Nuestros territorios son los espacios donde se unen pasado, presente y futuro, donde ejercemos nuestra libre determinación: economía y cultura, instituciones, religiosidad. Nuestras vidas.
Nuestra identidad como pueblos indígenas está íntimamente vinculada a nuestros territorios, entendidos de manera integral: suelo, subsuelo y sobresuelo, con todo lo que allí convivimos en relación armónica: tierras, aguas, plantas, animales, biodiversidad y bienes naturales en general, los hombres y las mujeres indígenas. Nuestros territorios son los espacios donde se unen pasado, presente y futuro, donde ejercemos nuestra libre determinación: economía y cultura, instituciones, religiosidad. Nuestras vidas.
Este vínculo va mucho más allá de un título de propiedad. De nuestros derechos territoriales emana el conjunto de nuestros derechos: ambientales, a la salud, a la educación, al modelo propio de desarrollo, al uso y disfrute de los bienes naturales, a un ambiente sano, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y a la libre determinación.
En las últimas décadas se ha producido un fenómeno contradictorio, mientras los organismos internacionales han ido reconociendo progresivamente nuestros derechos, con hitos como el Convenio 169 de la OIT, los organismos especializados de las Naciones Unidas y la adopción por la Asamblea General de la misma ONU de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; paralelamente se iniciaba la globalización neoliberal que pretende hacer homogéneos los modelos económicos y las culturas.
El fin supremo de esta globalización es la acumulación individual. Para ello los centros de poder necesitan saquear los bienes naturales que albergan nuestros territorios: agua, minerales e hidrocarburos, maderas. Los Estados entonces imponen políticas que precarizan nuestros derechos territoriales para favorecer las inversiones en actividades extractivas.
Aunque no es un fenómeno nuevo, en el Perú cobra fuerza a partir de la Constitución de 1993, que recortó los derechos territoriales de nuestras comunidades. Luego vendrían una serie de normas y estigmatizaciones de los pueblos indígenas como “perros del hortelano” o “ciudadanos de última categoría”.
La última versión de estas agresiones son los llamados “paquetazos ambientales” o, formalmente, normas de promoción de la inversión: las leyes 30230 y 30327, y el Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Mina son los que más atentan contra nuestros derechos y las organizaciones indígenas no solo los hemos denunciados, sino que hemos iniciado acciones legales contra ellos.
Mientras se favorece esa inversión, el Estado carece de una política de titulación de tierras de las comunidades. Porque lo que le interesa es exactamente lo contrario: debilitar cada vez más nuestros derechos territoriales.
Pero los pueblos indígenas y sus organizaciones no lo permitiremos. Insistiremos en que se reconozca nuestro concepto integral de territorio. Y no podrán despojarnos de ellos porque permitirlos equivaldría a permitir que se nos despoje de nuestra identidad.
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