NACION DIAGUITA - KACHI: “Conscientes de que hoy nosotros somos la continuidad de la lucha inclaudicable de nuestros ancestros”

Posicionamiento de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta en relación al Evento "Encuentro de Miradas", realizado en el marco del Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, entre los días 6 y 8 de octubre de 2012, en el departamento de Cachi, Territorio Diaguita, provincia de Salta.

Como pueblos preexistentes sujetos de derecho, no hemos sido convocados en tiempo y forma,  nuestras autoridades y delegados no han sido informados debidamente sobre la actividad denominada “Encuentro de Miradas” por parte de sus organizadores, a saber: la Municipalidad de Cachi y la Comisión Patrimonio Cachi, con el auspicio de la Fundación Naturaleza para el Futuro, Basta de Demoler, PRHAS (Patrimonio Histórico de Sucre) y Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref/Aamnba. Comisión Patrimonio Cachi: Se ha accedido a esta información de una manera indirecta por publicaciones en periódicos y medios radiales. Las gacetillas de prensa convocantes decían, participarán el gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey y el Premio Nobel de la Paz, Arq. Adolfo Pérez Esquivel, amigo de Cachi, Mónica de Lorenzi de Ruiz Moreno, Graciela Viñuales, Maria Carmen Arias Usandivaras, Santiago Pusso, Roque Manuel Gómez, María Silva Pace, Silvia Fajre, Erland Ovando Leyton, Oscar Iriani, Elena Martínez Montiel, Silvia Katz y Mercedes Puló, Guadalupe Noble, entre otros destacados especialistas .

Mediante nota presentada el  4 de octubre del corriente, hemos exigido nuestra participación a la comisión organizadora para expresarnos como Pueblo Nación, entendiendo que tal evento repercute de manera directa  en nuestros territorios colectivos y en cada unas de nuestras comunidades, pues en dicho evento se estaba  hablando de nuestra cultura y nuestra identidad, utilizando imágenes y simbología de nuestro Pueblo para la convocatoria. En este escenario, es evidente que la comisión organizadora, una vez más no tenía intención de participar a los Pueblos Originarios, favoreciendo su invisibilización cultural, espiritual y territorial. Es por ello que tomamos la palabra, en resguardo del Territorio, el cual lo consideramos un espacio integral, conformado por nuestra cultura, identidad, patrimonio tangible e intangible, todo ello legado de nuestros mayores.

"Como Pueblo Nación preexistente exigimos que se cumpla con el derecho a la CONSULTA y PARTICIPACIÓN por parte de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, e instituciones privadas y públicas (ONG, fundaciones, asociaciones civiles, empresas privadas, instituciones académicas) ante cualquier acción que afecte de manera directa o indirecta sobre nuestros territorios y derechos colectivos”

En cada una de las exposiciones realizadas por los “expertos en la materia” pudimos apreciar visiblemente la réplica de los sistemas colonialistas, la imposición de un sistema de ideas cientificista que se auto-legítima desde su discurso positivista, con un claro sesgo discriminatorio hacia los conocimientos y saberes tradicionales de los Pueblos Originarios y negador de nuestra Preexistencia.

La licenciada Mónica de Lorenzi de Ruiz Moreno, directora del museo arqueológico de Cachi, dijo "Las comunidades son nuevas no cuentan con conocimiento científico"  mientras exhibía en un power point  la imagen de un cuerpo que fue arrancado del territorio de la Comunidad Diaguita Kallchakí "Las Pailas". Desconociendo con esta expresión la existencia milenaria de nuestro pueblo en territorio y pone en evidencia una vez mas la necedad, el desconocimiento, de cierto sector de la "ciencia" que se resiste a superar sus prejuicios culturales. Es tiempo de iniciar un camino reparador, de restitución, de propuestas, de diálogo real, constructivo, de interculturalidad, de des colonización para construir conocimientos desde la complementariedad de los saberes.

La intervención de los hermanos fue espontánea "con la imágenes que estamos viendo, cómo puede usted negar nuestra  preexistencia y que en la actualidad  seguimos viviendo en relación directa con nuestra ciudad sagrada, lo cual es de público conocimiento; porque siempre hemos ta’o aquí y seguiremos estando de generación en generación como lo hicieron nuestros mayores (…) Por otro lado le preguntamos a usted si tiene conocimiento sobre el marco vigente de la ley que regula el patrimonio arqueológico y de restitución de restos mortales".

