiri y Codo.


Mas Información
Entregaron reconocimientos a comunidades indígenas

23 de marzo de 2015

Una comunidad Diaguita desalojada exige que se respeten sus derechos

Una orden judicial extirpó a 14 familias de una comunidad Diaguita las 400 hectáreas que ocupaban en Monte Bello, Tucumán, les prohibió terminantemente reingresar y retomar sus labores productivas y en los hechos los obligó a acceder a su territorio ancestral de forma sigilosa y clandestina.


El lugar, poseído por generaciones y generaciones de miembros de este pueblo originario, está ubicado frente al antiguo San Pedro de Colalao, unos 80 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán, ahora en la mira de los inversores inmobiliarios que no están muy interesados en los diaguitas, cuyos derechos tienen protección legal.

“Mi abuelo María Jacinto Vargas tiene más de 90 años y está muy mal. Se acuerda todo el tiempo de que unos 100 policías ingresaron a su casa para sacarlo. Nos han tratado peor que a delincuentes”, se lamenta Mabel Vargas durante una entrevista con Télam.

Mabel, junto a su papá, Mario, alimentan a las pocas gallinas, patos, cabras y cerdos que les quedan, pero para eso tienen que cruzar al caudaloso Tipas -un río de montaña que desciende al Salí- y recorrer una hora y media de caminata para dar de comer a sus animales.

El cacique de la comunidad Indio Colalao, Manuel Cata, asegura que este “es el primer caso de desalojo de comuneros. Nunca antes pasó algo así. Tenemos una Cédula Real junto con los tolombones (otra parcialidad cultural). No pueden hacer esto”.

Acompañado por los jóvenes diaguitas Ramón Moreno y Esteban Cajata, bien conscientes de los derechos indígenas y damnificados directos, el cacique se explaya tanto sobre los daños de todo tipo a las familias desalojadas como también del desamparo en el que quedaron centenares de animales.

“Los animales tienen derechos”, afirma en línea con el más avanzado pensamiento jurídico internacional que va desde el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni -quien reflexionó sobre el tema en su libro “La Pachamama y el humano”- al presidente de Bolivia, Evo Morales, que propuso ante la ONU declarar los Derechos de la Madre Tierra, entre otros.

Los comuneros se ven amargados pero al mismo tiempo muy firmes y con la certeza de que van a recuperar las cerca de 400 hectáreas, se quejan de la falta de resolución del relevamiento territorial que la ley 26.160 -vigente desde 2006- establece y acusan a la Justicia provincial de obrar contrario a derecho.

“Hubo una resolución del juez Francisco Pisa y la Fiscalía de la 2da Nominación a cargo de Adriana Giannoni para la entrega provisoria de las tierras a Ana Alejandra García Mascoff, que pretende usurpar parte de nuestros territorio y desalojarnos”, aseguró el cacique.

Mabel Vargas denunció que “cuando fuimos a la comisaría, había muchos chicos, lloraban, no habíamos comido y nos hicieron esperar. Además los policías nos decían 'arreglá, te conviene, así vas a tener lo tuyo', pero para nosotros una hectárea no es nada. Necesitamos más para cultivar”.

Según los comuneros, la abogada, “acompañada por policías de civil”, intentó hacerles firmar un acuerdo a los poseedores mientras, con pretendida presión psicológica, les decía: “ya me enteré que andan con los indios”.

El cacique Cata apuntó que sus derechos están consagrados en “la Constitución Nacional, artículo 75, incisos 17 y 22; el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU”.

A su lado Lourdes Cruz, una joven estudiante de enfermería y dedicada diaguita, recuerda la legislación vigente y específica respecto de los desalojos cómo es el caso de la ley 26.160 y la más reciente, la 27.118, que declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena y que prohíbe desalojos por tres años.

Don Esteban Cayata, durante el recorrido con Télam por Monte Bello, mostró las plantaciones de maíz totalmente acechadas por malezas y las variedades de zapallo de los que por temporada llega a obtener “más de mil unidades” en el riquísimo lugar en el que reina el silencio.

Durante la caminata de más de cuatro horas en un valle interno del territorio hay una acequia de, según los colalao, “agua salada que sirve para riego”. Don Moreno, con un machete en la mano lo ratifica y cuenta que una de sus vacas, lastimada, era alimentada por él todos los días pero que tras el desalojo “se murió de hambre y sed”.

22 de marzo de 2015

GENOCIDIO ORIGINARIO NUNCA MAS!

A 39 años del Golpe Cívico-Militar seguimos exigiendo Memoria, Identidad, Justicia y Territorio


Desde el ENOTPO recordamos en esta fecha la gravedad, y el terror que sufrieron las víctimas de la última dictadura y homenajeamos a quienes no se dejaron vencer por la violencia de un Estado opresor y que construyeron con su lucha un nuevo amanecer democrático. 

Con el mandato de los Territorios asumimos el desafío de tomar la política indígena en manos de los Pueblos Originarios y ser parte de la construcción de la refundación de un Estado que reconozca su Plurinacionalidad.

