Diaguitas cuestionan al ministerio de Luis Gómez Almarás

DEMANDA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Representantes y delegados de las comunidades diaguitas kallchakíes que integran la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS) se reunieron con el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario y otros funcionarios de esta cartera. Pidieron que el Ministerio garantice seguir el diálogo, y la continuidad de los relevamientos del territorio ancestral indígena.

Asamblea de diaguitas kallchakíes con el ministro Gómez Almarás.

Acordaron continuar con las reuniones y avanzar en el relevamiento de la propiedad comunitaria indígena prevista en la ley 26160, cuyas prórrogas están próximas a caducar.

Por un lado, la UPNDS logró un compromiso del intendente de Molinos, Walter Chocobar, para que se cree un área específica dedicada a los pueblos originarios en la estructura municipal, con jerarquía de dirección o secretaría.

En la reunión con el ministro, la UPNDS pidió que el Ministerio garantice seguir el diálogo, y la continuidad de los relevamientos del territorio ancestral indígena “como se vienen dando con la provincia”, informó David Pastrana, delegado de la UPNDS.

Por su parte, el ministro Luis Gómez Almarás, explicó que el gobierno provincial “no tiene problemas” en reunirse con la UPNDS cada vez que lo solicite, pero insistió en que hay otras comunidades diaguitas kallchakíes que también les piden reuniones por fuera de la organización y dijo que no pueden negarse a ello.

“Como Estado, estamos obligados a reunirnos cada vez que lo solicitan”, sostuvo. Consideró que, de hecho, “las políticas públicas que se puedan generar previa consulta van a ser más efectivas” y destacó, en este sentido que su Ministerio se reúne permanentemente con las comunidades de los distintos pueblos existentes en la provincia.

En cuanto al relevamiento, Gómez Almarás indicó que será profundizado. Señaló que en la reunión hablaron de la interpretación de la ley 26160. E insistió en que hay conflictos en la provincia derivados de un vacío legal, “porque tenemos una norma nacional, internacional, provincial que habla de los derechos (indígenas) y los derechos privados por otro lado”, en los casos en que hay titulares registrales de territorios que tienen ocupación ancestral de comunidades indígenas.

Sin embargo, la UPNDS consideró que esta cartera: “No puede darle mayor institucionalidad a una asociación de propietarios que la institucionalidad que tienen los pueblos originarios, partiendo de que es un Ministerio de Asuntos Indígenas”. 

La reunión en Molinos

La reunión se realizó en Molinos y fue la concreción de un encuentro que la UPNDS venía solicitando desde el surgimiento de este Ministerio, cuya creación vienen cuestionando porque se hizo “sin consulta” y porque engloba acciones del área social, cuando la complejidad del mundo indígena amerita una cartera por sí sola.

“Estamos en desacuerdo con el nombre del Ministerio, (…), con la estructura que tiene, (…) con la distribución de quiénes va a estar trabajando ahí, (…). No obstante, entendimos que hay una decisión política”, explicó Pastrana, quien puso énfasis en que este Ministerio tiene que ser un espacio de diálogo.

Antes de la asamblea con Asuntos Indígenas, los representantes y delegados de la UPNDS se reunieron con el jefe comunal. Ya en el encuentro, la UPNDS cuestionó también que el Ministerio haya decidido llevar talleres sobre distintas temáticas sin consultar antes cuáles son sus necesidades, que en este momento se centran en el fortalecimiento de la organización.

También cuestionaron que hayan sido invitados a asistir a una reunión con el ministro en su propio territorio. En su entendimiento, son ellos los que invitan a su territorio. Pastrana consideró “buena” la discusión y el hecho de que, con ayuda de la intendencia, se logró reunir a representantes de todas las bases de Molinos.

Publicado en: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/salta-1/diaguitas-cuestionan-al-ministerio-de-luis-gomez-almaras-6906#.WNyrfBbFTWM.twitter

Veladero: cuarto derrame en menos de dos años

La mina que explota en la cordillera sanjuanina la empresa canadiense Barrick Gold volvió a ser noticia por un derrame de "solución rica" que se produjo el martes por la noche.

Veladero, la mina que explota en la cordillera sanjuanina la empresa canadiense Barrick Gold, vuelve a ser noticia por un incidente ambiental, el cuarto en menos de dos años. Esta vez se trato de un derrame de "solución rica" compuesta por solución cianurada y mineral de oro, que se produjo anoche, según confirmó el subsecretario de Información Pública de la provincia de San Juan, Osvaldo Lima.

"La empresa informó anoche que a las 22 horas se desprendió un caño que transporta solución rica en el valle de lixiviación", explicó el funcionario, y agregó que "ya se hicieron los trabajos de contención necesarios". Lima informó que ya "está viajando una comisión de inspectores con el ministro de Minería", Alberto Hensel, y que en pocas horas éste brindará un conferencia de prensa con una evaluación sobre lo acontecido en Veladero. También puntualizó que se requirieron a la empresa "las imágenes de las cámaras de seguridad que nos dan la hora del incidente y qué trabajos se hicieron para remediar esa situación".

Los antecedentes de la explotación minera en el yacimiento ubicado en la zona de Iglesia, 350 kilómetros al noroeste de la capital provincial y a una altura de de más de 4000 metros sobre el nivel del mar, volvieron a poner en guardia a las organizaciones ambientalistas. El propio gobernador de San Juan, Sergio Uñac, aseguró que Barrick Gold "no tenía margen de error después de los derrames anteriores" y que las autoridades provinciales serán "inflexibles en las sanciones que correspondan".

