Pueblos indígenas de Michoacán inician la lucha contra el gasolinazo

Morelia, Michoacán.-Los pueblos indígenas de Michoacán que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán realizarán una manifestación masiva y pacífica en contra del aumento a la gasolina, así como sus efectos secundarios de aumentos a las tarifas eléctricas.

La protesta que contempla el cierre indefinida de carreteras en diversas partes del estado, se realizará el próximo lunes 30 de enero por lo que se convocó a todas las comunidades originarias, así como a los movimientos sociales progresistas y apartidistas, a sumarse.

A continuación su declaración:

Declaración iniciamos la lucha en contra de gasolinazo y por nuestra libre autodeterminación

Comunidades P´urhépechas Originarias, 27 de enero del 2017.

Al Pueblo de Michoacán. A los Pueblos Originarios. A los medios de Comunicación. Al Gobierno Estatal y Federal.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, movimiento autónomo, apartidista y estatal, que agrupa a más de 30 comunidades de los pueblos originarios, nombrado así en Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales indígenas en honor a Tata Elpidio Domínguez Castro, quien en la década de los 80´s del siglo pasado, junto con otros luchadores sociales fundaron el Consejo Supremo Independiente P´urhépecha para luchar por los derechos de los pueblos originarios y su libre autodeterminación. Hoy a casi cuatro décadas, retomamos una vez más la larga historia de lucha y resistencia de más de 500 años de los pueblos p’urhépechas y representados en la presente declaración por las comunidades de Santa Fe de la Laguna, Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Pichátaro, Apo del Rosario, Capácuaro, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Jicalán, Tahuejo, Zopoco, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo y Sevina, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

1.- Repudiamos totalmente los aumentos a los precios de las gasolinas y diésel, así como sus efectos secundarios de aumentos a las tarifas eléctricas, el gas LP, el trasporte público y la canasta básica. El Gobierno Federal en contubernio con los Partidos Políticos (PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, Nueva Alianza y Encuentro Social) son los culpables de empobrecer aún más al Pueblo Mexicano al planear, aprobar y ejecutar la “Reforma. Energética” y la “Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”. Exigimos categóricamente el alto al aumento del precio de las gasolinas.

2.- Las políticas públicas para los pueblos originarios en Michoacán, son altamente discriminatorias, violatorias de derechos y paternalistas. No necesitamos que nos estudien más, para que nos digan que somos los más pobres entre los pobres, los más discriminados y olvidados del país. En los hechos, el Gobierno del Estado disminuyó para el 2017, un 32% menos el presupuesto de la Secretaria de los Pueblos Indígenas que únicamente mantiene presupuesto para sostener a una burocracia indígena inútil, cooptada y dócil, así mismo, redujo un 33.87% el presupuesto de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y mermó un 9.98% el presupuesto del Instituto del Artesano Michoacano. Exigimos la instauración de una mesa de trabajo abierta y publica con el Gobernador de Michoacán para que cumpla, sin sesgos partidistas, con los compromisos adquiridos con las comunidades originarias en materia de Entrega y Administración del Presupuesto Directo, Obra Pública, Salud, Educación y Seguridad Comunal, toda vez que hasta la fecha, no ha cumplido en ni una sola área con los pueblos indígenas.

Por lo anterior, en ejercicio de nuestro legítimo derecho de protestar en nuestros ancestrales territorios, convocamos a todas las comunidades originarias, así como a los movimientos sociales progresistas y apartidistas, a sumarse a una movilización masiva, pacífica y ordenada el 30 de enero, mediante la toma indefinida de carreteras en diversas partes del estado.

COMISIÓN DE ENLACE

CSIM

Macri tiene un ejército en las sombras- La interna policial acorrala a la ministra Bullrich: el Estado continúa persiguiendo a niños y jóvenes pobres con la instauración de un discurso xenófobo. La cacería se extiende a migrantes de países limítrofes y comunidades de pueblos originarios.

Foto: Joaquín Salguero

Un chico de 10 años fue detenido por dos policías de la Ciudad. Uno de los de azul le sujetaba las manos y el nene gritaba pidiendo ayuda. Iba de zapatillas y pantalón corto. Un bolso de cuero le cruzaba el pecho flaquito y las piernas le temblaban. Otros dos agentes rodearon la pequeña amenaza humana. Un vecino filmó la escena con su teléfono y luego se difundió por canales de noticias como mensaje de la inmundicia del horror.

A 12 kilómetros de allí, en el barrio de Belgrano, 10 policías de la Ciudad rodearon el viernes a un joven que había corrido para no someterse a un control policial. Pedían testigos a discreción y, mientras la vecindad aprobaba el acoso del muchacho marginado y pobre, nadie acercó el DNI para seguir el hilo de la babosa burocrática. Eran las 16:30 y seguían llegando patrullas para seguir sometiendo al escarnio a un pibe que gritaba su número de documento que comenzaba en 27 millones.

En Mar del Plata, un grupo de turistas defendió a un vendedor ambulante que lloraba porque la Policía del intendente de ideas nazis levantó su puesto como un toldo ranquel en 1879. En suma: la vista de un retroceso cultural enorme a una paleta de colores de Martínez de Hoz y los peores años de la dictadura.

Mientras la administración del Estado persigue y criminaliza la pobreza que parió desde diciembre de 2015, los bancos extranjeros no cumplen con los convenios acordados con los trabajadores y todo el sistema bancario ejerce un robo a mansalva con comisiones astronómicas que ahogan a la clase media -ya sin cuotas- pero con interés de poder seguir adquiriendo cuatro limones españoles a 50 pesos con la mirada puesta abajo y a correcta distancia.