Los avasallamientos que hoy sufrimos los Pueblos Originarios tienen como responsables a los mismos sectores dominantes, establecidos en feudos terratenientes que replican el terrorismo de Estado, nosotros no fuimos ni somos ajenos a los alcances del poder que aniquilo las organizaciones democráticas, y que se puso al servicio de las corporaciones financieras imperialistas.

Los Pueblos Originarios sufrimos las dictaduras y los genocidios militares por siglos, quisieron desaparecernos como personas y como Pueblos, pero no nos sometieron, no se pueden acallar las fuerzas de la Madre Tierra, no se puede invisibilizar la cultura y la identidad, es imposible negar la historia, por más esfuerzo que hagan algunos sectores reaccionarios de la sociedad por ocultarlo, somos una sociedad conformada por Naciones, culturas y cosmovisiones múltiples.

Seguiremos trabajando para la descolonización de cada uno de los símbolos que manchan nuestra historia como país, presentes en las nomenclaturas de plazas, de calles, de monumentos, de la moneda nacional. Descolgar el cuadro de Videla, bajar el monumento a Colon, crear el Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada, reemplazar a Roca y a Sarmiento de los billetes, son algunos de los pasos hacia la descolonización, y vamos por mucho más. Este proceso requiere de un cambio cultural profundo, de raíz, con una revisión real de la historia para las nuevas generaciones, que nos permita repensar y reescribir las historias, las culturas, la educación y la justicia.

Convocamos a toda la sociedad a construir colectivamente la refundación del Estado, descolonizando sus instituciones y símbolos, para que refleje nuestra verdadera esencia, con plena participación y pluralidad.

Por la redistribución de la tierra y la riqueza, con igualdad en la diversidad, por una Patria Grande, justa y soberana.

Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar y por el Genocidio sufrido por nuestros Pueblos desde la conquista.

Sin memoria, y sin justicia, no hay construcción de interculturalidad, no hay paz posible. 

“Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio”
ENOTPO

21 de marzo de 2015

El río Dulce inunda a familias Diaguitas Cacanos

Santiago Estero: Familias indígenas bajo el agua

Aproximadamente 70 familias de las localidades de Los Tolosa, Los Peralta, Totora, departamento Atamisqui, Santiago del Estero, pertenecientes a la comunidad indígena Ayllu Cacán Ashpa Súmaj, Pueblo Diaguita Cacano; se encuentran rodeadas por las aguas del río Dulce.

Hace diez días atrás comenzó el desborde del río Dulce en el departamento Atamisqui afectando en su crecida a más de 60 familias indígenas del Pueblo Diaguita Cacano; entre ellos, más de 150 niñas y niños, discapacitados, embarazadas y ancianos.

La fuerza del agua hizo que la mayoría de las casas hayan quedado rodeadas por el agua, debiendo autoevacuarse algunas familias por el ingreso del río en la vivienda. Si bien desde el día viernes 13 estas familias han recibido la visita y relevamiento de Defensa Civil, del comisionado municipal de Juanillo y de personal policial, la única asistencia que han recibido hasta este momento consistió en un bolsín (solamente se entregó la cantidad de uno -1- a 51 de las 66 familias indígenas afectadas) con: 1 paquete de arroz de 1 kg, 1 paquete de fideo de 500 gr, 1 paquete de azúcar de 1 kg, 1 paquete de yerba de 500 gr, 1 puré de tomate de 520 gr, 2 latas de picadillo y, un nylon de 4x3 m. Solamente a una familia se asistió con colchón y chapas.
Ante la escasa asistencia por parte del estado provincial, se solicita la colaboración urgente de alimentos no perecederos, repelentes para insectos, y toda ayuda que pueda considerarse necesaria.

Fuente: Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayaj del Pueblo Diaguita Cacano
Unión Solidaria de Comunidades
USC

Situación Territorial de la Comunidad Colalao de la Nación Diaguita


Los días 10 y 11 de marzo, dando continuidad al Relevamiento Territorial de la Comunidad Indio Colalao de la Nación Diaguita, que manda la Ley de orden público 26160, se inició dicho trabajo en la base Monte Bello debido a la situación de emergencia originada por el desalojo de 21 familias el 6 de febrero del corriente año. Este plan de trabajo se acordó en la mesa de diálogo que tuvo lugar el 18 de febrero con presencia del Cacique Manuel Cata, el Consejo de autoridades de dicha comunidad, referentes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), ONPIA, y funcionarios del INAI, Derecho Humanos, Secretaría de Agricultura Familiar y Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaria de Ambiente de Nación, entre otros.

El día martes autoridades y miembros de la comunidad mencionada se reunieron en asamblea comunitaria, a la espera de la llegada de los técnicos del Re.Te.C.I. (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, Ley Nº 26160), quienes se hicieron presentes en horas de la tarde acompañados por personal del Re.Na.C.I. (Registro Nacional de Comunidades Indígenas). También estuvieron presentes Autoridades y Delegados del ENOTPO, UPNDS, Red Atacama, Pueblo Tolombón, equipo de la Dirección de Afirmación de Derecho Indígena del INAI/MDS y agentes de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales (SAYDS) como parte de la Red Nacional de Articulación para la aplicación de la Ley Nº 26160.