El último episodio había tenido lugar a principios de enero, cuando se produjo un derrame en Pascua Lama, otro yacimiento que opera a cielo abierto Barrick Gold en San Juan. La multinacional adujo que el derrame de cianuro se había provocado por el "deshielo" al cabo de un invierno muy intenso, en un ambiente periglacial protegido por ley. "El evento se originó por la crecida del río Turbio, cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación", explicaron.

Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron entonces el cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero y advirtieron que "es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente".

Ya en septiembre del año pasado la empresa canadiense debió detener las actividades en la mina Veladero, donde se registró un derrame de agua cianurada. Lo mismo había sucedido un año antes. Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, se produjo en Jáchal el mayor accidente minero de la historia argentina, cuando un millón de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos y contaminó otros cuatro cursos de agua. En la causa que investiga la contaminación hay nueve empleados de Barrick imputados, pero ningún directivo y tampoco funcionarios.

Publicado en: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/65893/veladero-cuarto-derrame-en-menos-de-dos-aa-os

Los primeros desaparecidos

Lo ocurrido durante la Dictadura Cívico Militar Eclesiástica de 1976 de desaparición de personas, secuestro y sustitución de identidad de niños, abusos sexuales, apropiación de bienes y utilización de una red de campos de concentración tuvo un antecedente que guarda una siniestra similitud con lo padecido por los indígenas en el ultimo cuarto del siglo XIX. Por Marcelo Valko*

Lo ocurrido durante la Dictadura Cívico Militar Eclesiástica de 1976 de desaparición de personas, secuestro y sustitución de identidad de niños, abusos sexuales, apropiación de bienes y utilización de una red de campos de concentración tuvo un antecedente que guarda una siniestra similitud con lo padecido por los indígenas en el ultimo cuarto del siglo XIX. Como expuse al comienzo de Pedagogía de la Desmemoria “Todo genocidio es heredero de un genocidio anterior. Matanza hereda matanza. La desmemoria hereda olvido. La impunidad traslada el espanto una y otra vez y la invisibilidad se instala”. Precisamente eso es lo que acontece en nuestro país que profesa un culto del olvido, un catecismo de la desmemoria y una celebración de la impunidad mediante una historia oficial creada para justificar hasta las pretensiones más inadmisibles de la elite de turno.

Dado el espacio, me limitaré a establecer una serie de puntuaciones para que se adviertan las relaciones entre ambas atrocidades cometidas por el Estado y sus mandantes y demostrar como las desapariciones de personas comenzaron hace mas de un siglo. Incluso encontramos una analogía semántica, un correlato simbólico que se expresa con nitidez en el lenguaje castrense de la Conquista del Desierto y de los generales que se propusieron “aniquilar la subversión”. Mientras en el caso de Alsina y Roca se habla de “Barrer toldos” y se cataloga al enemigo como “indios salvajes chilenos” en 1976 los comunicados expresan la necesidad de “desterrar el cáncer de la subversión” calificando a sus integrantes como “terroristas apatridas de ideología extranjera”. Mientras Roca ordena “expulsarlos de sus madrigueras” Videla dispone “limpiarlos de universidades y fabricas”, en ambos casos, se escudan tras la mascara de la Patria.

Resulta interesante observar como guarda un paralelismo hasta en lo que aparenta ser diferente. Veamos un ejemplo. Estanislao Zeballos, publicista de la campaña roquista crea un slogan que se cumplirá a la perfección: “La barbarie está maldita y no quedará en el desierto ni el despojo de sus muertos”. Despueblan Pampa Patagonia. Desocupan el desierto. Un absoluto contrasentido. El desierto que conquistan no estaba tan desierto, en realidad construyen uno a medida de los intereses de los ganaderos. Las vacas necesitan pasto y los indios sobran. Por su parte, el golpe de 1976 se hace en aras de salvaguardar la Constitución y la Democracia instaurado un orden de facto que impide ejercer los derechos ciudadanos en beneficio de los grandes grupos económicos. En ambos casos, conquistar un desierto para despoblarlo o instaurar un Golpe de Estado para proteger la democracia, se trata de un accionar esquizoide y una comunicación patológica que se instauró como una verdad revelada por los escribas de turno.

Veamos lo que sucede con los indígenas y el porque del titulo de esta nota. En aras de despoblar el desierto, los indígenas son arriados por millares a Buenos Aires. Roca es tucumano y más que hacerse conocer, necesita demostrar poder a la díscola ciudad porteña, única forma de obtener luego la presidencia. Ese es uno de los motivos de los traslados a los “depósitos de indios” tal como en ese entonces se conocía a lo que hoy se denomina campo de concentración. Existen “depósitos preliminares” en Viedma, Carmen de Patagones, Junín y Bahía Blanca. En Buenos Aires tenemos datos de los que estuvieron ubicados en la actual calle Hipólito Irigoyen y Sánchez de Loria, en el Retiro, en los arsenales Navales del Tigre y sobre todo en la isla Martín García, que será el mayor campo de concentracion de la historia nacional, incluso superior a la ESMA en cantidad de detenidos. Si bien durante la Dictadura de 1976 los desaparecidos son invisibles, aquellas “entelequias que no están” como los catalogo Videla, durante la Conquista del Desierto trasladan 19.000 prisioneros a Buenos Aires, se los muestra, se los exhibe, pero luego se los difumina entregando una buena cantidad de niños y mujeres para mandaderos, peones de antecocina y sirvientas para todo uso y el resto a Martín García donde la mayoría encontrara la muerte.

