La Corte de Apelaciones de Copiapó concedió una orden de no
innovar ante el proyecto minero El Morro. De esta manera, se suspende el
proceso de consulta establecido el pasado 13 de marzo mediante resolución de la
Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, tendiente a preguntar a la
Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos sobre los alcances de esta iniciativa.
La decisión de la Corte suspende proceso de consulta por no
cumplir estándares internacionales. Este fallo da un respiro, por ahora, a las
comunidades que han denunciado los impactos que tendría esta obra.
La iniciativa tiene una historia larga. El proyecto
minero El Morro, ingresado a evaluación ambiental en noviembre de 2008, fue
aprobado después de 28 meses de tramitación en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Sin embargo la comunidad, en cuyo territorio ancestral busca
instalarse el proyecto minero, así como el proyecto Pascua Lama, presentó un
recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones y luego
confirmado por la Corte Suprema (27 de abril de 2012), ordenando paralizar el
proyecto.
Este último fallo, ordenó a la empresa a modificar su
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el objetivo de reconocer e incluir a la
comunidad agrícola de los Huascoaltinos en la línea de base de su proyecto.
Además, identificar los impactos económicos y culturales junto con
proponer medidas de mitigación.
El 22 de junio de 2012 la Comisión solicitó a la compañía un
nuevo Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y
Ampliaciones (ICSARA, N°5), a fin de que se subsanen las deficiencias
observadas por la Corte. El primer plazo de entrega fue el 05 de julio del
mismo año. La empresa pidió prórroga hasta el 22 marzo de 2013 (mes en
que se convocó al proceso de consulta), concedido por la Comisión, y finalmente
ha quedado hasta el 22 de diciembre.
Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano,
organización que patrocinó el recurso interpuesto en favor de la Comunidad,
destacó este fallo. “La empresa no ha cumplido con entregar esa información,
por lo tanto mal se le podía consultar a esta organización indígena cuál es,
respecto de cómo les va a impactar y que tiene que decir respecto de este
proyecto si la empresa todavía no señala cuáles son esos impactos”, criticó.
Para la abogada resulta “preocupante que se llame a un
proceso de consulta, mientras la empresa no responda la adenda n°5 que está
pendiente, respecto de la cual la propia empresa pidió aplazamiento para fin de
año”.
Según informa el Observatorio Ciudadano, el presidente de la
Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, indicó que
“la implementación del derecho a la Consulta previa requiere de procedimientos
apropiados a las circunstancias, con gestiones de buena fe, que con
suma asertividad orienten a los funcionarios estatales en su labor de
implementación de estos estándares”.
Campusano afirmó que “el SEA (sistema de evaluación
ambiental) Regional tuvo la gran oportunidad de bien encaminar el proceso
e hizo todo lo contrario, y eso los llevó a recurrir en una acción de
protección”.
Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/208949/
Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/208949/
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