GINEBRA / WASHINGTON DC (8 de junio de 2017) – Tres expertos de las Naciones Unidas y un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han unido fuerzas para denunciar ataques contra los derechos de los pueblos indígenas y del ambiente en Brasil.
“Los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales están bajo ataque en Brasil”, dijeron los Relatores Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, sobre los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y sobre el ambiente, John Knox, y el Relator de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Francisco José Eguiguren Praeli.
En los últimos 15 años, Brasil ha visto el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra de cualquier país del mundo, señalaron los expertos, con un promedio de uno cada semana. Los pueblos indígenas están especialmente en riesgo.
Los expertos afirmaron que “sobre este trasfondo, Brasil debería estar fortaleciendo la protección institucional y jurídica para los pueblos indígenas, así como también la de personas de herencia africana y de otras comunidades que dependen de su territorio ancestral por su existencia material y cultural. En cambio, es preocupante que Brasil está considerando debilitar estas protecciones”.
Los expertos resaltaron las reformas propuestas a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el organismo que apoya a los pueblos indígenas en la protección de sus derechos, y que ya ha tenido su financiación severamente reducida. Un informe recientemente aprobado por la Comisión Investigadora del Congreso pide que la fundación sea despojada de la responsabilidad legal de titulación y demarcación de tierras indígenas.
De igual forma, mostraron su preocupación por las denuncias de criminalización ilegítima de numerosos antropólogos, líderes indígenas y defensores de derechos humanos vinculados a su trabajo con las cuestiones indígenas.
“Este informe toma varios pasos atrás en la protección de las tierras indígenas”, advirtieron los expertos. “Estamos particularmente preocupados acerca de los procedimientos de demarcación futura, así como sobre las tierras indígenas que ya han sido demarcadas”.
El informe de la Comisión Investigadora del Congreso también cuestiona los motivos de las Naciones Unidas, acusándola de ser una Confederación de organizaciones no gubernamentales que busca influir en las políticas Brasileñas a través de sus organismos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El informe también señala que la Declaración de las Naciones Unidas presenta una grave amenaza a la soberanía de Brasil, y alienta al gobierno brasileño a denunciar el Convenio 169 OIT, alegando que este manipula el reconocimiento de pueblos indígenas inexistentes con el fin de ampliar las tierras indígenas en Brasil”, destacaron los expertos.
Estos también establecieron que “es realmente lamentable que, en vez de ejemplificar los principios consagrados en la Declaración, la Comisión Investigadora del Congreso cuestione los motivos detrás de esta y los de la propia ONU, y minimice cualquier progreso realizado hasta ahora”.
La Sra. Tauli Corpuz expresó especial alarma en las acusaciones que indicaron que su visita a Brasil en 2016 intencionalmente provocó un aumento en el número de pueblos indígenas reclamando sus tierras, exponiéndolos a más violencia. Corpuz destacó el hecho de que algunas de estas comunidades sufrieron ataques inmediatamente después de su misión.
Los expertos en derechos humanos también señalaron que una serie de proyectos de ley fueron distribuidos en el Congreso el viernes 2 de junio, con el propósito de establecer licencia ambiental general que como resultado debilitaría la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la legislación propuesta eliminaría la necesidad de licencias ambientales para proyectos de agroindustria y ganadería, independientemente de su tamaño, ubicación, necesidad o impacto en tierras indígenas o el medio ambiente.
“Debilitar esas protecciones sería contrario a la obligación general de los Estados de no retroceder en el nivel de su protección de los derechos humanos, incluyendo a los dependientes de un medio ambiente sano”, indicaron.
Los expertos advirtieron que las leyes propuestas estaban reñidas con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio ambiente, y protege la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
El informe y el proyecto de ley fueron enviados por los miembros del lobby ‘ruralista’, una coalición que representa a los agricultores y asociaciones de ganaderos, los expertos señalaron.
“Las tensiones sobre derechos a la tierra deberían ser dirigidas a través de esfuerzos por reconocer los derechos y mediar los conflictos, en lugar de reducir sustancialmente las protecciones para los pueblos indígenas, afrodescendientes y el medio ambiente en Brasil”, recalcaron.
Los expertos de la ONU están en contacto con las autoridades brasileñas, a la vez que siguen de cerca la situación.
La Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Sr. John H. Knox, Relator Especial ante el problema de las obligaciones de los derechos humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible como parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el órgano de expertos independientes más grande en el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general del Consejo de investigación independiente y control de mecanismos que tratan situaciones específicas del país o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan con capacidad individual.
Sr. Francisco José Eguiguren Praeli, Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue elegido el 16 de junio de 2015, por la Asamblea General de la OEA, para un mandato de 4 años que termina el 31 de diciembre de 2019. Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto a los derechos humanos en la región y actúa como un órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por capacidad individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o de residencia.
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