A la Corte salteña le bastaría un simple fallo para permitir que la justicia ordinaria intervenga
SALTA.- Mientras en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria los bosques nativos se desangran y en la ciudad, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, mantienen una disputa encarnizada contras las autoridades de aplicación con responsabilidades en los desmontes, el hombre que podría resolver de un plumazo esta problemática se pasea de su casa a su sillón de máximo juez de la provincia, sin inmutarse.
Nos referimos nada menos que al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Posadas. Y no lo hacemos por puro antojo, sino precisamente por justa causa, pues desde el 24 de mayo de 2012, este magistrado junto a sus pares, Guillermo Catalano, Fabián Vittar y Susana Kauffman, entre otros firmaron un fallo en el que asumieron competencia en el denominado caso Salas.
Esta causa se trata de un recurso de amparo planteado a mediados del año 2007 - en plena retirada del último gobierno de Juan Carlos Romero - por Dino Salas, Cacique de la comunidad Wichi "San Ignacio Loyola", junto a otros nueve representantes de otras comunidades indígenas y asociaciones de pequeños productores de los departamentos afectados.
En su presentación legal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el patrocinio de los abogados, Alicia Oliveira y Raúl Ferreyra, relataron en más de más de 40 fojas las penurias sufridas a causa de la tala indiscriminada de los bosques nativos ubicados en sus comunidades durante el periodo 1995 - 2007, fecha de la presentación.
Pero porque la verdad debe contarse entera siempre, citamos parte de ese reclamo: "En lo que se refiere a las masivas e indiscriminadas autorizaciones de desmonte y tala otorgadas por la Provincia de Salta, y limitándonos al más reciente período 2004 a 2007, resulta elocuente observar que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales nada menos que 195 correspondieron a proyectos de desmonte: de esas 195 solicitudes fueron autorizadas 191 (las restantes 4 no fueron rechazadas, sino solamente resultaron postergadas) por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo; a lo cual, además, cabe sumar las autorizaciones por desmontes menores a 300 hectáreas –que no deben ser sometidas a audiencia pública– y los desmontes realizados en forma clandestina e ilegítimamente tolerados por las autoridades estatales".
"No escapará al elevado criterio de V.E. que en el año 2007, especialmente durante el último trimestre, se verificó un abrupto incremento del número de audiencias, como así también de la superficie afectada, lo cual respondería a dos factores claves: 1º) se trataba de un año electoral, de modo que ante la incertidumbre política, las empresas y personas dedicadas al desmonte se apresuraron a solicitar autorizaciones antes del cambio de gobierno; y 2º) en ese momento era inminente la sanción de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 (la cual durante un año permaneció aprobada por la Cámara Baja del Congreso y a la espera de tratamiento en la Alta), lo que precipitó a tales sujetos a solicitar autorizaciones de desmonte antes de que dicha norma entrase en vigencia.”.
Actuación de la Corte Suprema
Ante este reclamo, el máximo tribunal de la Nación no dudó e intervino en el asunto con una audiencia pública y varias resoluciones progresivas, las cuales no sólo frenaron los desmontes sino obligaron a la provincia gobernada en ese entonces por Juan Carlos Romero -al que se lo apodada "el desmontador serial”- a emitir un decreto de reordenamiento territorial en materia de bosques nativos.
Posteriormente, el 13 de diciembre de 2011, ya en el gobierno del Dr. Urtubey, la Corte Suprema dio por concluida su intervención en el caso Salas y resolvió que el recurso de amparo debía ser resuelto por la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, la cual, como ya mencionamos, aceptó esa competencia el 24 de mayo de 2012.
Desde ésta última fecha, Guillermo Posadas, Catalano y compañía nunca resolvieron el recurso de amparo -instancia por la cual la ley exige una resolución de extrema premura- lleva ya más de dos años condenado al "sueño de los justos”, en su acepción moderna, o haciendo la plancha en la jerga carcelaria.