Los niños que son arrancados a sus padres ni bien llegan al puerto, son repartidos por las Damas de la Sociedad de Beneficencia a “gente de bien” que obviamente los mandan a bautizarse cambiándoles el nombre salvaje por uno decente occidental y cristiano. En el puerto hasta se producen bataholas entre quines exhiben las papeletas donde se les adjudica legítimamente algún chinito o chinita. Durante Videla los 500 niños secuestrados serán repartidos solapadamente aunque también de manera “legal”. Si bien en la actualidad fueron recuperados más de un centenar de niños dados en adopción durante la Dictadura, en el periodo roquista fueron entregados miles de “pequeños e infelices salvajes” que pierden sus nombres, familias, su grupo de pertenencias, sus vidas. Ninguno fue restituido. Los convierten en ausencias. Ausentifican sus presencias.

Con respecto a los bienes, en muchos casos a los desaparecidos les obligaron a firmar bajo tortura la venta de sus departamentos, a los indígenas no les hacen firmar nada, simplemente les quitan las tierras que necesitan las vacas. Las violaciones masivas de mujeres que se producen durante la Expedición al Desierto mencionadas en innumerables fuentes, nos recuerdan los abusos sexuales que las detenidas padecieron en los centros clandestinos. Desgraciadamente, la Historia Oficial premió con pedestales a quienes merecen prontuarios, y de ese modo resulta una consecuencia natural que los delitos de lesa humanidad se repitan en un país que a fines del siglo XIX se consideraba blanco y europeo y que durante 1976 se pensaba como un baluarte de la civilización occidental frente a la subversión.

Sin embargo, más allá de intoxicarse creyendo que todos los argentinos descienden de los barcos, Argentina actualmente posee mayor cantidad de indios que Brasil. Los datos son incontestables aunque los escribas oficiales continúen predicando la perdida de identidad latinoamericana, la amnesia de nuestros orígenes y haciendo de la tergiversación de los hechos su máximo catecismo. Esa es la madrastra de nuestro imaginario como país. La que lo hizo chiquito, mezquino, enquistado en el puerto de Buenos Aires dándole la espalda al interior y al resto de Latinoamérica.

Para los desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura de Videla hubo reparaciones con las que se puede acordar o disentir, se realizaron juicios, existen condenas. Incluso tenemos el famoso caso del cuadro de Videla que se quita de la Escuela Militar de la Nación. No ocurre nada parecido con los indígenas. No hay juicios, reparaciones o condenas. Incluso el cuadro de Roca sigue allí, en el mismo pasillo de donde bajaron al máximo exponente de la Dictadura. Ninguna autoridad democrática solicitó descolgarlo. Del mismo modo que existe un Nunca Más para los detenidos desaparecidos, para los indígenas es Siempre Más como lo demuestra entre otros ejemplos, el caso de los qom en Formosa. Sin embargo, les estamos dando batalla y avizoramos un nuevo tiempo recuperando los ideales de Mayo de una Patria Justa, Inclusiva y Fraterna. Es lento, pero viene...

* Marcelo Valko es psicólogo especialista en etnoliteratura y en investigar genocidio indígena. Docente universitario, titular de la cátedra “Imaginario Étnico”, dictó conferencia en EE.UU, Europa y América Latina. Autor de numerosos textos entre ellos: Ciudades Malditas Ciudades Perdidas; Pedagogía de la Desmemoria; Desmonumentar a Roca y Los indios invisibles del Malón de la Paz.

Publicado en: http://www.anred.org/spip.php?article13841

Evitaron el paso de máquinas topadoras por territorio Lule

CONFLICTOS TERRITORIALES

Los integrantes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas decidieron frenar ayer el paso de tres máquinas que ingresaron a desmontar en el territorio que reclaman como ancestral haciendo el desmonte de una presunta senda.

Una mujer decidió sentarse en la pala de una topadora para detener su paso por el territorio Lule.

Así lo indicó uno de los voceros de la comunidad, David Torres, al indicar que las acciones fueron realizadas por el empresario Carlos Bellini, quien también tiene parte de sus tierras en la zona, aunque a 100 metros de los catastros que la comunidad reclama como territorio.

Los problemas con Bellini se arrastran desde 2014, cuando este quiso disponer una casilla de madera en las tierras de los Lules. En aquel momento se logró una medida de no innovar que prohibía a Bellini y a los Lules a generar acto posesorio alguno.

Ayer cerca del mediodía los problemas resurgieron cuando el empresario, que tiene un loteo en las tierras que le pertenecen, dispuso dos retroexcavadoras y una pala para “voltear el monte”, dijo Torres.

El vocero Lule indicó que se hicieron las consultas a la Secretaría de Ambiente, en donde se le negó haber autorizado el paso de las máquinas por el lugar, aunque sí dijeron que Bellini estaba autorizado a realizar ese tipo de apertura de senda, pero en otra parte del terreno.

En principio, los Lules entendieron que Bellini quiere una salida de su loteo por las tierras de ellos, pese a que tiene la salida de su propiedad que colinda con villa Santa Rita.

Denuncian amenazas

Ayer el presidente de la comunidad, Mario Tolaba, se encontraba en la Comisaría 104 del barrio Palermo realizando las denuncias por presunta usurpación y amenazas en contra de Bellini. En la denuncia sumaron la presunta desobediencia judicial, dado que entienden que la orden de no innovar dictada desde el Juzgado Penal 1 sigue vigente. 

Mientras, la comunidad seguía en asamblea permanente para evitar el avance de las máquinas, cuyo paso fue primero evitado por María Saravia, la secretaria de actas de la comunidad.

Fuente: Nuevo Diario

El descubridor de la fosa dio detalles de cómo fue el hallazgo que permitió recuperar los restos de 117 desaparecidos.

