GENERAL BALLIVIÁN
Miembros de la Comunidad Happo Pau del pueblo guaraní, reiteraron ayer su reclamo de libertad de César Arias, comunero que fuera detenido el lunes último luego que el empresario Huberto Bourlon lo denunciara por supuestas amenazas.
La policía detuvo al agricultor guaraní César Arias por supuestas amenazas al empresario Huberto Bourlon.
La Comunidad también reclama que se les reconozca la propiedad comunitaria del territorio que ocupa ancestralmente (junto a otras comunidades guaraníes) y en cuyo ámbito está ubicada la finca Tres Pozos, que figura a nombre del finquero y de otro familiar suyo. En lo que el abogado Hernán Mascietti califica de “detención política”, Arias fue apresado por la policía la mañana del lunes último, por la simple denuncia de amenazas.
Diana Situé, cacique de la Comunidad, contó ayer que no pudieron verlo, porque luego de ser llevado ante el fiscal actuante en la Feria, Héctor Cabot, fue alojado en la Comisaría de General Ballivián, distante del lugar de los hechos.
“Es la primera vez en 18 años de ejercicio de la abogacía que veo que se detiene a alguien por amenazas”, afirmó el abogado, quien adelantó que hoy pedirá la libertad de Arias y presentará también un amparo en la Justicia Federal, para que de una vez por todas el Gobierno nacional entregue a las comunidades la resolución del relevamiento territorial de la propiedad comunitaria indígena, realizada hace ya años en el marco de la Ley 26.160.
“Nosotros hacemos cerco, vivimos de eso, eso viene del tiempo de nuestros abuelos”, contó Situé. Los sembrados están a unos 5 kilómetros de las viviendas, en la parte de atrás, conocida como Loma Azul. Situé dijo que Bourlon “entra al territorio y machetea los sembrados, los zapallos, las sandías, todo lo que sembramos”.
Los hechos
El entredicho con Arias (que a fines del año pasado también acusó por amenazas a miembros de la Comunidad Gallardo, aunque en las fotografías se apreciaba que quien estaba armado era él), sucedió el sábado cuando el comunero fue a su cerco y se encontró con Bourlon.
El empresario lo denunció por amenazas y desató la detención de Arias. Sin embargo, señaló Situé, el juez actuante, Fernando Mariscal Astigueta, no tuvo la misma rapidez para actuar ante las denuncias de los guaraníes: “Nosotros hemos denunciado también el atropello que hace este terrateniente.
La verdad es que nosotros nos sentimos muy desprotegidos y que no están respetando nuestros derechos de pueblos originarios. Me llama la atención de que una sola denuncia que él haya hecho, vienen y lo detienen”, sostuvo. Añadió que hay una cautelar que establece que el empresario no puede acercarse a miembros de su Comunidad, y “sin embargo, el sábado y todos los días anteriores, va, nos agrede, nos insulta, nos hace falsa denuncia de que nosotros lo agredimos”.
Mascietti añadió que Mariscal Astigueta también proveyó de custodia al empresario para que instalara un portón dentro del territorio indígena. Y, según contó Situé, anteayer miembros de Infantería mantuvieron a unos 40 integrantes de su comunidad, incluidos niños, retenidos durante 12 horas (sin agua y sin comida) en el camino entre el cerco y sus casas.
Fuente: Nuevo Diario
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