A lo cuál, de Ruiz Moreno atinó a responder "eso también es nuevo; lo único que hicimos es conservarlo”. 

Y los hermanos concluyeron: "Si usted  a eso lo llama conservación para nosotros es destrucción y es un acto inhumano”.

En el desarrollo de las ponencias, también tuvo la palabra el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, la abogada Rosaura Gareca de la subsecretaria de promoción de protección de derechos humanos  quién  manifestó que, "los pueblos originarios tienen derechos al territorio, a los recursos naturales, a ser consultados,  a ser diferentes, a una identidad, cultura, idioma y formas propias de organizarse".

Ante sus palabras, un hermano presente, explicó: “Estas expresiones lucen bonito en el discurso pero en lo concreto y en la realidad no se ve reflejada en nuestros territorios, muchas veces ante la injusticia nos vemos obligados a exponer hasta nuestra propia vida en la defensa y reguardo de nuestros territorios".

Los delegados presentes de la UPND repasaron los acontecimientos sucedidos en estos últimos tiempos: "el 17 diciembre del 2010 en la Comunidad  Originaria Diaguita Kallchakí "Las Pailas" en plena vigencia de la ley 26160, los hermanos  han sido victima de un violento ataque por parte del terrateniente Carlos Robles y sus testaferros destrozando las casas, sembradíos y un impacto cultural irreparable. Otro ejemplo, el 1 de junio del 2012 en la Comunidad Diaguita Kallchakí ‘El Divisadero’ (Resolución  087 INAI- Re.Na.CI., que además cuenta con el relevamiento contemplado por la Ley de orden público Nº26160); Eduardo Tolaba, terrateniente de la zona,  en un intento de abrir camino con el fin de realizar un alambrado, arrasó con los huesos de nuestros ancestros, que luego fueron quemados. ¿Dónde estuvo el Ministerio de Derechos Humanos? (…)Es clara la  falta de voluntad y compromiso de hacer cumplir los derechos de los pueblos originarios y estamos lejos de un dialogo intercultural que usted hace mención” Concluyeron.

Al cierre de la jornada del día domingo se dio una reunión informal con la senadora Norma Morandini a solicitud  de la misma, quién llego invitada a la actividad. La senadora fue notificada acerca del proceso organizativo, representativo que nos damos como Pueblo Nación Diaguita y  las instancias de participación en los espacios nacionales de articulación de política indígena que plantea una propuesta propia hacia el Estado Nacional en un dialogo intercultural. Por último se le hizo entrega del posicionamiento de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios sobre la inclusión de la Propiedad  Comunitaria Indígena en la reforma de los Códigos Civil y Comercial.

Comunidades Diaguitas Kallchakí presentes: Las Pailas, Piul, Buena Vista, Las Trancas, El Algarrobal, El Divisadero, Juan Kallchakí, Molinos, La Aguada, entre otras.

La jornada del lunes contó con una movilización desde los territorio dejando presente que nuestro pueblo esta vivo y de pie en  el reguardo de nuestra memoria y territorio comunitario. La mayor parte del salón municipal se lleno con presencia Diaguita, donde la señora Fanny Flores de Guitian intendenta de Cachi  en su discurso de cierre de las jornadas dejó el saludo "a las autoridades tradicionales de los pueblos originarios".

No olvidamos que la intendenta de este departamento nos negó  en muchas oportunidades, intentando invisiblizar nuestro proceso de auto reconocimiento. Compartimos el encuentro con firme posicionamiento de  que nuestra esencia preexistente fue excluida, al no tener la participación plena y efectiva en este acontecimiento referente a nuestro patrimonio cultural y memoria colectiva como Pueblo Nación Diaguita Kallchakí.

 “Somos conscientes que hoy nosotros somos la continuidad de la lucha inclaudicable de nuestros ancestros ”

Los Pueblos Originarios hemos retomado la palabra en primera persona y pasamos de ser objeto de utilización a ser sujeto de derecho.