Juan Carlos Díaz cuenta por primera vez cómo localizó el Pozo de Vargas

Foto de Atilio Orellana

TESTIMONIO INÉDITO

Por primera vez habla el ex guerrillero que descubrió el Pozo Vargas

Juan Carlos Díaz, ex guerrillero del movimiento de los Uturuncos, develó en exclusivo a Documento cómo se descubrió el Pozo de Vargas y habló de otros enterramientos clandestinos que estarían ocultos en la provincia

Juan Carlos Díaz tiene hoy 80 años y todavía recuerda con lucidez sus años de guerrillero en el movimiento de los Uturuncos (palabra en quechua que significa ‘hombre tigre’) en el marco de la llamada resistencia peronista, a fines de los años 50, cuando colocaban bombas, repartían panfletos y participaban de una radio móvil para lograr el regreso de Juan Domingo Perón al país, en ese entonces exiliado en España.

Al “ciego” Díaz, como le decían sus compañeros, también le tocó atravesar otra etapa de la historia que lo marcó para siempre: los sangrientos años de la última dictadura militar del ’76. Aferrado a su militancia, a comienzos del año 2000, Díaz inició una búsqueda que muchos ocultaban y otros temían: el lugar donde los militares habían arrojado los cuerpos de las miles de víctimas desaparecidas en la provincia, entre ellos sus compañeros de militancia peronista.

Por primera vez, después de 17 años de silencio, Díaz decidió dar su testimonio a un medio tucumano para contar cómo descubrió el ahora conocido como el Pozo de Vargas, y que en 14 años de investigación de la Justicia Federal se convirtió en una de las mayores evidencias de la masacre que los militares quisieron ocultar y no pudieron. Allí, ya se rescataron 117 cuerpos humanos, de los cuales 87 ya fueron identificados..

En una entrevista exclusiva con Documento, el comandante Uturunco –como le gusta que lo llamen- recuerda con precisión el momento en que dos hombres (un ex policía y un chofer de la gobernación de Tucumán durante el gobierno de Bussi), le pidieron que consiga dos millones de dólares a cambio de develar dónde estaba ubicado ese pozo, del que decían en ese entonces que “fue tapado por Bussi y en su interior había cerca de 800 personas”, según el propio relato de Díaz.

Lejos de concretarse la tan ansiada suma millonaria por parte de los informantes (aunque hubo algunos intentos de dirigentes peronistas de reunir ese dinero), Díaz acudió a una estrategia más casera para lograr que hablaran. Contó que un día “Tuty” Mansilla, uno de ellos, fue a su casa un poco ebrio, había tomado whisky, entonces se le ocurrió ofrecerle más de esa bebida. En esa “embriagada” conversación, Díaz logró saber la zona donde se encontraba ese pozo.

Así, el comandante Uturunco fue hasta la avenida Francisco de Aguirre al 4.000, donde conoció a Santos Molina, un changarín de la zona de la finca de Vargas, quien fue el que le reveló la ubicación exacta del pozo que luego se denominó Pozo de Vargas.

Una vez que Díaz y la antropóloga Patricia Cárdenas lograron precisar la ubicación del pozo y detectar la presencia de calcio en el lugar, el comandante Uturunco fue a contarle sobre este importante hallazgo a jueces federales, políticos y al propio gobernador en ese entonces, Julio Miranda, pero no tuvo apoyo de ninguno de ellos para realizar la denuncia. “No me dieron bolilla”, dijo en su propio relato.

Fue el dirigente peronista Enrique Romero, quien realiza formalmente la denuncia en febrero de 2002 en la Justicia Federal.

Otros enterramientos clandestinos

El ex guerrillero del movimiento de los Uturuncos también develó otros enterramientos clandestinos que estarían ocultos en distintos puntos de la provincia y de los que nadie se animó a hablar a 41 años del horror. Se trata de dos pozos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga: uno frente a la ruta nacional Nº9 y el otro en la parte trasera del predio militar; otro en el Barrio Oeste II y una fosa común en una localidad del sur de la provincia.

En este programa especial del 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, también te mostramos la síntesis de dos informes especiales que Documento realizó en diciembre pasado, en el Pozo de Vargas y en las fosas comunes del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, dos lugares emblemáticos de la masacre de la última dictadura militar.

Juan Carlos Díaz rompió el silencio a sus 80 años acerca de cómo se descubrió el Pozo de Vargas. El descubrimiento se concretó gracias a su aporte fundamental. Fue gracias a él, en definitiva, que se localizó la fosa en donde se arrojaron los restos de 117 personas.

Díaz fue guerrillero del movimiento de los Uturuncos durante la "resistencia peronista" de fines de los 50. Reveló en una entrevista al programa 'Documento' ─emitido por Canal 10─ cómo fue que encontró el lugar.

A comienzos del 2000, Juan Carlos inició una búsqueda que muchos ocultaban y otros temían: el lugar donde los militares habían arrojado los cuerpos de las miles de víctimas desaparecidas en la provincia, entre ellos sus compañeros de militancia peronista.

Después de 17 años de silencio, Díaz decidió dar su testimonio a un medio tucumano para contar cómo descubrió el ahora conocido como el Pozo de Vargas, y que en 14 años de investigación de la Justicia Federal se convirtió en una de las mayores evidencias de la masacre que los militares quisieron ocultar y no pudieron. Allí, ya se rescataron 117 cuerpos humanos, de los cuales 87 ya fueron identificados..

Díaz relató en su testimonio que se las ingenió para emborrachar a "Tuty" Mansilla, uno de los dos hombres (un ex policía y un chofer de la gobernación de Tucumán durante el gobierno de Bussi) que le pedían dos millones de dólares a cambio de develar dónde estaba ubicado ese pozo. Por disparatado que pueda sonar, fue con Whisky que consiguió sacarle la valiosa información que lo llevaría a Francisco de Aguirre al 4000. 

