El lugar, poseído por generaciones y generaciones de miembros de este pueblo originario, está ubicado frente al antiguo San Pedro de Colalao, unos 80 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán, ahora en la mira de los inversores inmobiliarios que no están muy interesados en los diaguitas, cuyos derechos tienen protección legal.
“Mi abuelo María Jacinto Vargas tiene más de 90 años y está muy mal. Se acuerda todo el tiempo de que unos 100 policías ingresaron a su casa para sacarlo. Nos han tratado peor que a delincuentes”, se lamenta Mabel Vargas durante una entrevista con Télam.
Mabel, junto a su papá, Mario, alimentan a las pocas gallinas, patos, cabras y cerdos que les quedan, pero para eso tienen que cruzar al caudaloso Tipas -un río de montaña que desciende al Salí- y recorrer una hora y media de caminata para dar de comer a sus animales.
El cacique de la comunidad Indio Colalao, Manuel Cata, asegura que este “es el primer caso de desalojo de comuneros. Nunca antes pasó algo así. Tenemos una Cédula Real junto con los tolombones (otra parcialidad cultural). No pueden hacer esto”.
Acompañado por los jóvenes diaguitas Ramón Moreno y Esteban Cajata, bien conscientes de los derechos indígenas y damnificados directos, el cacique se explaya tanto sobre los daños de todo tipo a las familias desalojadas como también del desamparo en el que quedaron centenares de animales.
“Los animales tienen derechos”, afirma en línea con el más avanzado pensamiento jurídico internacional que va desde el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni -quien reflexionó sobre el tema en su libro “La Pachamama y el humano”- al presidente de Bolivia, Evo Morales, que propuso ante la ONU declarar los Derechos de la Madre Tierra, entre otros.
Los comuneros se ven amargados pero al mismo tiempo muy firmes y con la certeza de que van a recuperar las cerca de 400 hectáreas, se quejan de la falta de resolución del relevamiento territorial que la ley 26.160 -vigente desde 2006- establece y acusan a la Justicia provincial de obrar contrario a derecho.
“Hubo una resolución del juez Francisco Pisa y la Fiscalía de la 2da Nominación a cargo de Adriana Giannoni para la entrega provisoria de las tierras a Ana Alejandra García Mascoff, que pretende usurpar parte de nuestros territorio y desalojarnos”, aseguró el cacique.
Mabel Vargas denunció que “cuando fuimos a la comisaría, había muchos chicos, lloraban, no habíamos comido y nos hicieron esperar. Además los policías nos decían 'arreglá, te conviene, así vas a tener lo tuyo', pero para nosotros una hectárea no es nada. Necesitamos más para cultivar”.
Según los comuneros, la abogada, “acompañada por policías de civil”, intentó hacerles firmar un acuerdo a los poseedores mientras, con pretendida presión psicológica, les decía: “ya me enteré que andan con los indios”.
El cacique Cata apuntó que sus derechos están consagrados en “la Constitución Nacional, artículo 75, incisos 17 y 22; el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU”.
A su lado Lourdes Cruz, una joven estudiante de enfermería y dedicada diaguita, recuerda la legislación vigente y específica respecto de los desalojos cómo es el caso de la ley 26.160 y la más reciente, la 27.118, que declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena y que prohíbe desalojos por tres años.
Don Esteban Cayata, durante el recorrido con Télam por Monte Bello, mostró las plantaciones de maíz totalmente acechadas por malezas y las variedades de zapallo de los que por temporada llega a obtener “más de mil unidades” en el riquísimo lugar en el que reina el silencio.
Durante la caminata de más de cuatro horas en un valle interno del territorio hay una acequia de, según los colalao, “agua salada que sirve para riego”. Don Moreno, con un machete en la mano lo ratifica y cuenta que una de sus vacas, lastimada, era alimentada por él todos los días pero que tras el desalojo “se murió de hambre y sed”.
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