Cuestión de fondo
El problema de los desmontes gira básicamente en torno a la Ley provincial de medio ambiente, Nº 7070, sancionada el 29 de noviembre del año 2000 por el gobernador Juan Carlos Romero, más específicamente en el artículo 131, el cual establece que "Las infracciones o transgresiones a esta Ley, serán evaluadas por la Autoridad de Aplicación”.
Cabe mencionar que el ardid de Romero fue poner como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Medio de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia, con lo cual cualquier infracción o daño ambiente queda, según está Ley, bajo el mismo órgano encargado de autorizar los desmontes, lo que no es nada coherente y mucho menos congruente.
Pero para mayor confusión, basta con observar lo dispuesto por la Ley nacional de Ambiente 25.675, la cual establece en su artículo 7 lo siguiente: "La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.”
Para ser más preciso, el artículo 28 de la misma Ley sostiene este concepto: "El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.”
Lo que se puede advertir aquí es que la Ley provincial de Medio Ambiente, Nº 7070, no corrigió su rumbo para amoldarse a Ley Nacional de Ambiente y dejar el trámite de las infracciones, violaciones y sanciones en manos de la justicia ordinaria, siendo este, en definitiva, el meollo del problema de los desmontes en Salta.
Grave inacción judicial
Las leyes, nacionales o provinciales, sólo pueden ser objeto de planteos inconstitucionales por parte de entidades civiles dentro de los 60 días desde su promulgación. Transcurrido este lapso de tiempo la justicia sólo puede intervenir cuando un caso puntual llega a sus estrados, como sucedió con el recurso de amparo del Cacique Dino Salas.
Por esta razón, la Corte de Justicia de Salta que encabeza el Dr. Guillermo Posadas se encuentra habilitada para disponer la inconstitucionalidad de la Ley provincial de Ambiente, Nº 7070, pero lejos de ello y desde hace más de dos años, habría omitido deliberadamente resolver la problemática de los desmontes en la provincia.
A la Corte le bastaría un simple fallo para permitir que la justicia ordinaria, como lo señala la Ley Nacional de Ambiente, tome intervención directa en las denuncias por desmontes.
El Dr. Guillermo Posadas -conocido terrateniente en la zona de Horcones, Departamento de Rosario de la Frontera en Salta- titular del alto tribunal salteño, es acaso el principal responsable de este grave acto de omisión, por el cual bien podría caberle una pedido de juicio político por incumplimiento de deberes de funcionario público, pues no sólo lleva más de dos años sin resolver el amparo presentado por Dino Salas, si no que parece haber evitado, de manera totalmente arbitraria, el accionar judicial en la problemática de los desmontes.
Lo más llamativo, y desfachatado si se quiere, es que Guillermo Posadas celebra cuantas veces puede pomposos seminarios y jornadas de medio ambiente, a las cuales suele invitar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un reconocido disertante en Derecho Ambiental, hecho por el cual el titular de la Corte local se habría ganado -según sondeos realizados por El Intransigente en el poder judicial- el repudio de los funcionarios judiciales salteños por aquello de mirar para un lado y poner los huevos en el otro lado.
Según cuentan fuentes confiables de la mismísima Corte de Justicia a El Intransigente, la razón por la cual Guillermo Posadas habría dejado este asunto sin resolver, tendría que ver con su permanencia y la del Doctor Catalano, acérrimo Romerista al igual que Posadas, tanto, que no sorprendería una eventual renuncia si así fuera necesario, para asistir a su amigo el ex gobernador Juan Carlos Romero en sus estrategias jurídicas.
Los próximos días serán claves para ver si luego de esta denuncia pública se activa la causa Dino Salas como pasó con las que se encontraban paralizadas contra el ex gobernador Romero y que luego de nuestra denuncia, se activaran inmediatamente con la sanción por lo más delgado. La mujer de un ex diputado Romerista que supuestamente manejaba la mesa de entrada de la corte. ¿Será justicia?
Por Diego Nofal
para El Intransigente
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