Junto con la antropóloga Patricia Cárdenas lograron precisar la ubicación del pozo, pero en ese momento, Díaz recibió indiferencia como respuesta “No me dieron bolilla”, dijo sobre el gobierno de Julio Miranda. La situación cambió cuando el dirigente peronista Enrique Romero realizó formalmente la denuncia en febrero de 2002 ante la Justicia Federal.

El sitio tucumano Documentotv.com realizó un informe en video por el 24 de Marzo que presenta una síntesis de dos informes; uno acerca del Pozo de Vargas y otro de las fosas comunes del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, dos lugares emblemáticos de la masacre de la última dictadura militar. Mirá el material en el video a continuación:

https://youtu.be/2UBijE1Pr1o

Fuente: http://www.eltucumano.com/noticia/238779/juan-carlos-diaz-cuenta-primera-vez-como-localizo-pozo-vargas

¡GENOCIDIO ORIGINARIO NUNCA MÁS!

“Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio”.

Los Pueblos Originarios como protagonistas de nuestra lucha, historia y proyección como Pueblos Libres no dejaremos nunca más en manos ajenas las decisiones sobre nuestras vidas y territorios.

En el día de invocar a la memoria colectiva, las organizaciones territoriales de Pueblos Originarios levantamos las banderas históricas de emancipación continental que defendieron nuestros héroes y mártires Kallchakí, Kajfvkura, Chelemin, Viltipoco, Likar, Kipildor, Meguesoxochi, Lefxaru, Tomás Paniri, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Andresito Guacurarí, del mismo modo lo hicieran los héroes revolucionarios de mayo como Miranda, Belgrano, Güemes, Artigas, Castelli, Moreno, Juana Azurduy, Sucre, Bolivar, O´Higgins, y quienes reconocemos como hermanos indígenas y afrodescendientes, San Martín, Dorrego y Monteagudo. Todos ellos abrazaron el ideal de la libertad, la igualdad y la reparación histórica, dando su vida por nuestra Patria Grande Libre y Soberana.

Hoy más que nunca resulta fundamental profundizar en la revisión de la “historia oficial” con el fin de aclarar, condenar y reparar los actos que, en el marco de la conformación del Estado Argentino, atentaron y atentan contra los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.

El avance sobre nuestros territorios en la segunda mitad del siglo XIX y las campañas de exterminio y dominación contra los pueblos originarios llevadas a cabo por el Ejército argentino al mando de Roca y Victorica, fueron realizadas con la complicidad de la Iglesia, de la elite gobernante y cipaya, representada en la figura de Domingo F. Sarmiento, y financiadas por los terratenientes del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz.

Estos sectores oligarcas son los mismos que replicaron el Terrorismo de Estado durante la última dictadura, a partir del Golpe cívico militar de 1976, con un resultado de 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, saqueo, robo de bebés y de identidades; se beneficiaron con las políticas neoliberales de los ’90, y hoy se reciclan en frentes y alianzas  políticas, que asaltaron el poder engañando a un sector de la sociedad, para continuar enriqueciéndose con el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, con el apoyo de las corporaciones financieras y los monopolios mediáticos, que invisibilizan, tergiversan y criminalizan la lucha de nuestros pueblos.

Desde el ENOTPO denunciamos y condenamos el constante hostigamiento de las fuerzas represivas del estado nacional y los estados provinciales quienes, en una clara connivencia con un sector de la justicia, atacan nuestros territorios e intentan eliminar y desaparecer a nuestros hermanos, tal el caso de lo recientemente sucedido con la Lof Resistencia Mapuce de Cushamen y con la Comunidad Happo Pau del Pueblo Guaraní en Embarcación Salta. Todos estos hechos y actos son violatorios de los derechos fundamentales que nos asisten como Pueblos Originarios preexistentes y que el Estado debe garantizar.

Reiteramos la denuncia del estado de indefensión e inseguridad jurídica que vivimos los Pueblos Originarios en cada uno de los territorios en el país desde diciembre de 2015, ante la parálisis de las políticas públicas establecidas para los Pueblos en materia de Territorio, reconocimiento y fortalecimiento jurídico, biodiversidad, comunicación con identidad, educación intercultural, agricultura familiar, salud intercultural, desarrollo con identidad, con el agravante del cierre de los espacios propios de gestión.

Rechazamos todas las operaciones mediáticas llevadas adelante por seudo comunicadores públicos, serviles a la patronal corporativa, quienes con investigaciones falsas y marcos teóricos establecidos por la conquista hoy pretenden invisibilizarnos y desconocernos como Naciones milenarias para continuar replicando su modelo reaccionario, totalitario y oligárquico. Exigimos a los organismos del estado que tomen nota de esta constante persecución, hostigamiento, discriminación y xenofobia hacia nuestras familias y autoridades comunitarias.

Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar y por el Genocidio sufrido por nuestros Pueblos desde la conquista.

Nos declaramos movilizados en cada territorio y en estado de alerta permanente ante la constante violación de nuestros derechos territoriales.

¡EN DEFENSA DE LA VIDA, LA IDENTIDAD Y EL TERRITORIO!
¡DEFENDER EL TERRITORIO NO ES TERRORISMO!
¡LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!

ENOTPO

El desmonte disminuyó 40% de los servicios ecosistémicos en Salta

Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono o evitar el ascenso de las napas.