La semana se coronó con el vergonzoso accionar de la ministra de Seguridad que padece de inseguridad. Alguien le hackeó su cuenta de Twitter a Patricia Bullrich Luro Puyrredón. Y es que las huestes de la antigua Policía Federal –muy poderosa en su organigrama con cuadros altamente capacitados y un aceitado sistema de recaudación que va desde cuevas financieras a departamentos privados donde se ejerce la prostitución con cafishios habilitados- está molesta por la unificación con el engendro de la Metropolitana, el escalafón único, la pérdida de los adicionales, y la atención del Hospital Churruca. Así las cosas, el escenario para la ministra es difícil: se quebró el pacto tácito con la fuerza para mantener el statu quo y puertas afuera las patrullas persisten en la cacería de chicos pobres, pero del delito complejo nada, porque para eso hay que saber, y la ministra no sabe. Su nivel de análisis criminológico se resume a seguir a rajatabla las hipótesis de conflicto que plantea la DEA, la embajada de Israel y sus expertos antiterroristas que justifican la tortura y la aniquilación de niños palestinos en la Franja de Gaza.

La sociedad asiste perpleja a un cambio de paradigma: persecución de migrantes de países limítrofes con una narrativa xenófoba y humillante, estigmatización de los militantes y opositores políticos, e invento de causas penales a los dirigentes indígenas que tienen otro valor cultural sobre la propiedad y las leyes de supresión del otro del capitalismo neoliberal. La aniquilación de derechos inevitablemente irá de la mano de más represión como sucedió en 2016 en varias ocasiones. Además, los hechos de violencia institucional y gatillo fácil se precipitan y tienen como protagonistas a todas las fuerzas policiales del país. ¿La razón? El contexto: ahora la Policía anda armada en Plaza de Mayo y la libertad es un protocolo de vallas.

Los sobres del muerto

Durante la segunda semana de enero, una noticia sacudió la modorra de la crónica policial. El cuerpo del subcomisario Federico Jurado, uno de los nueve jefes policiales de la Bonaerense, acusados de integrar una presunta red de agentes corruptos que cobraban ilegalmente dinero descubierto dentro de sobres en la Jefatura Departamental de La Plata, fue hallado en su celda de la cárcel de Villa Elvira.

El caso es investigado a los saltos por el fiscal Marcelo Martini de La Plata, que vive atribulado por la peor causa de su carrera judicial: lucha solo contra la Maldita Policía y su ejército de las sombras.

Entre el resto de los acusados se cuenta quien estaba al mando de la jefatura, Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Carballo, y el jefe de Operaciones, Ariel Huck. Los demás son el ex jefe la comisaría de Tolosa, Julio Sáenz, Sebastián Velázquez, de la seccional segunda, Sebastián Cuenca, de la tercera, y Raúl Frare, de la comisaría 12.

Hace unos días, tres de estos ex jerarcas de la Bonaerense recibieron la visita de un abogado penalista que estuvo preso con Luis “El Gordo” Valor y estudió Derecho en prisión. La entrevista no pudo ser más inquietante para el letrado que quisiera tomarse un vuelo a Alaska y desaparecer de semejante pesadilla.

La investigación comenzó el 26 de febrero de 2016 con un llamado anónimo a la División Asuntos Internos en el que se afirmaba que todos los primeros días hábiles de cada mes desde, las distintas comisarías de La Plata, se enviaban sobres con dinero para el titular de la Departamental y otros jefes de la fuerza. Una caja adicional e ilegal muy común entre los uniformados.

En abril, el auditor general Guillermo Berra secuestró 36 sobres que contenían 153.700 pesos. Los jefes acusados fueron desplazados de sus cargos, aunque lograron evitar los arrestos hasta que en noviembre la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó sus pedidos de eximición de prisión. Casi un año después, a fines de enero, ocho efectivos, acusados de conformar una asociación ilícita para recaudar dinero a cambio de protección, recuperaron la libertad luego de un fallo del Tribunal de Casación bonaerense. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, pidió a los jueces que “sean garantes de la pelea contra las mafias”.

En tanto, el fiscal Martini se queja de la falta total de colaboración de otros organismos del Estado, recibe llamados a toda hora, está de pésimo humor, y tiene el rostro de un detective que no duerme hace semanas. Chandler hubiese hecho un personaje risueño con el señor fiscal y su método de investigación a puro rejunte de papel. Es más vital la degustación de buenas botellas de bourbon y los involucrados lo saben mientras andan en sus autos importados a toda velocidad por las rutas de la Provincia.

Los unitarios

Con el mapa del incendio en la cúpula de la Bonaerense, la Federal y sus vasallos campean su propia crisis de representación.

El flamante jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar es un abogado y docente universitario, que tuvo a cargo los principales distritos de la Policía Federal. Entre otros, la estratégica zona del centro porteño repleta de cuevas y prostíbulos. El legajo de Potocar luce una medalla: es egresado del FBI. La agencia estadounidense que mantiene convenios de capacitación con varias fuerzas policiales del país desde hace al menos siete años. Pero el mayor problema de Potocar son los 25 mil hombres y mujeres de la Federal y la Metropolitana, que debe dirigir y esta semana le plantaron una burla circense a su jefa directa, la ministra Luro Puyrredón. Sucede que no hay argumentos suficientes para convencer a una parte de la tropa insurrecta: quieren seguir luciendo el mismo uniforme y se niegan a portar la credencial de OSDE. Prefieren seguir siendo tratados en el Churruca y continuar con otros trabajos como agentes de seguridad de caudales y demás derroteros en agencias de seguridad de ex oficiales del Ejército.

El desenlace es un misterio.

Esta gestión del Estado que inició su vínculo con la tan ansiada seguridad luego de la escandalosa fuga de los tres condenados por el Triple Crimen, tuvo su correlato publicitario con la llegada al país del ex prófugo y aliado de la DEA, Ibar Pérez Corradi, quien no sólo no aportó nada a la investigación del tráfico de efedrina, sino que anhela radicarse en Estados Unidos con la brillantina de su abogado socio del ex comisario Juan José Ribelli cuyo estudio representa a los grandes narcos de la historia criminal reciente.

