Nación Diaguita
Voces Diaguitas – Inclusión de la Propiedad Comunitaria
Indígena - Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación.
Más de 50 vocerías originarias marcaron el ritmo de la
audiencia llevadas a cabo en la provincia acompañadas de unas 200 autoridades
indígenas de los distintos territorios del país.
La Nación Diaguita contó con presencia orgánica de las
comunidades Diaguitas Kallchakí de La Paya, El Algarrobal, El Divisadero,
Cholonka de Campo Belgrano, Juan Kallchakí, Potrero de Díaz, Las Pailas,
Molinos (Base Hualfín, Tacuil), La Laguna, La Puerta, Tolombón del valle de
Choromoros (Tucumán), entre otras.
El Palacio Legislativo de la provincia intentó negar el ingreso a la Audiencia pública.
Una vez más se evidenció el intento de negación al
reconocimiento y la participación como Pueblos Originarios por parte de las
autoridades provinciales cuando intentaron frenar el ingreso de las autoridades
indígenas al recinto legislativo, bajando la orden de cerrar las puertas de
ingreso, “son órdenes de arriba” gritaba uno de los responsables de apellido
Figueroa, agregando, “váyanse porque vamos a traer más gente para que los
saquen” en referencia a la fuerza policial que custodiaban e impedían el
ingreso. En el recinto se comenzaba con las ponencias y nuestros hermanos
inscriptos sin poder ingresar a las salas, mientras el gobernador de la
provincia, Dr. Juan Manuel Urtubey asistía a la apertura de la misma. Ante las
denuncias de las autoridades indígenas que pudieron ingresar al recinto, los
responsables de la Bicameral pusieron orden a la convocatoria y bajaron para explicarles
a los “porteros” responsables de la guardia de ingreso, “esto es una
audiencia pública señores”.
Esto evidencia en la provincia, el poco ejercicio
de la vida democrática y el marco del derecho ciudadano ya que los
inconvenientes se siguieron suscitando principalmente en el ingreso de la sala C, donde estaban la mayoría de nuestros hermanos expositores.
La participación como Pueblo Nación
El Pueblo Diaguita a partir de cada uno de sus voceros, fue
dejando en claro el acompañamiento, la participación activa, propositiva y
movilizada, para garantizar el Derecho Indígena en este hecho histórico que
implica la Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial – Inclusión de la
Propiedad Comunitaria Indígena como Derecho de incidencia Colectiva. Fue
momento también para comunicar a las autoridades de la Bicameral la situación
de emergencia Territorial que se vive en cada valle y la falta de aplicación en
la provincia de la legislación en materia Indígena.
Personería Jurídicas
Una de las denuncias centrales fue la negación e inacción
respecto al registro de las personerías jurídicas. La provincia desde el 2007
tiene la responsabilidad de registrar las solicitudes de inscripción
presentadas por los Pueblos Originarios, el convenio firmado con el Instituto
de Asuntos Indígenas – INAI, el cuál pretendía flexibilizar el trámite, dicho
convenio solo ha generado más demoras y acrecentó la deuda del Estado con los
Pueblos Originarios, tensando la relación de dialogo y de convivencia armónica.
La Justicia y el Derecho Indígena
Las audiencias permitieron a las autoridades Diaguitas denunciar
las persecuciones Judiciales sistemáticas que se viven en los Territorios, con
la visible connivencia de los sectores de poder en desmedro de los Pueblos
Originarios, con la complicidad e inoperancia de las autoridades locales,
responsables de brindar seguridad territorial y las garantías constitucionales
de vivir en paz en nuestros Territorios.
La persecución de los jueces que violan la Constitución Nacional
Se dejo en claro la persecución de los jueces como-. MónicaFaber, responsable de emitir la orden de desalojo en la Comunidad OriginariaDiaguita Kallchakí “Las Pailas”, que provocó el ataque más violento y “bárbaro” sucedido en
Territorio de Cachi, en clara violación de
la Constitución Nacional, a la 26.160 y su prorroga 26.554 - ley de
orden público, este ataque lo llevo adelante la fuerza pública, violentando las
viviendas, sacando las pertenecías de los comuneros para cargar en móviles y
vehículos contratados retirándolos fuera de territorio comunitario, mientras
una topadora arrasaba con las viviendas y los sembradíos, al mando de Alancay
tractorista de Carlos Robles, agente inmobiliario al cuál pretendió favorecer
la jueza.
Las autoridades de El Divisadero, pusieron en evidencia la
clara y manifiesta intención de desconocer el marco del Derecho Indígena por
parte de la jueza Toranzo al firmar sistemáticamente ordenes en contra del
derecho colectivo, y donde el pueblo Diaguita debe librar la lucha por vivir en
paz en propio territorio, arriesgando la integridad física en defensa del
patrimonio identitario y ancestral.
La comunidad El Algarrobal denuncio a Roberto Duran
terrateniente de la zona, quien dice ser el dueño del territorio que habita
desde siempre el Pueblo Diaguita, sosteniendo la posesión ancestral y actual
del territorio. Duran, mediante aprietes, amenazas, persecución, hostigamiento,
trabas jurídicas y amenazas de desalojos, impide la instalación de la Toma de
agua que va a proveer de la misma a todo el resto de las comunidades y vecinos
de la zona, este proyecto de agua potable a sido gestionado por la comunidad a
través del área de Agricultura Familiar. “el agua es un derecho básico para la
vida humana, es deber del Estado generar las condiciones para el acceso al
mismo, por la tanto exigimos a las instituciones responsables la inmediata
intervención para resolver esta grave situación”.
Dejando en claro además, “que existe un sector social al
cual responden profesionales vinculados al sistema jurídico, quienes pretenden
considerar como meras expresiones de deseos a los Derechos Indígenas
reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados internacionales”.
Las vocerías
Diaguitas refrendaron el derecho como pueblo Nación Preexistente, con
organización institucional y voz propia, hermanados a un irreversible proceso
de autoreconocimiento y organización, que viven los Pueblos Originarios a nivel
continental.
KOMUNIKACION KALLCHAKI
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