Al poseer menos cobertura vegetal, las áreas desmontadas pierden capacidad para proveer el servicio de regulación hídrica. Esto causa un aumento en la recarga de los acuíferos, el ascenso de las napas freáticas y serios problemas de salinización. Foto: centromandela.com

POR: PABLO ROSET

(SLT-FAUBA) En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio.

El IPSE puede ser usado como un indicador agregado del estado o las tendencias en la provisión de servicios ecosistémicos en escalas espaciales grandes.

“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.

Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.

El desmonte reduce drásticamente la cobertura vegetal. Esto resalta la necesidad de contar con situaciones de referencia para poder comparar, y revaloriza la importancia de constituir una red amplia de áreas protegidas que cubra los distintos ecosistemas del país. Foto: Greenpeace

“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.

Los servicios ecosistémicos en la Argentina

El uso de sensores remotos es clave para el estudio de la superficie terrestre en escalas de poco detalle.

Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.

“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.

El mapa de tendencias en el IPSE muestra que, para el período 2000-2013, la mayor parte del territorio sufrió una disminución en el nivel de provisión de SE.

Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.

“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.

“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.

Publicado en: http://sobrelatierra.agro.uba.ar/el-desmonte-disminuye-la-provision-de-servicios-ecosistemicos-en-salta/

"Argentina es un laboratorio de Monsanto"

El biólogo francés Nicolas Defarge participó de un estudio europeo que detectó efectos graves del glifosato en riñones e hígado.

"El problema es que las industrias estudian el glifosato solo y lo que usan los productores son combinaciones de químicos cuyos efectos nunca fueron evaluados de manera crónica en animales", dijo el biólogo francés.

Los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana son un tema cada vez más debatido en países con fuerte desarrollo agrícola. Es el caso en Argentina y también en Francia, donde un equipo de la universidad de Caen Normandia descubrió los daños severos en riñón e hígado que produce en mamíferos el Roundup, uno de los herbicidas más utilizados del mundo.

Nicolas Defarge es uno de los biólogos que formó parte de ese equipo dirigido por el Dr. Gilles Seralini del Instituto de Biología Aplicada de la Universidad Caen Normandia.

Defarge _que ahora trabaja en el Institute of Integrative Biology, Department of Environmental Sciences de Zurich (Suiza)_ participó como testigo del tribunal a Monsanto realizado en La Haya (Holanda) a mediados del año pasado, y estuvo en Rosario para conocer de primera mano la realidad de esta zona y estrechar contactos con el equipo de salud socioambiental de la facultad de medicina de la UNR, que investiga sobre el terreno los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana en el sur de Santa Fe.

“Lamentablemente Argentina es un laboratorio de Monsanto, Syngenta y otros, acá todos los OGM están autorizados y por lo tanto todos los pesticidas asociados a ese modelo también”, dijo el experto francés, quien detalló que las investigaciones de las cuáles formó parte demuestran los efectos perturbadores endocrinólogos y tóxicos de los herbicidas con base en glifosato.

¿Por qué decidieron trabajar sobre los efectos del glifosato?

El glifosato es el herbicida más utilizado del mundo, se usa en cultivos modificados de soja y en algunos maíces y también se usa en Francia con trigo y otros cereales. Hoy encontramos trazas de glifosato en todas partes, en los animales, en la cerveza y en las pastas. Es la segunda causa de prohibiciones de tomar agua potable en Francia, donde también ha sido encontrado. Pero por ejemplo en mi país no se busca glifosato en el vino, a pesar de que si se investiga la presencia de otros 200 tipos de pesticidas. ¿Por qué? Porque ese test estaba protegido por una licencia de Monsanto. Extrañamente, a pesar de ser el primer pesticida utilizado en el mundo no se busca su presencia en los vinos de Francia. La respuesta es que Monsanto puso mucha plata para hacer creer que el glifosato es seguro y que su utilización no implica ningún peligro.

¿En qué consistió el estudio del cuál participó?

Trabajamos sobre un OGM cuya importación está autorizada en Francia que se les da a los animales, es un tipo de maíz tolerante al Roundup. También trabajamos con Roundup en si mismo, ya que es un producto autorizado por las agencias de alimentación en todo el mundo. El problema es que las industrias estudian el glifosato sólo, y lo que usan los productores son combinaciones de químicos cuyos efectos nunca fueron evaluados de manera crónica en animales, algo escandaloso. Todos piensan que los productos que están en el mercado fueron testeados de forma científica, pero no es así. Son las industrias, Monsanto u otros, los que hacen sus propios estudios en laboratorios amigos sobre el glifosato puro, pero no lo hacen en Roundup ni en otros productos combinados. Hemos demostrado que el Roundup sobre células humanas es entre 1.000 y 10 mil veces más tóxico que el glifosato solo, porque el Roundup tiene coadyuvantes que son tóxicos.

Entonces el problema es la combinación de productos...

La combinación es el problema, ya que el glifosato solo es mucho menos activo, aunque muchos estudios muestran que aún así también es tóxico. Pero si se agregan las combinaciones con coadyuvantes se convierte en algo mucho más tóxico todavía. Nuestra dosis más baja de estudio fue una dosis autorizada en el agua potable de 0,1 microgramo por litro, la mitad del límite reglamentario que existe en Francia y en Europa. Estamos varias miles de veces por debajo de lo autorizado en Estados Unidos, y si bien no conozco esa dosis para Argentina es por ejemplo muy inferior a la que se encuentra en la soja OGM brasileña. O sea que trabajamos con una dosis muy débil, con técnicas que son las mejores hoy en día para estudiar los efectos sobre los órganos

¿Cuáles fueron los resultados de estos estudios?