Con todo, la sociedad gendarme avanza contra la marginalidad y mantiene intacta la pulcritud de los delincuentes de guante blanco que por medio de un decreto esta semana endeudaron a los argentinos en 20 mil millones de dólares con la mediación de Gran Bretaña y la jurisdicción de Estados Unidos.

La carpa de Sarrasani abre sus brazos a los actores del grotesco.

@JotaAlonso

*Periodista y escritor. Ex jefe de Policiales de Tiempo Argentino. Coautor de la investigación de Papel Prensa. Columnista de Radio del Plata en el programa de Roberto Caballero.

Fuente: Nuestras Voces

Salta - Pueblo Tastil - Comunidad Incahuasi: "Nadie llamó para hacer un relevamiento de daños"

ALUD EN ABRA LA CRUZ

Hasta ayer el Gobierno provincial no había iniciado el relevamiento de daños materiales provocados por el alud en Abra de la Cruz, donde habitan 27 familias de la Comunidad Incahuasi, del pueblo Tastil.

Víctor Cruz dijo que el Gobierno envió personas no aptas para el lugar, porque no resistían caminatas de altura.

Esta noche se cumplirán 10 días desde que ocurriera el aluvión, el domingo 15 de enero. Así lo informó el cacique de esta comunidad, Víctor Cruz, quien precisó que “lo único que llegó (ayer) es la asistencia crítica (de Defensa Civil), que han mandado los sicólogos a las dos familias”.

Además de cuantiosos daños materiales a las economías de subsistencia de la Comunidad Incahuasi, el alud arrasó con la vida Bernabia “Berta” Vilte e Hipólito Quipildor, cuyas familias son las que recibieron asistencia de sicólogos, contó Cruz.

Falta asistencia en la zona alta

El cacique recordó que también pidieron que haya asistencia para los familiares que quedaron “en la zona alta”, donde sigue siendo difícil llegar, dado que las aguas dañaron los caminos de herradura que permitían el acceso a caballo, y sólo queda ir caminando, “corriendo peligro”.

Cruz indicó en tal sentido que piden ayuda pero saben que “no se puede llegar” y lo más probable es que “vamos a quedar con los médicos en el camino porque no se puede”. Indicó que por esto insisten con la solicitud de que el Gobierno use el helicóptero para que “los médicos asistan a las familias y vuelvan”, y para llevar la ayuda que todavía sigue faltando a las familias más alejadas.

“Es la única manera de llegar más rápido, también corren peligro yendo por vía terrestre”, enfatizó el jefe comunal. Cruz contó que desde la Municipalidad de Campo Quijano ayer le dijeron que iban a hablar con él, “pero todavía no hablaron nada”. Y de la Provincia, “no nos llamó nadie”. “Nos decían pidan audiencia, pero, bueno, yo creo que ellos son los que tienen que venir y ver”, sostuvo.

Nadie llama para el relevamiento

Dado que desde la Provincia se informó que el área de Producción iba a hacer un relevamiento de los daños provocados por el aluvión en los sembrados (de papa, oca, maíz) y en los animales para determinar luego de qué manera se les ayuda a reiniciar sus vidas,

Nuevo Diario preguntó si esa tarea ya comenzó: “Nadie llamó para hacer un relevamiento”, aseguró el cacique. Detalló que la pérdida de cultivos “fue total”, mientras que hubo mayor pérdida de animales en la zona más baja. Además, los techos de barro quedaron prácticamente destruidos por la intensa tormenta. Cruz dijo que le cuesta creer que todavía no se haya contactado nadie del Gobierno (más allá de Defensa Civil).

Un trato inhumano

Y ratificó las críticas de los familiares de Quipildor y Vilte, que pedían un helicóptero para bajar los cuerpos, encontrados por los propios familiares y comuneros: “Fue inhumano lo que hicieron a toda la Comunidad y a todas las familias que estuvieron ahí para tratar de llevar los cuerpos”, recordó el cacique sobre el traslado de las dos víctimas fatales por vía terrestre.

Señaló que el Gobierno se escudó en que “habían mandado como 40 personas”, pero no eran aptas para el lugar, porque estábamos a casi a 4 mil metros sobre el nivel del mar y no resistían”.

Fuente: Nuevo Diario

COMUNIDAD SAN FELIPE DEL PUEBLO WICHI DE SALTA HACE AÑOS QUE NO TIENE AGUA POTABLE, LA ÚNICA AGUA QUE SACAN PROVIENE DE UNA ZANJA DONDE EL LIQUIDO SE HALLA CONTAMINADO.

COMUNIDAD WICHI DE SALTA NO TIENE AGUA POTABLE Y PIDE AYUDA

La desigualdad es una denominador común en nuestro país. Sin políticas reales de inclusión, los pueblos originarios son el grupo social que más sufre la discriminación y el abandono. 

La Comunidad Wichi de San Felipe (Salta) está sin agua potable y sus miembros y animales se están enfermando.

La situación en la que viven es un espejo de lo poco que son tenidos en cuenta por las políticas federales y provinciales. Ya sea reprimidos en Chubut o desatendidos en Salta. La comunidad wichi San Felipe no tiene agua potable y desde años sólo puede conseguir algo de agua enlodada de una zanja contaminada.

Los miembros denuncian el abandono en el que se hallan. Apuntan a la dirigencia política que desde hace años le viene prometiendo el agua potable. Hoy la situación es de extrema gravedad ya que el agua de esta zanja es también usada por animales y algunos ya se están muriendo. “Hace años que los políticos prometen y anuncian soluciones que nunca llegaron y con la crecida y los calores han muerto peces en la zanja donde decenas de familias recogen agua para consumir al igual que los animales del lugar, los niños y población se enferman con diarrea y los animales que mueren”, afirmaron miembros de la comunidad a la Agencia de Noticias ANRed.