El Cacique Manuel Cata dio apertura a la reunión: "el objetivo es hacer el relevamiento en Monte Bello, donde 21 familias fueron desalojadas por más de 200 efectivos policiales, violando los derechos humanos". No obstante y a pesar de la situación de emergencia que apremiaba a la comunidad y de la urgencia en poner manos a la obra para comenzar el relevamiento, los técnicos del INAI comenzaron cuestionando la representatividad del Cacique pretendiendo plantear un conflicto interno. 

Esta situación fue inmediatamente repudiada por los miembros de la comunidad. Dora Velardez, integrante del Consejo comunal planteó: "las comunidades son autónomas, la elección del cacique la resolvimos internamente y el acta ya fue presentada en el INAI con el nombramiento de Cata y de las demás autoridades de la comunidad. Ya está resuelto y no queremos volver hacia atrás". El cambio de autoridades fue oportunamente informado ante el INAI  a través del Acta Nº 35 CIC en Julio de 2012, y por tal motivo los comuneros plantearon que la presencia del Re.Na.C.I. en dicha reunión no tenía ningún propósito más que confundir a la gente y demorar el relevamiento. Asimismo, los agentes de la Dirección de Pueblos Originarios expresaron que su participación en dicha reunión tenía como fin garantizar que se avanzara con el relevamiento y trabajar en pos de ese objetivo. Por tal motivo se solicitó a los técnicos del Re.Na.C.I. que se retiraran de la asamblea para poder proseguir con el plan de trabajo acordado. 

Una vez superada esta discusión, los técnicos del Re.Te.C.I. se pusieron a trabajar junto a los miembros y autoridades de la comunidad sobre el croquis elaborado colectivamente por estos últimos, en el cuál detallaron el perímetro de Monte Bello, la ubicación de cada una de las familias, los corrales, los sitios sagrados, los caminos ancestrales, entre otras cosas. Una vez evaluada la situación se resolvió emprender al día siguiente el recorrido por el territorio comunitario para empezar con la tarea de demarcación perimetral. Para ello la asamblea delegó a dos comuneros del lugar para que acompañaran al técnico del INAI. Además se estableció una nueva fecha para completar en el corto plazo la parte que corresponde al relevamiento socio-comunitario.
Parte del territorio Comunitario de Colalao.
El ReTeCI trabajando sobre el croquis comunitario junto a los comuneros.
Recorrido por el territorio de Colalao.

20 de marzo de 2015

Agricultura Familiar en Territorio Diaguita


Los días 15 y 16 de marzo en la Comunidad Diaguita El Algarrobal, en el departamento de Cachi, Territorio Diaguita Kallchakí, se llevó a cabo una Asamblea entre la UPND-Salta con los territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar abocados a trabajar en la zona.
La Asamblea se realizó en el marco del trabajo que se viene realizando desde la Dirección de Pueblos Originarios en el Ministerio de Agricultura, el cuál consiste en realizar trabajos coordinados en los territorios entre las organizaciones territoriales de Pueblos Originarios y los técnicos de la SAF, para planificar las acciones específicas a llevar a cabo con la plena participación por parte de los sujetos de derechos.
Estuvieron presentes el equipo designado para trabajar en la zona, con la participación de la Delegada provincial de la Agricultura Familiar, Cristina Sanz, el coordinador regional de la Dirección de Pueblos Originarios de la SAF, David Pastrana, las Autoridades y delegados de las comunidades Diaguitas Kallchakies de la zona, miembros de la UPND-Salta: “El Algarrobal”, “Las Trancas”, “Las Pailas“, “Piul”, “La Paya”, “Buena Vista”, “Fuerte Alto, entre otras. 
La Dirección de Pueblos Originarios en Agricultura, tiene como objetivos; fortalecer las organizaciones de Pueblos originarios y sus comunidades, promover y coordinar líneas de proyectos que fortalezcan la producción territorial, fomentando la sustentabilidad y la soberanía alimentaria, con la finalidad de promover la plena y efectiva participación de los Pueblos Originarios como sujetos políticos.
La reunión de trabajo sirvió para abordar la Ley 27.118 de reparación histórica de la Agricultura Familiar, esta norma recientemente aprobada y promulgada por el ejecutivo nacional acerca más herramientas para encaminarse en el desafío de la producción y el desarrollo con identidad junto a la generación de una soberanía alimentaria que surja de los propios territorios.