Con esa dosis de estudio en ratas hembras vimos efectos dramáticos en riñones e hígado, algo que cuestiona todas las autorizaciones a agroquímicos, y por ende todo el sistema agrícola tal como lo conocemos hoy. Porque si con una dosis más baja de la autorizada tenemos estos efectos, quiere decir que habría que prohibir todos los productos autorizados hasta ahora por las agencias. Toda la soja argentina y otros OGM deberían estar prohibidos de importación en Europa, y eso cuestionaría todo el sistema agrícola. Según estos resultados todos los productos agroindustriales deberían estar prohibidos, deberíamos prohibir los pesticidas empezando por el Roundup para ir hacia otro sistema agrícola que sea orgánico o agroecológico.

¿Qué pasó una vez que publicaron el estudio en Estados Unidos?

Nuestros resultados no les gustaron a las agencias sanitarias porque contradicen sus declaraciones y los intereses de las empresas del sector. Recibimos críticas y muchas presiones, y la revista donde publicamos nos pidió revisar nuestros datos. A pesar de ser válido, el estudio fue despublicado de esa revista estadounidense, pero la pudimos republicar muy rápido en otra revista europea. Fue evaluado tres veces en total por otras tres publicaciones. Ahora ya tenemos varios estudios que confirman los resultados del equipo de Seralini. Después de este estudio, y gracias a sus resultados, en Europa se hacen test obligatorios sobre los nuevos OGM, pero eso no pasa en América del Sur ni en Estados Unidos. Es un pequeño progreso ya que se prohibieron algunas formulaciones con base de glifosato que contienen un adyuvante determinado que es muy tóxico.

¿Existe mayor conciencia sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana?

Hay una toma de conciencia masiva sobre los efectos de los pesticidas en Europa y vamos mejorando en ese sentido. Pero los productores son las primeras víctimas, es importante decirlo. Hay productores que enfermaron de cáncer por usar un producto de Bayer, y luego ven que el remedio que tienen que tomar para curarse también es marca Bayer, lo que hace crecer las dudas y las sospechas. En Europa hubo una conciencia precoz sobre los OGM y eso generó que exista un sistema de etiquetado único en el mundo. Muchas organizaciones sociales detectaron que el beneficio de los OGM era para las industrias, y no para los consumidores. Creo que vamos hacia un uso cada vez más limitado de los pesticidas también, ya que hay cada vez más estudios que demuestran sus efectos negativos sobre la salud humana.

Los han acusado de ser militantes y no científicos...

Nosotros usamos los medios de la ciencia, pero nos sentimos militantes de la salud pública, de la salud humana. Nos acusan de ser militantes y decimos que si, que somos militantes de la salud humana. Los pesticidas, según mi visión y la de muchos otros científicos, son responsables de muchas enfermedades. Es probable que ya haya más muertes relacionadas con pesticidas que los muertos de la Segunda Guerra mundial, hay que decirlo muy claramente a eso. Además, se generan enormes costos para el Estado. El glifosato fue clasificado hace poco como probable cancerígeno, lo que significa que cada vez hay menos dudas. Lamentablemente Argentina es un laboratorio de Monsanto, Syngenta y otros, acá todos los OGM están autorizados y por lo tanto todos los pesticidas asociados a ese modelo también.

Colaboración local

Una de las razones de la visita a la ciudad de científico francés fue estrechar lazos académicos con el equipo de salud socioambiental de la facultad de medicina de la UNR que dirige Damián Verzeñassi, que con casi 100 mil personas relevadas a través de los campamentos sanitarios ha elaborado una foto muy precisa de los efectos tóxicos de la exposición prolongada a agroquímicos en el sur de la provincia de Santa Fe.

Para Verzeñassi “es muy importante” poder pensar en un trabajo conjunto entre el equipo de trabajo local y Defarge, a quien conoció durante el juicio a Monsanto de la Haya.

“Para nosotros es muy importante que otros expertos vean nuestro trabajo y nos evalúen, es algo muy estimulante, y además es bueno saber que existen otros investigadores que se interesan por nuestro trabajo y puedan validar nuestros resultados”, dijo el experto de la UNR, quien ratificó que la intención es ir “hacia una evaluación externa permanente”.

Defarge, por su lado, ponderó el trabajo realizado por ese equipo de la facultad de medicina ya que permite ver y analizar en el terreno los efectos de los agroquímicos sobre una población estudiada de casi 100 mil personas. “Son datos relevantes”, destacó.

por Jorgelina Hiba / La Capital

Tras la quita de retenciones, 17 empresas clavan sus garras en el litio argentino

Vista aéra de una explotación de litio en Chile

Consolidados los últimos beneficios impositivos otorgados por el macrismo a las compañías que desarrollan minería en el país, 17 empresas extranjeras arribaron con el único objetivo de extraer el metal. Argentina, otra vez, viste el traje de mero proveedor de materias primas. El grueso de los privados pertenece a Canadá aunque también hay participación de corporaciones australianas y estadounidenses. El hidrogeólogo Fernando Díaz fue contundente al carterizar sintéticamente los impactos de la minería de litio: “Hay que estimar que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua. Esta es una evidencia de que la minería de litio en salares no es más que una minería de agua”.

Ayer perspectiva, hoy realidad. Hasta hace menos de un lustro, las especulaciones en torno a la expansión del negocio del litio daban cuenta del eventual protagonismo de Argentina en la explotación del recurso.

Esto, claro, a partir de la escasez del material a nivel global y la constatada riqueza local. Quita de retenciones mediante, puede afirmarse que la fiebre por el mineral oculto debajo de los salares domésticos ya es un estadio dominante.