La Comunidad San Felipe está en Rivadavia Banda Sur, una zona marginal en donde al parecer cuesta que llegue un derecho básico: el agua potable. La falta de este elemento provoca atraso, enfermedades y muerte. Los miembros de la comunidad ruegan que su realidad sea visualizada y por medio de un comunicado, expresan:

“Difundan por favor la gente está desesperada enfermándose, 2017 y sin agua potable, le tiene que llegar a todos los políticos y autoridades, intendente, legisladores, ministros de salud y Primera Infancia, gobierno provincial y nacional! Hagan algo! No dejen que siga muriendo gente por agua contaminada! Son responsables todos los políticos que prometen y no resuelven!”

Para todos aquellos que deseen ayudar a la comunidad pueden llamar a los teléfonos: 387-5430931 – 387-5961982

Publicado en: El Federal

Veintisiete familias del pueblo indígena Tastil que fueron afectadas por el aluvión del sábado último permanecen aisladas en el paraje Abra de la Cruz, sin recibir ningún tipo de ayuda del Estado provincial, que según denuncian "priorizó a turistas que a los originarios"

TRAS EL ALUD DE LUNES

La comunidad Tastil afirma que 27 familias siguen aisladas

Luis Gómez Almaraz le dio explicaciones a Amado Mamaní, miembro del pueblo Tastil, que no lo convencieron.

“Están todas las familias aisladas, no hay camino para salir”, aseguró Amado Mamaní, miembro del pueblo tastil. Mamaní contó a Nuevo Diario que pudo contactarse con Víctor Cruz, autoridad de la Comunidad tastil Incahuasi, a la que pertenecen las 27 familias aisladas. A Incahuasi se llega a pie, caminando unas 5 horas desde Ingeniero Maury.

El territorio ancestral comprende 17.500 hectáreas, y ya fue relevado en el marco de la ley 26.160, por lo que están identificadas y señaladas cada una de las viviendas con sus ocupantes. Este dato sería importante si se quisiera prestar ayuda, pero Mamaní dijo que hasta ayer no le habían pedido esta información, a pesar de que cerca del mediodía pudo hablar con el ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz.

Sobre esta conversación, contó que el ministro insistió en que no pudo enviar el helicóptero porque las condiciones climáticas y geográficas impedían el vuelo y aterrizaje. Mamaní aseguró que las condiciones “son buenas” y sostuvo que el helicóptero pudo llegar a la Comunidad cuando fue a Ingeniero Maury, que por aire queda “a tres minutos del lugar”.

Contó que Gómez Almaraz afirmó haber enviado provisiones a Pascha, pero el comunero se quejó del desconocimiento de los funcionarios, dado que esta pequeña localidad dista “4 o 5 horas del lugar donde fue el alud, en Abra de la Cruz”.

Como muestra de la ausencia del Estado, Mamaní aclaró que por Cruz sabe que fueron los propios comuneros quienes en el anochecer del miércoles dieron con el cuerpo de Bernardia “Berta” Vilte, una mujer de unos 50 años cuya casa fue arrasada por el lodo y falleció, junto a su primo Hipólito Quipildor, quien volvía de una marcada y había buscado refugio en esa vivienda.

El cuerpo del hombre fue encontrado en la mañana de ese día. Mamaní, residente de El Chuschal, en la Quebrada del Toro, jurisdicción de Campo Quijano, sostuvo que Cruz le manifestó su preocupación, porque no cuentan con medios para bajar los cuerpos. Este fue uno de los pedidos que hizo el comunero ante Gómez Almaraz. Anoche se esperaba la llegada de los cuerpos a Campo Quijano, que eran traídos por tierra.

Cruz también contó que el aluvión provocó daños en la mayoría de las viviendas, destruyó muebles y mercaderías, sembradíos y animales, por lo que los pobladores están en riesgo de desabastecimiento, dado que el camino de herradura por el que se comunican habitualmente quedó cortado por varias zanjas abiertas por el agua.

“La situación es complicada para todos (en Incahuasi) porque se cortaron los caminos, arrastró los animales y sembradíos”, sostuvo Mamaní, quien añadió que barajaron la posibilidad de subir un grupo de comuneros, pero los desanimó el gran recorrido que deberán realizar y la poca mercadería que podrían llevar a cuestas.

En declaraciones a Radio Nacional Salta, Mamaní lamentó que el Gobierno priorizó la atención a los turistas y olvidó a los habitantes originarios de la zona. Dijo que en Incahuasi la situación “es desesperante” y que siente “una impotencia”.

Fuente: Nuevo Diario

Quién es BENETTON para que el Gobierno lo proteja tanto

El mayor propietario privado superficiario de la República Argentina es el Grupo Benetton, a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. (CTSA). Posee 844.200 hectáreas de tierra en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Es una superficie mayor a la de cualquier parque nacional existente en el país.

En estas tierras hay aproximadamente 280.000 ovejas, que producen 1.300.000 kilos de lana por año, 16.000 vacas, 8.500 hectáreas plantadas con soja, 24.600 hectáreas de pino ponderosa, 4.600 hectáreas de pino murrayana y oregon, 1.100 hectáreas de forraje con riego por aspersión.

Además, el Grupo Benetton es dueño de una corporación megaminera denominada Minsud, con sede central en Toronto, Canadá; la cual posee 80.000 hectáreas de concesiones mineras en las provincias de San Juan, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Algunos proyectos megamineros metalíferos de Minsud presentan alto grado de avance.

El más importante de ellos el el Proyecto Chita Valey, en San Juan, ya está en condiciones de ser explotado y cuenta con todas las autorizacioes del gobierno de esa provinca para empezar a explotar. Además posee 3 proyectos más en avance intermedio (la mina Carlos, en Chubut y las minas San Antonio y La Rosita, en Santa Cruz).