La ley 27.118 establece, entre otros puntos:

  • El desarrollo humano integral de los agentes rurales a través del desarrollo del empleo en armonía con el territorio y respetando la diversidad para alcanzar el “buen vivir”.
  • Promover la igualdad y corregir disparidades de desarrollo regional a través de una atención diferenciada por región para el desarrollo rural sustentable.
  • Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria.
  • Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales mediante un aprovechamiento sustentable.
  • Valorar la diversidad cultural.
  • Reconocer las prácticas de vida y productivas de los Pueblos Originarios.
  • Implementar acciones específicas para los Pueblos Originarios y sus comunidades.
  • Promover las condiciones para el desarrollo rural integral y sustentable fomentando acciones respecto a los bienes naturales y el ambiente; desarrollo tecnológico; procesos productivos y de comercialización; educación y formación; infraestructura y equipamiento; políticas sociales; e instrumentos de promoción (ART 10).
  • Regularización dominial mediante un programa especifico y permanente para el relevamiento de las tierras de la Agricultura Familiar y la conformación de una Comisión Nacional permanente de regularización dominial de la tierra rural (ART 18).
  • Creación de un Centro de Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA) para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria (ART 26).


Como continuidad del trabajo que se viene realizando en el tema vitivinícola con los hermanos de las diferentes comunidades Diaguitas se salió de recorrido territorial por cada viñedo comunitario para analizar con un refractómetro el porcentaje de azúcar, para saber si la fruta está en su momento óptimo para la cosecha, de acuerdo a los resultados de estos análisis se planifico un taller de capacitación en elaboración de vino para los días 25, 26, 27 de marzo del corriente año.

La Asamblea estaba prevista para abordar específicamente la planificación del trabajo del equipo de la SAF en territorio Diaguita, sin embargo se amplió al abordaje a la situación de emergencia territorial que atraviesa el Pueblo Diaguita. Al momento de la reunión de trabajo estaba latente una orden de desalojo para los miembros comunitarios que habitan desde siempre estos territorios. El equipo de la SAF manifestó su acompañamiento y apoyo a la lucha que lleva adelante el Pueblo Nación Diaguita.

16 de marzo de 2015

"Queremos construir un Estado intercultural"

Silvia es Logko
(autoridad política)
de la Comunidad Gelay Ko
La directora de la flamante área de Pueblos Originarios del Ministerio de Agricultura habla sobre su visión de las instituciones, la relación con el territorio y la importancia de fortalecer la identidad intercultural en la sociedad. "El área es el resultado de un proceso establecido con el Gobierno Nacional en el Bicentenario, a partir del cual se elaboró una propuesta para garantizar la participación de los Pueblos Originarios en la Secretaría (de Agricultura Familiar)".


Silvia lo tiene bien claro, ella no es una funcionaria. "Asumí el mandato de mi pueblo, y es mi pueblo el que va a definir si estoy haciendo bien las cosas", afirma. Con esa convicción nos recibe en el piso 14 de Azopardo 1025, en el barrio porteño de San Telmo, donde funciona la nueva área de Pueblos Originarios de la Secretaría de Agricultura Familiar. Sobre su escritorio despliega una colorida bandera. "Es la Wenu Foye, mapuche", explican sus colaboradores. Desconocemos muchas cosas sobre los Pueblos Originarios. Silvia nos mira firme. Tiene 36 años y es Logko (autoridad política) de la comunidad Gelay Ko en Zapala, centro de Neuquén. Hay certeza de líder en cada una de sus palabras. 

¿Cómo surgió el área de Pueblos Originarios? 

- Nosotros pertenecemos al Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), espacio integrado por 39 Pueblos Originarios de todo el país y más de 45 organizaciones territoriales. Desde este espacio buscamos incidir políticamente en el Estado a partir de nuestras propias organizaciones. El área es el resultado de un proceso establecido con el Gobierno Nacional en el Bicentenario, a partir del cual se elaboró una propuesta para garantizar la participación de los Pueblos Originarios en la Secretaría (de Agricultura Familiar). En este sentido, tuvimos varias reuniones con el secretario, Emilio Pérsico, en las cuales acordamos la generación de un espacio de Pueblos Originarios dentro de la Secretaría. Y así fue como nació este espacio, que es militado y compuesto por el ENOTPO. 

¿Cómo viven esta situación particular que se da actualmente, en la cual los Pueblos Originarios tienen participación dentro del Estado? 

- Si hacemos una lectura histórica, tenemos que decir que el Ministerio de Agricultura fue uno de los entes que financió la campaña de exterminio de nuestros pueblos. Entonces para nosotros, formar hoy parte de esta institución implica revertir el proceso de la conformación del Estado. Y también garantizar la participación plena de los Pueblos Originarios en estos espacios de gestión, que luego se traducen en políticas públicas para nuestra gente. 

Silvia Claleo junto al Secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.

¿Cómo es el día a día dentro del Ministerio? 