Denunciamos que  la provincia no cumple con la aplicación de ley 26.160 y su prorroga 26.554, ley de orden publico que tiene como manda relevar los territorios de posesión  actual, publico y tradicional de los Pueblos Originarios. 

KOMUNICACION KALLCHAKI

Anselmo Sella: Garantizar a los pueblos el acceso y uso de las tierras significa garantizarles su propia supervivencia.

Día de la Diversidad Cultural Americana

Los derechos de los pueblos indígenas

"Nuestro país ha avanzado de manera importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años, y ese avance está relacionado con los progresivos cambios de paradigma en los ámbitos regional y universal. El nuevo paradigma, que supone la existencia de Estados plurales basados en la interculturalidad de las relaciones, incluye además de los derechos individuales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a elegir sus propios modos de vida, a mantener sus instituciones, y a participar y a ser consultados en las decisiones que les afecten."

Por: Anselmo Sella

El ordenamiento jurídico sobre los derechos de los pueblos indígenas marca un nuevo rumbo en las relaciones entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Existen importantes avances en nuestra normativa interna, pero aún existen retos y tareas pendientes para el ejercicio efectivo de esos derechos. Un elemento esencial en la construcción del Estado argentino y sobre todo en las fases de consolidación del mismo, ha sido la unificación territorial que se lograría, en buena medida, a través de los sucesivos avances sobre territorio indígena principalmente en la Patagonia y en el norte del país.

Las relaciones de aquel reciente Estado con las comunidades originarias eran de asimilación: en el afán de concretar el nuevo proyecto económico y político de país, se intentaba incorporar a los integrantes de las comunidades indígenas al Estado, pero habiéndoles ya despojado de sus territorios e instituciones. Este proceso implicó marginación, exclusión, descomposición de la cultura indígena e incluso exterminio físico.

Hacia mediados del siglo XX, las desigualdades entre la situación de los integrantes de comunidades indígenas y el resto de la sociedad eran muy marcadas, y las políticas públicas conducentes a corregirlas eran claramente integracionistas. Dichas políticas se orientaban a reducir los impactos de la exclusión social, económica y territorial sufrida históricamente, pero en ese esfuerzo igualador, quedaron incluidas también las diferencias culturales: la pretensión de alcanzar la igualdad y la integración social, afectó fuertemente sus lenguas, sus costumbres ancestrales, sus prácticas comunitarias y acentuó el ocultamiento de la propia identidad indígena.

Sin embargo, a pesar de la continua discriminación y aculturación sufridas por siglos, muchos pueblos han sido capaces de preservar sus culturas y cosmovisiones.

Esa misma perseverancia es la que han mantenido en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Nuestro país ha avanzado de manera importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años, y ese avance está relacionado con los progresivos cambios de paradigma en los ámbitos regional y universal. El nuevo paradigma, que supone la existencia de Estados plurales basados en la interculturalidad de las relaciones, incluye además de los derechos individuales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a elegir sus propios modos de vida, a mantener sus instituciones, y a participar y a ser consultados en las decisiones que les afecten.

Ese cambio de paradigma, se plasmó en nuestro país en la reforma constitucional de 1994, en la ratificación por ley del Convenio 169 de la OIT en el año 2000, y en la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas, en 2007. Se trata de un marco jurídico amplio y consistente, los derechos allí reconocidos son definitivamente exigibles y constituyen claros mandatos para los poderes públicos que deben implementarlo.

Asimismo, el derecho nacional sobre los pueblos originarios es completado por un conjunto de herramientas e instituciones, que permiten canalizar los reclamos frente a situaciones de vulneración de derechos, sean estos específicos de los pueblos o derechos sociales. Un paso importante en este sentido lo constituye la aprobación en 2006 de la Ley Nº 26.160 de "emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país", y su prórroga.

Esta ley ordena, en primer lugar, la suspensión hasta 2013 de la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos, que tengan por objeto el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias de nuestro país (tanto las registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, como las comunidades preexistentes que ejerzan posesión actual acreditada, tradicional y pública) y, en segundo lugar, establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, deberá realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por dichas comunidades indígenas.