BREVE HISTORIA (fuente: patagoniaargentina.8m.com, con agregado de datos propios):

• La “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.”, fue originalmente inglesa y se conformó el 1 de mayo de 1889, fundada en Londres, bajo el nombre “The Argentinian Southern Land Company Ltd”. Fue creada para administrar los campos de varios lores ingleses, terratenientes en el país, que habían recibido esas tierras como parte de pago del Estado Argentino a la Corona Británica, por haber financiado, 10 años antes, la campaña militar conocida como “Conquista del Desierto”, mediante la cual se le arrebató la Patagonia a los Pueblo-Nación Mapuche, Aonikenk y otros, para incorporarlas al territorio de la República Argentina.
• El 3 de Julio de 1975, la “Great Western”, (empresa off-shore radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo, que por ese entonces, estaba en manos de la burguesía terrateniente argentina, conformada por los “Menendez Hume, Ochoa & Paz Repetto”), compra el paquete accionario de la “The Argentinian Southern Land Company Ltd”. La “Great Western”, era además accionaria en otra compañía inglesa: “The Patagonian Sheep Farming Company Ltd.”, la dueña de las ovejas que pastaban en esos campos.
• El 26 Mayo de 1982, en una reunión de accionistas, se decidió cambiar el nombre por “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.” (era la época de la Guerra de Malvinas, y el nuevo nombre “sonaba mas criollo”). En ese entonces, la empresa se radicó en Argentina.
• El 21 de Agosto de 1991, el paquete accionario de “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.” (incluidas todas las tierras y las ovejas) pasa a manos de “Edizione Holding International N.V.”, pantalla financiera del Grupo Benetton, por unos 50 millones de dólares. El intermediario en esa operación es el agente inmobiliario local Nicolás Van Dittmar. Los directivos de la CTSA eran: Carlo Benetton (Presidente), D.E. Perazzo (VP), F. Acoroni (Director) y Ana M. Halassy (Directora.)
• El 14 de Agosto de 1996, una reunión de accionistas de CTSA, modifica el propósito de la Compañía (agricultura, ganadería, industrial, comercial, financiero, inmobiliario), para agregar un prometedor propósito: la minería. Posteriormente se crea Minsud, incorporando participación accionaria minoritaria y gerenciamiento por parte de ejecutivos canadienses de otras grandes empresas del rubro a nivel internacional.
• Desde que fue adquirida por el Grupo Benetton hasta la actualidad (25 años), CTSA ha duplicado su capital, casi exclusivamente con las ganancias generadas por la venta de lana, sin embargo esta empresa representa menos del 4% del conglomerado Benetton en todo el mundo.
• En la rama forestal, CTSA ha suscripto un convenio con el INTA y la Universidad del Comahue, para “mejora de la calidad genética” de sus cultivos. Si bien no está explicitado, el objetivo final de estos estudios conjuntos es experimentar y desarrollar variedades de pinos transgénicos.

En el rubro forestal, Benetton lleva invertidos 7 millones de dólares, de los cuales 2,6 millones son subsidios otorgados por el Estado.

EL GRUPO BENETTON:

• Tiene sede en la ciudad de Triveso, Italia, de donde es oriunda la familia, compuesta por los hermanos Luciano, Gilberto, Carlos y Giuliana. Fue fundado en 1965 y actualmente posee un capital cercano a los 4 mil millones de dólares.
• Además de las ya mencionadas corporaciones que operan en Argentina, a nivel internacional, el Grupo Benetton posee las siguentes marcas textiles: United Colors of Benetton, Playlife y Sisley, las cuales presentan diferentes líneas de indumentaria, perfumes y merchandising Si bien la mayor parte de su producción textil proviene de Argentina, también posee intereses en Nueva Zelanda y Australia. En este último país realiza la mayoría de sus operaciones comerciales en sociedad con la Australian Agriculturan Company, otra empresa que era de la Corona Británica y actualmente pertenece al Grupo Tavistock (Joe Lewis).
• El Grupo Benneton, además, ha regenteado marcas deportivas: una escudería de Fórmula 1 y equipos de basquet, rugby y voley en las primeras ligas italianas.
• Como pantalla de “Responsabilidad Social Empresaria” y para desgravar impuestos en diversos países, el Grupo Benetton posee, entre otras, las siguentes fundaciones en diferentes lugares del mundo: Fondation Sisley-D’Ordation (Francia), Unhate Fundation (EEUU), Fundazione Studi Ricerche (Italia), Fundación Museo Leleque (Argentina), etc.
• Conviene mencionar también que los Benetton son de los coleccionistas privados de arte más grande del mundo que hay. También poseen un instituto de estudios en comunicación y publicidad, denominado “Fábrica” cuya sede central es un complejo arquitectónico ubicado en la ciudad de Treviso, Italia.

A este mosntruo se enfrentó la Comunidad Mapuche Santa Rosa de Leleque y le ganó. A este monstruo se están enfrentando las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen y también le está ganando; a pesar de que su lonko weichafe, Facundo Jones Huala está detenido en calidad de preso político.

Acá se presenta el mapa de las propiedades que posee el Grupo Benetton en la Provincia del Chubut, realizado en base a la plantilla del Sistema de Información Territorial del Gobierno del Chubut.

Por Federico Soria

Publicado por Cholila Online

La Salta que duele / En el norte de Salta, familias wichís toman agua de una zanja que comparten con animales

Se trata de una comunidad de Rivadavia Banda Sur que debe vivir consumiendo agua contaminada. Por la falta total de agua potable, los pobladores se están enfermando gravemente.

Gentileza Revista Norte

La comunidad wichi San Felipe, localizada en Rivadavia Banda Sur, está sin agua potable y a causa de ello sus pobladores sufren diversas enfermedades. Toman agua de una zanja contaminada que comparten con los animales de la zona, que es lo único con lo que cuentan.