-Tenemos que hacer cotidianamente un trabajo de escuela, porque se desconoce la realidad de los Pueblos Originarios. Muchas veces intentan asimilarnos con otros sectores. Pero nosotros tenemos una forma de ver el mundo y de relacionarnos con el territorio que nos hace diferentes. No somos ni campesinos indígenas, ni agricultores familiares, ni etnias, ni razas, somos Pueblos Originarios. Tenemos una cultura distinta que debe ser conocida, reconocida y respetada. Es necesario poder explicar a la sociedad quiénes somos, por qué decimos que somos pueblo, por qué decimos que somos sujeto de derecho y por qué planteamos la relación que planteamos con nuestros espacios territoriales. Queremos construir un Estado intercultural donde reconozcamos recíprocamente nuestros derechos. 

Como área, ¿tienen una lógica de funcionamiento propia, diferente a la de otras? 

- Tenemos una forma de trabajar muy colectiva, porque estamos en comunicación permanente con todos los "coordinadores regionales", que son personas que tienen bajo su responsabilidad las zonas en las cuales estamos distribuidos, en función de los pueblos y de las ubicaciones de cada organización. Esto lo estructuramos junto con la Secretaría de Agricultura Familiar, a través de sus delegaciones. 

¿Cuáles son los principales objetivos de gestión? 

- Nuestra área tiene dos metas importantes: la primera, fortalecer la organización y la institucionalidad de las comunidades. Es decir, lograr que tengan su personería jurídica, su cuenta bancaria y todo lo que se necesite para solicitar y ejecutar proyectos. La segunda, ejecutar y elaborar proyectos que fortalezcan la infraestructura, los equipamientos y el acceso a la tecnología. 

El territorio es un espacio en el que se cruzan distintos intereses y conflictos. La tenencia de tierras sigue siendo un problema a resolver. ¿Cómo encaran esto desde el área de Pueblos Originarios? 

- El tema tierras es muy importante y sumamente delicado. El territorio es un espacio en el que nosotros decidimos desarrollarnos y al cual nunca vamos a renunciar. Si bien para la Secretaría de Agricultura Familiar esto es un punto relevante, para nosotros lo es mucho más. Hoy en día, más allá de que se esté ejecutando la Ley 26.160 (de comunidades indígenas) y la Ley de Bosques, continuamos sufriendo el despojo de nuestros territorios, porque hay muchos intereses en juego. El petróleo, las mineras, los bosques, el agua, la producción de la soja, todo está sobre nuestros territorios. 

¿De qué manera conviven en vos ambos roles, el de funcionaria y el de representante de Pueblos Originarios? 

- El ENOTPO nos ha delegado una responsabilidad al equipo y a quien lleva adelante el área, que en este caso soy yo. Tenemos un mandato de nuestros pueblos, y son ellos quienes van a definir si estamos haciendo bien las cosas. Por lo tanto, para nosotros es importante tener una clara definición de roles. El Gobierno nacional generó una apertura, una posibilidad para nosotros de transformar el Estado. Lo que tenemos en nuestras manos, ahora, es el desafío de construirlo. 

Reunión del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

Fuente: MINAGRI

13 de marzo de 2015

URGENTE: NUEVA AMENAZA DE DESALOJO EN TERRITORIO DIAGUITA


El ALGARROBAL 13/03/2015 – TERRITORIO DIAGUITA

La Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí “El Algarrobal” Personería Jurídica en trámite Nº 54-10986 / 2010, miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita - Salta (UPNDS), denunciamos una vez más el atropello y la violación a nuestros derechos fundamentales como Pueblos Originarios preexistentes establecidos en la normativa nacional e internacional, a partir de una nueva orden de desalojo en contra del Pueblo Diaguita en territorio comunitario de “El Algarrobal”, en los autos caratulados Durand Roberto Vs Arjona Catalino, Castillo Teodoro, Castillo Aureliano y Burgos Enrique S/ desalojo – vencimiento de contrato y falta de pago expediente Nº 361.547/11 dependiente del Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial de 9na Nominación de la provincia de Salta, a cargo de la Jueza Guadalupe Valdez Ortiz, Secretaria I a cargo de Gabriela Veggiani.

Esta jueza, en violación a los derechos que asisten a las Pueblos Originarios, tanto de rango constitucional como internacional, tal cual lo expresan el Art. 75 Inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional, el Convenio N°169 de la OIT-Ley 24071, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, ordenó el lanzamiento (desalojo) de los poseedores ancestrales del territorio Diaguita, haciendo caso omiso a las leyes vigentes que mandan suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Originarios del país, Ley Nacional N° 26.160 y sus prórrogas. 

La Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí El Algarrobal, cuenta con el Relevamiento Territorial que ordena la Ley Nacional N° 26.160 y sus prórrogas, de orden público y de plena vigencia, realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI; organismo que mediante Resolución N° 494 de 2014 ha reconocido la ocupación actual, tradicional y pública del Pueblo Diaguita en Territorio del Algarrobal.

Denunciamos al terrateniente y empresario de la zona Roberto Durand, el cual mediante amenazas, aprietes, engaños y ataques sistemáticos continúa replicando la práctica colonial y feudal de hacer firmar contratos ilegítimos de arriendo a los poseedores ancestrales, hoy este sujeto acude a los tribunales, quienes en complicidad con el mismo personaje resuelven el desalojo comunitario, desconociendo nuestros derechos vigentes. Este empresario usurero, pretende hacer de nuestro territorio parte de sus negocios inmobiliarios, y en su avaricia humana no respeta nada y a nadie.

