El Pueblo Tolombón perteneciente a la Nación Diaguita -integrantes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO)- se declara en estado de alerta y movilización ante nuevos intentos de desalojo de sus tierras ancestrasles por parte de terranientes que actúan con la complicidad del Poder Judicial tucumano.
“Un nuevo ataque por parte de usurpadores y esclavistas, devenidos en terratenientes, que pretenden sacarnos de nuestros territorios ancestrales, haciendo uso de instrumentos ‘legales’ occidentales y colonialistas que ellos mismos inventaron, y que ocultan, tras el velo de la ‘justicia’, la violencia física colonialista (y genocida) que aún hoy los pueblos originarios sufrimos en nuestros territorios”, afirmaron los representantes del Pueblo Tolombón a través de un comunicado de prensa difundido este fin de semana.
Esta situación se suma además a la embestida hacia pueblos hermanos como Chuchagastas y Colalaos quienes también están siendo avasallados violentamente en sus derechos como pueblos preexistentes.
“Nuestras familias desde siempre han preservado la diversidad biológica existente en el lugar porque somos parte y pertenecemos a estos territorios, a esta Madre Tierra y no vamos a aceptar que nos echen de aquí. Porque es el derecho por el que fueron asesinados nuestros abuelos, es el derecho que con tanto esfuerzo hemos conquistado y es el derecho que queremos dejar a nuestros hijos para que puedan desarrollarse en libertad”.
Y recordaron: “Los valles de Choromoros y Colalao en la provincia de Tucumán, fueron denominados con nombres propios de nuestros pueblos en idioma Kakan, el cual pretendió ser invisibilizado y aniquilado por los colonizadores que antepusieron nombres de santos católicos a los mismos, pero a pesar de todo permanece vivo, dando identidad a nuestros territorios ancestrales”.
El Poder Judicial, el brazo ejecutivo de los terratenientes
En la Comunidad Los Chuschagasta, la Policía se presentó este jueves en la casa del comunero Ismael Chocobar quién fue conducido por la fuerza para tomarle sus huellas dactilares en el marco de una imputación por usurpación realizada por el terrateniente Darío Amín, quien en el año 2009 asesinó a Javier Chocobar, tío de Ismael, e hirió de gravedad a los comuneros Andrés Mamani y Delfín Cata.
En simultáneo, la Comunidad India Colalao ha recibido una orden de desalojo para 16 familias dictada por el juez Eduardo Albo y se prevé que se ejecute en las próximas horas.
Constantemente la Justicia omite de manera deliberada el Derecho Colectivo que ampara a los pueblos originarios, como el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, el Art. 149 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, la Ley 26160, el Art. 18 del Código Civil y los Tratados Internacionales a los que adscribe Argentina.
“Nuestros abuelos, bis, tatarabuelos han pertenecido desde siempre a este territorio. Nuestra preexistencia data desde tiempo inmemorial, cuyos datos se encuentran en los archivos históricos y en la memoria colectiva de nuestro Pueblo; nuestras familias dependen del territorio, el territorio es la vida de nuestro Pueblo, no tenemos otro lugar a donde desarrollar nuestra Cultura, no molestamos a nadie y nuestro territorio no está en venta para la avaricia de los terratenientes y empresas multinacionales que vienen por el saqueo de los bienes naturales”.
Los casos se repiten por decenas. El 9 de junio la Corte Provincial de Tucumán falló en contra la familia de Donato Nieva del Pueblo Tolombón, confirmando una vez más la plena convivencia que existe entre la Justicia y los terratenientes. La familia Donato Nieva es una de las 55 causas abiertas en la actualidad. Los López de Zavalia, Critto, Torino, Salenme son algunos de los terratenientes que operan en la zona, a pesar de que como Pueblo Tolombon, la comunidad cuenta con un relevamiento territorial de uso actual tradicional y público, realizado por los Estados Nacional y Provincial.
“Nos preocupa profundamente que el poder Judicial viole sistemáticamente los derechos que están legislados en la Constitución Nacional en un Estado que se supone Democrático. Los hechos así lo demuestran, tal es el caso del asesinato de nuestro hermano de la Nación Diaguita, Javier Chocobar. Desde el 2009 estamos a la espera de que se eleve la causa a juicio oral y mientras tanto, los asesinos están caminando libremente entre nosotros, y continúan amenazando a los comuneros. En cambio existe una celeridad inusitada para las causas que nos arman los terratenientes a los Pueblos Originarios”.
En este contexto de desamparo institucional y avasallamiento, la comunidad mantiene el estado de alerta y movilización, y se planifica para los próximos días una manifestación conjunta de la Nación Diaguita a la ciudad de San Miguel de Tucumán para que cese la violencia y se restituyan de manera inmediata los territorios comunitarios.
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