Esta comunidad originaria de Salta padece desde antaño la carencia total de agua potable y sus habitantes están sufriendo enfermedades de gravedad debido a la falta del recurso esencial. Según detalló el medio local Revista Norte, los habitantes denunciaron la desidia de las autoridades locales. “Hace años que los políticos prometen y anuncian soluciones que nunca llegaron y con la crecida y los calores han muerto peces en la zanja donde decenas de familias recogen agua para consumir, al igual que los animales del lugar. Los niños y también los mayores se enferman con diarrea y los animales se mueren” relató uno de los originarios, en Anred, ante un pedido desesperado.

La comunidad pidió “Difundan por favor. La gente está desesperada enfermándose. 2017 y sin agua potable. Tiene que llegar a todos los políticos y autoridades, intendente, legisladores, ministros de salud y Primera Infancia, gobierno provincial y nacional! Hagan algo! No dejen que siga muriendo gente por agua contaminada! Son responsables todos los políticos que prometen y no resuelven!”

Publicado en: http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/politica_1/en-el-norte-de-salta-familias-wichis-toman-agua-de-una-zanja-que-comparten-con-animales_166898

Consejería Mayor del CRIC realizó Comisión Política Ampliada para tratar el Tema de Educación Propia

En la Sede Pedagógica de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – ubicado en el Barrio La Aldea, Ciudad de Popayán se llevó acabo la comisión política ampliada del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- para analizar los avances y dificultades en la operatividad del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, esta actividad se realizó el 17 de enero de 2017.

Si evidencia que en el transcurso del proceso histórico de lucha y resistencia de los pueblos indígenas uno de los principales elementos fundamentales para poner en marcha la educación propia es el territorio, por ese motivo es uno de los principales elementos de vida que se debe liberar y proteger de personas extrañas, sobre todo, de políticas económicas de los gobiernos de turno y las empresas trasnacionales. En ese sentido existe unos grandes avances en este tema en los territorios, donde se orienta esta dinámica de acuerdo al sesto (06) y séptimo (07) punto de la plataforma de lucha que menciona; “Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas” y “Formar profesores indígenas” este proceso no ha sido nada fácil para el movimiento indígena ya que aún se presentan dificultades a nivel interno debido a políticas ideológicas externas que no permiten avanzar en este proyecto de vida.

Otro de los aspectos de grande preocupación, es la deserción escolar que se está presentando en los territorios indígenas y es un tema que se debe analizar profundamente en los pueblos indígenas, para conocer qué es lo que está pasando con los niños y niñas que han dejado de asistir a las instituciones educativas propias.

Los retos y desafíos son bastante grandes para el movimiento indígena del Cauca en poner en marcha el Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, y esto lo deben ir implementando cada territorio, para llegar a una verdadera transformación y llegar a poner en práctica la educación propia.

En la Comisión Política participaron las autoridades indígenas y equipos zonales de las 11 asociaciones de cabildos con el propósito de dar lineamientos políticos del que hacer comunitario para consolidar la Autonomía Educativa en los territorios indígenas del Cauca.

Entre los temas centrales del encuentro se socializo lo siguiente:

Contexto Educativo Regional – Retos y Desafíos del Sistema Educación Indígena Propio SEIP.

Fortalecer las prácticas de Gobierno Propio.

Asumir el ejercicio de Autoridad Educativa.

Fortalecer la Identidad Cultural de los Pueblos Originarios.

Retomar el relacionamiento con otros Pueblos, regiones y sectores.

Avanzar en la Autonomía Cultural – Pedagógica.

– Aplicabilidad de la Estructura Pedagógica del SEIP. 

Consolidar la Autonomía Administrativa.

– Operatividad del Gran Territorio CRIC.

– Dificultades operativas del Convenio 060 de 2016

– Situación Contratación de la Administración Educativa 2017.

Fuente: http://www.cric-colombia.org/portal/consejeria-mayor-del-cric-realizo-comision-politica-ampliada-para-tratar-el-tema-de-educacion-propia/

Dilio Pillimue Coordinador Político PEBI Coordinador Político de Educación del CRIC nos hace memoria histórica del proceso de la educación propia.

Audio Dilio Pillimue 

Audio Player

00:00

00:00

Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Ir a descargar

Eduardo camayo Coordinador Administrativo del CRIC nos habla del plan de trabajo del año 2017. Escuchemos.

Audio: Eduardo.

Audio Player

00:00

00:00

Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Ir a descargar

Por: Programa de Comunicaciones y Estudiantes de Comunicación Propia Intercultural UAIIN.

CONTINÚA LA USURPACION Y DESTRUCCION DEL TERRITORIO ANCESTRAL DIAGUITA

TERRATENIENTES USURPADORES DESTRUYERON VIÑEDOS TRADICIONALES Y PIRKAS ANCESTRALES CON EL FIN DE BORRAR EVIDENCIAS DE POSESIÓN TRADICIONAL Y PÚBLICA

COMUNIDAD DIAGUITA KALLCHAKI FUERTE ALTO – UPND Salta - KACHI

DENUNCIAMOS la complicidad del poder judicial y la inacción de los organismos responsables de los poderes ejecutivo provincial y nacional, quienes con su accionar abren camino a los empresarios y terratenientes para que violen sistemáticamente los derechos que nos amparan como Pueblo Nación Diaguita preexistente.

Desde hace más de ocho meses que la Comunidad Diaguita Kallchaki Fuerte Alto personería jurídica en trámite Expediente N°0030054135803/2016 viene realizando denuncias y presentaciones judiciales contra CARLOS Y RITA PORTAL, que desde hace tiempo están queriendo usurpar nuestro territorio Diaguita. Todas las presentaciones realizadas, fueron cajoneadas y nuestros reclamos fueron pasados por alto en la justicia. 