EXIGIMOS a los organismos nacionales y provinciales responsables de la política indígena a intervenir de manera inmediata para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial.

Solicitamos la urgente intervención de los organismos de DDHH y Defensor del Pueblo de Nación, para velar por el cumplimiento de nuestros derechos colectivos y garantizar nuestro derecho a vivir en paz en nuestros territorios.

Como Pueblo Nación Diaguita preexistente nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales.
RESPETO POR NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS!
PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO!

7 de marzo de 2015

Continúan violando el Derecho a la Consulta y Participación de los Pueblos Originario

“Qhapaq ñan”: patrimonio inconsulto de la humanidad


Sitio Sagrado del Pueblo Tastil lado oeste.

4 de marzo de 2015

La red vial ancestral, mal llamado “camino del Inca” o camino andino, está constituido por un sistema de antiguos caminos transitados desde tiempos inmemoriales por los Pueblos Originarios de la región, que recorren la cordillera de los andes conectando el territorio que en la actualidad corresponde a Colombia con la Patagonia Argentina y el sur de Chile.

Este sistema vial, al que los Incas habrían denominado (según la literatura existente) “Qhapaq Ñan” (el camino principal), es preexistente al pueblo incaico ya que fue construido y utilizado (y lo sigue siendo) por cientos de Pueblos Indígenas a lo largo de miles de años hasta la actualidad. En Argentina somos más de 20 pueblos los que seguimos recorriendo este camino para el intercambio y comercialización de productos, como así también con fines políticos, culturales y sociales.

En el mes de junio del 2014 este sistema vial fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad con el apoyo de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En el caso de Argentina, la provincia de Salta y el Estado Nacional impulsaron la patrimonialización a través del Programa “Qhapaq Ñan” basando su fundamento en “la pobreza de las comunidades del área” y argumentando que la misma significaría un gran “desarrollo” para las mismas. Sin embargo, a pesar de la aparente preocupación que intentan mostrar, al parecer olvidaron realizar el correspondiente proceso de Consulta para el Consentimiento Libre Previo e Informado de los más de 20 Pueblos Originarios que habitamos en estos territorios y hacemos uso ancestral de dichos caminos, al igual que lo hicieron nuestros antepasados que los construyeron con sus propias manos. 

El Consejo Indígena del Pueblo Tastil (CIPT), espacio que nuclea a 14 comunidades de base y que forma parte del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios (ENOTPO), denuncia una vez más la violación del Derecho a la Consulta y Participación establecido en la Constitución Nacional, en el convenio 169 de la OIT (Ley Nº 24.071) y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

El 18 de febrero el Consejo Tastil recibió una comunicación de parte de la Dirección de Patrimonio Arqueológico de la Provincia informando que el día 20 (solo dos días después) llegaría al territorio donde se encuentra la ciudad sagrada del Pueblo Tastil, un equipo de producción audiovisual perteneciente al Sr. Gustavo Santaolalla para la realización de un documental sobre el “Qhapaq Ñan”. 

Ante esa situación, se convocó a una reunión a los técnicos de la Dirección de Patrimonio de la provincia y a la Unidad de Gestión Local (UGL) para pedir una explicación y exigir que se respete el derecho del Pueblo Tastil a definir las acciones que puedan afectarlos, como así también las que afecten su Territorio. Más tarde se incorporó el equipo de filmación a la reunión, no pudiendo contar con la presencia de Gustavo Santaolalla quien no quiso involucrarse en los planteamientos de nuestro Pueblo.

Al respecto, el Pueblo Tastil tomó nota de una serie de definiciones que fueron tomadas sin su consentimiento, como ser la incursión sin permiso en territorio del Pueblo Tastil por parte del equipo de producción y el equipo del Qhapaq Ñan hacía un mes atrás, la existencia de un guión elaborado sin consulta, la elección de los actores del documental sin contemplar la participación de miembros del Pueblo Tastil. Asimismo comunicaron que esta sería una primera parte del total de filmación, la cual continuará en el otro tramo patrimonializado, del lado del territorio del Pueblo Diaguita (Payogasta) en Los Graneros y La Kallanka, para la cual también contaban con una persona ya designada para la palabra guionada y el contenido para la filmación. 

Haciendo ejercicio del Derecho Indígena los delegados de Tastil tuvieron que solicitar que se detuviera la filmación para presentar su postura ante el Sr. Santaolalla y corregir los gruesos errores que estaban presentes en el contenido del guión. Ante el hecho consumado, sin dejar de exigir que se cumpla la consulta, propusieron ciertos cambios para que mínimamente se refleje el posicionamiento político y la cosmovisión del Pueblo Tastil que hasta el momento había sido invisibilizado. Asimismo se requirió tener en cuenta la consulta y participación durante la etapa de edición.