Es relevante señalar que la importancia de la Ley Nº 26.160 reside en que implica un claro reconocimiento de la especial relación que los pueblos indígenas tienen con su tierra. El territorio es un pilar fundamental de su identidad, de sus cosmovisiones y de su existencia; es el lugar en el que están sus ancestros y en el que a su vez, pueden asegurar la vida de las generaciones futuras.

En tal sentido, la aprobación de dicha ley significa un paso primordial en el camino del reconocimiento del derecho constitucional a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. El ejercicio efectivo –y colectivo– del derecho a la tierra les permite disfrutar de sus derechos básicos e individuales tales como el derecho a acceder al agua y otros recursos naturales, a vivir en sus comunidades, a mantener sus prácticas de alimentación, de salud, de educación, a conservar su integridad cultural y su identidad.

Por ello, es perentorio que el INAI, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.160, redoble los esfuerzos que ya está realizando y acuerde, con los organismos responsables en las provincias, las medidas necesarias para poder cumplir con los términos y los plazos que la misma prevé. Asimismo, es preciso que los jueces presten especial atención a las actuaciones que pretendan modificar el estado actual de la ocupación de las tierras y que realicen constataciones precisas sobre las realidades de cada comunidad indígena, en orden a evitar los desalojos prohibidos por la Ley 26.160 en que se traducen algunas de sus medidas.

Es igualmente preciso, facilitar y garantizar a los pueblos originarios el acceso a la justicia y a la protección judicial, evitando la criminalización de la protesta indígena. Esa protesta suele llevarse a cabo de manera pacífica y como corolario de una larga lista de acciones sin respuesta y de la desidia y ceguera de muchos de los canales institucionales existentes para encauzar sus reclamos.

Fuente: 

http://www.infonews.com/2012/10/12/sociedad-42639-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.php

Pueblo Tastil - Persecución y hostigamiento violento a familias y Autoridades Comunitarias.

Adhesión a la Lucha del Pueblo Tastil 

29 de Setiembre de 2.012

Comunidad Indígena “Incawasi” – Pueblo Tastil (Municipio Campo Quijano – Salta)

Comunicado de Prensa

Persecución y hostigamiento violento a familias y Autoridades Comunitarias.

La Comunidad Originaria “Incawasi”, denuncia públicamente la constante persecución y hostigamiento violento a la familia del hermano Ernesto Quipildor y a la Autoridad de la Comunidad Víctor Cruz.

Estos hechos vienen sucediendo desde hace mas de un año en contra de Ernesto Quipildor, esposa y sus hijos (menores, de edad) quienes hacen uso de la posesión territorial y de su vivienda desde siempre, dentro de los espacios que demarca la organización Comunitaria, reconocida por el estado provincial y nacional, la cual esta bajo el amparo de reconocimiento Constitucional y de la Ley N° 26.160 de Revelamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

Estos sucesos violentos lo realiza el Sr. Facundo Núñez quien dice ser el titular registral del lugar y se acrecentaron en los últimos días con expresiones verbales de alto tono discriminatorio a la familia, agresiones físicas y amenazas de muerte e intimidación con disparos con armas hacia la  vivienda de la familia Quipildor. Uno de los varios atropellos verbales y físicos por parte del Sr. Núñez, lo realizo delante de la propia autoridad policial, ocasión en que se hicieron presentes en la vivienda de Ernesto y estando en una conversación con los mismos.

Días posteriores a ello y a la finalización de una reunión de la Comunidad y en oportunidad que la Autoridad de la misma Víctor Cruz acompaño el regreso de algunas familias a sus viviendas ya en horas de la noche, es emboscado en su camino de regreso por Núñez quien descendió de su vehículo para agredirlo físicamente y amenazarlo de muerte.

Por ello se realizo la denuncia ante las autoridades correspondientes para su actuación y hacemos denuncia pública en los medios, que ante la gravedad de las amenazas y agresiones, responsabilizamos al Sr. Núñez lo que le pudiere suceder tanto a la familia de Ernesto Quipildor, a la persona de la Autoridad Comunitaria y a cualquier otro miembro de la Comunidad..

Relevamiento Territorial Ya para terminar con los atropellos!!!

Reconocimiento de Nuestros Derechos para terminar con el retardo de Justicia!!!

Correo y adhesiones:

comunidadvalledelsol@hotmail.com