En ese sentido, un documento confeccionado por la Secretaría de Minería al que tuvo acceso Adelanto 24 expone que, tras los últimos beneficios impositivos otorgados por el macrismo a las compañías que desarrollan minería en la Argentina, 17 empresas arribaron al país durante 2016 sólo con el único objetivo de extraer el metal.

El grueso de los privados pertenece a Canadá aunque también hay participación de corporaciones australianas y estadounidenses. Las 17 en cuestión integran un grupo de 22 mineras que se instalaron en el mercado vernáculo a lo largo del año pasado.

En detalle, las firmas que vinieron por el litio:

Albermarle Corporation, de Estados Unidos y con proyecto iniciado en la provincia de Catamarca.

PepinNin Minerals. Australiana, con activos en Salta.

También de Australia, instalada en La Rioja.

Everlight Resources. Australia, con presencia en Salta.

Neo Lithium, de Canadá y con obras a iniciar en Catamarca.

Regent Resources. Canadiense, presente en Catamarca.

Millennial Lithium. De Canadá, instalada en Salta.

Advantage, canadiense también en Salta.

Southern Lithium. De Canadá, en Salta.

Ganfeng, también en Salta. Origen: Canadá.

SQM: canadiense, en Jujuy y con participación en el negocio del litio chileno.

Argentina Lithium, de Canadá y presente en Salta.

Lithium X: canadiense, en Salta.

Lithium S: canadiense, en Jujuy.

Alba Minerals. También de Canadá, con proyecto en Salta.

Trans Pacific Minerals. Australiana, en La Rioja.

Dark Horse. De Australia, con operaciones en Río Negro, Córdoba y San Luis.

De acuerdo al sitio especializado EconoJournal, las mineras en cuestión todavía no dieron a conocer montos totales de inversión ni plazos de trabajo.

El mineral en cuestión es observado dentro de las filas de Cambiemos como un activo estratégico para reposicionar una actividad minera que despegó con fuerza durante los años del kirchnerismo. El litio es considerado un compuesto clave para el desarrollo de baterías tanto para automóviles como para todo tipo de dispositivos electrónicos.

Junto con Chile y Bolivia, Argentina posee más del 70% del litio que existe en el planeta. En los últimos años, las automotrices fueron las principales interesadas en las reservas constatadas sobre todo en la zona de la Puna.

En ese sentido, Renault -vía una asociación con la también francesa Eramet-, y Mitsubishi en alianza con Exar, ya controlan áreas ricas en el compuesto en provincias como Jujuy y Salta.

En lo que hace a las particularidades del compuesto, vale decir que el litio se concentra básicamente en zonas de salares, y su extracción consiste en el bombeo de una salmuera -o sea una parte mineral con enormes cantidades de agua- que se acumula bajo dichas superficies. El líquido luego es acumulado en piletas que, sometidas a distintos procesos químicos, originan el mineral que tanto desvela a las tecnológicas.

Este aspecto es presentado por las compañías como ausente de todo riesgo ambiental para el Norte argentino, pero la realidad es que el “boom” del material golpeará de lleno la estabilidad de los ecosistemas de la Puna.

Contactado por Adelanto 24 en abril del año pasado, el hidrogeólogo Fernando Díaz fue contundente al respecto: “Hay que estimar que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua. Esta es una evidencia de que la minería de litio en salares no es más que una minería de agua”.

Según el especialista, la perforación intensiva derivará en la desaparición progresiva de las escasas lagunas que subsisten en torno a los salares. Esto último, porque el bombeo de la salmuera genera un descenso del agua subterránea de las cuencas de la Puna en general.

Rodolfo Tecchi, biólogo con amplio conocimiento en este tipo de minería, tampoco ocultó los efectos nocivos de una explotación que ahora se alienta desde el Gobierno. “Por un lado, se verá afectada la superficie de la costra del salar, porque la obtención del mineral implica la construcción de piletas de evaporación que, en conjunto, pueden sumar entre 300 y 600 hectáreas de superficie”, destacó.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido comentarios respecto del destino de los compuestos químicos que se utilizan para separar el litio de la salmuera que encierran los salares. Es evidente que las posibilidades económicas que abre el mineral seducen a los funcionarios más que los potenciales daños al medioambiente.

Al respecto, un informe de la consultora Allied Market Research estima que el mercado mundial de las baterías de litio podría acercarse a los 46.000 millones de dólares en 2022.

En tanto, compañías como Tesla prevén que en la próxima década desarrollarán hasta 500.000 vehículos eléctricos por año. Ejecutivos de la firma anticiparon que tal ritmo de producción demandará la compra de todo el litio que posean territorios como el nuestro.

“Argentina tiene la posibilidad de marcar la diferencia en el aspecto energético del mundo de acá a una o dos décadas ¿va a dejar pasar la posibilidad? No podemos ser tan necios de desaprovechar una riqueza única. Esa es la dirección que ha tomado el Gobierno, con decisiones a largo plazo. La expansión de la extracción del litio será una marca de esta gestión”, sostuvo ante Adelanto 24 una fuente del Ministerio de Energía y Minería.

No existe duda alguna de que la política del macrismo apunta al protagonismo minero. Y con énfasis en la mera actividad extractivista. Hasta el momento, ninguno de los actores que ha desembarcado en la actividad local para explotar el litio avanzó con iniciativas domésticas inherentes al procesamiento o aprovechamiento industrial del mineral.

Argentina, otra vez, viste el traje de mero proveedor de materias primas. Queda claro que, en términos de política económica, nada ha cambiado demasiado.

Fuente: Adelanto 24

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/item/17004-tras-la-quita-de-retenciones-17-empresas-clavan-sus-garras-en-el-litio-argentino