De acuerdo a lo informado por la producción, el trabajo documental fue convenido con el Ministerio de Cultura de Nación a cargo de Teresa Parodi, que como Estado tiene la obligación y responsabilidad de convocar a los Pueblos Originarios para realizar el proceso de Consulta. Este hecho no quita responsabilidad a los privados quienes también deben cumplir con lo que manda la Constitución Nacional y respetar al Pueblo Originario preexistente como Sujeto de Derecho.

Ante el panorama presentado, el Pueblo Tastil denuncia una vez más la violación de los derechos que amparan a los Pueblos Originarios ante la patrimonialización inconsulta de caminos ancestrales. Además, ante los nuevos hechos sucedidos se comienzan a revelar las consecuencias indeseables a las que lleva la patrimonialización como el crecimiento del turismo sin una correcta planificación ni control; incursiones a escondidas y no autorizadas a territorios indígenas por parte de turistas, documentalistas, emprendimientos comerciales; actividad de Enduro (modalidad de motociclismo); entre tantas otras. 

Dichas actividades perpetúan y multiplican la vulneración de los derechos indígenas y fueron denunciadas en innumerables oportunidades por los Pueblos Originarios sin conseguir hasta el momento una respuesta favorable por parte de las autoridades nacionales y provinciales.

Por todo lo expuesto, la asamblea comunitaria del Consejo Indígena del Pueblo Tastil definió:

Solicitar el diálogo directo con el Ministro de Cultura de Salta Dr. Mariano Ovejero, dado que las instancias intermedias no dieron respuestas concretas de los acuerdos entablados. 
Generar difusión y debates respecto a la Patrimonialización Inconsulta en diversos espacios como escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación, organizaciones indígenas, etc.



Denunciar las violaciones a la Consulta y Participación por parte de los Estados y de emprendimiento particulares en desmedro de nuestros recursos y, ya agotadas las últimas instancias en marcos de diálogos y conversaciones, llevar a cabo las medidas legales necesarias y ejercer de hecho el derecho a la Autonomía y a la Libre Determinación en los territorios que ancestralmente habitan. 

¡NO MÁS AVANCE DE LA PATRIMONIALIZACIÓN INCONSULTA DE NUESTROS TERRITORIOS!!!

¡CONSULTA Y PARTICIPACIÓN YA!

Presentación y entrega a la UGL y al museo del Mapa Pueblos Naciones Originarias en la Actualidad con la cartilla del ENOTPO de la Consulta en el propio museo antropológico de Santa Rosa. Se ven al presidente de la Fundación Gustavo Lee (centro), al presidente del centro de artesanos de Santa Rosa Primitivo Yapura, al lado extremo derecho a don Carlos Choqui miembro de la Fundación y jubilado de IBM Argentina (se presenta con la fundación como magister en Comunicación Social y residente en Bs As), a don Chola Barboza.
Manolo Copa siguiendo paso a paso la filmación con el equipo.
Santaolalla en el museo al final de filmación. 
Panorámica de reunión del CIPT en su sede con 12 Autoridades Tradicionales.
Llegada en el día jueves 19 a Santa Rosa de Tastil de los delegados del CIPT para el tema Patrimonio. Se ve al hermano Manolo Copa de la Comunidad La Quesera, lo acompaña Orlando Soriano presidente de la UGL, al lado una miembro de la Fundación Alfarcito y Elsa Zerpa del museo arqueológico de la provincia en Santa Rosa.
Santaolalla viniendo al requerimiento de conversación en plena filmación.
Almuerzo en salón social de Santa Rosa. Se ve en primer plano al enviado para la ocasión por parte del poder ejecutivo municipal Nestor Burgos, acompañan Yapura, Chinguila y al fondo parte del equipo de filmación.

Fuente: ENOTPO

3 de marzo de 2015

El resurgimiento de la identidad indígena argentina

El doctor Félix Acuto.
(Fuente: Félix Acuto)
Félix Acuto estudia los procesos de resurgimiento de las identidades indígenas en la Argentina. Explica las estrategias de los Pueblos Originarios para ser reconocidos por el Estado y analiza el papel histórico de los académicos en relación a esta problemática.


Nicolás Camargo Lescano - Agencia CTyS

Dom, 1 Mar 2015 



Asamblea de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, realizada en el valle Calchaquí. (Fuente: Félix Acuto) 


No había lugar para ellos. La consigna “civilización o barbarie”, impulsada desde fines del siglo XIX, los expulsaba de la nueva sociedad moderna que se empezaba a construir. Así, los pueblos originarios pasaron a ser un estorbo, una prueba del atraso que debía ser eliminado, erradicado y desaparecido.



A las masacres y la apropiación de tierras durante la llamada Campaña del Desierto se sumaron luego las voces de la escuela y los medios de comunicación, que contribuyeron con estereotipos negativos sobre la figura de los pueblos indígenas o a su invisibilización. Pero el presente parece mostrar un cambio de tendencia.