La primera violación a nuestros derechos es la usurpación y destrucción de nuestro territorio ancestral. La segunda es la negación de la preexistencia como Pueblo Diaguita, y la invisibilización como sujetos de derechos de incidencia colectiva al no recibir nuestras denuncias. La tercera es el continuo amparo del poder judicial y ejecutivo a los intereses de los privados por sobre nuestro derechos colectivos.

Recordamos que la familia PORTAL ya ha alambrado el territorio, colocando un portón, han dividido el territorio productivo con una acequia revestida que desvía el agua que ancestralmente utilizamos para regar, lavar y consumir.

Hoy jueves 12 de enero de 2017, nuevamente, los usurpadores portal, avanzan sobre nuestros derechos, con el amparo; complicidad y custodia de la policía local, entraron arrasando con maquinaria retroexcavadora con la plantación de más de 50 viñas tradicionales, que vienen de al menos dos generaciones atrás, y con el pirkado ancestral que divide el rastrojo productivo. 

La CODK Fuerte Alto decidió en Asamblea General frenar estos avances violentos e impedir que se continúe usurpando nuestro territorio. Esta medida tuvo como consecuencia lo previsto dentro de la lógica de propiedad privada del poder judicial y de la actitud represiva del Estado: la criminalización y judicialización de la defensa del territorio; nueve hermanos imputados por defender el territorio ancestral. También presentando hoy una falsa denuncia de lesiones a una agente policial con el fin de intimidar a las autoridades tradicionales, delegados, vocal IPPIS, Director municipal del Pueblo Diaguita, que se habían llegado a la zona de conflicto para registrar los daños.

Denunciamos en su momento a la fiscal Gabriela Romero Nayar y al juez Héctor Martínez y la auxiliar fiscal de Cachi María de los Ángeles Juárez Matar, por su accionar arbitrario, tendencioso, parcial y abusivo en el ejercicio de su rol como agentes del Estado. 

De la misma manera, hemos realizado pedido concreto ante las autoridades estatales competentes y no hemos obtenido respuesta alguna. Solo el silencio cómplice, la inacción y la imcapacidad manifiesta.

Le sumamos a esto, el detenimiento de los relevamientos territoriales que lo prevé la ley nacional de orden público 26.160, hoy aducen “falta de presupuesto” o "razones de fuerza mayor", cuando la ley cuenta con un presupuesto específico establecido que debe brindar las garantías jurídicas y territoriales a los Pueblos Originarios y sus comunidades.

Ante esta situación, la CODK Fuerte Alto, así como todas las comunidades miembros de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta (UPNDS), estamos en ESTADO DE ALERTA y ASAMBLEA permanente para consensuar los pasos a seguir. Como Pueblos Nación preexistente vamos a impedir nuevos avances sobre nuestros territorios, y repetimos que estamos en una situación de conflictividad que no hemos elegido, ni provocado, sino que este modelo y sistema que decide oprimir al pueblo para favorecer a los intereses usureros es el que nos empuja a tomar estas medidas. Somos en esencia Pueblos que solo queremos vivir en paz y armonía en nuestros territorios.

Nos hermanamos en la lucha y el dolor que le toco vivir en estos días al Pueblo Nación Mapuce, saludamos y honramos la valentía y coraje por defender lo propio. Los Pueblos Originarios conocemos a estos sectores reaccionarios y replicadores de las políticas coloniales y racistas, que se perfeccionaron con los estados monocultarles quienes pretendieron a sangre y fuego apropiarse de todo lo nuestro, sabemos que este gobierno neoliberal oligárquico y represivo, vino a desandar años de derechos ganados, con su lema de “pobreza cero” que se traduce en eliminar al pobre.

Cientos de años de resistencia territorial nos indican que esto no será fácil, sin embargo nuestros mayores, Iquines y Titquines nos legaron un camino de Libertad y Autonomía, ellos guiaran nuestros pasos hacia la liberación, para honrar con nuestra lucha, la suya. Porque su sangre derramada no fue en vano.

Exigimos al INAI, al Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de la Provincia de Salta y a los organismos de derechos humanos que tomen las medidas correspondientes a los fines de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios vigentes como el Art 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT ratificado mediante ley 24.071, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la ley 26.160 de Emergencia y Relevamiento Territorial en materia posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y toda otra normativa correspondiente. Informando a los juzgados intervinientes respecto al cumplimiento del marco del derecho colectivo vigente que asiste a los Pueblos Originarios y sus comunidades en el país, a quienes responsabilizamos ante cualquier acto que vulnere nuestros derechos territoriales y altere nuestra paz y seguridad jurídica.

Como Pueblo Nación Diaguita seguiremos en alerta y movilizados en resguardo y defensa de nuestro territorio comunitario como lo hicieron nuestros ancestros luchando juntos por memoria, identidad y territorio. 

¡NI UN DIAGUITA MÁS DESALOJADO DE SU TERRITORIO ANCESTRAL!

CONTACTOS: uniondiaguitasalta@gmail.com

03868-15457125

0387-154892412

DELEGACIÓN DE FISCALÍA PENAL CACHI (MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE SALTA – CACHI – TELÉFONO 03868 – 491392)

COMISARÍA N° 61 DE CACHI (TEL. 03868 – 491133)

Tensión por asedio a indígenas en Nicaragua

Fuerzas del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional supuestamente ingresaron ayer a la zona en conflicto por los territorios indígenas entre comunitarios y colonos en Prinzapolka, Caribe Norte, confirmaron líderes comunales de Layasicksa 2, que lograron llegar a Bilwi.

“tienen tendidos militarizados”, dijo a la prensa hilario thompson, presidente territorial que fue informado por comunitarios en el lugar. Esto ha aumentado las tensiones en esas comunidades indígenas, donde también persiste el asedio de colonos e impidió que los líderes de Isnawas pudieran salir hacia Bilwi.