“Hay un proceso de reemergencia de las identidades, de las organizaciones, de la voz indígena y de la visualización de sus prácticas en Argentina y en el continente entero”, asegura Félix Acuto, doctor en Antropología e investigador adjunto del CONICET. Junto a su equipo, estudia las formas en que los pueblos originarios construyen su identidad y reivindican sus costumbres y su historia.

Este resurgimiento de la identidad indígena, explica el académico, puede encontrar su génesis en la existencia de derechos. “Hay un reconocimiento en las constituciones, en la firma de tratados internacionales. Es decir, ahora tienen herramientas para pelear”, explica el académico, quien se doctoró en la Universidad del Estado de Nueva York y es docente de la Universidad Nacional de La Matanza.

Cuando la tierra llama

Los pueblos originarios, explica Acuto, consideran que "hay una cuestión esencial de identidad indígena: si uno es descendiente de los pueblos originarios, en algún momento, va a sentir el llamado de la Tierra. Es algo que tiene que ver con el ser y con una subjetividad ligada a la tierra y al mundo”, detalla.

Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades originarias son las visiones estereotipadas. “Mucha gente -alerta el académico- sigue pensando que los indígenas no existen más, que existieron pero hace 150 años. No es que desaparecieron y vuelven de la nada, sino que vuelven por la existencia de nuevos derechos y porque hay una base cultural que sobrevivió”.

El antropólogo explica también que, si bien a nivel discursivo y en la esfera pública hubo tal vez un retraimiento de las comunidades originarias, “a nivel privado se mantuvieron estas prácticas culturales. Es decir, en público se canta el himno, se habla en español y se festeja el 25 de mayo, pero en el ámbito privado se habla en mapudungun -nombre de la lengua mapuche- y realizan sus prácticas culturales”.

Nuevas leyes para viejos derechos

El desarrollo y surgimiento de variadas herramientas legales resultaron clave para los pueblos originarios a la hora de luchar por sus derechos, como lo fue por ejemplo el reconocimiento en la Constitución. “La de 1853 dice únicamente que había que pacificarlos, en cambio la de 1994 reconoce su preexistencia al Estado y establece que se le deben dar recursos y tierras”, agrega.

Sin embargo, aclara que todavía hay muchas cuestiones por superar, como por ejemplo el hecho de que para constituirse frente al Estado, cada comunidad se debe presentar con personalidad jurídica. Al tener una fecha de inicio, quedaría sin efecto la condición de preexistencia. “Los pueblos originarios consideran que, al no ser ni una ONG ni una sociedad civil, el Estado debe implementar otros mecanismos para reconocerlos”, indica.

Otra de las problemáticas es la que se presenta con las tierras. “Está la ley 26.160, que prohíbe los desalojos a comunidades de pueblos originarios- expone el investigador-, aunque esto no siempre se cumple. Además, tienen una concepción distinta de lo que significa la propiedad. En el Estado moderno, la tierra es individual, en cambio ellos proponen una propiedad colectiva”.

Según Acuto, uno de los principales objetivos de las comunidades indígenas es tomar la voz. “No quieren que nadie hable por ellos, sino que quieren hacerlo en primera persona. Muchas veces se reproduce esta visión paternalista del ‘pobre indio’, que no entiende”, asegura.

El antropólogo también explica que “reclaman el derecho a la consulta: cada proyecto que se realice en terreno de los pueblos originarios y que afecte directa o indirectamente sus derechos, sea desde un proyecto de investigación hasta una empresa de extracción de recursos naturales, debe tener su consentimiento. Y todavía estamos lejos de eso”.

De la complicidad a la crítica reflexiva

Como en otras esferas de problemática social, la ciencia también jugó un rol importante en la invisibilización y las visiones estereotipadas de los pueblos originarios. “En el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, los académicos fueron funcionales a las políticas del Estado-Nación. E, incluso, hay algunos casos recientes, como un libro publicado en 2007 de colecciones hechas por antropólogos y arqueólogos, que hablan de los diaguitas como ‘un pueblo del que solo quedan recuerdos’”, asevera Acuto.

Si bien para el investigador hubo un cambio radical en los últimos años de parte de la academia al tomar una postura reflexiva y crítica sobre su papel en el pasado y en el presente, también aclara que todavía hay varios aspectos para corregir, como el hablar en lugar de ellos o no difundir los avances en la materia.

“En lugar de ponerse a su disposición y ser un instrumento de una organización, suelen tomar una posición por arriba de ellos”, alerta Acuto, y agrega que “muchos han construido ideas muy importantes que favorecerían la lucha de sus derechos, pero las mantienen únicamente en el ámbito académico”.

Por eso el antropólogo propone replantear la relación sujeto-investigador. “Para recibir hay que dar. Como la posibilidad, por ejemplo, de escribir artículos junto a ellos. En mi caso, primero me ofrezco para hacer un montón de actividades previas y recién después solicito hacer entrevistas o estudios de observación. Tal vez se hace más lento, pero abre muchas puertas porque hay un vínculo más fuerte”, concluye.
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