Hasta anoche, las fuerzas de la Policía y del Ejército permanecían en el lugar de Sirinwas, que sirve de acceso a Isnawas y a Layasicksa 2, lo que mantenía “alerta” a los comunitarios.

LA PRENSA intentó de forma reiterada conocer la versión del vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, pero no fue posible.

Denuncian ante Cenidh

Nancy Elízabeth Enríquez, diputada de Yatama, junto al alcalde de Prinzapolka del mismo partido, Eklan James Molina, recurrieron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde denunciaron la situación que viven las comunidades indígenas. “Me preocupa que haya enfrentamientos con los comunitarios y que se sigan dando muertos”, afirmó Henríquez.

James Molina denunció que los colonos están llegando protegidos por soldados del Ejército de Nicaragua, mientras la Policía y las autoridades locales no atienden las denuncias de los comunitarios que solo en diciembre fueron interpuestas 47.

Lamentó que pese a su demanda de que sea formada una comisión en la que participen autoridades militares y policiales, no hubo una respuesta. Y más bien conocieron la información del envío de fuerzas a la zona en conflicto.

“Ya hay una situación tensa, no pueden mandar una patrulla militar”, expresó James Molina.

El alcalde de Prinzapolka también plantea que los colonos retenidos sean entregados a las autoridades y que se haga una investigación profunda de quiénes son los intelectuales de las ventas de tierras y los motivos del conflicto. Pero apunta que todas estas cosas hay que verlas en la zona y el Ejército no debe mandar solo a los militares cuando hay una situación tensa.

Por su parte, Henríquez dijo que las denuncias de diciembre se suman a las 339 que ya existen en los últimos años por el mismo conflicto de tierras.

Henríquez agregó que no le están pidiendo un favor al Gobierno, sino que cumpla con las obligaciones establecidas en la Constitución Política, de proteger a la población nicaragüense. Afirmó que en los ocho años que tiene este conflicto, han muerto 42 personas.

Burlan asedio

Por otra parte, la comisión de líderes indígenas de Layasicksa 2, logró burlar el asedio y llegar a Bilwi donde sostuvieron reunión con la comisión pastoral de Puerto Cabezas, presidida por el reverendo Kenneth Bushey Law y con defensores del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).

Thompson aclaró que ellos como autoridad lo único que están haciendo es informar sobre lo que ocurre en las comunidades e impedir que escale la violencia, así como que se respete el derecho de los indígenas.

Cinco colonos retenidos

La posición de los comunitarios es de que los cinco colonos retenidos permanecerán en poder de los indígenas, mientras las autoridades no desalojen a los colonos de sus tierras, sostuvo el síndico Melvin Conrado, quien demandó que quienes están involucrados en la venta de las tierras indígenas sean detenidos y sentenciados por la justicia.

Según Conrado, como tres mil manzanas de tierras indígenas han sido invadidas por colonos en ese sector. Y es un área que los indígenas tienen como reserva y los colonos se dedican a despalar y repastar para luego revenderlas.

“Necesitamos seguridad de los ciudadanos (indígenas)”, dijo Conrado. En las comunidades solo están las mujeres y niños y los hombres en la montaña, explicó el síndico de Layasicksa 2.

El juez comunal de Layasicksa 2, Jaime Rivera, explicó que cuando ellos salieron de sus comunidades el miércoles, la situación “estaba bien complicada”, después de los dos enfrentamientos donde murieron dos colonos, herido uno y retenido a cinco de ellos.

Ellos debieron salir por veredas y de forma clandestina, explicó Rivera, quien confió que la información de que la comunidad haya sido rodeada por el Ejército, presionará más a los comunitarios que no podrán ir al campo a buscar sus alimentos.

El reverendo Bushey conoció por los líderes indígenas que cada año ellos han solicitado apoyo de la Policía y del Ejército para poder limpiar sus tierras, pero nunca les han escuchado y no han podido entrar, “pues siempre hay colonos que causan conflictos”.

“Nosotros no vemos que el gobierno tenga algún interés de atender esta situación, ellos mismos permiten que esto termine con este tipo de conflicto que a nadie le conviene”, dijo.

Agregó: “No sé si el Estado está claro de su responsabilidad, o por estar bien claros no quieren asumir ninguna responsabilidad con relación a esta situación que se viene dando desde hace varios años y es del conocimiento nacional e internacional”.

Temen más violencia

La comisión de Layasicksa 2 también se reunió con las autoridades del Consejo y Gobierno Regional, en Bilwi, pero no encontraron respuesta inmediata de parte de estos, mientras ellos temen que se desate mayor violencia en sus comunidades.

La presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham, explicó que ha recibido la denuncia de los líderes de Layasiksa 2, pero esperarán también la denuncia de la comisión de Isnawas, para recibirla como una sola denuncia sobre lo ocurrido en esas comunidades.

“Ellos han pedido el acompañamiento de Cejudhcan, estamos pidiendo más información sobre lo que está ocurriendo en esas comunidades y ver cómo les acompañamos”, comentó la defensora de los indígenas.

El reverendo Kenneth Bushey manifestó que también ellos han solicitado a los indígenas que todo lo expuesto verbalmente sea plasmado en un escrito para que les puedan brindar acompañamiento.

Mientras Antonia Mendoza Ordóñez expresó preocupación por su marido Daniel Ochoa Rostrán, de 35 años. Este es uno de los colonos desaparecidos desde el pasado viernes 6 de enero, cuando salió de la comarca El Danto, municipio de Rosita, hacia la zona de Sirinwas, donde se dio el enfrentamiento el viernes con indígenas.

Y ahora, según Mendoza, le están diciendo que lo tienen retenido y piden una cantidad de dinero para liberarlo.

(Colaboración Leonor Álvarez).

Fuente: https://notiindigena.wordpress.com/2017/01/13/tension-por-asedio-a-indigenas-en-nicaragua/